…para ser detenidos. Y explotados, y humillados, y excluidos, y discriminados. Antes de ayer, cuando protesté contra la política xenófoba del Gobierno Vasco en materia de protección social, tuve que escuchar las chorradas habituales: que ya vale de que los inmigrantes chupen del bote, que lo tienen más fácil, que les compensa más vivir de ayudas que trabajar, que yo vivo en los mundos de Yupi y la gente no buenista está harta. Me dicen que vivo fuera de la realidad. No, son ellos los que están fuera de la realidad. Sus prejuicios no son reales. Sí que es real, en cambio, la redada de ayer en Bilbao, en la que fueron detenidas por la Policía Nacional (a petición de la Policía Municipal) más de 40 personas que se encontraban viviendo en un tanatorio abandonado de Basurto (obviamente, porque no tenían casa, no porque les gusten las vistas).
No las detuvieron por haber cometido algún delito, sino por encontrarse en situación irregular. Es decir, por cometer una falta administrativa equivalente a aparcar mal el coche. Sólo que cuando aparcas mal el coche, te multan. Cuando estás sin papeles, te abren una orden de expulsión que eterniza más todavía el largo camino hacia la regularización. Eso en el mejor de los casos; dependiendo de las circunstancias, puedes terminar en un Centro de Internamiento para Extranjeros (o sea, sitios muy parecidos a la cárcel, en los que te pueden tener hasta 60 días y en los que se han denunciado numerosas veces malos tratos, abusos y condiciones muy lamentables) o incluso en un avión de vuelta a tu país de origen.
Esta semana el Gobierno vasco anunció nuevas restricciones para acceder a la Renta de Garantía de Ingresos. En concreto, eleva de uno a tres años el tiempo que una persona tiene que haber estado empadronada en el País Vasco para poder solicitarla. Aunque la consejera Gema Zabaleta afirmaba que ese no era el objetivo, resulta evidente que esa medida perjudicará especialmente a las personas inmigrantes. No sólo porque muchas llevan menos de tres años entre nosotras, sino porque son precisamente las que no llevan tres años empadronadas las que más necesitan acceder a una ayuda social. En la actualidad, la forma más factible de conseguir papeles es por la vía del arraigo social: es decir, la persona demuestra (normalmente a través del empadronamiento) que lleva tres años viviendo en España. Sin papeles no se puede trabajar (fuera de la economía sumergida, vaya). Esto significa que en la mayoría de los casos, si alguien no lleva tres años empadronado, no tiene papeles, por lo que no puede acceder a un empleo, por lo que tiene básicamente dos opciones para sobrevivir: las ayudas sociales o la economía sumergida.
O sea, cuando alguien está sin papeles, no pide una ayuda porque no quiera trabajar, sino porque la Ley de Extranjería no le permite acceder al mercado laboral. ¿Es posible que en esa situación le coja el gusto a cobrar ayudas y pase de trabajar? Pues difícilmente, porque su prioridad será conseguir papeles, y para conseguir papeles hace falta (además de demostrar esos tres años de residencia) presentar una oferta de trabajo por un año. Una vez conseguidos los papeles, para renovarlos periódicamente hace falta haber cotizado en la seguridad social. O sea que una persona inmigrante con permiso de residencia y trabajo no podría decidir dejar de trabajar y vivir de las ayudas sociales, porque en ese caso no podría renovar los papeles y volvería a quedarse en situación irregular.
Pero hay más motivos por los que es un auténtico despropósito plantear que las personas inmigrantes lo tienen más fácil para acceder a ayudas sociales. En primer lugar, no hay ni una sola ayuda social que esté destinada de forma exclusiva o prioritaria a las personas inmigrantes. A todas las personas se les pide que cumplen los mismos requisitos. Pero es que además, cumplirlos resulta más difícil si eres inmigrante (a esto se le llama, por cierto, discriminación indirecta). Uno de los requisitos es, como digo, el empadronamiento (hasta ahora un año, a partir de que entren en vigor las nuevas medidas, tres años). Como ha demostrado SOS Racismo y como sabe cualquier persona que conozca a gente extranjera, las personas inmigrantes encuentran mayores dificultades para acceder a una vivienda, y más aún a una vivienda en la que se les permita empadronarse. En muchos casos incluso se les pretende cobrar por ello, pese a que el empadronamiento sea un derecho y un deber.
Otro requisito es carecer de propiedades. El problema es que en Bizkaia, por ejemplo, se pide a las personas no nacidas en Euskadi que demuestren no tener propiedades ni aquí ni en su lugar de origen, a través de un certificado de bienes en origen. Esto significa que una mujer que tiene una casita en Bolivia en la que viven sus hijas, no puede cobrar aquí la RGI, por más que se encuentre bajo el umbral de la pobreza y que esa casa en la que viven sus hijas no le reporte ningún beneficio económico. ¿Qué pretende el sistema que haga? ¿Que venda su casa por dos duros y deje a sus hijas sin techo? Pero incluso para quienes no tienen bienes en origen esta medida resulta una traba, porque conseguir ese certificado es toda una odisea en muchos países. Mucha gente se gasta la primera mensualidad de la RGI en costear este tipo de trámites. Y podría seguir con más dificultades, pero creo que ya es suficiente.
Imagínate el panorama: el sistema te dice que no puedes trabajar de forma legal hasta que no lleves aquí tres años empadronado y consigas una oferta de trabajo de un año. También te dice que no puedes acceder a una ayuda social si no llevas tres años empadronado. Para empadronarte, necesitas una casa en la que vivir. Pero no puedes alquilar una casa porque no tienes ingresos, dado que el sistema no te deja ni trabajar ni cobrar ayudas sociales. Entonces te quedas en la calle y te enteras de que hay un tanatorio abandonado en el que vive gente que se encuentra en tu misma situación. Te vas para allá y vas tirando, hasta que una mañana te despierta un policía que te dice que no puedes estar aquí sin papeles. Esos papeles que llevas años intentando conseguir. Y te ves en un avión volviendo a tu país sin haber un cumplido ninguno de los objetivos que te habías marcado.
De verdad que si alguien sabe todo esto y sigue pensando que las personas inmigrantes lo tienen más fácil, es que es (con perdón) gilipollas.
Puede que tú no supieras estas cosas y pienses: «Ya, pues sí que es injusto, sí. ¿Pero esto que tiene que ver conmigo?» Pues sí tiene que ver contigo. No sólo porque digo yo que una prefiere vivir en una sociedad más justa y humana. Pero incluso siendo egoístas, tendríamos que darnos cuenta de que todas estas políticas xenófobas no nos favorecen en nada y sí que nos perjudican. Porque cuando el Gobierno eleva a tres años el plazo de empadronamiento necesario, lo hace claramente para dejar fuera a las personas inmigrantes, pero de paso está dejando fuera a las que vienen de otras comunidades autónomas, o las que han vivido un tiempo en el extranjero y a la vuelta no encuentran trabajo. Cuando establece que pueden cobrar renta básica un máximo de dos personas por vivienda (esto fue aprobado hace año y medio), deja fuera a personas de todo tipo que comparten piso. Cuando la Diputación exige un certificado de bienes en origen, lo hace para ponérselo más difícil a la población inmigrante, pero también le está haciendo la puñeta a la señora que no tiene ingresos pero que tiene un terreno estéril en Palencia.
Y estoy ciñéndome al asunto de las ayudas sociales, pero la cuestión de fondo es que los diferentes gobiernos han encontrado en la inmigración el chivo expiatorio perfecto para desprestigiar el sistema de protección social y desmantelarlo. Es perfecto: no sólo no se encuentran con protestas, sino que ganan votos. Todo esto y más lo explica perfectamente mi compañero Miguel Angel Navarro en un brillante (y bien documentado) artículo sobre los recortes de derechos publicado en Deia.
Cuando una es consciente de estas cosas, resulta inevitable deprimirse bastante. Pero entonces salgo a la calle con los compañeros senegaleses que han enfrentado penas de cárcel por vender cedés para vivir; con los jóvenes marroquíes que llegaron siendo niños y que quedaron de patitas en la calle nada más cumplir 18 años; con militantes antirracistas, educadores, indignados. Nos desgañitamos gritando «ninguna persona es ilegal», silbamos, damos palmas, cantamos, botamos. Expresamos nuestra rabia, pero también nuestro empeño en construir un mundo más respirable, en el que se persiga al político corrupto y se deje en paz a la trabajadora del hogar que pide una ayuda para completar el sueldo. Y nos sentimos mejor. Por un rato sentimos que estamos cambiando las cosas. Y las cambiamos, aunque no tanto como nos gustaría. Pero concentraciones como las de hoy han servido para parar expulsiones. ¿Esto es creer en los mundos de Yupi? Pues que me digan dónde quedan esos mundos, que nos vamos para allá. Seguro que no nos piden visado.
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Nuestra ciudad soñada, sin fronteras y de colores, dibujada por Inge Rodríguez Madariaga para SOS Racismo-Bizkaia
Estoy leyendo ‘Cómo me convertí en un estúpido’ una delirante novela de Martin Page cuyo protagonista, Antoine, se siente tan atormentado por su inteligencia que se propone convertirse en un imbécil feliz. Está harto de racionalizar y analizar todo, de no sentirse integrado en la sociedad porque en vez de fundirse en ella se dedica a diseccionarla. En fin, me identifico bastante con esa «enfermedad de meditar demasiado», con sus deseos de aprender a detener el cerebro de vez en cuando, con sentir que el empeño por comprender la vida impide saborearla del todo. En el manifiesto que escribe explicando su proyecto para que trascienda por si muere en el intento, dice algo que me ha parecido brillante (intentad obviar el uso del masculino como genérico):
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