Mari Kazetari

Os paso el artículo de opinión que he escrito a petición de Deia y que me han publicado hoy. Espero que os interese y que, si discrepáis, tengamos un enriquecedor debate. La imagen corresponde a la campaña que menciono al principio.

¿Necesitamos inmigrantes?

por June Fernández, * Integrante de SOS Racismo Bizkaia – Domingo, 13 de Junio de 2010 –

EL anterior Gobierno vasco lanzó una campaña bajo el lema Gracias a la inmigración nuestro país avanza. Mostraba imágenes como la de una mujer latina cuidando de un anciano en silla de ruedas. La pretensión era loable: concienciar a la sociedad sobre la contribución que hacen las personas inmigrantes a nuestra economía y reconocer su papel en suplir algunas de nuestras carencias estructurales: como la falta de corresponsabilidad de los hombres respecto a las tareas domésticas y de cuidados, y la escasez de recursos públicos para atender dichas necesidades, lo cual explica la gran demanda de mujeres inmigrantes (manteniendo los tradicionales roles sexistas) en estos trabajos de limpieza y cuidados.

Sin embargo, muchas personas desconfiamos en su momento de esa campaña. Por una parte, resultaba injusto aplaudir el papel de la mujer cuidadora de la imagen, ya que puede que en realidad fuera arquitecta, bióloga, artista o periodista, y en cambio la Ley de Extranjería la abocaba a uno de los sectores más precarios, invisibles y menos reconocidos. Pero el principal problema era el mensaje de que había que aceptar la inmigración porque la necesitábamos para nuestro desarrollo económico, para disponer de mano de obra barata que cubriera los puestos de trabajo que en época de bonanza la gente autóctona no quería cubrir. Algunas nos preguntábamos entonces: ¿qué pasará con este mensaje cuando dejemos de necesitarlas? ¿Cómo convenceremos entonces a la población de que hay que seguir defendiendo la igualdad de derechos?

Efectivamente, llegó la crisis, y lo primero que hizo el Gobierno español fue anunciar un Plan de Retorno Voluntario para inmigrantes en paro y la reducción prácticamente a cero de las contrataciones en origen, dejando en la práctica como única vía de regularización la de demostrar el arraigo social, la que implica tener que vivir tres años de forma irregular, trabajando en la economía sumergida, con el consiguiente riesgo de explotación laboral.

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