Crónicas de la Villa · Ángel del Río

Los socialistas huyen de pronunciarse sobre posibles pactos con Podemos, si es que lo necesitaran para gobernar España después del 20-D. No quieren en plena campaña sembrar dudas e incertidumbres entre sus electorado más fiel, pero sobre todo, entre los indecisos, aunque la realidad de los hechos evidencia todo lo contrario. Se acaba de escenificar un (¿último?) pacto entre el Partido Socialista de Madrid y Podemos, para arrebatar al Partido Popular la presidencia de la Federación de Municipios de Madrid. Los populares tenían mayoría pasa sacar presidente a su candidato, pero esa mayoría no era absoluta, y los socialistas madrileños, liderados por Sara Hernández, consiguieron un pacto con los chicos de Pablo Iglesias, para que Podemos apoyara la elección del alcalde de Arganda, el socialista Guillermo Hita, como nuevo presidente de la FMM, que por otra parte es una entidad de escasa consideración, nula capacidad ejecutiva y que pasa por la vida política madrileña sin pena ni gloria. Lo que ocurre es que en la vida pública de este país, se vive mucho más de la ostentación de poder, que del poder real. Ojala que la elección del nuevo presidente de los alcaldes madrileños, Guillermo Hita, sea algo más que la crónica de un pacto anunciado, y la institución que representa comience a ser cauce para canalizar las aspiraciones de los municipios. Por cierto, dentro del PSM, nueva marejadilla, al no ser Manuel Robles, de Fuenlabrada, el alcalde socialista que más tiempos lleva en el cargo, el elegido para presidir la FMM. Aquí la veteranía no ha sido un grado.

Cristina Cifuentes no será la presidenta del Partido Popular en Madrid. Esperanza Aguirre, tampoco lo será después del próximo congreso regional. ¿Y Pío García Escudero?, puede. Aunque Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal están centrados en estos momentos en la difícil cita electoral del 20-D, ambos tienen claro que no puede volver a repetirse el que coincidan en una misma persona la responsabilidad de un gobierno importante y la presidencia política del partido en Madrid. No quieren que alguien acapare el poder institucional y el del partido, como ha ocurrido hasta hace poco con Esperanza Aguirre, que era presidenta de la Comunidad y del PP a nivel regional, y sobre todo, pretenden que el partido en Madrid esté en clara a e inequívoca sintonía con la dirección nacional. Si Rajoy sale bien parado de las urnas el próximo mes de diciembre, se ocupará del congreso regional, y de promover a una persona de confianza, que en buena lógica podría ser Cristina Cifuentes, pero no lo va a ser, porque se quiere regresar a la fórmula anterior, al tiempo en el que era alcalde de Madrid José María Alvarez del Manzano; el presidente de la Comunidad, Alberto Ruíz Gallardón, y el presidente del PP-Madrid, Pío García Escudero. Si Rajoy sufriera un serio traspiés en las generales del 20-D, las cosas cambiarían, empezando por la presidencia nacional del partido… y entonces veríamos salir del cementerio de las ánimas vivientes, a viejos rostros, que no estaban muertos, no, no; estaban tomando posiciones.

La precampaña para los comicios del 20-D se juega ya en el ámbito local. Los partidos que gobiernan ayuntamientos y Comunidad miran de reojo a esa cita con las urnas, a la hora de tomar iniciativas, y los que son oposición, también. Unos y otros tratan de allanar el camino a sus «hermanos mayores», los candidatos a las generales. La política municipal empieza a crisparse, y mucho más en el ámbito autonómico. Comunidad y Ayuntamiento se enredan en la guerra del transporte público, con el Metro y la EMT como soportes arrojadizos. La comisión de investigación en el Parlamento regional, tiene un trasfondo: unos quieren tender al sol de la campaña, posibles trapos sucios de la anterior gestión del PP en la Comunidad, y los del PP intentarán combatir con iniciativas de alcance popular. Ya estamos en pre campaña electoral, como estamos en pre campaña de compra de lotería de Navidad, y desde distintos ámbitos se nos ofrecen décimos, participaciones y papeletas para la rifa de una cesta colmada de productos navideños, en todos los casos con la promesa de repartir muchos premios, igual que los partidos políticos nos ofrecen papeletas llenas de buenos propósitos. Las elecciones serán dos días antes del Sorteo de Navidad. En ambos casos, habrá a quien le toque el gordo; a otros, la pedrea, y a algunos, el reintegro. Pero habrá muchos que pierdan todo lo que han jugado. Estamos ahora en tiempo de encuestas y sondeos sobre intención de voto, que aplicado al juego de la lotería, es como buscar combinados de número buscando el del gordo.

El Partido Popular de Madrid se encuentra en un momento de incertidumbres internas que hace difícil la cohabitación entre quien dirige su ejecutiva regional, Esperanza Aguirre, y quien está al frente de la máxima representación del partido en la instituciones, concretamente en el gobierno de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes. A pesar de lo que digan ambas, de lo que intenten aparentar, su nivel de sintonía personal no ha sido el más adecuado en los últimos meses, desde que Aguirre no consiguió que Ignacio González fuera el candidato a la Comunidad, y desde que Cifuentes fue la elegida por Rajoy. Tras las elecciones, Cifuentes es la presidenta de la Comunidad, y Aguirre, jefa de la oposición en el Ayuntamiento, es la presidenta del partido. Parece, aunque con ésta última nunca se sabe, que dentro de poco el pasado, será el pasado, brillante pasado del PP, y Cifuentes, el futuro. Pero para eso es necesario que haya elecciones regionales y se sepa si el pasado seguirá siendo el futuro, o hay para el futuro otra persona emergente. No será hasta después de los comicios generales de diciembre; mientras tanto, vamos a seguir asistiendo a cierta confusión interna dentro del PP de Madrid, que tiene pendiente la asignatura de reordenar la casa por dentro y definir quién rige su destino en los próximos años, quien lleva las riendas en tiempos revueltos.
Cuentan que en la entrevista de Rajoy con Cifuentes, el pasado lunes, se habló de muchas cosas, pero sobre todo del partido en Madrid, y del futuro que viene.

Los grandes atascos protagonizan muchas jornadas la actualidad del día en Madrid. Pero también afectan a las grandes ciudades del Área Metropolitana, porque, cuando las entradas a la capital estornudan de buena mañana, todo el tráfico de la Comunidad se constipa, casi hasta la hora del aperitivo. Madrid es una ciudad de servicios, y en consecuencia, sufre toda la presión del tráfico de reparto y distribución, de camiones y furgonetas; a esto hay que añadir, la entrada diaria de vehículos procedentes de otros municipios de la región, cuyos conductores trabajan en la capital; además, Madrid  sufre las consecuencias de su situación geográfica en el centro de España, en el centro de la red radial. Por la capital, especialmente por las vías de circunvalación M-30 y M-40, pasa el tráfico de Norte a Sur y de Este a Oeste del país. La situación no es fácil de resolver, pero tampoco admite una política de brazos caídos, porque iríamos de atasco en atasco, hasta el caos final. Parece que las instituciones empiezan a moverse con el ánimo de paliar el tapón diario: la presidenta regional, Cristina Cifuentes, anuncia la contratación de 360 nuevos conductores para el Metro, para de esta manera aumentar la frecuencia de trenes, y en consecuencia, captar mayor número de viajeros. Por su parte, el Ayuntamiento de Manuel Carmena, anuncia la creación de 8 grandes aparcamientos disuasorios en las entradas a la ciudad, para que el conductor que viene de fuera, pueda dejar su coche y llegar al centro en transporte público. Algo hay que hacer, antes de cerrar Madrid a la circulación.

O mucho cambian las cosas, o Ciudadanos apoyará los presupuestos de la Comunidad, verdadero caballo de batalla en la lucha política, sobre todo porque su tramitación puede coincidir con la campaña electoral para las generales del 20-D, y cada partido andará el camino teniendo mucho cuidado en cómo y de qué manera orientan los pasos para no dar un traspiés en sus expectativas de voto. Hay que nadar y cuidar la ropa. Ciudadanos apoyará los presupuestos de Cristina Cifuentes, por tres razones de peso: una, porque ya lo ha hecho con los presupuestos en Andalucía, y no puede seguir estableciendo diferencias entre apoyos a  unos y a otros, sin argumento que lo justifique. Dos, porque no aprobar los presupuestos de Madrid, crearía una situación de ingobernabilidad difícil de explicar, incluso a su propio electorado; y tres: no apoyarlos sería hacer inviables muchos de los acuerdos adoptados y firmados con el PP en el pacto de investidura, lo que iría en contra de su propia naturaleza. Dicho esto, y en la casi certeza de que Ciudadanos no pondrá una piedra en el engranaje del gobierno de Cifuentes como para griparlo, también tengo que decir, que es posible que «presionen» a Cifuentes para introducir algunas propuestas de tipo social, que «justifiquen» ese apoyo de cara a la galería. Prorrogar los presupuestos de la Comunidad por falta de mayoría suficiente, sería poner en dificultades al Gobierno regional para cumplir sus compromisos electorales y los acuerdos firmados con C,s, y eso no parece probable.

Los okupas de nuevas generación, tienen vocación de ser una casta. Pretenden optar a privilegios que no tienen otros colectivos; tienen el afán de disfrutar de inmuebles y locales gratis total, sin otro mérito que formar parte de la nueva moda amparada por la radicalidad de la izquierda gobernante. A finales de los años setenta, se puso en boga el fenómeno de la «patada a la puerta», que consistía en la ocupación por la fuerza de viviendas de promoción pública, que no estaban habitadas por sus adjudicatarios por razones distintas, entre ellas haberse trasladado a trabajar fuera del lugar, incluso al extranjero. Los ocupantes solían ser familias necesitadas, sin techo, apoyadas por asociaciones de vecinos. En algunos casos se llegó a regularizar su situación, y se convirtieron en adjudicatarios de las casas ocupadas (entonces sin «k»). Cesó el fenómeno, aunque nunca han dejado de producirse casos aislados.

El nuevo sistema de «patada a la puerta», no es de una familia que necesita un piso y no tiene posibilidades económicas de acceso al mismo, sino de colectivos, generalmente de ideología o conveniencia radical, que han hecho de los okupas una casta que invade todo aquello que se encuentre vacío, y que ahora se ve alentado por la política del gobierno de Manuela Carmena, dispuesta no sólo a cederles de forma gratuita locales o edificios municipales, sino a regularizar situaciones de okupación por la fuerza, lo que está produciendo ya un efecto llamada, que empieza a extenderse por varios municipios de nuestra Comunidad.

Cristina Cifuentes, infatigable presidenta de la Comunidad de Madrid, se queja amargamente de que el grupo político que la apoyó en la investidura, Ciudadanos, vote con frecuencia con PSOE y Podemos, lo que le crea grandes dificultades para sacar adelante algunas leyes o iniciativas que tengan que pasar por el Parlamento regional. Ella entiende que si C,s le dio su confianza para que pudiera gobernar, ahora no puede estar permanentemente poniéndola a los pies de los caballos, haciendo causa común con el bloque de la oposición, para asfixiar algunas acciones de gobierno, cuando el Partido Popular sí está cumpliendo los acuerdos firmados con el partido de Albert Rivera, y que fueron vinculantes con su investidura.

Por el momento, Cifuentes está haciendo que la situación sea, más o menos, «llevadera», pero está próxima a llegar la hora de la verdad: la elaboración y tramitación parlamentaria de los presupuestos generales de la Comunidad para el próximo año, y ahí va a ser determinante la postura que tome C,s, porque si los presupuestos no salen adelante, será prácticamente imposible el gobierno de la Comunidad, conforme a las promesas contraídas con los electores del PP, incluso el cumplimiento de los acuerdos con C,s. Un estado de ingobernabilidad, daría paso a la posibilidad de una moción de censura, y ya se sabe, vuelta a empezar, vuelta a pactar, vuelta a comprometerse, pero sin compromiso posterior. Tiempos difíciles para la presidenta, Cristina Cifuentes, pero también para Ciudadanos.

Se publicaba la pasada semana en estas páginas, la decisión del Gobierno regional de congelar las tarifas del transporte público durante toda la legislatura. Por la importancia de carácter general que tiene este anuncio, es necesario hacer algunas consideraciones.

Mientras unos tratan de resolver el problema circulatorio cerrando al tráfico privado calles principales, otros potencian el transporte público como una alternativa viable a la utilización del vehículo privado; no hay mejor forma de disuadir que ofrecer soluciones tangibles. El uso de este medio de transporte se incentiva mejorando el servicio, pero principalmente, haciéndolo económicamente más asequible al bolsillo del usuario; está bien que sea más cómodo y moderno, pero si al mismo tiempo se puede mantener el precio de las tarifas, miel sobre hojuelas. El anuncio de congelarlas durante toda la legislatura, es una medida valiente, y también arriesgada, porque nunca se puede predecir el comportamiento del precio del petróleo y su influencia en los gastos de explotación de un servicio público, aunque el consejero, Pedro Rollán, ha sido claro en y rotundo en su compromiso.

A esta buena decisión hay que añadir la ampliación, hasta los 26 años, del abono transporte para jóvenes, y el establecimiento de tarifas reducidas para los parados inscritos como tales. El transporte público es un servicio esencial sobre el que deben volcarse todas las ideas posibles para hacerlo más viable, especialmente a las capas sociales más necesitadas.

En poco tiempo, llevando a cabo una serie de medidas que desde la oposición se pregonan como sociales y que dicen ser patrimonio de la izquierda, Cristina Cifuentes está adoptando decisiones de gran calado social. Sin alharacas, ni propaganda trufada de merengue demagógico, la presidenta de la Comunidad de Madrid está respondiendo a sus propios principios. Cifuentes es del Partido Popular, aunque a algunos propios, y a muchos extraños, no se lo parezca, pero a quienes la conocemos desde hace ya mucho tiempo, no nos pilla de sorpresa su preocupación por los asuntos sociales. Lo ha demostrado siempre en su carrera política, también cuando estuvo al frente de la Delegación del Gobierno de Madrid, y ahora, cuando apenas lleva cien días gobernando la Comunidad. En los últimos días, ha tomado tres medidas importantes de calado social: ampliar las bondades del abono transporte para jóvenes, hasta los 26 años, con el ánimo de abaratar los desplazamientos a un importante número de madrileños que a esa edad precisan de ayudas; que todos los inmigrantes ilegales asentados en nuestra Comunidad tengan los mismos derechos que lo que tienen regulada su situación, y en el caso concreto del abono de las recetas, que sólo paguen el 40 por ciento del importe del medicamento; y convencer a las empresas de suministros que firmen un «contrato social», para que no cobren el agua, la luz y el gas a las familias sin recursos.

Ni los más finos postulantes de las políticas sociales, hubieran apuntado en tan poco espacio de tiempo, medidas de este calado.