En poco tiempo, llevando a cabo una serie de medidas que desde la oposición se pregonan como sociales y que dicen ser patrimonio de la izquierda, Cristina Cifuentes está adoptando decisiones de gran calado social. Sin alharacas, ni propaganda trufada de merengue demagógico, la presidenta de la Comunidad de Madrid está respondiendo a sus propios principios. Cifuentes es del Partido Popular, aunque a algunos propios, y a muchos extraños, no se lo parezca, pero a quienes la conocemos desde hace ya mucho tiempo, no nos pilla de sorpresa su preocupación por los asuntos sociales. Lo ha demostrado siempre en su carrera política, también cuando estuvo al frente de la Delegación del Gobierno de Madrid, y ahora, cuando apenas lleva cien días gobernando la Comunidad. En los últimos días, ha tomado tres medidas importantes de calado social: ampliar las bondades del abono transporte para jóvenes, hasta los 26 años, con el ánimo de abaratar los desplazamientos a un importante número de madrileños que a esa edad precisan de ayudas; que todos los inmigrantes ilegales asentados en nuestra Comunidad tengan los mismos derechos que lo que tienen regulada su situación, y en el caso concreto del abono de las recetas, que sólo paguen el 40 por ciento del importe del medicamento; y convencer a las empresas de suministros que firmen un «contrato social», para que no cobren el agua, la luz y el gas a las familias sin recursos.
Ni los más finos postulantes de las políticas sociales, hubieran apuntado en tan poco espacio de tiempo, medidas de este calado.
