En mayo se celebraron las elecciones autonómicas. Poco después, la ganadora, la popular Esperanza Aguirre creo un gobierno con nuevos consejeros. La Asamblea de Madrid se constituyó, pero como el verano estaba ahí, las sesiones parlamentarias se centraron en asuntos suyos, de los parlamentarios, y en alguna urgencia gubernamental como las nuevas normas para el inicio del curso escolar que tanto revuelo han creado entre los profesores. Poco más. Luego llegaron las vacaciones y nada más se supo de la actividad de sus señorías. Los miembros de la Mesa y la Junta de Portavoces llegaron en septiembre y se pusieron manos a la obra. Por fin, el 20 de este mismo mes se iniciará la ronda de comparecencias de cada uno de los consejeros del Gobierno de Aguirre. Expondrán, en cada una de las comisiones parlamentarias, las políticas de sus departamentos, sus planes y proyectos de cara al futuro.
El primer día, el responsable de Familia y Asuntos Sociales, Salvador Victoria, dirá cómo llevar adelante sus políticas dirigidas a las personas discapacitadas, dependientes, inmigrantes con problemas de integración, mujeres que sufren la violencia de género o dificultades para disfrutar de la necesaria igualdad. También comparecerá, días después, la consejera de Educación, Lucía Figar, quien defenderá, sin duda, sus medidas que tanto han encolerizado a muchos en el sector de la enseñanza. Asunto tan importante y conflictivo debería haber sido el gran protagonista de la Asamblea de Madrid en pleno mes de agosto, si el PP y Aguirre hubiesen previsto debates parlamentarios para que la medida, antes de aplicarse, hubiese pasado por un largo periodo de debate entre la ciudadanía, los sectores afectados y sus señorías. Se habrían evitado cruces de acusaciones sin explicar y la desinformación que parece haber invadido el ambiente mediático. Ya es indiferente especular sobre las ventajas e inconvenientes de comparecer antes o después, pero, al menos, que den cuenta con claridad de lo que harán en materias tan sensibles como el mantenimiento de los niveles de calidad de los Servicios Públicos.
