Más de un millón de alumnos madrileños inician el curso escolar en colegios e institutos de la región, cerca de diez mil más que hace un año. Los datos son los datos. Para atender este derecho constitucional se destina menos dinero que antes y se contratan menos profesores. Luego está la necesidad de tener la bolsa llena para comprar uniformes, libros y demás material escolar, en una etapa en la que la crisis nos ha hecho más pobre a todos. Sin olvidar que las becas de comedor parecen algo del pasado reciente.
La Consejería de Educación asegura que el inicio del curso escolar se hizo con normalidad y con más colegios bilingües, pero elude pronunciarse respecto a las denuncias de la oposición, de muchos profesores y padres de alumnos sobre carencias visibles. Lucía Figar, responsable de esta consejería, debería explicar, en un acto parlamentario, cómo ha sido el regreso a los colegios de los madrileños y responder a las quejas que recibe de la oposición. La Asamblea de Madrid está en periodo inhábil, pero este hecho no debe impedir que cuanto antes mejor, Figar dé cuenta a los ciudadanos de una realidad que cuesta entender con sus explicaciones.
Nadie se cree que con menos presupuesto y enseñantes, y con más estudiantes y necesidades educativas, la calidad sea la misma. Debe responder a cuestiones como la salida de los fisioterapeutas y demás personal que atiende en los colegios a los niños con necesidades educativas especiales. Estos trabajadores llevaban varios años trabajando con niños autistas o con discapacidad motórica pero por no sé qué ley que impide contratar a personas con muchos meses de trabajo en la misma tarea, excepto con contratos fijos, han sido sustituidos por otras técnicos en lo mismo pero sin la experiencia y conocimiento sobre estos niños. Figar, que aplica recortes para salir de la crisis aunque dice que se llama reformar, debe responsabilizarse de las consecuencias de sus políticas entre padres, niños y maestros, y también de hacer piruetas presupuestarias para atender tanto drama social.
