L a crisis económica golpea sin mirar a quién. Los bancos se hunden por sus juegos peligrosos con el dinero de los demás, pero siempre hay una mano caritativa que acude en su rescate ofreciendo el dinero de los demás, de todos los contribuyentes. Algunos ayuntamientos entran en crisis y los empleados municipales son los que cargan a sus espaldas los derroches de los gobernantes. En Parla, donde dicen que la deuda supera los 300 millones de euros (casi 50.000 millones de las antiguas pesetas), se pueden ir a la calle cerca de un centenar de trabajadores y si se quedan, tendrán que rebajarse el salario.
Los ingresos son cada vez menores y las administraciones tienen que recortar servicios para cuadrar sus cuentas. Todos, de todos los colores, aseguran que se están apretando el cinturón y que los tijeretazos no entrarán en la tela del Bienestar: Salud, Educación y Servicios Sociales. Falta personal en los servicios educativos y sanitarios, y da la sensación que de la quema no se salvan ni las personas discapacitadas.
Hace unos días el presidente del Cermi-Madrid, Javier Font, explicó en la sede vallecana del Parlamento regional que esta entidad, que agrupa a más de 300 asociaciones de discapacitados físicos, intelectuales y sensoriales, tiene cada vez más problemas para pagar a los varios miles de trabajadores que prestan sus servicios en centros de día, residencias, programas de respiro para familiares de personas gravemente afectadas o programas de empleo para este colectivo. Esto se debe a que las distintas administraciones no pagan lo que deben. Font dijo que lo normal sería que la Comunidad cumpliera con los plazos de convocatoria, resolución y abono de las subvenciones y propuso un acuerdo para que no se reduzca la cuantía de las ayudas y sí se mantengan los servicios destinados a estas personas. En la Comunidad de Madrid hay entre 300.000 y 450.000 personas con alguna discapacidad. Los servicios, de uno u otro tipo, que presta el Cermi alcanzan a más de 80.000 personas y lo que se debe a alguna asociación de discapacitados se acerca al millón de euros.
Con este panorama, ¿quién se cree que la crisis no afecta al llamado Estado de Bienestar? ¿Por qué no se acude al rescate de los discapacitados? Una solución puede ser implicar a Caja Madrid. Todo esto es para indignarse. ¿Más aún?
