Algunos deportistas se dopan para subir su rendimiento y ganar pruebas. Algunos políticos se administran otro tipo de estimulantes para subir su patrimonio y ganar más de lo que les corresponde. Asistimos en estos días a esa vergüenza que enrojece el mundo del deporte llamada operación “Galgo”, respondiendo así a las pretensiones de la guardia civil de echar un galgo a esos atletas que, presuntamente, han corrido más de lo que lo hubieran hecho en condiciones normales. El fenómeno del dopaje corre por el tartán y se sube al podio. Pero la política no está exenta de aparecer frecuentemente bajo sospecha. Si algunos deportistas se meten epo, clenbuterol o anabolizantes, algunos políticos se estimulan con elevadas dosis de corrupción, fortalecen su masa muscular con ingesta de prevaricación y se hacen transfusiones de influencias en estado puro.
El mundo de la política, como el del deporte, se encuentra permanentemente bajo sospecha. Un día es el “Gürtel” metido en vena, o el caso “Ciempozuelos”, que superan en efectividad a otros productos ya pasados de fecha, pero que fueron muy efectivos en su día como “Filesa”, “Urbanor”, “Ibercorp” o “PSV”. Los casos de “dopaje” político con corrupción o prevaricación, inundan los juzgados de toda España, aunque la operación “Malaya” se lleva la palma, es una sobredosis. Esta semana le ha tocado al Partido Socialista de Madrid. La número 2 de Tomás Gómez, Trinidad Rollán, está acusada de meterse una dosis de prevaricación siendo alcaldesa de Torrejón de Ardoz, mientras que el ex alcalde socialista de Leganés, Pérez Ráez, se enfrenta a juicio oral por una ingesta de “Cuadrifolio”. En todas partes cuecen “estimulantes”.
