El nuevo consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Javier Rodríguez, es un reputado médico y un experimentado político, que pudo haber sorprendido a muchos cuando al poco de tomar posesión de su cargo, dijo categóricamente que el gobierno regional renunciaba definitivamente a la externalización de varios hospitales. Aún en el caso hipotético de que los jueces dieran razón al ejecutivo madrileño, éste se olvida de esa idea privatizadora que ya tiene antecedentes de otros hospitales de la nuestra Comunidad, donde funciona muy bien y dentro de la legalidad. La confesión del nuevo consejero de no volver sobre los pasos perdidos, no es idea de autor, como no lo fue en su día la del consejero Lasquetty, cuando hizo de este proyecto una apuesta personal, sino decisión de un gobierno con su presidente como cabeza visible.
Ahora que ha pasado cierto tiempo desde que Ignacio González anunció que se dejaba sin efecto la externalización y la marea blanca empezó a celebrarlo por puertas y halls de hospitales, se empiezan a entender las razones para esa marcha atrás, que parecía lo que popularmente se llama «bajada de pantalones», y en lenguaje político de última moda, «efecto Gamonal». La razón principal es que la lentitud de la Justicia hace indicar que la decisión sobre los recursos presentadas contra la externalización, podría demorarse varios meses más, y esa situación de incertidumbre produciría un coste económico inasumible para la Comunidad, y sobre todo, el mantener una situación de inestabilidad en la tarea gerencial de los hospitales afectados, una situación de desgobierno, o algo parecido, insostenible por más tiempo. Esas fueron las razones para cortar por lo sano y para siempre una proyecto que se había estimado conveniente y eficaz para la sanidad pública madrileña, pero que la marea blanca de políticos y sindicatos, y la lentitud de la Justicia, han hecho abortar a los pocos meses de gestación.
