No puede haber ley de huelga sin reconocimiento del derecho a no hacerla, ni sin servicios mínimos de obligado cumplimiento. En todo lo que llevamos de democracia, no ha existido ningún gobierno que se haya atrevido a regular el derecho constitucional a la huelga y los otros derechos que conlleva. Hay pánico a hincarle el diente a este asunto, fundamentalmente por miedo a la reacción sindical. Ahora, el presidente Rajoy ha encargado elaborar una ley de servicios mínimos, algo razonable, exigible y garante de una serie de obligaciones que toda ley conlleva. Y ese «atrevimiento», ha levantado la ira en los sindicatos. Dicen que no es el momento más oportuno y que con una ley de servicios mínimos lo que se pretende es cercenar el derecho a la huelga. A los sindicatos y a los piquetes informativos-coercitivos les viene muy bien que no se toque nada, que nos les hagan cosquillas con la mosca cojonera de los servicios mínimos. A los que nos somos sindicalistas y conocemos el sentido y funcionamiento de los piquetes «informativos», nos parece imprescindible que una ley de derecho a la huelga, conlleve la obligación de cumplir los servicios mínimos y prevea penas para quienes entorpezcan el también sagrado a derecho a no secundar una huelga. Ya está bien de establecer derechos limitados por capricho de espúrios intereses. Madrid y su Comunidad son el escenario donde más huelgas, sobre todo de servicios públicos, se convocan al año, donde se da el mayor nivel de incumplimiento de los servicios mínimos y de actuaciones radicales de los piquetes informativos. Ya es hora de que exista una ley que obligue a respetar los derechos de todos, y no sólo los de una parte.
