Economía

Hay alternativas

18 enero, 2012 en Economía, General, Política

Vicenç Navarro, Juan Torres López y Alberto Garzón Espinosa han publicado un libro con este título en que analizan la situación actual y plantean 111 propuestas concretas, que suscribo en su casi entera totalidad. Reproduzco aquí aquéllas con las que estoy de acuerdo.

VICENÇ NAVARRO
(www.vnavarro.org; Twitter: @VicencNavarro) politólogo y economista, es
catedrático de Ciencias Políticas y Políticas Públicas de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona y ha sido catedrático de Economía Aplicada de
la Universidad de Barcelona y de la Complutense de Madrid. Exilado por
motivos políticos es y ha sido Profesor de Políticas Públicas de la Universidad John
Hopkins durante 40 años. Autor de veintiocho libros traducidos
a varios idiomas, es uno de los científicos sociales españoles más citados
en la literatura científica internacional.

JUAN TORRES LÓPEZ
(www.juantorreslopez.com; Twitter: @juantorreslopez) es catedrático de
Economía Aplicada de la Universidad de Sevilla. Ha ocupado diversos cargos
de responsabilidad académica y ha sido secretario general de Universidades e
Investigación de la Junta de Andalucía. Autor de numerosos artículos científicos
y de divulgación económica y de una veintena de libros, además de dirigir
o participar en numerosas obras colectivas como el best seller Reacciona.

ALBERTO GARZÓN ESPINOSA
(www.agarzon.net; Twitter: @agarzon) es licenciado en Economía y diplomado
en Administración de Empresas y Máster en Desarrollo Económico; actualmente
realiza su tesis doctoral sobre modelos de desigualdad y crecimiento.
Coordina la revista digital Economía Crítica y Crítica de la Economía,
fundada en el seno del movimiento de jóvenes economistas críticos en
España.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN

Se han hecho algunos cambios de fachada pero los paraísos
fiscales siguen actuando y la mayoría de los bancos y las grandes
empresas (28 de las 35 más grandes españolas según un
informe reciente) los utilizan para facilitar la evasión fiscal y los
delitos económicos de sus clientes. Se han modificado las normas
que regulan las exigencias de capital de los bancos en los
llamados Acuerdos de Basilea pero de forma tan moderada y
descafeinada que ni serán de aplicación rápida ni completa.

Casi todas las crisis financieras que se han producido en los
últimos cuarenta años han estado ligadas, o han terminado por
estarlo, con ataques de fondos financieros contra intereses
nacionales, contra monedas o contra la deuda soberana de los
países.

De esa manera la encarecen artificialmente y además utilizan
para ello los recursos que deberían usar para financiar a
empresas y consumidores, y así provocan un verdadero caos
económico de terribles consecuencias, sobre todo para la
población, a quien luego los propios especuladores impone las
políticas que les convienen para seguir ganando dinero sin
cesar.

Es preciso evitar esta forma de terrorismo o de «crímenes
económicos contra la humanidad». Las medidas que nos parecen
más importantes y urgentes son las siguientes:

1. Control de los movimientos de capital para evitar que su
volatilidad desmedida cuando sólo persiguen fines especulativos
se traslade al conjunto de la financiación y de la economía.

2. Establecimiento de impuestos y tasas internacionales, por
supuesto sobre los movimientos especulativos para desincentivarlos
y obtener financiación urgente para financiar el desarrollo,
pero también sobre el conjunto de las actividades económicas
puesto que si la economía es global debe serlo también la
justicia fiscal.

3. Prohibición del uso como instrumento especulativo de los
llamados derivados de incumplimiento crediticio o credit default
swaps (CDS), que con toda razón fueron calificados por el
financiero Warren Buffet como «armas financieras de destrucción
masiva». Se trata de unos productos financieros muy sofisticados
que se asimilan a los seguros pero que en realidad no lo
son porque se establecen sobre algo que no es propiedad del
asegurado y por eso producen resultados catastróficos: si por
ejemplo alguien va a cobrar mediante este seguro en caso de
que arda la casa del vecino, no sólo no le va a importar que arda
sino que incluso puede interesarle hacer lo posible para que se
incendie cuanto antes.

4. Control de la actuación de los financieros que a su vez
controlan los mercados de derivados (que supone unos 700
billones de dólares) y los hedge funds. Algo que no es difícil si
se tiene en cuenta que el 80 por ciento de estos últimos está
radicado en la City de Londres y que el mercado de los primeros
está controlado, según The New York Times, por una élite
que se reúne el tercer miércoles de cada mes en algún lugar del
Midtown de Manhattan que, aunque sea secreto, no debe resultar
muy difícil para las autoridades dar con él.3

5. La separación de la banca comercial, es decir, la que se
dedica a financiar la actividad económica, de la que se dedica a
llevar a cabo inversiones financieras y, como veremos, poner fin
al privilegio que tiene la banca privada de crear dinero y, por
tanto, de obtener beneficio y poder cada vez que concede un
préstamo.

REFORMAR EL SISTEMA DE FINANCIACIÓN BANCARIA

La crisis nos ha demostrado que no podemos confiar en la
banca privada y en el modo de funcionamiento actual del sistema
financiero, desregulado, con plena libertad de movimiento
de los capitales y sin apenas vigilancia. Es imprescindible reformarlo
urgente y profundamente conforme a los siguientes principios
y prioridades.

Garantizar la financiación

Los bancos y otras entidades financieras tienen la misión de
proporcionar fondos para la inversión y el consumo, haciendo
así que la economía prospere y se creen puestos de trabajo. Sin
embargo, en los últimos treinta años los bancos comerciales se
han desnaturalizado y, aunque han seguido recogiendo el ahorro
igual que hacían antes, han dejado de financiar de forma
eficiente y eficaz la actividad productiva. En lugar de ello han
desplazado la mayor parte de ese ahorro a los procesos especulativos
en los múltiples mercados financieros, posibilitando que
una parte minoritaria de la sociedad se haya lucrado con actividades
que en nada benefician a la economía en su conjunto y
que, al contrario, la empujan hacia crisis como la actual.
Por tanto, la primera cuestión que hay que garantizar ejecutivamente
es que los bancos financien la actividad económica,
para lo cual se pueden imponer coeficientes o establecer medidas indirectas que los obliguen a cumplir con la función económica
que justifica su existencia.

Reforzar la regulación y la vigilancia

Los reguladores han permitido durante estas últimas décadas
que los bancos y las grandes empresas llevaran a cabo todo
tipo de prácticas financieras que ponían en grave peligro a la
economía. Ni el Fondo Monetario Internacional ni el Banco
Central Europeo han impedido los procesos especulativos que
nos han arrastrado a la crisis, y de hecho toleraron y hasta
fomentaron el uso de instrumentos complejos de ingeniería
financiera que ni siquiera los mismos reguladores comprendían.
Además, los bancos han estafado y engañado con
impunidad a muchos de sus clientes, haciéndoles pasar por
contratos sin riesgos unos préstamos que incluían todo tipo de
artimañas financieras que ponían en riesgo las finanzas personales
de los ciudadanos pero que a la vez garantizaban suculentos
beneficios a la banca. Un sinfín de despropósitos que han
sido permitidos cuando era obvio que reflejaban una trayectoria
errática, peligrosa, absurda e inmoral de la economía.
Por si fuera poco, y al contrario de lo que debería ser, las instituciones
internacionales han recompensado a algunos de los
directivos de esos bancos con puestos preferentes en sus instituciones.
Así, el que fue vicepresidente de Goldman Sachs en la
época en que este banco de inversión ayudó al gobierno griego
a falsear su contabilidad es ahora el nuevo presidente del Banco
Central Europeo, que es el organismo encargado de la política
monetaria y el que debería velar por la estabilidad financiera. Y
el gabinete de Obama está lleno de antiguos directivos de Wall
Street.

Depurar responsabilidades
La depuración de las responsabilidades es una tarea inmediata,
esencial e ineludible. Hemos explicado que las dificultades de las finanzas públicas se deben a la crisis financiera y, por tanto, es una barbaridad exigir que quienes no tuvieron responsabilidad
en el origen de la crisis, que son las clases populares
cuyos salarios reales cayeron durante los últimos diez años
(como hemos visto en el capítulo VI), sean quienes paguen los
platos rotos.

Y es a la vez inadmisible que los verdaderos responsables de
la crisis y las instituciones internacionales y nacionales que la
han permitido y fomentado no paguen en modo alguno por sus
malas artes. Al contrario, y con la excepción de lo que sucede
en Islandia, todos los banqueros, directivos y reguladores cuya
acción u omisión generó la crisis están hoy recibiendo incluso
remuneraciones salariales especiales y más altas.
Por eso es también prioritaria la creación de una comisión
independiente, crítica y rigurosa que estudie y evalúe las responsabilidades
financieras de la crisis. Hay que poner nombres
y apellidos a todos aquellos que se beneficiaron de ella mientras
ésta latía en la superficie y también mientras ésta arrasaba los
puestos de trabajo y los derechos sociales de millones de personas.

Banca pública

En un ámbito nacional no se nos puede olvidar que la crisis
se ha intensificado en España como resultado de la carencia de
una verdadera banca pública. Paradójicamente el Estado está
hoy día incluso privatizando y bancarizando las cajas de ahorros,
que eran unos instrumentos pseudopúblicos que deberían
haber sido el germen de una banca pública orientada hacia las
necesidades reales de la economía y cuyo problema ha sido,
precisamente, que han actuado como bancos privados y no
siguiendo criterios de servicio público.

Por eso la solución no puede ser la que se le está dando: privatizar
las bancas para ponerlas un poco más tarde en manos
del capital bancario. Hacer que el capital popular acumulado
por las cajas de ahorros en tantos años pase a la banca privada
es un expolio gigantesco que además va a dificultar todavía más
la recuperación económica.

Las autoridades dijeron que tuvieron que poner billones de
euros para salvar a bancos irresponsables que habían provocado
la crisis porque eran «demasiado grandes para caer». Y ahora
lo que están haciendo al darles ese dinero y al ponerles a las
cajas en bandeja es precisamente hacerlos más grandes todavía
y provocar así que la próxima crisis sea aún más dura y peligrosa.
Nuestra propuesta es nacionalizar las cajas de ahorros, pero
no para que sigan haciendo el mismo tipo de negocio de los
bancos privados irresponsables, sino para que de verdad lleven
a cabo una práctica financiera vinculada al desarrollo regional
y local, al servicio de los emprendedores y, en general, de todas
las personas y empresas que necesitan financiación ágil, barata
y segura para crear riqueza y no para especular.

Lo que debe hacer el Estado es subir los impuestos
a las clases más adineradas y a las empresas cuyos beneficios
no están volviendo a la economía productiva, pero también
debe concentrar su actividad en perseguir el fraude fiscal y la
economía sumergida. Todo eso permitirá reflotar dinero que
nunca debería haber dejado de entrar. Además hay que recuperar
impuestos como el del Patrimonio, así como imponer otros
impuestos como el de las Transacciones Financieras, destinado
a evitar la especulación financiera.

El Banco Central Europeo debería convertirse en un verdadero
banco central y no en lo que actualmente es: un lobby de
los bancos. Debería asemejarse en sus funciones a la Reserva
Federal estadounidense, considerando su responsabilidad de
estimular la actividad económica tan importante como controlar
la inflación. Más concretamente, el BCE debería estar comprometido
con el pleno empleo, la sostenibilidad económica y
ambiental, y la igualdad. Y por supuesto tendría que dar cuentas
al Parlamento Europeo, que tendría que tener mayor responsabilidad
en la política económica.

Regulación financiera

Hay que establecer una fuerte regulación sobre los mercados
financieros más importantes (como el de la deuda pública) y la
prohibición inmediata de determinados productos financieros
que sólo se usan para la especulación (como los hedge funds o
los Credit Default Swap) y de las prácticas que a ello contribuyen
(como las operaciones al descubierto).

Impuestos sobre las transacciones financieras

Es necesario también imponer una serie de nuevos impuestos
tanto a las ganancias de capital como a los bancos y a las
transacciones financieras.

Otro modelo productivo

El modelo de crecimiento europeo tiene que ser de una
naturaleza muy distinta a la vista en etapas anteriores. Más que
aceptar el resultado azaroso de la caótica y desastrosa lucha
competitiva entre Estados, lo que Europa necesita es apostar
por un modelo de crecimiento cooperativo y coordinado, en
donde la inversión pública y privada esté basada en las nuevas
tecnologías y, en concreto, en las energías renovables y la investigación,
en el respeto al medio ambiente y en la promoción de
formas alternativas de producir y consumir.

Necesidad de planes de estímulo

El informe de Naciones Unidas reconoce que la recuperación
económica no podrá venir de la sola mano de los mercados
y por eso recomendaron en su día mantener los planes de
estímulo y reactivación de la economía, destacando especialmente la función de éstos como ayuda ante las dificultades creadas por la recesión económica para los pobres.

Regulación financiera internacional

En lo que respecta al mercado financiero, Naciones Unidas,
además de proponer un aumento sistemático de la regulación y
un cambio en el sistema de incentivos financieros que modifiquen
los comportamientos irresponsables de los agentes que
allí operan, ha hecho hincapié en la necesidad de controlar y
penalizar con severidad las corrientes financieras ilícitas, obligando
a que se dé la mayor la transparencia de todas las operaciones
y en la lucha contra la corrupción.

Control de la ingeniería financiera y del riesgo sistémico

También es imprescindible exigir, como plantea Naciones
Unidas, que los productos derivados se registren y se valoren a
precio real, que estén sometidos a auditorías independientes y
que se establezcan reservas de capital mucho más potentes para
evitar los problemas de solvencia que se dan. Y, sobre todo, es
fundamental evitar que las agencias de calificación crediticia
impongan reformas radicales para combatir la existencia de
«conflictos de intereses al proporcionar las calificaciones».

———  PROPUESTAS FINALES ————-

GOBERNANZA MUNDIAL

1. Constitución de un gobierno mundial que permita compensar
y reducir el poder de los grupos privados internacionales,
así como facilitar la instauración de un mundo
diferente.
2. Asunción de competencia ejecutiva por parte de Naciones
Unidas para la adopción de decisiones en materia económica
y financiera, y siempre subordinando sus decisiones
a la Declaración de Derechos Humanos.
3.Democratización de los organismos internacionales como
el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y
Naciones Unidas con votos no vinculados a la riqueza y
sin derecho a veto.
4. Obligación de los países respeten e implementen los derechos
humanos definidos por la Declaración de Derechos
Humanos de las Naciones Unidas para poder ser admitidos
en las organizaciones internacionales.

SISTEMA FINANCIERO Y MONETARIO INTERNACIONAL
5. Nuevo estatuto de la banca internacional que permita
compartimentar la actividad financiera, separando banca
comercial de banca de inversión y avanzar en la supresión
del sistema de reservas fraccionarias, comenzando por
incrementar el coeficiente de caja.
6. Prohibición de prácticas y productos financieros especulativas
tales como las operaciones al descubierto y los
Credit Default Swap (CDS), de los mercados Over The
Counter (OTC) y de las operaciones de alta frecuencia,
del secreto bancario y de los paraísos fiscales.1
7. Impuestos sobre transacciones financieras en función del
grado de utilidad social de la transacción.
8. Reforma del sistema de pagos internacional sustituyendo
el dólar como moneda dominante por una cesta de títulos
respaldados por varias monedas internacionales.

JUSTICIA GLOBAL
9. Presupuesto mundial para Naciones Unidas y creación de
un Fondo de Restitución para compensar a los países
empobrecidos por los efectos de las políticas coloniales y
neoliberales.
10. Ayuda Oficial al Desarrollo del 0,7 por ciento destinada
al presupuesto de Naciones Unidas.
11. Reducción inmediata del gasto militar de todos los países
en un 20 por ciento y destino de esos fondos al presupuesto
de Naciones Unidas.
12. Impuestos globales a los beneficios extraordinarios del
comercio internacional y sobre la emisión de gases contaminantes
del medio ambiente, todos los cuales irán
destinados a financiar el presupuesto de Naciones Unidas.
13. Ejecución inmediata de los compromisos incumplidos
por los países del G-8 en materia de ayudas para acometer
tareas urgentes como la hambruna o los desastres naturales.
14. Plan urgente de acción inmediata para garantizar el
cumplimiento de los objetivos del milenio.

COMERCIO INTERNACIONAL
15. Conferencia en el marco de las Naciones Unidas de autoridades,
expertos y organizaciones y organismos independientes
de los gobiernos para definir nuevas reglas
del comercio internacional que sean más justas y
democráticas, que garanticen la protección efectiva de
los derechos de las personas, de los pueblos empobrecidos,
de las economías más vulnerables y del medio ambiente.
16. Desaparición inmediata de las barreras impuestas al
comercio por parte del Norte, así como de las ayudas y
subvenciones a sectores o empresas de los países ricos.
17. Prohibición del dumping de productos no autorizados en
los países ricos a los países pobres.
18. Establecimiento de un código de responsabilidad de las
empresas multinacionales para garantizar el cumplimiento
de las condiciones laborales, sanitarias y humanas.
19. Control estricto sobre el sector armamentístico.
20. Elaboración de un código internacional de investigación
sanitaria y financiación por parte de Naciones Unidas de
investigaciones no rentables pero que permiten salvar
millones de personas en el mundo.
21. Garantía de la propiedad de la población sobre los recursos
naturales básicos, considerando el agua como una
propiedad común de la humanidad que no es apropiable
por ninguna empresa.

CONSTITUCIÓN DE UN AUTÉNTICO ESTADO CONFEDERAL EUROPEO
22. Reforzar los poderes del Parlamento Europeo.
23. Nombramiento de la Comisión Europea a través del
Parlamento a fin de garantizar su legitimidad.
24. Establecimiento de mecanismos de coordinación integral
de las políticas europeas.
25. Nuevo estatuto del euro que garantice simetrías, equilibrio
e igualdad entre los pueblos.
26. Modificación de los criterios de pertenencia a la Unión
Europea y Monetaria para exigir que en todos sus países
miembros se garantice el ejercicio de los Derechos
Humanos definidos por las Naciones Unidas con indicadores
sociales y políticos además de los fiscales y monetarios.
Y para que los países tengan que alcanzar objetivos
sociales, como pleno empleo y universalización de
los derechos humanos y sociales como condición de pertenencia.
27. Flexibilización del criterio de Maastricht y modificación
de sus indicadores fiscales y monetarios para permitir y
garantizar los estímulos económicos y la creación de
empleo.

INSTITUCIONES ECONÓMICAS
28. Reforma del estatuto del Banco Central Europeo que lo
obligue a rendir cuentas ante el Parlamento Europeo y
que le imponga como preocupación prioritaria el mantenimiento
del pleno empleo, la igualdad y el bienestar
humano, dentro de un sistema financiero que proteja a
los Estados miembros de la eurozona frente a los ataques
de los especuladores financieros.
29. Creación de una agencia pública de calificación y la
prohibición de que las agencias privadas puedan calificar
los títulos de deuda pública.
30. Creación de la Hacienda Pública Europea con un carácter
altamente progresivo y que permita acabar con la
competencia fiscal entre países.
31. Reforzamiento del Banco Europeo de Inversiones al
Desarrollo, cuya actividad esté orientada a modificar el
modelo productivo europeo.

EUROPA Y LA ECONOMÍA INTERNACIONAL
32. Definición de la Unión Europea como zona de autosuficiencia
financiera que ignore las demandas de la industria
financiera.
33. Establecimiento de control de capitales para acabar con
los movimientos especulativos.
34. Prohibición de paraísos fiscales con la elaboración de
una lista completa de los mismos a partir de criterios estrictos.
35. Estricta regulación financiera que adecue la regulación
financiera internacional al entorno europeo de autosuficiencia
financiera.
36. Impuesto sobre las transacciones financieras para desincentivar
la especulación y promover la actividad productiva
y sobre los activos bancarios para crear un fondo que
permita compensar posibles rescates bancarios futuros.
37. Reforma de la estrategia comercial europea renunciando
a las ayudas y las subvenciones de la Unión Europea a
sectores o empresas que compiten con países empobrecidos.
38. Fortalecimiento de los mecanismos de carácter redistributivo
como las transferencias de rentas entre países y
entre clases sociales, las prestaciones europeas de desempleo,
etcétera.
39. Fortalecimiento de la producción local y no contaminante,
menos generadora de residuos y con menor gasto
energético.
40. Coordinación salarial europea y convenios colectivos
europeos con un pacto capital-trabajo basado en la recuperación
progresiva del peso de los salarios en la renta.
41. Normas europeas de obligado cumplimiento en materia
de igualdad, conciliación y corresponsabilidad.
42. Códigos de responsabilidad empresarial y limitación de
las remuneraciones de los directivos y los brókers.
43. Políticas europeas de promoción de la cooperativa
social, avanzando en la gestión democrática de las
empresas.

RESPUESTAS INMEDIATAS A LA CRISIS
44. Creación de una comisión formada por personas con
acreditada experiencia en el mundo de las finanzas y de
la economía mundial que depure las responsabilidades
de los causantes de la crisis.
45. Puesta en marcha de planes de estímulo bien orientados
y que estimulen el crecimiento de nueva actividad
económica sostenible generadora de riqueza social, de
empleo decente e igualdad y respetuosa con el medioambiente.
46. Auditoría de la deuda pública con un estudio pormenorizado
de los contratos de deuda pública de todos los países
europeos con objeto de buscar aquellos contratos
considerados ilegítimos.
47. Concesión al Banco Central Europeo de poderes para
emitir títulos propios de deuda pública con los que
financiar su presupuesto y las ayudas a los países.

RESPUESTAS INMEDIATAS A LA CRISIS EN ESPAÑA
48. — no estoy de acuerdo con ella —
49. Pacto de rentas entre capital y trabajo para alcanzar el
nivel más alto de participación de los salarios en la renta
nacional en el periodo democrático.
50. Plan de estímulo económico orientado a avanzar en la
puesta en marcha de nuevas actividades y formas de producción
y consumo.
51. Auditoría de la deuda pública y privada para denunciar
los contratos ilegítimos y liberar la carga financiera asociada.
52. Comisión de responsabilidades a nivel español que
evalúe el papel de las autoridades que han permitido la
burbuja inmobiliaria y el nivel de endeudamiento extremo.
53. — no estoy de acuerdo con ella —
54. Incremento de las partidas de gasto social para lograr
que España converja en gasto público social por habitante
con el promedio de la UE-15 en cinco años.
55. Puesta en marcha de un plan estratégico nacional encaminado
a promover la igualdad de género, con especial
énfasis en la eliminación de todas las manifestaciones
económicas y sociales de la discriminación entre mujeres
y hombres, en el fomento de la corresponsabilidad
entre ambos y con el objetivo concreto de alcanzar la
tasa de actividad femenina media de la Unión Europea
de los 15.

SISTEMA FINANCIERO
56. — no estoy de acuerdo con ella —
57. Impuestos sobre los beneficios extraordinarios de la
banca y los activos financieros.
58. — no estoy de acuerdo con ella —
59. Introducción de coeficientes de caja más altos y de coeficientes
de inversión.
60. Promoción de las instituciones financieras de nuevo tipo
vinculadas a las finanzas personales, a los mercados locales
y a la microfinanciación.

MODELO DE PRODUCCIÓN Y CONSUMO
61. Plan estratégico de redefinición del modelo productivo
basado en la promoción del mercado interno y la
demanda doméstica y que a corto plazo potencie los sectores
de las energías renovables y el reciclado del sector
de la construcción en la recuperación de viviendas y el
Estado social.
62. Modelo de crecimiento orientado al mercado interno
basado en altos salarios y elevado gasto público.
63. Fomento de la agricultura ecológica y de la producción
de bienes y servicios de proximidad.
64. Nuevo modelo de transporte público que priorice el desplazamiento
de la mayoría de la población (cercanías,
autobuses, etcétera) sobre el transporte minoritario, caro
y poco eficiente (AVE).
65. Promoción del empleo local fomentando la creación de
cooperativas de agricultores y de vendedores de materias
primas, que permitan distribuir localmente sus productos
y eliminando así de forma progresiva el peso de los
intermediarios.
66. Acercar los lugares de consumo y producción, acabar
con la cultura del «centro comercial» y ayudar financieramente
a los pequeños comercios.
67. Democratización de las empresas, introduciendo modelos
de cogestión donde sindicatos y trabajadores estén en
los consejos de dirección de las empresas.

DESARROLLO EMPRESARIAL Y DEL EMPRENDIMIENTO
68. — no estoy de acuerdo con ella —
69. Nuevo horario laboral que permita mejorar las condiciones
laborales y humanas de los trabajadores, incrementando
la productividad en las empresas.
70. Mejorar los trámites burocráticos, facilitando y agilizando
los procesos de creación de pequeñas y medianas
empresas.

FISCALIDAD
71. Incrementar la progresividad de los impuestos sobre la
renta y los beneficios, con nuevos tramos y tipos más
altos y recuperación de nuevos impuestos que graven la
riqueza, como el impuesto del patrimonio o el de sucesiones,
con tramos exentos para centrarlos en los niveles
más elevados de riqueza.
72. Igualar la fiscalidad que soportan las rentas del capital a
la del trabajo.
73. Incremento de los presupuestos técnicos de Hacienda y
de las partidas destinadas a prevenir y controlar el fraude
fiscal que permitan aumentar las inspecciones fiscales
y de trabajo a las empresas, en especial a las más grandes.
74. Acabar con los privilegios financieros de la Iglesia y utilizar
ese ahorro en la educación pública y laica.
75. Individualización total del IRPF con la eliminación de
todas las desgravaciones por esposa dependiente en la
forma actual (declaración conjunta) o en cualquier otra
posible.

CREACIÓN DE EMPLEO Y DERECHOS LABORALES
76. Derogación de la reforma laboral y paralización de todos
los proyectos de reforma que prosigan la filosofía del
neoliberalismo.
77. — no estoy de acuerdo con ella —
78. Reducción progresiva del abanico salarial mediante políticas fiscales y de negociación en el seno de las empresas
para lograr que la diferencia entre los extremos no supere
la relación 4 a 1.
79. Aumento de las prestaciones por desempleo.
80. Prohibición de los despidos en empresas con beneficios.
81. Reparto del tiempo de trabajo y disminución de la jornada
laboral.
82. Fortalecimiento de las normas de corresponsabilidad
entre mujeres y hombres, y de conciliación entre la vida
personal y laboral.
83. Asunción del objetivo de permisos de maternidad y
paternidad iguales e intransferibles con la misma parte
obligatoria para el padre que para la madre y el establecimiento
de una hoja de ruta hasta su plena consecución.
84. Plan de austeridad pública que respete los derechos
laborales y sociales.

DERECHOS SOCIALES
85. Fomento de la vivienda en alquiler social, usando el
excedente de viviendas vacías en posesión de las entidades
financieras.
86. Derogación del art. 18 del Proyecto de Ley de Dependencia
y de las extensiones de las excedencias para el cuidado
previstas en el proyecto de Ley de Igualdad para
que las prestaciones o desgravaciones para el cuidado no
estén, en ningún caso, condicionadas a la inactividad
laboral en la persona cuidadora.
87. — no estoy de acuerdo con ella —
88. Reducción del gasto militar en un 35% en tres años.
89. Incremento del número de empleados públicos, especialmente
en los servicios del Estado de Bienestar, hasta
alcanzar el promedio de la Unión Europea de los 15.
90. Reforma del sistema público de pensiones a través de
estímulos a la economía, financiación vía impuestos,
reducción de la vida laboral y el fin de los incentivos fiscales
a los planes privados de pensiones.
91. Eliminación del retraso de la edad de jubilación de 65 a
67 años.
92. Desarrollo del cuarto pilar del bienestar (que debería
incluir tanto los servicios de atención domiciliaria a las
personas con dependencia como el derecho de acceso a
las escuelas de infancia de 0 a 3 años) hasta alcanzar los
niveles de cobertura promedios de los países de la UE-15
en 5 años con el objetivo de lograr los indicadores actuales
de los países nórdicos en 10 años.

EDUCACIÓN
93. Plan de choque para aumentar el número y la atención
de las escuelas infantiles.
94. Fin del régimen de concertación con la enseñanza privada.
95. Aumento del gasto en educación hasta alcanzar la media
europea en todas las comunidades autónomas.
96. Plan de choque para el mejoramiento de la condición
laboral y social de maestros y profesores.
97. Plan de choque para la mejora de las enseñanzas de
bachillerato y formación profesional y para combatir el
fracaso y el abandono escolar en esos niveles.
98. Financiación pública de la universidad en los niveles
existentes en la Unión Europea de los 15.
99. Reforma de la ley de universidades y de la forma en que
se han aplicado las normad del Sistema Europeo de
Enseñanza Superior para asegurar que el servicio público
de la educación superior se oriente fundamentalmente
a la promoción del conocimiento que satisface necesidades
sociales.
100. Normas que garanticen que en los planes de estudios de
economía se introduce un estudio serio, riguroso y plural de las diferentes corrientes de pensamiento y no solo
el pensamiento neoliberal.
101. Planes de choque para el mejoramiento de la condición
laboral y social de maestros y profesores.
102. Incremento de la financiación dedicada a la investigación
científica hasta alcanzar el promedio de la Unión
Europea de los 15.
103. Plan urgente para dignificar la actividad y el salario de
los investigadores jóvenes para recuperar talentos que
actualmente se encuentran fuera de España e insertarlos
en el sistema español de ciencia y tecnología.
104. Plan de estímulo de la investigación y la innovación en
el seno de las empresas privadas vinculando y condicionando
otros tipo de ayudas y subvenciones al desarrollo
de actividades de esta naturaleza.

POLÍTICA
105. Nuevas normas para fortalecer los procedimientos de
evaluación y control del gasto público sometiéndolo a
principios de austeridad y ejemplaridad que impliquen
mejoras en la provisión de los bienes y servicios públicos.
106. Permitir y facilitar la participación ciudadana en el
conocimiento y control de la gestión del dinero público
y de los servicios públicos.
107. Estatuto de la comunicación social que garantice la pluralidad
de los medios de comunicación e impida la concentración
de poder en ellos y fomente medios de comunicación
alternativos a través de difusión pública.
108. — no estoy de acuerdo con ella —
109. Establecer como responsabilidad pública la defensa del
consumidor de bienes y servicios privados, así como del
usuario de los servicios públicos que garanticen la calidad
y seguridad de todos los bienes y servicios.
110. Control exhaustivo de la clase política a través de la
introducción de criterios de eficiencia en la administración
pública y mejorar su funcionamiento a través de la
aplicación de nuevas tecnologías y procesos de transparencia.
y democratización de los partidos políticos
potenciando la responsabilidad de los cargos electos ante
sus electores en lugar de ante las élites gobernantes en los
partidos.
111. Ley que garantice la absoluta transparencia en la financiación
de los partidos políticos y que prohíba las contribuciones
privadas en el proceso electoral. Y leyes que
prohíban la rotación entre cargos políticos o de funcionarios
con responsabilidades reguladoras, por un lado, y
los sectores regulados, por otro, impidiendo que los primeros
puedan ser contratados antes de cinco años por
los segundos.

Público y privado

20 octubre, 2011 en Economía, General, Política

Las múltiples ideologías que en el mundo han sido se han extendido largamente sobre los bienes y servicios que debe proporcionar el Estado y los que debe proporcionar el mercado. La siguiente lista es un destilado de los conocimientos que he ido acumulando sobre el funcionamiento de los diversos sistemas que se han ido ensayando. 

Como principio general, el absolutamente necesario Estado (el mercado, dejado solo, se autodestruye, lo hemos visto repetidamente) debe actuar de árbitro entre los diversos actores de la sociedad, para que se llegue a unas reglas de juego equilibradas. También debe ocuparse de que esas reglas se cumplan y de castigar a los infractores. Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores.

La justicia y la defensa deben ser públicas siempre. Los intentos de que empresas privadas proporcionen servicios bélicos se saldan en vergüenzas como el caso Blackwater.

La seguridad debe ser pública. Es injusto y contraproducente que los que puedan pagar seguridad privada contraten guardas jurados. Debe haber suficiente policía pública, en todas las labores, desde vigilancia de edificios y escolta de personas amenazadas hasta investigación de delitos, para proporcionar seguridad a los ciudadanos. De lo contrario, la clase alta se protege a sí misma con vigilantes privados y deja al resto de la sociedad desprotegida.

La educación debe ser pública. Los sistemas de educación privada dan como resultado que una gran parte de la población no puede pagarse los estudios superiores (caso de EE.UU.) o que las clases medias tienen que hipotecarse de por vida para dar estudios a sus hijos, o una segregación de las clases bajas en la enseñanza media, como sucede en España. Los países que mejor puntúan en el informe PISA, como Finlandia, lo hacen debido a sus buenos sistemas públicos de enseñanza. Esto no quiere decir que la educación privada se deba prohibir, en absoluto, pero el Estado no debe financiarla, ni total ni parcialmente, y los alumnos de la enseñanza privada, para lograr sus títulos (universitarios o de enseñanza media) deben ver sus conocimientos examinados en centros públicos por profesores de la enseñanza pública.

La sanidad debe ser pública. Prácticamente todos los países desarrollados la tienen pública. La única excepción es EE.UU. Los terribles resultados de esa elección pueden verse en la película Sicko (Malucho) de Michael Moore: personas obligadas a elegir qué dedo se amputan porque no pueden pagarse el tratamiento de los dos; personas que toda su vida han pagado un seguro médico privado y al final mueren sin cuidados porque no cubría el padecimiento que han tenido la mala suerte de contraer… Tampoco funcionan los sistemas de gestión privada de hospitales: se acaba pagando mucho más por cama que con un sistema público.

Las residencias de ancianos y las guarderías deben ser públicas. Es el mejor sistema para salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros niños y mayores. Las concertadas, o acaban saliendo más caras, o reducen la calidad de la asistencia para obtener su beneficio.

La industria debe ser privada. Desde las fábricas de lápices hasta las de buques destructores. Se ha demostrado que funciona muchísimo mejor que si el Estado posee los medios de producción. Por supuesto, aunque privada, debe estar sometida a la legislación laboral, medioambiental, fiscal y el resto de la normativa, y debe poder ser inspeccionada por personal del Estado cuando se considere necesario. Estoy en desacuerdo con las subvenciones estatales de cualquier tipo a las industrias, incluidos privilegios normativos. Sólo veo admisible un mejor tratamiento fiscal para promocionar el empleo o la innovación. 

La banca debe ser privada. En el plano teórico, un banco público ofrece mucha mayor solvencia que un banco privado. Por tanto, no podrían competir en condiciones de igualdad, lo que llevaría a que todo el sistema bancario fuera público (dicho imperativo teórico, sin embargo, no se ha realizado en la práctica). En el plano práctico, si bien la banca privada ha funcionado DESASTROSAMENTE y es el núcleo de esta Gran Recesión que vivimos, la pública o semipública no puede ponerse como ejemplo (desgobierno absoluto en Cajasur, saqueo por parte de los directivos de la CAM o Nova Caixa Galicia, caída de las norteamericanas Fannie Mae y Freddie Mac, situación de las cajas alemanas…). Mantengo el principio de que el Estado solo debe proporcionar un servicio si ha demostrado hacerlo claramente mejor que el mercado; en caso contrario, debe dejárselo al mercado, y limitarse a supervisar. La vigilancia de la banca ha de ser muy estricta: los gestores de banca privada que, agotado el plazo que se les dé, no sigan a la primera las instrucciones del regulador, deben ser destituidos, multados e inhabilitados por años. Las retribuciones deben ser transparentes, por persona (no por grupo, como ahora) y estar limitadas. Los sectores a los que un banco concede créditos deben diversificarse (constructoras, hipotecas a ciudadanos, créditos personales, distintos sectores empresariales, préstamos sindicados para grandes obras públicas, operaciones internacionales…) y el regulador debe impedir que se concentre demasiado riesgo en un solo sector.


Las pensiones deben ser públicas. Lo bueno de un sistema público de pensiones, que tiene que ser de reparto, es que el dinero que meten en el sistema los trabajadores sale inmediatamente hacia los pensionistas, por lo que es difícil que se extravíe o se invierta mal, y nadie puede reclamar comisiones por su funcionamiento. En cambio, en los sistemas privados, necesariamente de capitalización, el dinero que van metiendo los trabajadores se invierte en diversos activos financieros. Esas inversiones pueden ser afortunadas (y entonces no pasa nada) o desafortunadas (en cuyo caso, o los trabajadores quedan en la miseria al jubilarse o tiene que pagar el Estado). En todos los casos los gestores de esos fondos se llevan unas comisiones injustificables. No conozco ningún caso de un sistema público de pensiones que haya quebrado (porque, al ser público, simple, y estar a la vista de todos, si se prevén problemas, se pueden hacer ajustes, con debate, luz, taquígrafos y retribución electoral de las modificaciones). Sin embargo puedo citar muchos casos de fondos de pensiones privados que acabaron muy mal: Enron, Chile, Argentina… Los fondos de pensiones privados no deben tener ningún privilegio, ni fomento, ni desgravación por parte del Estado

La agricultura debe ser privada, pero el cultivo de los productos agrícolas más vulnerables a los vaivenes del mercado debe estar dirigido por el Estado a través de una política agrícola detallada. Pero esto será el tema de otra entrada.

El transporte aéreo debe ser privado: las compañías de bandera nacionales han ido cayendo una tras otra, desapareciendo o fusionándose con privadas. Actualmente el transporte aéreo es mucho más barato y tiene menor precio que a mediados del siglo veinte. Las compañías aéreas privadas logran mayor eficiencia que las públicas. Es un hecho.

El control del tráfico aéreo debe ser público. Es demasiado arriesgado dejar la seguridad en manos de una empresa cuya rentabilidad y supervivencia depende de gastarse más o menos en precauciones.

Los aeropuertos también deben ser públicos. Corresponde al Estado decidir su ubicación, su tráfico, sus horarios y sus frecuencias. Todo para equilibrar adecuadamente los intereses de las diferentes compañías, el medio ambiente y el sueño de los pobladores vecinos.

Las infraestructuras en general (carreteras, puentes, redes eléctricas, ferrocarriles redes de telecomunicaciones, redes de gasoductos, redes de agua…) deben ser públicas o, en el caso de las redes, pertenecer a empresas controladas por el Estado donde tengan participaciones equitativas todos los usuarios y que tengan como finalidad, primero la eficiencia, y después, una rentabilidad solo vez y media superior al precio legal del dinero (para evitar que cobren a los usuarios tarifas abusivas), con salarios tasados para sus directivos.

El transporte por carretera de viajeros y mercancías debe ser privado. Así funciona muy bien y no hay necesidad de que el Estado se meta.

El transporte de viajeros por ferrocarril debe ser público. Las experiencias de privatización han causado un deterioro espectacular de la calidad del servicio. El transporte de mercancías por ferrocarril también debe ser público, y de rentabilidad mínima, para promocionarlo respecto al transporte por carretera, mucho peor ecológicamente.

La prestación de servicios (electricidad, telecomunicaciones, gas..) a través de las redes públicas debe ser privada y a precio libre, pero las retribuciones de los directivos de las compañías que se sirvan de tales redes, sus dividendos y su contabilidad deben ser estrictamente controlados y, caso de producirse precios abusivos (más de un 10% superiores a la media de los países de la UE), los responsables de fijar tales precios deben ir a la cárcel.

Los medios de comunicación deben ser privados. El Estado no debe poseer ni la más mínima participación en periódicos, radios o televisiones. Existe una peligrosa y perversa tendencia de los políticos a controlar la información o, directamente, manipularla en su favor. Por supuesto, hay que poner límites a la posesión por una sola persona de demasiados medios de comunicación, para evitar situaciones indeseables tipo Berlusconi y otras, pero ése será el tema de otra entrada.

Las bibliotecas deben ser públicas y gratuitas, y debe existir una buena red, que preste no solamente libros, películas o discos (cuyos autores deben ser justamente retribuidos cuando sus obras se presten), sino que tenga salas que puedan utilizar grupos locales de músicos o actores aficionados.

Todo monumento o museo o paraje natural que los ciudadanos y los técnicos consideren de interés excepcional debe ser público, en mejor salvaguarda de ese interés, y debe permitir visitantes en un número que no lo deteriore, cobrando una entrada que permita al menos sufragar una cuarta parte de los gastos de mantenimiento.

El resto de manifestaciones culturales (música, pintura, danza, ópera, novela, poesía, teatro, cine…) deben ser dejadas a la iniciativa privada y el Estado no debe intervenir, ni siquiera para premiar a los mejores en cada campo.