Política
Cambiar la estrategia de Ciudadanos
El partido español Ciudadanos se pegó el batacazo padre en las elecciones del 10 de noviembre de 2019: de 57 diputados en las generales de ese mismo año a solo 10 representantes siete meses después. Su líder, fundador y principal responsable de la debacle, Albert Rivera, dimitió. Su sucesor aún no ha sido elegido, pero de momento parece que será Inés Arrimadas. Lo que no queda nada claro es la estrategia que va a seguir a partir de que sea designada.
Ciudadanos fue fundado como un partido de centro izquierda, pero en 2017 abandonó la socialdemocracia para definirse como liberal progresista. El éxito electoral hizo creer a Rivera que podía superar al principal movimiento de la derecha española, el Partido Popular (PP), por lo que radicalizó su discurso, atacando muy duramente al partido socialista y negándose a pactar con él la investidura posterior a abril de 2019, a pesar de que ambos partidos sumaban votos suficientes. Esto provocó una quiebra interna de Ciudadanos y la marcha o desafección de muchas personas de renombre que habían fundado el partido, colaborado con él desde sus inicios o saludado favorablemente sus propuestas. El resultado fue el naufragio del siguiente noviembre y el indeseable auge de la ultraderecha.
Un partido de centro es necesario en esta España fragmentada y polarizada. No sirve de nada tener dos derechas con propuestas parecidas, queriendo además ambas competir con la ultraderecha. Es mucho mejor una estructuración en cinco partidos: extrema izquierda, izquierda, centro, derecha y ultraderecha. Ciudadanos tiene que ser el partido bisagra. Tiene que comprometerse a encabezar gobiernos (nacionales, autonómicos o municipales) solo si es la lista más votada. En otro caso, debe comprometerse a apoyar a la lista más votada, a cambio de moderación y combate sin concesiones contra la corrupción.
Con ese ideario simple (limpieza, moderación e igualdad entre todos los españoles, sin privilegios para los de ninguna autonomía) ya tiene ideología de sobra para caminar hacia delante. Solo le queda la durísima batalla de la credibilidad. Con los permanentes bandazos lo tiene muy difícil para convencer al electorado de que esta vez va en serio, de que estos parámetros son su verdadera esencia y no los va a modificar. Se arriesga a seguir la senda del olvidado Partido Reformista Democrático de Miquel Roca i Junyent y del más reciente Unión, Progreso y Democracia.
En primer lugar debe dejar atrás a la carbonizada Arrimadas, ya sin baza alguna, y elegir a un líder creíble. El único que se me ocurre en este momento es Francesc de Carreras. En segundo lugar, para dar algo de credibilidad a su apuesta, tiene que romper las alianzas con el PP en las autonomías de Andalucía y Madrid, para componerlas con el PSOE, que fue la lista más votada en las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019. No será nada fácil. Pero Ciudadanos no tiene otro camino para sobrevivir y España necesita su activa participación.
cerradosTeoría de la inspección óptima
Sea una empresa que debe cumplir una determinada normativa V. Cumplirla le supone un coste f·C, siendo C su cifra de negocios (facturación) en las unidades monetarias del país donde está radicada, y f un número adimensional entre 0 y 1, en principio de un valor pequeño, como 0,01 o 0,02. Asimismo, incumplirla supone un daño social d·C, siendo d un número adimensional entre 0 y 1.
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Suponiendo que el número de empresas E es 100 000, el número S de inspectores es 10, f = 0,01 y m = 0,03 ¿cuál es el riesgo para una empresa de incumplir la normativa?
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En la situación anterior ¿mantener la inspección supone para el Estado un ingreso o un gasto? ¿Y si se tiene en cuenta que el daño social por el incumplimiento d = 0,02?
Resolver el conflicto político
¿Qué es exactamente un conflicto político? En la wikipedia inglesa, political conflict lleva directamente a war (guerra). En la española no existe la página «conflicto político», ni siquiera como redirección. Tampoco en la francesa. ¡Ni siquiera en la catalana! La RAE da seis definiciones de conflicto:
1. m. Combate, lucha, pelea. U. t. en sent. fig.
2. m. Enfrentamiento armado.
3. m. Apuro, situación desgraciada y de difícil salida.
4. m. Problema, cuestión, materia de discusión. Conflicto de competencia, de jurisdicción.
5. m. Psicol. Coexistencia de tendencias contradictorias en el individuo, capaces de generar angustia y trastornos neuróticos.
6. m. desus. Momento en que la batalla es más dura y violenta.
Y solamente una expresión, conflicto colectivo. Aunque sabemos que, además de conflicto político, utilizamos conflicto familiar, conflicto bélico, conflicto militar o conflicto social.
Se produce un conflicto cuando dos (o más, pero para simplificar quedémonos con dos) partes persiguen a la vez objetivos incompatibles. En el conflicto político, estos objetivos son políticos. Por ejemplo, cuando dos comunidades que viven juntas, una quiere constituirse en forma de república y la otra, de monarquía. Sin embargo, la democracia es el mejor método que se ha inventado para resolver desacuerdos: la gente elige a sus representantes, que discuten las posibilidades de acuerdo con sus posiciones, y llegan a acuerdos aceptables por todos.
La cuestión es por qué hay algunas personas que suscitan conflictos insolubles, que plantean unas demandas inaceptables para una gran parte de la sociedad. Fernando Savater nos da una pista en el artículo Terror y conflicto político:
«Lo distintivo de estas supermafias ideologizadas es crear por medios criminales un tipo especial de conflicto político: «En estas ‘nuevas guerras’, el objetivo ya no es la victoria militar. La estrategia consiste más bien en obtener poder político sembrando el miedo y el odio, creando un clima de terror’. Su propósito es convertir en insostenible la situación de aquellos de los que quiere librarse.»»
Compárese, por ejemplo, la petición del derecho al matrimonio homosexual con la petición del mal llamado derecho a decidir, que en realidad es reclamar que las comunidades autónomas españolas puedan escindirse del resto de España. El matrimonio homosexual fue reclamado inicialmente por un pequeño colectivo. Simpatizaron con él grupos progresistas y, a pesar de la oposición conservadora, se convirtió en ley. Se ha visto que no produce daño social, sino al contrario: aumenta las posibilidades del individuo, que ahora ya no se ve limitado por el sexo de la persona con la cual desea casarse.
En cambio, que se permita la secesión ha suscitado una oposición desde todos los sectores. Ha hecho desaparecer partidos (Unió). Ha provocado que miles de empresas huyan de Cataluña. Ha causado centenares de heridos, detenidos e innumerables retrasos y molestias. Lógico: quienes en Cataluña se oponen temen que, si se produjera esa secesión, los que tomaran el poder barrerían a sus oponentes. Con expulsiones directas, como en Siria, o menos escrupulosamente, con paseos al amanecer. Pueden decir que son gente civilizada, pero la gente civilizada no promueve el lanzamiento de adoquines a la policía, no quema contenedores, no dispara cohetes a helicópteros y no prepara explosivos.
Para empezar a resolver el conflicto político es necesario que quienes lo empezaron, planteando demandas inaceptables para una gran parte de la sociedad, acepten públicamente que no era el momento, que pidan perdón por los daños causados (por cierto: que los pagaran sería realmente lo debido) y que se comprometan a perseguir sus ilusiones dentro de la legalidad. Una legalidad que, desde luego, se puede cambiar, pero transitando por las vías que ella misma marca.
De nuevo Savater: «En todas las democracias hay discrepancias, pero el conflicto empieza cuando unos bárbaros quieren resolverlas a tiros… El conflicto político consiste en presentar su proyecto de país como un derecho inalienable sin cuya aceptación toda paz será incompleta; y exigir diálogo, que en su lenguaje viene a ser sentarse en una mesa servida por ellos y darles resignadamente la razón. Pues va a ser que no.»
Todo el diálogo que se quiera. Pero auténtico. Pueden plantear los deseos que les apetezcan. Pero deben aceptar que la otra parte también tiene los suyos, igual de legítimos. Y que si no la convencen con argumentos sólidos —no con chantajes, bloqueos de carreteras, incendios o algaradas— la situación no va a cambiar. Si no quieren frustrarse, mejor que empiecen a perseguir objetivos que la gran mayoría pueda aceptar.
Crear valor
Tal como contaba en Combatir la pobreza, en un entorno no desfavorable, una sociedad humana que funcione correctamente tiende a acumular riqueza. En el mundo actual estamos asistiendo a una destrucción acelerada de valor. Un ejemplo son los tipos de interés nominalmente nulos en Europa, y en la práctica, negativos, pues la inflación persiste. Otro tanto les sucede a las bolsas europeas. Más grave aún es el declive poblacional, tildado por algunos de suicidio demográfico. Sin confianza en el futuro, las personas fértiles no tienen todos los hijos que querrían tener, y que superarían la tasa de reposición (2,1 hijos por mujer). Una desconfianza plenamente justificada por los bajos salarios, la inseguridad laboral y la carestía de la vivienda.
Resulta paradójico, pero lo que crea valor (algo inmaterial) es la confianza. A comienzos de junio de 2019 se están hundiendo las bolsas mundiales (destruyendo por tanto el valor acumulado de las acciones que allí se negocian) porque la decisión de Trump de represaliar con aranceles a México para que frene la inmigración ilegal extiende el temor a un desencadenamiento de políticas similares en todo el mundo.
Para crear valor hay que generar confianza. Y la confianza se genera, en primer lugar, no amenazando. En segundo lugar, evaluando correctamente la situación, sin histrionismos ni alarmismos. Y en tercer lugar, poniendo en marcha medidas paulatinas, eficaces y consensuadas, y vigilando la respuesta que obtienen.
El primer paso para empezar a crear valor es renunciar a imposiciones arancelarias unilaterales, y dejar que la Organización Mundial del Comercio vaya levantando poco a poco las barreras que todavía persisten. El segundo es la aplicación estricta del Acuerdo de París contra el cambio climático. Si no hay futuro, y la tendencia actual va hacia catástrofes climáticas que podrían ocasionar la pérdida de entre el 15 y el 25 % del PIB mundial (en 2018 este fue de 78,9 billones de dólares, por lo que estas pérdidas alcanzarían los 20 billones de dólares), entonces es imposible que los bienes valgan más.
Imaginemos una aldea amenazada por un posible incendio donde los habitantes se enfrentan a la posibilidad de vender sus propiedades o arriesgarse a que el fuego las arrase. La reacción normal será vender a precio de derribo, con lo que todo el valor de casas y cultivos se reducirá prácticamente a cero ANTES siquiera de que las llamas hayan rozado un tejado. Quedará destruido el valor de los bienes, toda una vida de trabajo, esfuerzo y privaciones, incluso de los que se nieguen a vender. Porque el precio de algo no se genera por los esfuerzos que ha costado fabricarlo, sino por la utilidad previsible que le va a sacar quien piensa en comprarlo. Por eso, para crear valor, es necesario crear confianza en el futuro. Hay que sustituir la confrontación por la negociación. Una mala paz siempre es mejor que una buena guerra.
De modo más particular, se crea valor para un país, o incluso para una empresa, si se administra correctamente: si se toman las medidas adecuadas para que prospere, para que venda bien sus productos o servicios, para que forme a sus ciudadanos o empleados, para que cuide su salud y bienestar. Todo ello hace que más empresas quieran instalarse en ese país y (repito: si se administra correctamente) aumente el precio de sus suelos, crezcan los salarios y se incremente la prosperidad.
cerradosIzquierda y derecha II: la regresión ideológica
Había escrito ya una entrada sobre este tema, pero a raíz de la lectura del artículo de El País ¿Qué es ser de izquierdas? y, sobre todo, de sus comentarios, me he dado cuenta de que cabe un planteamiento más sistemático y más aprovechable.
La idea es, no que la persona tiene una ideología general y eso la induce a determinadas preferencias en las cuestiones que dividen a la sociedad, sino al revés: la persona tiene posturas específicas sobre esas cuestiones divisivas, y el conjunto de esas posturas determina si esa persona es de derechas, de izquierdas o de centro (sí, creo que se puede ser sinceramente de centro).
Esta idea no es nueva. El gráfico de Nolan se conoce desde 1971, y el sitio TestPolítico lo emplea para dar (gratis y sin registrarse) la posición política de una persona a partir de sus preferencias.
Veamos un ejemplo. Supongamos que una página de Internet permite a una persona, mediante un deslizador, expresar su acuerdo o desacuerdo con las frases siguientes:
1. El aborto debe estar prohibido por la ley.
2. El matrimonio es entre un hombre y una mujer.
3. Todas las drogas que ahora son ilegales deben continuar siéndolo.
4. Los impuestos son demasiado altos.
5. Las ciudades deben facilitar que cada cual utilice su propio vehículo.
Si a «muy en desacuerdo» se le asigna el valor -1, y a «muy de acuerdo», el valor 1, una persona podría dar los siguientes valores: -1; -1; 0,5; 0 y -0,5.
Sumados dichos valores, se obtiene -2, lo que permitiría clasificar a esa persona, dentro del diagrama siguiente, como de izquierdas.
El que en este ejemplo se asignen a las opciones de izquierdas un valor matemáticamente negativo no implica en absoluto una valoración moral negativa. Se hace así para facilitar la comprensión. Por convención matemática, en las gráficas, la parte negativa queda a la izquierda del eje vertical (ordenadas), y la positiva, a la derecha.
Vamos a plantearlo de un modo formal: sean ci cuestiones que dividen a una sociedad, con i variando de 1 a n. Sea pi la postura de una persona ante ci, con pi variando desde -1, para la postura más de izquierdas, hasta +1, para la postura más de derechas.
Entonces la ideología I resulta del sumatorio siguiente:
Si consideramos que algunas cuestiones son más definitorias que otras, y por tanto establecemos la existencia de diferentes factores fi, con 0 < fi <= 1, entonces:
«Regresión» está aquí empleado en el sentido matemático, del método que intenta ajustar un conjunto de puntos sobre el plano a una recta, no en el sentido de «retroceso», «involución». Debo admitir que uso el término algo impropiamente, pues hay puntos sobre el plano, pero no una recta a la que ajustarlos. Sin embargo, la analogía con la regresión multivariante ( y = a + b1·x1 + b2·x2 + .. + bn·xn) es innegable.
Por supuesto, debe tenerse en cuenta que:
– las cuestiones definitorias de la ideología son muchas más que las cinco del ejemplo (en la muy interesante página de la Wikipedia Espectro político se citan las principales);
– pueden variar de país a país, porque en algunos se han alcanzado consensos amplios y algunas cuestiones ya no los dividen;
– algunas cuestiones (por ejemplo, la pena de muerte) pueden tener en la fórmula más peso matemático (es decir, ir multiplicadas por un factor mayor) que otras (por ejemplo, la existencia de una banca pública);
– las frases con las que hay que manifestar acuerdo o desacuerdo pueden plantearse bien de manera que los de derechas estén de acuerdo y los de izquierdas, en desacuerdo, o bien al revés (ejemplo para la frase 1: La ley debe permitir la interrupción voluntaria del embarazo hasta el tercer mes);
– diferentes formulaciones pueden arrojar resultados ligeramente distintos para la misma población (a las personas, en general, les cuesta más manifestar su desacuerdo que su acuerdo);
– es por tanto preferible escoger la formulación más neutra; y
– se puede preguntar dos veces por la misma cuestión bajo formulaciones opuestas (ejemplo: La pena de muerte es un castigo adecuado para delitos muy graves-Debe erradicarse la pena de muerte), separadas en el cuestionario, para comprobar la sinceridad del que responde.
Pero lo esencial es que ahora se puede contestar a la pregunta inicial: ser de izquierdas es tener una posición predominantemente de izquierdas en las cuestiones políticas, económicas y sociales. De esta forma, si una persona es partidaria del aborto y el matrimonio homosexual, pero contraria a la legalización de las drogas, sí que puede ser de izquierdas. Algo, por cierto que los que se pretenden «verdaderamente de izquierdas» llevan muy mal.
Igualmente una persona partidaria de la prisión permanente revisable, la presencia de autoridades públicas en celebraciones religiosas y la sanidad privada será de derechas, aunque dé la casualidad de que prefiere el transporte público porque le da miedo conducir.
Porque la ideología no es monolítica, sino que se forma por la agregación (artificial) de las posturas sobre diferentes aspectos. Esto supone la reducción de múltiples dimensiones a una sola, lo que ocasiona una inevitable pérdida de información.
Las personas no tienen por qué ser coherentes. Una persona individual puede estar a favor de impuestos bajos y buenos servicios públicos, lo que es irrealizable. Pero un partido político, que agrega posturas individuales para llevarlas a la práctica en la sociedad, no puede pregonar posturas incoherentes.
Esto explica muchas cosas: por qué hay obreros que votan a la derecha; por qué el Frente Nacional francés se ha nutrido del antiguo voto comunista; por qué tantos latinos en Estados Unidos apoyaron a Trump…
Asimismo admite la existencia de personas de centro: aquellas para las que el sumatorio arroja un resultado cercano a cero. Bien sea porque en un número de cuestiones son de izquierdas y en un número parecido, de derechas, o bien porque, sobre muchas cuestiones, se manifiestan «ni de acuerdo ni en desacuerdo». Opción, por cierto, perfectamente legítima (aunque no sea la mía), dentro de la libertad de pensamiento de cada cual, pero que irrita a muchos dogmáticos.
También permite un abordaje sistemático de las cuestiones transversales: ser partidario de que la Constitución Española permita la secesión de una autonomía ¿es de izquierdas o de derechas?
Es un planteamiento erróneo: como hemos visto, la ideología NO es una caja negra a la que le metes una cuestión y te sale una postura. Al contrario: es un agregado indicativo de las diferentes posturas de una persona sobre distintas cuestiones. Por tanto, al surgir una cuestión nueva, el que una persona sea de izquierdas o de derechas no predetermina que esté a favor o en contra. De ahí que los debates ideológicos en los partidos sobre cuestiones nuevas sean encarnizados y a veces resulten en escisiones.
Una vieja anécdota, creo que del Partido Comunista de España, cuenta que, ante una cuestión nueva, esperaba que se ocupara de ella el ABC (diario español de derechas), para entonces adoptar la postura contraria.
Utilización de la regresión ideológica para orientar la acción de los partidos
Debido a las nuevas cuestiones que surgen cada día, los partidos pueden sentirse como ciegos, confusos, sin saber qué postura tomar. Lo que deben hacer es, a través de encuestas periódicas, detalladas y fiables, ir recabando datos sobre las posturas del electorado total, su electorado potencial (formado por las personas que no manifiestan rechazo directo a ese partido), y cómo se perciben las posturas del partido (ojo: un partido puede creer que mantiene unas posturas determinadas y el electorado percibirlas de modo muy diferente).
Por ejemplo, la imagen muestra las posturas en cuatro cuestiones: aborto, pena de muerte, sanidad pública y separatismo. El abanico tiene, por tanto, cuatro varas, pero pueden añadirse otras si se quiere representar más cuestiones. Cuando más cerca está el punto (que representa la postura) del centro del diagrama, más acuerdo representa con la cuestión (en la imagen el electorado total, en verde está muy de acuerdo con el aborto y muy en desacuerdo con la pena de muerte).
Puede verse que el partido representado tiene un problema con la percepción de sus posturas sobre el aborto y sobre la pena de muerte: está muy alejado de su electorado potencial, en azul claro. Por tanto, para acercarse a él, debe manifestar (y plasmar en sus programas) menor oposición al aborto y mayor hacia la pena de muerte.
Si se pide a los encuestados que, además de su postura (de acuerdo, en desacuerdo o indiferente) sobre determinadas cuestiones, manifiesten la importancia que tienen para ellos (nada importante, poco importante, algo importante, bastante importante o muy importante), el partido podrá obtener la distancia ponderada entre las posiciones de su electorado potencial y las que ese electorado percibe: un número.
En el diagrama, si asignamos a los segmentos el valor de la unidad, esa distancia es aproximadamente 0,25 + 0,2 + 0,1 + 0,2 = 0,75. Si en la encuesta del mes siguiente la distancia es 0,71, esto quiere decir que la estrategia del partido va por buen camino.
En principio el votante se decantará por el partido cuyas posiciones perciba como más próximas. Por supuesto hay otros factores, como la confianza que pueda tener en ese partido (que se gana cumpliendo las promesas y comportándose de un modo decente), el rechazo que sienta (motivado por las políticas que ha desarrollado o por la corrupción a la que ha sucumbido), el atractivo físico de los principales candidatos y su capacidad de conectar. Pero creo personalmente que el factor de proximidad de posturas es fundamental, lo que no quiere decir que se deban descuidar los otros.
Todo esto no es nuevo, y en mayor o menor medida ya se viene haciendo, aunque posiblemente de modo intuitivo y no sistemático.
Evolución de las posturas
Las posturas son bastante estables, pero cambian con el tiempo. Por ejemplo, para los españoles, el principal problema de su país lleva más de veinte años siendo el paro. Otras cuestiones, como el terrorismo o la corrupción, han fluctuado más. De estar bastante dividida sobre la prohibición de fumar en locales públicos, la sociedad española ha pasado a estar muy mayoritariamente de acuerdo.
Otras veces los líderes hacen cambiar las posturas: Felipe González consiguió cambiar la opinión predominantemente contraria a la OTAN en el referéndum de 1986.
En ocasiones, el líder, para llevar a cabo un programa, se ve obligado a intentar que las posturas del electorado evolucionen. Por ejemplo, si el electorado demanda una mayor eficacia en la lucha contra el paro, pero es tolerante con la economía sumergida (informal), hay que explicarle con datos, hechos, expertos, anuncios, ejemplos de otros países.. que o una cosa u otra. La importancia que el electorado asigne a posturas incompatibles puede servir al líder para decantarse por una u otra.
Tú no eres de izquierdas
Cuando compite electoralmente, un partido de izquierdas puede proclamar que es «la auténtica izquierda», «la verdadera izquierda», y que otro partido «no es realmente de izquierdas». Mentiras interesadas. Si en Maracaibo (Venezuela) un día la temperatura máxima es 37º C, ese día hace mucho calor. Si al día siguiente es 35º C, también hará calor, aunque menos. De la misma forma, si un partido es percibido con I = -3,2 y otro con I = -2,1, de acuerdo con la segunda fórmula que hemos visto más arriba, los dos son de izquierdas. Ni el primero es la auténtica izquierda ni el otro es de derechas. El primero es más de izquierdas, sí, pero no por eso puede proclamarse moralmente superior al segundo, ni tampoco políticamente superior.
Por ejemplo, la renta básica puede considerarse más de izquierdas que la renta mínima pero, ¿la hace eso preferible? Pensemos en un elector desempleado y sin recursos que duda entre un partido que promete la primera y otro que promete la segunda. Si considera que la primera es mucho más cara, polémica y difícil de implantar, es posible que decida estratégicamente votar al que promete la segunda. Nadie puede acusar por ello a este elector de ser de derechas. Y por cierto, aunque yo soy de izquierdas, creo que ser de derechas no es un delito, ni una inmoralidad, ni una equivocación, sino una opción libre perfectamente admisible.
cerradosLa contratación pública
La contratación pública (de obras y servicios) es la mayor fuente de corrupción en España. Por un lado se amañan los concursos públicos para que gane la empresa que ha pagado una comisión ilegal al partido político que gobierna. Por otro se contrata desde la administración a precios inflados, empleando abusivamente la contratación directa, fraccionando ilegalmente los contratos o contratando servicios inexistentes, como el seguimiento de la concha brillante.
La contratación de personal por parte de la Administración es otra lamentable fuente de corrupción (asesores que no asesoran nada, interinos que no han superado las pruebas necesarias para serlo, exámenes amañados, enchufados, gente que cobra sin ir a trabajar), pero no es el objeto de esta entrada. Cuando en ella se hable de contratación se refiere a la de bienes y servicios.
Hay que acabar con esto de una vez por todas aplicando las siguientes medidas:
1. Todos los contratos de aprovisionamiento de las diferentes administraciones públicas (Gobierno central, autonomías, diputaciones, ayuntamientos y empresas públicas) se harán a través de portales electrónicos de contratación. (Evidentemente, los contratos por los cuales una empresa pública, por ejemplo Ineco, presta servicios (por ejemplo al Gobierno de Arabia Saudita para la construcción del AVE Medina-La Meca) y recibe un pago por ellos, no estarían incluidos aquí.
2. Cada entidad contratante podrá tener su propio portal de contratación o usar el de un órgano superior.
3. TODA la información sobre procedimientos de contratación en curso en cualquiera de estos portales se reflejará instantáneamente (se habrán organizado informáticamente para que sea así) en la Plataforma de Contratación del Sector Público.
4. Las empresas o autónomos que deseen prestar sus servicios o vender sus bienes a la Administración podrán inscribirse en esta plataforma de manera totalmente gratuita, y de la manera más sencilla posible, en principio solo dando su NIF o CIF de manera segura. El portal tomaría el resto de los datos de los diferentes registros de la Administración.
5. Todos los procedimientos de contratación deberían ser abiertos, sin límite de importe. Las únicas exigencias para los licitadores podrían ser: tamaño de la empresa (no tiene sentido que una empresa con 7.000 euros de capital se presente a una obra de 200 millones), año de fundación, experiencia en contratos previos con la Administración, pagos en regla a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, no estar incursa en procedimientos judiciales por corrupción, fraude o daño al medio ambiente. Todo esto tanto para la empresa que se presenta como para su matriz o sus accionistas con más del 4 % del capital.
6. Una empresa condenada en sentencia firme por los delitos antedichos no podría contratar con la Administración durante los diez años siguientes. Tampoco podría hacerlo una empresa que tuviera en su consejo de administración o entre sus principales accionistas (con más del 4 % del capital) a personas condenadas en firme por corrupción.
cerradosDos Estados
Es necesario poner fin al conflicto israelí-palestino, parte esencial del conflicto árabe-israelí. Aunque no tuviera efectos en otros países, existiría el deber moral de forzar un acuerdo y hacerlo respetar (por no hablar de los grandes beneficios económicos que supondría la paz en la zona). Pero es que los tiene; es que la pervivencia del conflicto israelí-palestino alimenta otros conflictos, como el del Líbano, Al-Qaeda en el norte de África y Afganistán.
Mario Vargas Llosa: «Aunque las bombas caen sobre Afganistán, el origen de esta guerra, y también su recurrencia cíclica así como su solución, tienen como escenario principal el Medio Oriente. Mientras el conflicto palestino-israelí continúe abierto, con su periódica ración de asesinatos, acciones terroristas, incursiones armadas y operaciones de represalias por parte de uno y otro bando, la crisis que se ha abierto entre un sector importante del mundo islámico y los Estados Unidos y Europa occidental seguirá agravándose y provocando violencias de incalculables consecuencias para el futuro de la humanidad.»El acuerdo debe basarse:
- en la Resolución 181 de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 1947;
- en lo ofrecido por el primer ministro israelí, Ehud Barak, en la Cumbre de Camp David del año 2000 (el 95 % de Cisjordania y la Franja de Gaza, así como la soberanía palestina sobre Jerusalén Este); y
- en la Iniciva de Paz Árabe (retornar a las fronteras establecidas por la ONU antes de 1967, normalización de las relaciones con Israel, retirada de sus fuerzas de todos los territorios ocupados, incluido el Golán, Estado palestino independiente en Cisjordania y la Franja de Gaza, con Jerusalén Oriental como su capital, así como una «solución justa» para los refugiados palestinos).
Israel no tiene más remedio que propiciar la solución de los dos Estados. No puede esperar a cambio conseguir seguridad de manera inmediata (pero sí a largo plazo). La dinámica demográfica hará que pronto los ciudadanos de origen árabe sean mayoritarios en el actual Estado de Israel y en los territorios que ocupa. Negar el derecho de voto a esa población supone el apartheid y va contra los derechos humanos y contra las propias leyes fundamentales del Estado de Israel (que lo establecen como una democracia parlamentaria, que reconoce el valor de la persona, la santidad de su vida, y su libertad).
El prestigioso intelectual israelí Amos Oz, partidario de los dos Estados, cree que, de lo contrario, Israel acabará convertido en un país árabe o en una dictadura sionista. La situación de guerra permanente exacerba los ánimos y puede hacer que el electorado israelí se incline por opciones radicales, que enconarían todavía más la situación.
Es fundamental que el acuerdo dibuje un Estado Palestino viable en cuanto a tierras cultivables, agua, conexiones entre sus partes y comercio exterior. En eso Israel puede permitirse ser generoso, devolviendo tierras productivas o con agua que ha ocupado indebidamente, a cambio de tierras secas, improductivas o desérticas, ya que Israel posee el dinero y la tecnología necesarios para llevar agua y cultivos a esas tierras, lo que no es el caso de los palestinos.
La estrategia de buscar un acuerdo total que dé paso a una convivencia pacífica no ha funcionado. Debe intentarse otra vía: con el objetivo de dos Estados (de territorio específico pendiente de determinar) tratar de llegar a múltiples acuerdos parciales sobre agua, energía, circulación de personas y mercancías, relaciones internacionales, etc., que permitan un funcionamiento efectivo del Estado palestino y la reducción del sufrimiento de su población. Israel debe comprometerse (y EE.UU. hacer respetar ese compromiso) a no volver a destruir la infraestructura palestina (como en las operaciones Plomo Fundido o Margen Protector) ni a estrangular su economía. Quizá así se vayan tejiendo lazos hasta dejar los asuntos en los que el acuerdo es más difícil listos para una negociación valiente.
No tiene sentido que Israel exija seguridad a cambio (por ejemplo, si habitantes de un pueblo participan en atentados, le cortará el suministro de agua). En un primer momento la seguridad se la debe proporcionar Israel por sí mismo (deteniendo a los que vayan a cometer atentados, preferiblemente, o, si ya se han producido, a los autores). Posteriormente, a medida que la población palestina mejore sus condiciones de vida, los atentados disminuirán.
La situación actual es de bloqueo. Los palestinos no tienen nada que perder (por eso son tan peligrosos), mientras que Israel puede perder mucho: cada vez está más desprestigiado internacionalmente, en un mundo donde se valora mucho el «buen» comportamiento de un país y se represalia (como Israel ya está sufriendo, con la Campaña BDS y otras) la conducta indecente. Sí, puede ganar guerras, pero le salen carísimas y no son eficaces. Ha de empezarse un nuevo camino o todo seguirá como hasta ahora.
cerradosPara que España tenga un Gobierno
Los resultados de las elecciones generales del 26 de junio de 2016 fueron los siguientes:
PP: 137 escaños
PSOE: 85
Unidos Podemos: 71
Ciudadanos: 32
ERC: 9
CDC: 8
PNV: 5
Bildu: 2
CC: 1
Para ser investido presidente, es necesario que el candidato obtenga mayoría absoluta (176 escaños) en una primera votación o mayoría simple en una segunda.
A mi entender, las elecciones del 26 de junio nunca se deberían haber celebrado, porque nos han metido en la dinámica antidemocrática de que, si a un partido con capacidad de bloqueo no le gusta el resultado electoral, se comporta de modo que se repitan las elecciones, y así hasta que salga lo que quiere.
Lo ideal habría sido que, tras forzar Podemos, en el pacto PSOE-Ciudadanos posterior a los comicios del 20 de diciembre de 2015, el mayor número posible de medidas sociales, Podemos se hubiera abstenido en la segunda votación. Esto no fue posible por los vetos mutuos entre Podemos y Ciudadanos.
También a mi entender, es imperativo modificar la Constitución en el sentido que propongo en esta entrada, y absolutamente imprescindible modificar la normativa para que los diputados y senadores electos no cobren un euro ni generen derechos pasivos (ahora, con dos legislaturas, duren lo que duren, aunque duren solo cuatro meses, ya tienen garantizada la pensión máxima) hasta que hayan elegido un Presidente del Gobierno.
Dicho esto, y con el objetivo de evitar al coste que sea unas terceras elecciones (que probablemente tampoco resolverían la cuestión, por lo que habría que ir a unas cuartas, unas quintas…), considero que son más probables las siguientes posibilidades.
1. Una investidura de Mariano Rajoy después de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre de 2016, con el apoyo de Ciudadanos, el PNV y CDC, estos últimos para que el PP del País Vasco y Cataluña apoye a su vez al PNV y CDC, tras fracasar la cuestión de confianza en el Parlamento de Cataluña.
2. Una investidura de Mariano Rajoy con la abstención del PSOE en virtud de un pacto que incluyera la dimisión de Rajoy en dos años, una nueva sesión de investidura y la abstención del PP en ella. Esto no es política ficción: ya se hizo para la alcaldía de Rincón de la Victoria (Málaga) tras las elecciones municipales de 2007.
3. Una coalición Ciudadanos-PSOE-Podemos, tal y como han propuesto más de cuatrocientos intelectuales y artistas. Es perfectamente posible. No hay ningún obstáculo insalvable. Las promesas electorales de Podemos sobre referendos de secesión pueden sustituirse perfectamente con el compromiso de que que Podemos presente, por los cauces previstos en la constitución, una propuesta de reforma para que permita la secesión de autonomías. Luego se votará, y lo que salga, salió.
Otro centenar de intelectuales y políticos hicieron público el 21 de julio de 2016 otromanifiesto en que instaban a formar Gobierno cuanto antes, pero sin indicar qué partidos preferían que lo integraran.
cerradosReformar la Constitución española
La Constitución fue ratificada en referéndum el 6 de diciembre de 1978. Ha estado vigente casi cuarenta años, con dos mínimas reformas:
– Una en 1992, que consistió en añadir, en el artículo 13.2, la expresión «y pasivo» referida al ejercicio del derecho de sufragio de los extranjeros en elecciones municipales, para adaptar la Constitución al Tratado de Maastrich.
– Y otra en 2011, que modificó totalmente el artículo 135.
Antes era:
Artículo 135.
1. El Gobierno habrá de estar autorizado por ley para emitir Deuda Pública o contraer crédito.
2. Los créditos para satisfacer el pago de intereses y capital de la Deuda Pública del Estado se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de los presupuestos y no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la ley de emisión.
Y después de la reforma quedó:
Artículo 135.
1. Todas las Administraciones Públicas adecuarán sus actuaciones al principio de estabilidad presupuestaria.
2. El Estado y las Comunidades Autónomas no podrán incurrir en un déficit estructural que supere los márgenes establecidos, en su caso, por la Unión Europea para sus Estados Miembros.
Una Ley Orgánica fijará el déficit estructural máximo permitido al Estado y a las Comunidades Autónomas, en relación con su producto interior bruto. Las Entidades Locales deberán presentar equilibrio presupuestario.
3. El Estado y las Comunidades Autónomas habrán de estar autorizados por Ley para emitir deuda pública o contraer crédito.
Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta. Estos créditos no podrán ser objeto de enmienda o modificación, mientras se ajusten a las condiciones de la Ley de emisión.
El volumen de deuda pública del conjunto de las Administraciones Públicas en relación al producto interior bruto del Estado no podrá superar el valor de referencia establecido en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4. Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.
5. Una Ley Orgánica desarrollará los principios a que se refiere este artículo, así como la participación, en los procedimientos respectivos, de los órganos de coordinación institucional entre las Administraciones Públicas en materia de política fiscal y financiera. En todo caso, regulará:
a) La distribución de los límites de déficit y de deuda entre las distintas Administraciones Públicas, los supuestos excepcionales de superación de los mismos y la forma y plazo de corrección de las desviaciones que sobre uno y otro pudieran producirse.
b) La metodología y el procedimiento para el cálculo del déficit estructural.
c) La responsabilidad de cada Administración Pública en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria.
6. Las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus respectivos Estatutos y dentro de los límites a que se refiere este artículo, adoptarán las disposiciones que procedan para la aplicación efectiva del principio de estabilidad en sus normas y decisiones presupuestarias.
Desde entonces se han sugerido numerosas reformas. Este artículo de 2014 resume las propuestas de PSOE, IU, UPyD y Podemos. Ciudadanos, posteriormente, planteó estas cinco:
1. Eliminar los aforamientos.
2. Modificar la ley para tramitar iniciativas legislativas populares a partir de 250.000 firmas.
3. Despolitización de la justicia.
4. Suprimir las diputaciones.
5. Fijar un mandato máximo para el Presidente de dos legislaturas (ocho años).
El PP no ha formulado una propuesta propia de reforma constitucional, pero se ha mostrado dispuesto a debatir las que no incluyan la posibilidad de secesión de territorios.
Estas propuestas no tienen en cuenta la situación de bloqueo que estamos viviendo en 2016, derivada de este artículo:
Artículo 99.
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y en los demás supuestos constitucionales en que así proceda, el Rey, previa consulta con los representantes designados por los Grupos políticos con representación parlamentaria, y a través del Presidente del Congreso, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno.
2. El candidato propuesto conforme a lo previsto en el apartado anterior expondrá ante el Congreso de los Diputados el programa político del Gobierno que pretenda formar y solicitará la confianza de la Cámara.
3. Si el Congreso de los Diputados, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros, otorgare su confianza a dicho candidato, el Rey le nombrará Presidente. De no alcanzarse dicha mayoría, se someterá la misma propuesta a nueva votación cuarenta y ocho horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviere la mayoría simple.
4. Si efectuadas las citadas votaciones no se otorgase la confianza para la investidura, se tramitarán sucesivas propuestas en la forma prevista en los apartados anteriores.
5. Si transcurrido el plazo de dos meses, a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiere obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, procurando el máximo consenso y el mínimo cambio necesario (es decir, no introducir en la Constitución algo que debe tener nivel de Ley) creo firmemente que deben llevarse a cabo las siguientes reformas en la Constitución Española:
A. El artículo 15, que ahora dice:
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de guerra.
Debería eliminar las excepciones y quedarse en:
Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes. Queda abolida la pena de muerte.
B. El artículo 16.3, que ahora dice:
Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Debería dejarse simplemente en:
Ninguna confesión tendrá carácter estatal.
C. El artículo 57.1, que ahora dice:
La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto; en el mismo grado, el varón a la mujer, y en el mismo sexo, la persona de más edad a la de menos.
Debería cambiarse a:
La Corona de España es hereditaria en los sucesores de S. M. Don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores; en la misma línea, el grado más próximo al más remoto, y en el mismo grado, la persona de más edad a la de menos.
D. El Senado debería suprimirse directamente, sin intentar asignarle nuevas funciones. Para lo único que sirve es para colocar a políticos que han concluido su ciclo como diputados, alcaldes o similares. A este respecto ver Suprimir el Senado.
E. También deberían suprimirse las diputaciones. En las autonomías uniprovinciales (por ejemplo, Murcia) se han eliminado sin problemas. Una administración autonómica moderna y eficaz, adecuadamente informatizada, es perfectamente capaz de proporcionar todos los servicios que las diputaciones (fruto de una época en la que se administraba con papel y pluma de ave) prestan ahora a los ayuntamientos, y a un coste menor.
F. Mantenimiento de la inviolabilidad jurídica del Rey (o la Reina), y del aforamiento del Presidente del Gobierno y los ministros, pero supresión absoluta de todos los demás aforamientos: diputados, senadores, jueces y familia del Rey (o la Reina).
G. El artículo 99, que se recoge más arriba, debería cambiarse a:
Artículo 99.
1. Después de cada renovación del Congreso de los Diputados, y antes de que transcurran quince días naturales desde que se constituya la cámara, cada uno de los grupos políticos, excluido el grupo mixto, propondrá al Presidente del Congreso un candidato a la Presidencia del Gobierno. Si algún grupo no lo hiciera en ese plazo, el Presidente del Congreso designará como candidato a la Presidencia del Gobierno por ese grupo a la persona que encabece la lista provincial donde ese grupo haya obtenido, además de representación en el Congreso, el mayor número de votos.
2. Antes de que transcurran otros siete días naturales desde el plazo de quince días anterior, se producirá la votación de investidura, cuya fecha exacta deberá fijar el Presidente del Congreso.
3. En esta votación cada diputado podrá votar por uno cualquiera de los candidatos a Presidente del Gobierno. El que haya obtenido mayor número de votos será propuesto por el Presidente del Congreso al Rey para que este lo nombre Presidente del Gobierno. Si dos o más cantidatos obtuvieran exactamente el mismo número de votos, el Presidente del Congreso propondrá al Rey el de más edad.
H. El artículo 122.3, que ahora dice:
3. El Consejo General del Poder Judicial estará integrado por el Presidente del Tribunal Supremo, que lo presidirá, y por veinte miembros nombrados por el Rey por un período de cinco años. De éstos, doce entre Jueces y Magistrados de todas las categorías judiciales, en los términos que establezca la ley orgánica; cuatro a propuesta del Congreso de los Diputados y cuatro a propuesta del Senado, elegidos en ambos casos por mayoría de tres quintos de sus miembros, entre abogados y otros juristas, todos ellos de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión.
Se debería suprimir totalmente (es el que ha dado pie a la odiosa politización de la justicia que padecemos), y dejar la composición del Consejo General del Poder Judicial a la Ley orgánica que establece su estatuto. Esta Ley debería dejarlo en 15 miembros, y que fueran sorteados entre los magistrados y catedráticos de Derecho que se presentaran voluntarios. Para que fueran aceptados en el sorteo deberían haber ejercido como magistrados o catedráticos (no valdría como jueces o profesores) diez de los últimos quince años, y no haber sido condenados en toda su vida a más de un año de prisión, ni sancionados por falta grave, ni encontrarse inmersos en procesos judiciales ni disciplinarios.
A este respecto recomiendo la entrada Los órganos colegiados.
I. Por la misma razón, el artículo 159.1 y 2, que ahora dice:
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey; de ellos, cuatro a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
2. Los miembros del Tribunal Constitucional deberán ser nombrados entre Magistrados y Fiscales, Profesores de Universidad, funcionarios públicos y Abogados, todos ellos juristas de reconocida competencia con más de quince años de ejercicio profesional.
Se debería cambiar por:
1. El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, que serán nombrados por el Rey tras salir agraciados en un sorteo al que se hayan presentado voluntarios.
2. Para que fueran aceptados en el sorteo deberían haber ejercido en España como catedráticos de Derecho Constitucional o Derecho Administrativo, o bien como magistrados de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo, durante al menos diez de los quince años naturales anteriores al sorteo. Además no podrán haber sido condenados en toda su vida a más de un año de prisión, ni inhabilitados por plazo superior a un año, ni sancionados por falta grave, ni encontrarse inmersos en procesos judiciales ni disciplinarios.
Combatir eficazmente el yihadismo
Prosiguen los asesinatos terroristas por parte de fanáticos musulmanes: 137 personas muertas en los atentados de París de noviembre de 2015, 14 en el atentado de San Bernardino en diciembre, 35 en los atentados de Bruselas de marzo de 2016, 50 en la masacre de Orlando en junio de 2016… Sin contar los miles de fallecidos que han producido en otros países. Al mismo tiempo que el Estado Islámico (Daesh) está perdiendo la batalla militar sobre el terreno.
Muy probablemente ambas tendencias estén relacionadas: como el Daesh no dispone de soldados ni material suficiente para el campo de batalla, ordena atentados en los países coligados contra él. O bien los partidarios del Daesh, al conocer las derrotas, atacan lugares públicos de esos países.
El mayor peligro que suponen estos atentados es que se empleen como excusa para convertir democracias en regímenes autoritarios. La masacre de Orlando favorecerá las aspiraciones presidenciales de Donald Trump, que promete prohibir la entrada en EE.UU. a todos los musulmanes. Aunque en este caso no habría funcionado, porque el asesino era norteamericano.
Urge, por tanto, no digo reforzar, sino mejorar las medidas que se han tomado hasta ahora. Para luchar eficazmente contra el yihadismo no hay que examinar hasta el último calcetín de los viajeros aeroportuarios. Pero sí se deben tomar otras medidas:
- Bloquear el acceso a los sitios web yihadistas.
- Dificultar su funcionamiento con ataques de denegación de servicio o infección con virus.
- Hacer que no aparezcan en buscadores.
- Convertir en delito que una persona acceda a ellos, salvo si es policía.
- Impedir que los terroristas se financien con el sistema islámico de transferenciashawala, o infiltrar soplones en las redes para que informen de operaciones sospechosas, o recompensar generosamente a los denunciantes anónimos que aporten información.
- Impedir que, en las cárceles, los radicales radicalicen a pequeños delincuentes desideologizados (por ejemplo, cambiándolos de prisión, procurando que no coincidan en el patio, etc.).
- Crear centros de desradicalización de jóvenes y procurando su buen funcionamiento.
- Prohibir la financiación de confesiones religiosas por parte de Gobiernos extranjeros y, a la vez, facilitar que los fieles nacionales financien el culto (con desgravaciones fiscales generosas, por ejemplo).
- Procurar la colaboración de las asociaciones musulmanas moderadas (que son mayoritarias y las primeras perjudicadas por el yihadismo), tanto para denunciar a las personas que se puedan estar radicalizando, y «desprogramarlas», como para facilitar a sus jóvenes la igualdad de oportunidades, a la que tienen derecho como el resto de los ciudadanos.
- Reforzar (aquí sí) la lucha contra los paraísos fiscales.
- Controlar las armas. En los países donde la población general tiene prohibido llevarlas (que es, con mucho, lo mejor), asegurarse de que se cumple. No puede ser que en Francia sea más fácil conseguir un kaláshnikov que un caramelo. En EE.UU., donde siguen con su Segunda Enmienda así los maten (literalmente), impedir al menos que las personas sospechosas de vínculos con grupos terroristas o con expectativas de comportamiento violento (por violencia doméstica, amenazas públicas, etc.) accedan a ellas y registrar, con orden judicial, sus domicilios y vehículos de vez en cuando.
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