Economía
Libertad y responsabilidad de precios
Debe haber libertad para que las empresas privadas fijen todos los precios de los productos y servicios que se ha decidido que suministren (sobre qué productos y servicios es preferible dejar a la iniciativa privada y cuáles deben ser asumidos por el Estado, ver Público y privado). Que el Estado fije precios conduce a situaciones de escasez (Venezuela, por ejemplo), desabastecimiento (las famosas tiendas de estantes vacíos de la antigua Unión Soviética), beneficios excesivos (suministro de gas en España) o consumo irresponsable (precios de los carburantes en China).
El precio es un indicador fundamental de lo que la sociedad necesita ese producto o servicio y de lo que está dispuesta a pagar por él: no debe ser alterado en ningún caso por decisiones directas del Estado sobre ese precio, ya que se destruye así un valioso visor sobre la realidad y se anula el estímulo empresarial para invertir en sectores en auge.
La única excepción son los medicamentos de valor terapéutico y con patente en vigor. En este caso el sistema sanitario del país debe negociar con la compañía farmacéutica un precio razonable acorde con lo que aporta la nueva medicina y sus costes de investigación.
El que un sistema de precios libres ponga productos de primera necesidad fuera del alcance de amplias capas de la población no debe ser obstáculo para implantarlos. Los precios subvencionados llevan a un exceso de consumo y un sobrecoste para el Estado. Creo mucho mejor un sistema de devolución inmediata (por ejemplo, mediante tarjeta electrónica) a las personas pobres de la parte del importe que se considere oportuna, y siempre que el consumo de esa persona pobre no supere unos límites razonables.
Esto, por supuesto, no quiere decir que un Gobierno no deba tomar decisiones que afecten indirectamente a los precios. Por ejemplo, si se percibe que se está hinchando una burbuja inmobiliaria, es perfectamente adecuado que el Gobierno suba los impuestos por tenencia de inmuebles, que baje el límite de años a los que puede concederse una hipoteca, o el porcentaje sobre el valor de tasación, etc. Si observa que la electricidad está muy cara respecto a otros países de condiciones similares, debe revisar si las interconexiones con otros países están funcionando correctamente y tienen la capacidad adecuada, si no se están produciendo acuerdos ilegales entre productores y distribuidores, etc. Pero precisamente es un precio sin intervenir el que permite darse cuenta de esos fenómenos y ver si las medidas que se toman son efectivas (consiguen bajar el precio). Lo que no debe hacerse es fijar un precio del suelo o de la electricidad.
Eso sí, los precios de los servicios que tienden al monopolio natural (electricidad, gas, carburantes, telefonía y acceso a Internet) tienen que estar sujetos a responsabilidad: en cada compañía suministradora una persona física, empleada de esa compañía y residente en el país, tiene que firmar los precios de la compañía cada vez que ésta decida un cambio. Nada de comités de precios donde la responsabilidad queda diluida. Y si los precios sin impuestos firmados por esa persona exceden en más de un 15% a la media de los países con una situación económica comparable (para España, por ejemplo, serían Francia, Alemania, Italia y Reino Unido), se consideran predatorios, la compañía es multada con el doble del exceso, que se devuelve a sus clientes, y esa persona va a la cárcel al menos durante dos años.
Para poder realizar esta labor con garantías, obviamente el Estado no puede confiar en los precios que le suministren las propias compañías; en cambio, el Estado debe tener acceso a la base de datos de facturación de esas compañías para saber, digamos, que en el pasado semestre se ha facturado a 352.270 clientes un precio de 47,26 euros, IVA incluido, por su conexión ADSL. Debe calcular los promedios, que han de ser públicos (actualmente lo son, véase EUROSTAT) y tomar las medidas punitivas adecuadas si detecta abusos.
2Medidas de bajo coste contra la crisis
(Extractadas del artículo de El País Negocios del 1 de julio de 2012)
– liberalización para la puesta en marcha de cualquier negocio: una licencia exprés sin limitaciones.
– que se apruebe la Ley de Emprendedores prometida por el Gobierno.
– que se pueda constituir una empresa en un día (esto ya es posible).
– incentivos fiscales para que los business angels entren con fuerza en España y los emprendedores logren financiación a sus proyectos.
– crear una bolsa de empresas en riesgo de desaparición porque no encuentran sucesor y ponerla a disposición de parados con capacidad de continuar sus actividades. Anualmente se cierran unas 50.000 actividades empresariales por falta de sucesor, no por falta de viabilidad. La Administración tendría que actuar de intermediario entre el viejo y el nuevo propietario.
– rebajar las cotizaciones a la Seguridad Social al 50% a estudiantes universitarios y de formación profesional que se den de alta como autónomos y compatibilicen estudios y actividad por cuenta propia, así como a aquellos trabajadores con pluriactividad. Habría más altas de autónomos y más ingresos para las arcas públicas.
– que no fuesen solo los menores de 30 años en paro quienes pudiesen optar a capitalizar el paro para hacerse autónomos, sino todos los desempleados.
– que la Administración pusiese a disposición de los parados una empresa con la que poder facturar sus trabajos esporádicos, que así abandonarían la economía sumergida.
El papel del BCE
La principal tarea del Banco Central Europeo, según se lee en su sede, es «mantener el poder de compra del euro y, de este modo, la estabilidad de precios en el área euro».
Resumiendo, luchar contra la inflación. Persiguiendo este objetivo, el BCE no ha vacilado en subir los tipos de interés en momentos sumamente perjudiciales para la economía europea.
La Reserva Federal Estadounidense tiene otros cometidos, tan amplios que los recoge en un libro entero. Pero su política monetaria consta de tres principios, y su orden no es casual: promover el máximo empleo, precios estables y tipos de interés moderados a largo plazo. Por eso ha llevado a cabo políticas de «relajación cuantitativa» (inundando el mercado de liquidez) que han conseguido sacar a la economía estadounidense de su marasmo.
El diferencial con el bono alemán, es decir, la prima de riesgo, no se debe a la situación fiscal o económica de los países que en la eurozona sufren una alta prima, sino a la especulación sobre la permanencia en el euro de determinados países. El Reino Unido tiene una deuda casi del 90% de su PIB, cuando España no llega al 75%. Y sin embargo, a 12-06-2012 la prima de riesgo del Reino Unido es de ¡solo veintinueve puntos! cuando España supera los 500. ¿Por qué? Porque el Tesoro Británico actúa aún como banco emisor de moneda, y los inversores tienen la seguridad de que, si el Gobierno británico se viera en dificultades para devolver sus vencimientos de deuda, simplemente daría al emisor la orden de «imprimir billetes».
El Banco Central Europeo ya ha actuado como defensor de la moneda única comprando, en determinados momentos, deuda de los países acosados en el mercado secundario. Es necesario modificar los tratados y cuantas disposiciones hagan falta para que el BCE añada a sus funciones la de defensor del euro. Tendría entonces la obligación de acudir a las subastas de deuda primarias y secundarias de los países con la moneda única para, en todos los casos, impedir que la prima de riesgo superara los 500 puntos.
Para tal función usaría sus propios fondos o, caso de juzgarlo necesario o conveniente, crearía, en su función emisora, el dinero necesario.
Tal función de salvaguarda no tendría que suponer un gasto. Primero: al saber los mercados que la va a ejercer en caso necesario, cuidarían de no dejar que la prima subiera por encima del límite, pues perderían la oportunidad de cobrar los intereses de ese país.
Segundo, recordemos que lo que compraría el BCE son activos de deuda, es decir, productos financieros que proporcionan un rendimiento. Una letra de 10.000 euros a un año que se compra al 5% proporciona 500 euros. Además, cuando la tensión se relaje, el BCE puede volver a vender la deuda comprada, de cuyo interés se ha beneficiado durante el tiempo que la ha mantenido, y sin pérdidas.
Tercero, la aportación al mercado de más liquidez no tiene por qué suponer un aumento de la inflación. El BCE mantendría su función de fijar los tipos de interés, con lo que podría acotar cualquier brote inflacionario.
Esta manera de funcionar sería mucho más flexible que los eurobonos, requeriría menos modificaciones legales para su puesta en práctica, despertaría menos recelos y sería una barrera eficaz contra los asaltos de los mercados.
Cuatro países, a los que pronto se añadirá Chipre, han tenido que ser rescatados, a un coste inconmensurable, y con resultados muy insatisfactorios, por los ataques de la prima de riesgo a sus economías. ¿A qué esperan los líderes europeos para ponerles coto de una vez?
10Fiscalidad de la vivienda
La fiscalidad de la vivienda debe orientarse al objetivo principal de cumplir el derecho de una persona demandante de vivienda a disfrutar de una vivienda digna, según se ha desarrollado en la entrada anterior. También debe, de forma secundaria, satisfacer los objetivos de mantener la vivienda de adquisición (por contraposición a la vivienda en alquiler) a un precio alcanzable para la mayoría de la población y evitar las peligrosísimas burbujas inmobiliarias.
Para ello creo absolutamente fundamental que el valor catastral de la vivienda se actualice anualmente con el valor de mercado y sea igual a éste. Actualmente el valor catastral es alrededor de un tercio del valor de mercado y se actualiza cada ¡diez años! Es un desfase notablemente excesivo que genera graves disfunciones en el mercado, favorece las burbujas y hace más duro su estallido. No supone una mayor carga de trabajo para el Catastro. Simplemente se debería obligar a los Registros de la propiedad inmobiliaria a introducir en una base de datos, para los pisos cuya compraventa se inscribiera, el precio, los metros cuadrados construidos, la fecha de construcción, el estado (nuevo, usado, a reformar), la altura (bajo, ático, otro) y el código postal. Para los pisos existentes en ese código postal se aplicaría, como valor catastral (y de mercado, recordemos) en un año determinado, el valor medio, por metro cuadrado construido, de los pisos vendidos en ese código postal durante ese año, aplicando los coeficientes correspondientes por las características de la vivienda.
Esto obligaría a los ayuntamientos a cambiar anualmente sus tipos de IBI. Pero lo que hacen ahora, escalonar las subidas del valor catastral durante diez años, distorsiona el mercado. Y lo que dicen «Hacienda nos obliga a subir el IBI» es mentira, porque aunque el valor catastral suba, el Ayuntamiento tiene la facultad de bajar el tipo que cobra sobre ese valor.
Otras medidas de fiscalidad sobre vivienda son las desgravaciones a la compra (parcialmente responsables de la burbuja) o al alquiler. El problema de estas desgravaciones es que enseguida se suelen trasladar al precio sin producir el efecto deseado. Por ejemplo, si la compra desgrava, esto suele incrementar el precio en una cuantía superior a la desgravación. Por eso, si se decide una desgravación, debe controlarse anualmente si está consiguiendo el resultado planeado, y si a los dos años no hay evidencias claras, suprimirla.
Creo mucho más en la eficacia de los recargos impositivos. Habría que incrementar el que ya existe sobre la vivienda distinta de la habitual: el IBI de una vivienda no habitual y no arrendada debería multiplicarse por el número de viviendas que posee su propietario. Así, pagaría el doble de IBI por su segunda vivienda, el triple, tanto por la segunda como por la tercera, si poseyera tres, etc. Con los locales comerciales no arrendados ni dedicados a una actividad empresarial de su propietario, lo mismo. El tejido de una ciudad no solamente lo conforman las viviendas, sino también los comercios, y me parece fundamental fomentar la oferta de alquiler de locales.
Por último, al ser el inmobiliario un sector sujeto a profundas fluctuaciones, su fiscalidad debe evaluarse continuamente, y cambiarse a mejor si se considera que no está cumpliendo los objetivos. Dejar en marcha medidas que han demostrado su ineficacia puede provocar efectos gravísimos.
cerradosLa vivienda
La vivienda es un derecho humano básico, y así está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 25), la Constitución Española (artículo 47) y en al menos dos leyes autonómicas del derecho a la Vivienda (Andalucía y País Vasco).
Este derecho no debe entenderse como el derecho a poseer una vivienda, sino como el derecho a disfrutar de una vivienda, ya sea en régimen de propiedad o de alquiler.
Pero el cumplimiento de este derecho deja mucho que desear: por un lado, durante demasiado tiempo las viviendas en régimen de compra se han puesto a unos precios que dificultan su acceso por la mayoría de la población; por otro lado en España el alquiler es escaso, alrededor el 17%, mucho menor que en otros países de nuestro entorno: 57% en Alemania, 47% en Holanda, 38% en Francia…
La ley andaluza solo permite al ciudadano forzar a que su ayuntamiento elabore un plan de vivienda. La vasca va mucho más allá, y da al ciudadano que no posea una vivienda digna y adecuada el derecho a reclamar que la Comunidad Autónoma le proporcione una de alquiler asequible en su comarca. A mi entender ése es el modelo que debería seguirse.
Las viviendas de protección oficial se convierten en una lotería y un nido de fraude. Es injusto que un derecho solo se proporcione a quienes lo obtienen en un sorteo, y que pasados 20 años los afortunados puedan aprovecharse de su suerte vendiendo a precio libre el inmueble.
Basándome en lo anterior, creo firmente que toda persona mayor de edad que no posea una vivienda y con al menos diez años de residencia legal en una provincia española, y otros tantos de inscripción en un registro público de demandantes de vivienda en esa provincia, tiene derecho a que la Comunidad Autónoma (o el Estado, si la competencia no está transferida) ponga a su disposición una vivienda digna en esa provincia por un alquiler de un tercio de los ingresos reales de esa persona.
Si esa persona posee la propiedad de más de un 5% de una vivienda en territorio español, o existen pruebas de que posee más de un 5% de una vivienda en territorio extranjero, no tendría ese derecho.
Lo perdería también si adquiriera más de un 5% de una vivienda en territorio español o en el extranjero o si, habiendo disfrutado de una vivienda pública en alquiler, hubiera dejado de pagar la renta o causado conflictos o molestias graves a los otros vecinos.
Si los ingresos reales de esa persona fueran cero, y fuera capaz de trabajar o formarse, se le proporcionaría un salario social a cambio de su trabajo o formación, y se le detraería un tercio para la vivienda.
Para disfrutar de este derecho sería obligatorio apuntarse en un registro público de demandantes de vivienda en esa provincia. La persona podría apuntarse (o ser apuntada por sus padres) a cualquier edad después del nacimiento. El único requisito sería no poseer más de un 5% de una vivienda. Este registro sería empleado por las autoridades para sus planes de construcción de viviendas públicas, adquisición de edificios para rehabilitarlos y dedicarlos a vivienda, o incluso en programas de expropiaciones de viviendas a precios de mercado.
Para considerarse digna, la vivienda para una persona dispondría de agua, electricidad, un cuarto de baño de al menos 3 m2, un dormitorio de al menos 6 m2 y un salón de al menos 10 m2. Estas extensiones se irían ampliando en el caso de viviendas para parejas o familias con hijos. La vivienda se encontraría emplazada en una zona con los servicios adecuados (escuela, centro de salud, comercios, zonas verdes…) a menos de 5 kilómetros.
Evidentemente, si una persona mejora su situación y comienza a obtener unos ingresos elevados, pagar un tercio de ellos le resultaría más gravoso que comprarse una vivienda, con lo que la adquiriría y perdería el derecho a una vivienda pública. La dejaría vacía y sería ocupada por otra persona con derecho. De esta forma se proporcionaría una mayor flexibilidad al sistema inmobiliario, se evitarían burbujas y se fomentaría la movilidad interterritorial. Para este último objetivo, el derecho a vivienda en una provincia podría adquirirse cuando a la persona se le ofreciera un empleo fijo en esa provincia, sin esperar los años de registro.
La vivienda pública sería SIEMPRE en alquiler. Aunque una persona se pasara ochenta años de inquilina en una vivienda pública, no adquiriría su propiedad, ni podría trasmitir el derecho a seguir alquilándola.
Obviamente este programa iría acompañado de una evaluación muy rigurosa de los ingresos de la persona, resultado de los planes de lucha contra el fraude fiscal de los que he hablado en otras entradas.
1Los biocombustibles
Los biocombustibles son todas aquéllas sustancias sólidas, líquidas o gaseosas extraídas de fuentes biológicas (principalmente plantas, aunque hay otras) y susceptibles de quemarse en una caldera, en un motor o en una turbina para producir calor, electricidad o impulsar un vehículo.
En los primeros años del SXXI se está hablando mucho de ellos ante el gran encarecimiento de los combustibles fósiles (petróleo y sus derivados). Pero presentan múltiples problemas: se los acusa de aumentar los precios de los alimentos hasta ponerlos fuera del alcande de los países pobres, y de arrasar el medio ambiente en los países que los monocultivan.
La Asociación Europea de Bioindustrias ha fijado su posición sobre los biocombustibles:
- Debe desarrollarse un sistema de certificación creíble y sólido que garantice que los procesos de producción de biocombustibles son sostenibles.
- Deben formularse criterios de sostenibilidad para la biomasa utilizada en la producción de biocombustibles.
- El uso de biomasa para la producción de combustibles no debe poner en peligro la capacidad de los países para disponer de un suministro de alimentos seguro, ni debe dificultar la protección de los bosques, la prevención de la degradación del suelo y el mantenimiento de las aguas en buen estado ecológico.
No he encontrado una posición de la Unión Europea sobre los biocombustibles. Sé, sin embargo, que ha fijado unos objetivos del 10% para 2020. Pero creo que deberían respetarse estrictamente las siguientes reglas.
- El biocombustible debe proporcionar al menos vez y media la energía empleada en toda su cadena de producción y transporte hasta el punto de consumo. Esto puede parecer una obviedad, pero se han hecho estudios, por ejemplo que se utilizan 1,29 kilocalorías de combustibles fósiles por cada kilocaloría obtenida en forma de etanol (David Pimentel y Tad Patzek).
- Sólo se pueden utilizar para biocombustibles zonas cultivables que no estuvieran siendo empleadas para la producción de alimentos ni para bosques.
- No tiene el menor sentido que para cumplir su cuota de biocombustible algunos países importen materia orgánica desde zonas lejanas, con el consumo de energía que supone un trayecto tan largo. No debe fijarse una cuota igual para todos los países, sino diferentes cuotas en función de las posibilidades de cada país.
- Estas posibilidades pueden ser muy variadas: cultivos de plantas energéticamente eficientes, cultivo o recogida de algas marinas, aprovechamiento del biogás de los basureros o de las depuradoras de agua, aprovechamiento de los residuos forestales (pellets) o de los materiales residuales de los cultivos o ganadería para consumo humano (por ejemplo cáscaras de avellana, de almendra, alpechín de aceituna, purines porcinos, etc.).
La banca popular
El problema de la banca son los directivos. Los de la banca privada, para aumentar los beneficios a corto plazo, asumen grandes riesgos que, en ocasiones, llevan al cierre de la entidad o a su rescate con fondos públicos. Los de la banca pública (estoy pensando en las cajas de ahorro españolas) la emplean como una herramienta política (por ejemplo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo favoreció las inversiones de la Generalitat Valenciana), como una agencia de colocación de familiares o como un jugoso limón que hay que exprimir con millonarios sueldos y pensiones autofijados.
«Pero no puede haber una banca sin directivos» dirá alguien. «¿Quién decidiría sobre a quién prestar, cuánto y en qué condiciones?»
Pues ya la hay: las finanzas colaborativas, y más concretamente, las plataformas de Internet donde los particulares se prestan entre sí:
- Zopa
- Prosper
- Funding Circle
- Comunitae (española)
- SociosInversores (española)
- Injoinet (española)
Un miembro inversor decide cuánto quiere prestar, a qué interés, qué plazo e incluso qué tipo de inversión. Un miembro prestatario solo tiene que elegir entre las condiciones ofrecidas. No hay intermediarios, no hay oficinas, no hay servicios extra. Unos invierten dinero y reciben intereses; otros piden prestado y pagan sus cuotas.
Con el problema de crédito que tenemos en España creo que valdría la pena fomentar estas plataformas. Como el peligro que tienen estos sistemas es que los administradores de la web financiera se lleven el dinero, creo que el Estado español debería crear una. No tendría que poner dinero, solamente tener un conjunto de servidores, programarlos y protegerlos de los piratas. El mínimo gasto que ocasiona mantener el sistema informático se compensa más que sobradamente con los efectos beneficiosos en la economía.
Los prestamistas solo podrían ser personas físicas españolas; los prestatarios, autónomos al corriente con Hacienda y la Seguridad Social y sin pérdidas en los dos últimos años. Todas las operaciones se harían con DNI electrónico. Por eso la plataforma debe ser del Estado: es el único que puede comprobarlo todo de manera instantánea. Si la plataforma fuera privada, tendría que tener acceso a la base de datos de Hacienda o de la policía (para los DNI), lo cual no se puede permitir.
El dinero de cada prestamista se repartiría entre al menos veinte prestatarios para minimizar el riesgo de impago. El prestamista tendría la posibilidad de escoger los prestatarios a los que va a ir su dinero.
No hay ningún riesgo para el Estado, puesto que realmente no presta un céntimo. El riesgo lo asumen los prestamistas. Por eso, la plataforma no puede quebrar. A diferencia de un banco, que es depositario del dinero, y que si le exigen más efectivo que el que tiene en caja puede quebrar (pánicos bancarios), a la plataforma de crédito no se le puede exigir dinero, porque no se deposita en la plataforma, sino que se presta directamente de los inversores a los autónomos.
No son necesarios, por tanto, ni el coeficiente de caja, ni la licencia bancaria, ni la supervisión por el banco central, ni emitir acciones, ni tener directivos, ni financiarse en el mercado interbancario, ni ninguna de esas otras pejigueras que lastran lo que debería ser una actividad casi natural: quien tiene dinero que no necesita en el momento lo presta a interés a quien puede ponerlo a funcionar en la economía.
Eso sí, opino que, en estas plataformas, el Estado no debe nunca ni poner dinero (el Estado británico va a poner dinero en Zopa y Funding Circle) ni avalar el puesto por los inversores, ni conceder desgravaciones a los intereses obtenidos por los inversores. Porque la mejor forma de garantizar el funcionamiento de estas plataformas es que los inversores vigilen su propio dinero y decidan a quién se lo prestan. Si el Estado pone dinero, un funcionario decidirá a quién se presta un dinero que no es suyo. Si avala el puesto por particulares, estos serán menos cuidadosos. Y si ofrece desgravaciones, distorsionará la relación entre riesgo y tipo de interés. Por ejemplo, si los intereses de un depósito bancario soportan un impuesto del 21% y los de una plataforma de préstamos un impuesto de solo el 15%, podría darse el caso de que los inversores de estas plataformas solicitaran por su dinero intereses menores que la banca tradicional, lo cual es absurdo.
2La pesca
El mundo se enfrenta a un grave problema de sobrepesca. Decenas de especies, como el atún rojo, están siendo esquilmadas más allá del punto en que pueden recuperarse naturalmente. Los pescadores de los países industrializados han de desplazarse cada vez más lejos, afectando, allí donde van, a la pesca artesanal local.
Así se pierden 100.000 empleos al año. Pero el problema va mucho más allá: además de condenar al hambre a poblaciones que viven de la pesca artesanal, nos arriesgamos a romper el frágil equilibrio ecológico de los océanos y provocar problemas imprevisibles (proliferación de algas al eliminarse a los peces que viven de ellas, reducción del oxígeno en el agua marina, aumento de especies molestas como las medusas…).
La Comisión Europea ha presentado su propuesta de financiación del sector para el período 2014-2020. Pero no es suficiente. De acuerdo con Miguel Ortega Cerdá, coordinador político de OCEAN2012 en España, sería necesario:
- Aumentar la financiación en algunos aspectos de gestión pública que resultan críticos para asegurar la viabilidad del conjunto del sector, tales como un mejor conocimiento científico, más recursos para mejorar la gestión pesquera (por ejemplo para apoyar la creación de áreas de cogestión pesquera o los planes plurianuales a través de los cuales se deberán gestionar las pesquerías), y mayor financiación para un mejor control de la pesca ilegal, no registrada y no deseada.
- Dejar de financiar directa o indirectamente las flotas en las que existe una sobrecapacidad.
- Distribuir más equitativamente los recursos públicos estableciendo límites máximos a la cantidad que pueda recibir cada armador.
Personalmente creo también imprescindible que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, (o, en cada zona, un organismo regional equivalente, caso de existir) después de estudios científicos muy rigurosos, establezca las cantidades máximas de cada especie que cada año se pueden pescar en cada zona sin reducir más de un 30% el número de individuos del punto óptimo (aquel en el que la especie ya no podría crecer más por razones naturales, aunque dejara de pescarse).
La pesca ilegal debería ser severamente reprimida, con sanciones muy elevadas a los armadores y embargo comercial a los productos pesqueros de los países que no las apliquen.
Debería prohibirse directamente la pesca de especies cuyo consumo resulta peligroso por los metales pesados que acumulan (por ejemplo, el pez espada, o determinados tipos de atún). Evidentemente también habría que liberar a los océanos de basura y contaminantes, pero ése será el tema de otra entrada.
En cambio, debería potenciarse la acuicultura, tanto de agua salada como de agua dulce, distribuyéndola de forma extensa por las costas y los ríos, y procurando no sobrealimentar con nutrientes a los animales confinados, para evitar la contaminación de la zona.
2Los paraísos fiscales
Aunque no hay una definición establecida sobre lo que es un paraíso fiscal, es necesario hacer algo contra estos territorios (no solo Bermudas o las islas Caimán, sino estados norteamericanos como Delaware o la ciudad de Londres) que permiten a empresas y particulares eludir el pago de buena parte de sus impuestos.
La forma más sencilla es la comunicación inmediata a la hacienda nacional: una entidad financiera debería comunicar inmediatamente a la hacienda nacional que una persona ha abierto una cuenta. Si un ciudadano norteamericano abre una cuenta en la sucursal de la Isla de Man de un banco belga, este banco informa en el acto a la hacienda estadounidense de la apertura, y anualmente de los rendimientos que tenga, para que la hacienda estadounidense le pueda aplicar los correspondientes impuestos. A los bancos que no informen así se les impediría operar.
Para las empresas la cosa es más complicada. Podría aplicarse un impuesto indirecto suplementario a los productos de las empresas con sucursales en un paraíso fiscal. Por ejemplo, quien hiciera un contrato con Google, que a través de la canalización de sus beneficios por estos territorios acaba pagando ¡un 2,4%!, en lugar de un IVA del 18% pagaría un 20%.
3Las pensiones y sus enemigos
Voy a separar este tema de la entrada Público y privado por su importancia y porque se están produciendo movimientos respecto a esta cuestión.
Las pensiones deben ser públicas. Lo bueno de un sistema público de pensiones, que tiene que ser de reparto, es que el dinero que meten en el sistema los trabajadores sale inmediatamente hacia los pensionistas, por lo que es difícil que se extravíe o se invierta mal, y nadie puede reclamar comisiones por su funcionamiento.
En cambio, en los sistemas privados, necesariamente de capitalización, el dinero que van metiendo los trabajadores se invierte en diversos activos financieros. Esas inversiones pueden ser afortunadas (y entonces no pasa nada) o desafortunadas (en cuyo caso, o los trabajadores quedan en la miseria al jubilarse o tiene que pagar el Estado). En todos los casos los gestores de esos fondos se llevan unas comisiones injustificables.
No conozco ningún caso de un sistema público de pensiones que haya quebrado (porque, al ser público, simple, y estar a la vista de todos, si se prevén problemas, se pueden hacer ajustes, con debate, luz, taquígrafos y retribución electoral de las modificaciones). Sin embargo puedo citar muchos casos de fondos de pensiones privados que acabaron muy mal: Enron, Chile, Argentina… Los fondos de pensiones privados no deben tener ningún privilegio, ni fomento, ni desgravación por parte del Estado.
En enero de 2012 en España se está preparando un robo a los pobres para dárselo a los ricos. Las desgravaciones a los fondos de pensiones privados no tienen ninguna justificación y suponen más de 1.400 millones de euros anuales. Pues en vez de suprimirlas directamente, se está pensando en aumentarlas. ¿Por qué? Público lo explica muy bien:
El fichaje de Flavia Rodríguez-Ponga para la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía es un ejemplo de lo que en el mundo anglosajón se conoce como «puerta giratoria»: fue durante 12 años alto cargo de esta misma dirección general hasta que, en 2004, tras la victoria del PSOE, se convirtió en ejecutiva de Mutua Madrileña, una de las empresas punteras del mismo sector que supervisaba desde el Ministerio. Y ahora se completa al emprender el camino de regreso, al frente de la dirección general, justo en el momento en que los fondos de pensiones privados sufren una importante crisis y su patronal reclama nuevas exenciones fiscales y la reforma urgente del sistema público para empujar a los ciudadanos hacia los fondos privados.
De esa crisis de los fondos de pensiones privados ha hablado otro artículo:
Si las pensiones públicas están amenazadas con la crisis, las privadas aún más, según las cifras oficiales: tanto en Reino Unido como en EEUU, el agujero de las pensiones privadas –es decir, los recursos que faltan para poder satisfacer los compromisos contraídos—ha batido a final de 2011 sus respectivos récords.
En Reino Unido, según el informe del Banco de Inglaterra, el déficit global de los planes privados ascendía en noviembre a 266.000 millones de euros y afectaba a 5.390 de los 6.533 existentes. En EEUU, la consultora Mercer estima que el déficit de los planes de las empresas del índice S&P 1.500 suma 400.000 millones.
Los informes de la OCDE han puesto de manifiesto que, ante las crecientes dificultades financieras, los gestores invierten de forma creciente en los vehículos más especulativos para intentar aumentar la rentabilidad, con lo que ponen aún más en riesgo la bolsa de pensiones privada. Según The New York Times, el 50% de los ingresos de los fondos de capital riesgo (private equity) provienen ya de los fondos privados de pensiones, que entre 2000 y 2010 han pagado sólo en EEUU 17.000 millones de dólares en comisiones a los gestores de sus carteras.
El Ministro Cristóbal Montoro ha dicho que se mejorará la fiscalidad de los planes de pensiones. Espero y deseo que no le dejen.
2
Vente a Gente
