Impuestos
Teoría de la inspección óptima
Sea una empresa que debe cumplir una determinada normativa V. Cumplirla le supone un coste f·C, siendo C su cifra de negocios (facturación) en las unidades monetarias del país donde está radicada, y f un número adimensional entre 0 y 1, en principio de un valor pequeño, como 0,01 o 0,02. Asimismo, incumplirla supone un daño social d·C, siendo d un número adimensional entre 0 y 1.
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Suponiendo que el número de empresas E es 100 000, el número S de inspectores es 10, f = 0,01 y m = 0,03 ¿cuál es el riesgo para una empresa de incumplir la normativa?
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En la situación anterior ¿mantener la inspección supone para el Estado un ingreso o un gasto? ¿Y si se tiene en cuenta que el daño social por el incumplimiento d = 0,02?
La baja inflación
Países fundamentales en la economía mundial (Japón, Estados Unidos, la Unión Europea) están experimentando un prolongado período de baja inflación, provocado por la drástica caída de los precios del petróleo.
No hay que confundir la baja inflación con la deflación, un período de lento y continuado descenso de los precios, muy dañino para la economía, y distinto a lo que estamos viviendo.
La baja inflación no es dañina en sí, pero un período tan largo y en la actual situación de tipos de interés cercanos a cero en esos países puede ocasionar graves consecuencias.
El problema viene porque bancos y compañías de seguros obtienen buena parte de la rentabilidad de su capital a través de los tipos de interés. Si esos tipos se acercan a cero, bancos y compañías de seguros ganan menos, bajan en bolsa y su situación se debilita, por lo que entran en terreno peligroso.
Este párrafo del editorial de El Economista del 19 de febrero de 2016 resulta alarmante:
«Los dueños de bonos contingentes convertibles [pueden convertirse en acciones, sin consentimiento del titular, si los recursos propios del banco emisor descienden de un mínimo] temen que la conversión esté cerca […] Estamos ante un ejemplo claro de profecía autocumplida cuyos efectos pueden ser muy profundos en la medida en que la cantidad en circulación de este activo asciende a 160.000 millones y la situación de la banca no tiene visos de mejorar, en un contexto de tipos de interés en negativo y escaso negocio.»
Los bancos centrales japonés, norteamericano y europeo han llevado a cabo políticas de liquidez (relajación cuantitativa) que han aliviado en el pasado las tensiones de los mercados, pero no han conseguido crear inflación.
Con estas políticas se han quedado sin un volante fundamental para guiar la economía: los tipos de interés. Teóricamente la economía se enfría cuando suben y se reanima cuando bajan. En la práctica se han bajado tanto que ya no sirven a su función. Es como el freno cuando lo aprietas demasiado: las ruedas se bloquean, el coche patina y queda sin control.
Que la economía quede sin control es nefasto para ella. También asusta la sola posibilidad de que pueda quedar sin control, porque la economía de mercado es inherentemente inestable y, si se pierde el control sobre ella, inevitablemente descarrila (también descarrila, como en Venezuela, si se ejercen acciones de control inadecuadas, pero ese es otro tema).
Y ese susto se traduce en retirada de los inversores, paro y pobreza.
Es hora de ensayar otras políticas. Hay una muy sencilla: en prácticamente todos los países del mundo (y desde luego los afectados por la baja inflación) los carburantes llevan unos impuestos, denominados «especiales».
Pues bien, se trata de que esos países afectados se pongan de acuerdo (y lo anuncien, claro, que así se multiplica el efecto) para elevar, gradual y temporalmente esos impuestos, hasta que la inflación se sitúe entre el 1 y el 2 %. La recaudación suplmementaria se dedicaría, obligatoriamente, a reducir la deuda.
No se trata de ninguna novedad: Francia tiene una normativa que hace esos impuestos modulables, aunque se usa para amortiguar en los automovilistas el impacto de una subida del petróleo.
El efecto en los bolsillos de los consumidores sería mínimo, pero se enviaría un mensaje de confianza (muchas investigaciones sostienen que la inflación depende, en buena medida, de la confianza de los agentes en que el banco central cumpla sus objetivos de inflación) y se alejarían los nubarrones que ahora penden sobre las finanzas del planeta. Además se paliaría otro efecto adverso del petróleo barato, su mayor consumo y por tanto la mayor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, que empeora el efecto invernadero.
cerradosLas cifras objetivo
Vivimos desbordados por las cifras económicas: tasa de paro, aumento del PIB, inflación, consumo de los hogares, tipos de interés… ¿Pero cuáles son realmente importantes? ¿Qué relación tienen? ¿Se pueden utilizar para conducir la economía a un estado beneficioso para la gran mayoría? ¿Puede establecerse razonadamente un orden de prioridades y una combinación óptima? Estoy convencido de que sí, y he llegado a las conclusiones siguientes.
1. La tasa de paro debe estar por debajo del 6%. Este es el primer objetivo económico. Todos los demás deben supeditarse a él de forma sostenible. Es decir, si la tasa de paro es del 9%, de nada vale aumentar monstruosamente un año el déficit para reducirla ese año al 5%, porque en años siguientes volverá a crecer. Lo importante de estas cifras objetivo no es que una magnitud se encuentre dentro o fuera de las franjas debidas, sino su tendencia (favorable) a mantenerse en esas franjas o entrar en ellas, o bien la desfavorable a alejarse de dichas franjas, o a salir de ellas. Como el velocímetro en el salpicadero de un coche.
2. La inflación debe encontrarse entre el 1% y el 3% anual. Menos puede suponer riesgo de deflación, que corroe la economía de mercado, porque retrasa las decisiones de posibles compradores, a la espera de precios más bajos. Y más, deteriora el valor de los activos y genera incertidumbre. Como herramientas para combatir una inflación que tiende a salirse por arriba de la franja debida debería utilizarse, primero, el aumento de los tipos de interés, y luego, si no se revela eficaz, el incremento de la imposición directa (para reducir la cantidad de dinero disponible por los consumidores) o la restricción directa del crédito (por ejemplo, obligando a que, en las compras a plazos, necesariamente el primero tuviera que abonarse en el momento de la compra, y que el número máximo de plazos pudiera ser fijado por el Gobierno. No es lo mismo comprarse un coche de 10.000 euros en 50 plazos que en 30. En el segundo caso, quedaría restringido el número de posibles compradores.)
3. En una situación de crecimiento en la franja debida (ver más adelante), que llamaré «situación normal» los salarios nominales deben aumentar, al menos, con la inflación, pero eso sí, de modo diferido y paulatino. La principal herramienta de la que dispone el Gobierno para este objetivo es el salario mínimo, que debe existir. En febrero de cada año, cuando se conozca la inflación de todo el año anterior, se decidirá sobre el aumento, de acuerdo con la situación de los demás indicadores. Puede hacerse de golpe (para que se empiece a aplicar en marzo), en dos veces (si, por ejemplo, el crecimiento es débil o la inflación elevada), en cuatro…
4. Las pensiones, en cambio, no deben indizarse con la inflación. Para su cálculo debe seguirse el sistema de pensiones inquebrable que propongo en otra entrada. En una situación normal, aumentarán como los salarios, pero en caso de crisis no comprometerán el resto de la economía.
5. El interés del dinero debe encontrarse entre el 1% y el 6%, y en situación normal, al menos medio punto por encima de la inflación. Aunque ahora mismo (octubre de 2014) en EE.UU., la UE y Japón se encuentra prácticamente en 0%, y la economía estadounidense va bien, mientras que las otras renquean, unos tipos tan bajos privan a los gobiernos de una de las principales herramientas para conducir la economía.
6. El gasto público debe situarse entre el 40% y el 45% del PIB. Es imposible gastar menos si seguridad, justicia, educación, sanidad y pensiones son públicas y de la calidad deseable, como defiendo en otra entrada. Y más (hay países, como Eslovenia, que casi llegan al 60%) suponen que el Estado excede su doble y debido papel de
- controlador de la actividad económica general +
- realizador de las actividades en las que es claramente más eficiente
para ocupar una porción demasiado amplia del espectro económico, con el riesgo que esto supone para la libertad, el desarrollo y el dinamismo.
(Hago un inciso para reiterar mi absoluta convicción, derivada de los hechos, de que el mercado, dejado a sí mismo, se autodestruye. En cambio, el Estado puede sobrevivir sin el mercado, pero lleva situaciones altamente indeseables, cuyo paradigma es Corea del Norte. No soy hostil al Estado ni al mercado. Promulgo su coexistencia pacífica y equilibrada, con el Estado vigilando al mercado y los ciudadanos vigilando con desconfianza a los dos y exigiéndoles democráticamente las demandas que juzguen razonables)
7. Los ingresos públicos (la presión fiscal) en situación normal deben situarse un punto por encima del gasto. Es decir, el Estado no ha de tener déficit, sino superávit. Evidentemente no promulgo recortar el gasto público en países donde se encuentra en la franja debida (España, por ejemplo, tenía el 43,8% en 2013), sino aumentar los ingresos (combatiendo sin tregua el fraude, la elusión y los paraísos fiscales). Es deseable acercar todo lo posible la imposición de las rentas del capital, del trabajo y de la actividad empresarial. También llegar a acuerdos internacionales de topes mínimos y máximos efectivos para cada renta. Las nóminas de los que cobran el salario mínimo (o menos) deben gravarse al 0%, y las que cobran un múltiplo de dicha cantidad (por ejemplo 10 veces, 15 veces), al tipo máximo, que en ningún caso será efectivamente superior al 49%. Tampoco a ningún contribuyente (persona física o jurídica), por rico que sea, se le podrá detraer mediante impuestos directos (estatales, municipales; los indirectos no se tienen en cuenta) más del 49% de su renta (escudo fiscal). Los ricos deben pagar más, de acuerdo, pero tipos efectivos del 60% o hasta del 80%, como existen, son un abuso y una injusticia, porque solo derivan de la incapacidad de los gobernantes para perseguir eficazmente a los evasores.
8. Los fondos resultantes de este superávit (creo que no hay una palabra para llamarlos; al contrario de lo acumulado tras sucesivos años de déficit, que se denomina «deuda») se destinarían a períodos en que el crecimiento estuviera por debajo del límite inferior debido, para estimular la economía con obras públicas, préstamos en condiciones favorables, formación de desempleados, transformación de sectores productivos obsoletos, etc. Estos fondos, por tanto, en situación normal, no se podrían invertir. Ni en deuda de otros países, ni en la bolsa, ni en prestar a interés, porque existiría el riesgo de que, cuando fueran necesarios, no estuvieran disponibles o (caso de la bolsa) hacerlos líquidos los mermara significativamente (en una situación de crisis la bolsa baja mucho, y vender importantes cantidades de acciones la hace bajar todavía más). Quedarían así «económicamente muertos». Pero es la única forma en que cumplan su función. Una economía (capitalista, obviamente) bien gestionada en un entorno favorable tiende a sobrecalentarse. No hay más remedio que estar enfriándola constantemente (sin pasarse, ojo). La forma más eficaz es detraerle «combustible» (dinero): restringiendo el crédito, dificultando las compras a plazos, aumentando las retenciones mensuales sobre los salarios.
9. El crecimiento del PIB debe situarse entre el 2 y el 4% anual (aunque, como he dicho en otra entrada, es insostenible el crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos, pero ese es el mapa de otro territorio). Más supone riesgo de descontrol de la economía (la economía china, que durante años ha crecido a ritmos superiores al 11%, se enfrenta ahora a riesgos de burbujas, desempleo, contaminación y descontento social). Menos, genera desempleo o no permite absorberlo.
10. Todas las cifras estadísticas (por ejemplo, el PIB es estadístico, porque deriva de la evaluación de la realidad, pero el salario mínimo o los tipos de interés, no, porque los fija el Gobierno) deben calcularlas y proporcionarlas públicamente organismos independientes y sin funciones reguladoras, con metodologías transparentes e internacionalmente consensuadas. Buen ejemplo: el INE español. Mal ejemplo: su homólogo argentino y su historial de manipulación de la inflación. Trimestralmente (y esto es fundamental, porque en la economía actual la difusión de una decisión económica multiplica sus efectos) el Ministro de Economía debe dar una rueda de prensa (y luego admitir preguntas, por supuesto) sobre la situación de las cifras objetivo, sus previsiones y las medidas que se van a tomar. No debe haber más portavoces oficiales que expresen opiniones al respecto (para que las del Ministro al cargo tengan todo el peso posible).
cerradosLa reforma fiscal
Unos pocos números: el déficit del Estado español ha sido en 2013 del 6,62% del PIB, que asciende a un billón de euros. En los próximos años creceremos poco: 1,2% en 2014 y 1,7% en 2015 (Banco de España, marzo de 2014). Tenemos que reducir el déficit al 3% y, a la vez ir reduciendo la deuda, que en 2013 alcanzó la bestialidad del 94%, al 60%, mientras, también simultáneamente (¿alguien dijo que gobernar era fácil?) disminuimos el paro desde los insoportables niveles actuales del 26% hasta que quede por debajo del 8% (no es una utopía; en 2007 llegó al 7,95%).
Esto quiere decir que cada año Hacienda necesita recaudar 46.200 millones de euros más (3,62% del PIB de un billón para bajar del 6,62 al 3% y un 1% suplementario, por decir algo, para ir reduciendo la deuda). ¿De dónde se sacan sin cargarse la economía?
La Comisión Lagares (los expertos que han redactado la propuesta de reforma fiscal) propone subir IVA y bajar los tipos de Renta y Sociedades, pero eliminando casi todas las deducciones. También propone que desaparezca Patrimonio y se incrementen IBI y Sucesiones y Donaciones.
Respecto a estas propuestas, suscribo las palabras de Julio Ransés Pérez Boga, Presidente de Inspectores de Hacienda: «No estoy de acuerdo con las propuestas relativas a eliminar Impuesto sobre el Patrimonio, que además de someter a gravamen a los más acaudalados y generar una justa recaudación, tenía una importante función censal muy apreciada por Hacienda para comprobar otros impuestos.»
Y también las de Carlos Díez, economista de Intermoney: «La propuesta de reforma fiscal coordinada por Manuel Lagares ha tenido numerosas críticas hasta del Gobierno que se la encargó. La principal es que sería la reforma más regresiva de la democracia ya que bajaría los impuestos al 1% de la población más rica y nos lo subiría al resto, especialmente a los más pobres con la subida del IVA en alimentos del 10% al 21%.» […] «Hay que eliminar las desgravaciones del IRPF y del impuesto de sociedades. Nuestros tipos impositivos son los más altos de Europa pero se aplican sobre las bases más bajas de la OCDE. Las desgravaciones son un lujo que España tras una depresión no se puede permitir. Además son extremadamente regresivas ya que benefician principalmente a las rentas altas y a las grandes empresas.»
En lo que sí estoy plenamente de acuerdo es en «crear un gran sistema informático que cruce los datos bancarios de los contribuyentes con los registros de Tráfico y registradores y notarios para que la Agencia Tributaria disponga de mejores herramientas para luchar contra el fraude.«. No se trata de crear un monstruo informático, sino de cambiar los sistemas existentes en Tráfico y los Registros de la Propiedad y Mercantil para que aplicaciones de Hacienda efectúen búsquedas diarias automáticas, hallen los contribuyentes con cuyo NIF están registradas un número de propiedades, empresas o vehículos no esperables de sus ingresos, y proporcionen esos resultados a los inspectores. Esto ni es caro ni es complicado, solo requiere una fuerte coordinación de todos los responsables.
Joaquín Estefanía aclara cómo se pueden recaudar los 46.200 millones de euros que faltan cada año:
Que quien más tiene y más gana no es quien más paga no se debe sólo al fraude fiscal. Está causado también por los intersticios del sistema en forma de bonificaciones, deducciones, vías de elusión legales, etcétera, existentes después de un parcheo continuo e incoherente de los gravámenes, en una vorágine normativa en la que han entrado las tres administraciones que tienen competencias impositivas: la central, la autonómica y la municipal. Según el informe citado, en los Presupuestos de 2014 las exenciones al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Valor añadido (IVA) y Sociedades superan los 35.000 millones de euros.
Caso aparte es el del fraude, que algunos estiman en unos 90.000 millones de euros (casi el 9% del PIB). Un cálculo elaborado por el Círculo de Empresarios lo cifraba en 70.000 millones, desarrollados del siguiente modo: si entre el 20% y el 25% del PIB es economía sumergida, el PIB ha superado el billón de euros y la presión fiscal media se sitúa entre el 30% y el 36%, el importe de las cuotas no ingresadas cada año puede superar los 70.000 millones. Para que la reforma fiscal funcione, además de tener una normativa clara y justa, se precisa una administración tributaria eficaz, que detecte y sancione. Según datos de la OCDE, España tiene un empleado de esa administración por cada 1.928 ciudadanos, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania, 862 del Reino Unido, o 697 de los Países Bajos. Nuestro país dedica alrededor del 0,1% de su PIB a la gestión fiscal frente al 0,5% de otros países importantes europeos. No se trata sólo de más recursos sino de garantizar la independencia de la administración tributaria puesta en tela de juicio en los últimos meses. Quizá sería interesante estudia la posibilidad de convertir la Agencia Tributaria en una agencia independiente de los gobiernos de turno.
Conclusión: no hace falta subir el IVA (y mejor no hacerlo, porque subirlo en 2012 del 18 al 21% retrajo el consumo e incrementó el paro) ni bajar las cotizaciones sociales (el paro hace que se recaude bastante menos y que se esté mermando la «hucha» de las pensiones). Lo que hay que hacer es eliminar TODAS las exenciones y deducciones, tanto en Renta como en Sociedades, eliminar los módulos y la estimación objetiva, y combatir eficazmente el fraude.
Combatir la desigualdad
Podríamos definir la desigualdad como la diferencia entre los ingresos del 20% de los ciudadanos más ricos de un país y el 20% más pobre. En esta entrada trataré solamente la desigualdad dentro de un mismo país. Por supuesto, la desigualdad entre los países ricos y pobres es mucho mayor y mucho más grave, ya que por ella mueren millones de personas de hambre y enfermedades evitables. Pero las medidas necesarias para combatirla son muy diferentes.
En 2011 el 20% más rico de los españoles ganaba 7,5 veces más que el 20% más pobre. En cambio, en Noruega la diferencia es de solo 3,3 veces. Esto no parece necesariamente malo en sí. No parece intrínsecamente malo que haya ricos y pobres; lo intrínsecamente malo es que haya personas que no puedan satisfacer dignamente sus necesidades de comida, calor y vivienda.
Pero el problema es que dejar crecer la desigualdad empeora progresivamente la situación de la inmensa mayoría de la población y hace al país más vulnerable a las crisis económicas. Porque si los ingresos están repartidos de una forma más homogénea, hay más empleos (más gente tiene dinero para gastarlo en bienes y servicios diversos, que han de proporcionarse sirviéndose de otras personas), mejor pagados y el país es económicamente más estable. En cambio, la concentración de ingresos en un sector reducido de la población crea menos empleos (los empleos generados por cada unidad monetaria de más ingresada por los más ricos son muy inferiores a si esa unidad la ingresan los más pobres) y fomenta la economía especulativa, las burbujas y los reventones.
Por ejemplo, dice Paul Krugman: «Después de que estallase la crisis, el trasvase continuo de los ingresos de la clase media a una pequeña élite lastró la demanda de los consumidores, de manera que la desigualdad tiene que ver tanto con la crisis económica como con la debilidad de la recuperación posterior.»
Según el Fondo Monetario Internacional, la igualdad económica favorece el crecimiento de un país más que la baja corrupción, la baja deuda, el libre comercio o la inversión extranjera.
Un reciente metaestudio basado la comparación de más de 150 artículos científicos revela que los países con mayores desigualdades económicas tienen mayores problemas de salud mental y drogas, menores niveles de salud física, menor esperanza de vida, peores rendimientos académicos y mayores índices de embarazos juveniles no deseados.
Suscribo por tanto las siguientes propuestas del artículo Intervenir en el mercado publicado por Pedro Saura García en El País del 28 de enero de 2014:
- Apuesta decidida por unas relaciones económicas internacionales que eviten el dumping social, medioambiental y sanitario.
- Evitar la competencia a la baja de los impuestos entre países.
- Combatir los paraísos fiscales, idealmente hasta conseguir la total transparencia de las finanzas internacionales, tanto empresariales como personales.
- Educación que elimine cualquier tipo de segregación.
- Impuestos altos sobre sucesiones y grandes fortunas.
- Política económica que gravite sobre la incorporación de la innovación y el conocimiento.
- Políticas públicas que estimulen la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa.
- Mayor transparencia para que los accionistas y los trabajadores conozcan las razones que explican los emolumentos de sus ejecutivos y directivos.
- Negociación colectiva equilibrada entre trabajadores y empresarios que evite condiciones de trabajo y salarios indignos.
- Reforma del mercado de trabajo que permita un empleo más estable al principio de la vida laboral de los jóvenes.
- Incremento del salario mínimo acompasado al aprendizaje y a la productividad del trabajador.
- Regeneración de nuestras instituciones que elimine privilegios de todo tipo, posibilitando una verdadera competencia en los mercados de bienes y servicios.
- Igualdad en el acceso al crédito de todoslos empresarios.
- Que paguen impuestos los que no lo hacen.
- Asignación por méritos objetivos y contrastados de los puestos no políticos en los organismos que controlan el mercado y luchan contra el fraude (Agencia Tributaria, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Tribunal de Cuentas, Banco de España, etc.) en vez de asignarlos por amiguismo, fidelidad o conveniencia política.
En todo caso, añado, la mejor forma de combatir la desigualdad es consiguiendo que el paro sea bajo (inferior al 5%) sin rebajar el salario mínimo. Esto se logra, por un lado, combatiendo eficazmente el fraude fiscal (cosa que produce mucho mejores resultados que freír a impuestos a los ricos) y pagando con el dinero recaudado una buena educación, una buena sanidad y unos buenos centros de cuidado de niños y mayores (todo ello genera muchísimos empleos). Y por otro lado, formando a los trabajadores en los conocimientos que el mercado requiere (esto ya lo he dicho varias veces en este blog, pero lo seguiré repitiendo hasta que suceda).
cerradosMedidas urgentes contra el paro
Hoy, 25 de abril de 2013, España supera los SEIS MILLONES DE PARADOS. Es una tragedia, una catástrofe. Pero lo peor es que se podrían hacer muchas cosas para paliarla y no se hace nada.
Xavier Vidal-Folch, en su artículo de hoy, propone lo siguiente:
Uno: políticas activas de empleo como el reciclaje, la formación, los institutos de ocupación. Figuran en el repertorio de consejas europeas al menos desde junio, y apenas nada se ha hecho.
Dos: fomento de las exportaciones, de las que tanto se llenan la boca todos (el propio Rajoy en el debate sobre el Estado de la nación) como único indicio feliz en esta recesión, y nadie hace nada nuevo en la Administración. Lean las propuestas de El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española, el documento 167 del Instituto de la Empresa Familiar (www.iefamilar.com). Hay materia.
Y tres: reforma fiscal integral, en vez de la histérica yenka retórica de subir / bajar impuestos. Lo primero es simplificar el bosque, cercenar la mayoría de deducciones que desnaturalizan y distorsionan el objetivo de cada impuesto, y acabar con las micromedidas sin visión de conjunto. Bastante de ello figura en el muy reciente proyecto socialista Bases para la reforma fiscal (www.psoe.es), que el Gobierno prefiere, de momento, despreciar. Haría mejor en leerlo, igual le da alguna idea.
Durante mucho tiempo he venido proponiendo ideas para el problema más grave de España. Por ejemplo, el 1 de mayo de 2011, cuando no habíamos llegado a los cinco millones:
Para combatir esto es necesario que el Organismo Nacional de Empleo investigue los conocimientos y habilidades que el mercado demanda (porque se siguen ofreciendo puestos, que no se cubren) y forme a las personas necesarias. Si por ejemplo hacen falta 200 técnicos de gestión de residuos, y sólo 50 personas se apuntan al curso, se ofrecen los euros que sean necesarios por cursarlo (¿1000? ¿2000? ¿5000?) hasta que se cubran las 200 plazas. También se deben aumentar los incentivos para los que cambien de localidad de residencia con el fin de ocupar un puesto laboral. Ya existen, pero a la vista de las diferencias en las cifras de paro de las autonomías, está claro que no funcionan.
En España el empleo total en los servicios comunitarios (salud, educación, servicios sociales, administración) es del 12,3%, mientras que en la UE 15 es del 17,3%. Es decir, si tuviéramos el gasto social de la UE 15, habría en España alrededor de UN MILLÓN más de personas empleadas. Y no lo tenemos porque el fraude fiscal en España es tal alto (se calcula que un 20% de nuestra economía está sumergida) que no lo podemos pagar. Es absolutamente necesario ir recortando estos DOSCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS que nos roban los defraudadores e invertirlos en más médicos, más residencias públicas de ancianos y en una buena red pública de guarderías que, además de los empleos que en sí crea, libera a muchas mujeres, que se pueden poner a buscar trabajo e impulsar la economía. No es ninguna utopía: en Suecia un sistema de guarderías con estas características hace que la tasa de actividad de las mujeres sea similar a la de los varones.
Coincido plenamente con Xavier Vidal-Folch: hay que cambiar el sistema fiscal. Tiene demasiados agujeros a través de los cuales las empresas consiguen pagar solamente el 11% de sus beneficios. Hay que eliminar TODAS las deducciones que no consigan claramente el objetivo de beneficio social general que persiguen, y destinar el dinero recaudado a guarderías y residencias.
Pero además hay que fomentar la inmigración de españoles parados y extranjeros parados residentes en España a otros países donde se requieran sus habilidades, o formarlos aquí en las habilidades que otros países requieran. Todo lo que contribuya a reducir nuestro índice de desempleo será bueno. Así, estos inmigrantes bajarán la tasa de paro, con lo que cesará la presión a la baja sobre los salarios, que deprime la economía. Además, enviarán remesas a sus familiares en España, que las dedicarán al consumo aquí.
cerradosMás medidas fiscales
Propuestas de José María Mollinedo, Secretario General de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), en la revista MUFACE de abril-junio de 2012
En primer lugar, se precisan estudios oficiales de economía sumergida, a partir de los cuales establecer y controlar el objetivo principal de reducir el fraude.
En segundo lugar, se debería realizar una reforma en profundidad del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, aumentando las competencias a todos sus empleados y, especialmente, duplicando las actuales responsabilidades de los 8.000 técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude para que puedan investigar las empresas que tengan hasta 12 millones de euros de ventas, lo que permitiría recaudar unos 6.200 millones adicionales.
En tercer lugar, habría que poner un mayor interés en el fraude de las grandes empresas en lugar de poner la lupa sobre el pequeño contribuyente, obtener información automática de las empresas que actúan en los paraísos fiscales y evitar que las grandes fortunas eludan impuestos.
En cuarto lugar, las administraciones públicas deberían llegar a acuerdos de colaboración en la lucha contra el fraude y compartir las bases de datos tributarias.
Estas cuatro propuestas fundamentales aliviarían el bolsillo de millones de ciudadanos. Así, desde GESTHA estimamos que rebajando la tasa de economía sumergida en España diez puntos porcentuales, acercándonos a la media sumergida de la UE-15, la recaudación subiría en unos 38.500 millones anuales, una cantidad que permitiría alcanzar el objetivo de déficit sin dañar al estado de bienestar.
Estas propuestas se unen a las ya formuladas en:
7Fiscalidad de la vivienda
La fiscalidad de la vivienda debe orientarse al objetivo principal de cumplir el derecho de una persona demandante de vivienda a disfrutar de una vivienda digna, según se ha desarrollado en la entrada anterior. También debe, de forma secundaria, satisfacer los objetivos de mantener la vivienda de adquisición (por contraposición a la vivienda en alquiler) a un precio alcanzable para la mayoría de la población y evitar las peligrosísimas burbujas inmobiliarias.
Para ello creo absolutamente fundamental que el valor catastral de la vivienda se actualice anualmente con el valor de mercado y sea igual a éste. Actualmente el valor catastral es alrededor de un tercio del valor de mercado y se actualiza cada ¡diez años! Es un desfase notablemente excesivo que genera graves disfunciones en el mercado, favorece las burbujas y hace más duro su estallido. No supone una mayor carga de trabajo para el Catastro. Simplemente se debería obligar a los Registros de la propiedad inmobiliaria a introducir en una base de datos, para los pisos cuya compraventa se inscribiera, el precio, los metros cuadrados construidos, la fecha de construcción, el estado (nuevo, usado, a reformar), la altura (bajo, ático, otro) y el código postal. Para los pisos existentes en ese código postal se aplicaría, como valor catastral (y de mercado, recordemos) en un año determinado, el valor medio, por metro cuadrado construido, de los pisos vendidos en ese código postal durante ese año, aplicando los coeficientes correspondientes por las características de la vivienda.
Esto obligaría a los ayuntamientos a cambiar anualmente sus tipos de IBI. Pero lo que hacen ahora, escalonar las subidas del valor catastral durante diez años, distorsiona el mercado. Y lo que dicen «Hacienda nos obliga a subir el IBI» es mentira, porque aunque el valor catastral suba, el Ayuntamiento tiene la facultad de bajar el tipo que cobra sobre ese valor.
Otras medidas de fiscalidad sobre vivienda son las desgravaciones a la compra (parcialmente responsables de la burbuja) o al alquiler. El problema de estas desgravaciones es que enseguida se suelen trasladar al precio sin producir el efecto deseado. Por ejemplo, si la compra desgrava, esto suele incrementar el precio en una cuantía superior a la desgravación. Por eso, si se decide una desgravación, debe controlarse anualmente si está consiguiendo el resultado planeado, y si a los dos años no hay evidencias claras, suprimirla.
Creo mucho más en la eficacia de los recargos impositivos. Habría que incrementar el que ya existe sobre la vivienda distinta de la habitual: el IBI de una vivienda no habitual y no arrendada debería multiplicarse por el número de viviendas que posee su propietario. Así, pagaría el doble de IBI por su segunda vivienda, el triple, tanto por la segunda como por la tercera, si poseyera tres, etc. Con los locales comerciales no arrendados ni dedicados a una actividad empresarial de su propietario, lo mismo. El tejido de una ciudad no solamente lo conforman las viviendas, sino también los comercios, y me parece fundamental fomentar la oferta de alquiler de locales.
Por último, al ser el inmobiliario un sector sujeto a profundas fluctuaciones, su fiscalidad debe evaluarse continuamente, y cambiarse a mejor si se considera que no está cumpliendo los objetivos. Dejar en marcha medidas que han demostrado su ineficacia puede provocar efectos gravísimos.
cerradosLos paraísos fiscales
Aunque no hay una definición establecida sobre lo que es un paraíso fiscal, es necesario hacer algo contra estos territorios (no solo Bermudas o las islas Caimán, sino estados norteamericanos como Delaware o la ciudad de Londres) que permiten a empresas y particulares eludir el pago de buena parte de sus impuestos.
La forma más sencilla es la comunicación inmediata a la hacienda nacional: una entidad financiera debería comunicar inmediatamente a la hacienda nacional que una persona ha abierto una cuenta. Si un ciudadano norteamericano abre una cuenta en la sucursal de la Isla de Man de un banco belga, este banco informa en el acto a la hacienda estadounidense de la apertura, y anualmente de los rendimientos que tenga, para que la hacienda estadounidense le pueda aplicar los correspondientes impuestos. A los bancos que no informen así se les impediría operar.
Para las empresas la cosa es más complicada. Podría aplicarse un impuesto indirecto suplementario a los productos de las empresas con sucursales en un paraíso fiscal. Por ejemplo, quien hiciera un contrato con Google, que a través de la canalización de sus beneficios por estos territorios acaba pagando ¡un 2,4%!, en lugar de un IVA del 18% pagaría un 20%.
3Fiscalidad ligada al empleo
Reproduzco y suscribo enteramente la carta a El País de PABLO FERNÁNDEZ LORENZO el 14/10/2011:
Decía Einstein que, en los momentos de crisis, la imaginación es más importante que el conocimiento. Si el problema más grave que tenemos en este país es el paro y si el Estado, para poder mantener el bienestar que ofrece a sus ciudadanos, necesita aumentar sus ingresos… ¿Por qué no unimos ambos conceptos? Liguemos la fiscalidad al empleo.
Propongo hacer que las empresas paguen impuestos en función del empleo que generen. De esta forma, una empresa con muchos beneficios, pero sin trabajadores a su cargo, debería aportar al Estado un porcentaje de sus beneficios mucho mayor que una empresa con los mismos beneficios pero con muchos trabajadores contratados. El objetivo no es aumentar la fiscalidad a los ricos, de forma genérica, como dicen algunos. Se trata de hacer que paguen más impuestos los que ganan mucho pero no crean empleo, o los que tienen mucho pero no generan riqueza para todos. Sencillo. Este camino también permitiría al Estado incentivar el tipo de empleo que quisiera: fijo, juvenil, I+D… jugando con los impuestos de las empresas.
Entramos en periodo preelectoral y no solo los políticos deben proponer caminos. También los ciudadanos. Estamos en crisis, necesitamos imaginación.
Yo añadiría que los ejecutivos que deciden despidos en una empresa no puedan disfrutar de aumentos de sueldo: así de simple: si una empresa de más de cincuenta trabajadores reduce plantilla en un año, las retribuciones después de impuestos de las diez personas que más reciban de esa empresa (que siempre serán de la dirección, claro) no podrán aumentar respecto al año anterior; todo lo que intenten aumentarse en la retribución bruta se les descontará mediante impuestos para que la neta quede congelada. Así se evitaría la tentación de muchos ejecutivos de propiciar despidos para aumentar sus bonus.
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