Economía

Crear valor

Tal como contaba en Combatir la pobreza, en un entorno no desfavorable, una sociedad humana que funcione correctamente tiende a acumular riqueza. En el mundo actual estamos asistiendo a una destrucción acelerada de valor. Un ejemplo son los tipos de interés nominalmente nulos en Europa, y en la práctica, negativos, pues la inflación persiste. Otro tanto les sucede a las bolsas europeas. Más grave aún es el declive poblacional, tildado por algunos de suicidio demográfico. Sin confianza en el futuro, las personas fértiles no tienen todos los hijos que querrían tener, y que superarían la tasa de reposición (2,1 hijos por mujer). Una desconfianza plenamente justificada por los bajos salarios, la inseguridad laboral y la carestía de la vivienda.

Resulta paradójico, pero lo que crea valor (algo inmaterial) es la confianza. A comienzos de junio de 2019 se están hundiendo las bolsas mundiales (destruyendo por tanto el valor acumulado de las acciones que allí se negocian) porque la decisión de Trump de represaliar con aranceles a México para que frene la inmigración ilegal extiende el temor a un desencadenamiento de políticas similares en todo el mundo.

Para crear valor hay que generar confianza. Y la confianza se genera, en primer lugar, no amenazando. En segundo lugar, evaluando correctamente la situación, sin histrionismos ni alarmismos. Y en tercer lugar, poniendo en marcha medidas paulatinas, eficaces y consensuadas, y vigilando la respuesta que obtienen.

El primer paso para empezar a crear valor es renunciar a imposiciones arancelarias unilaterales, y dejar que la Organización Mundial del Comercio vaya levantando poco a poco las barreras que todavía persisten. El segundo es la aplicación estricta del Acuerdo de París contra el cambio climático. Si no hay futuro, y la tendencia actual va hacia catástrofes climáticas que podrían ocasionar la pérdida de entre el 15 y el 25 % del PIB mundial (en 2018 este fue de 78,9 billones de dólares, por lo que estas pérdidas alcanzarían los 20 billones de dólares), entonces es imposible que los bienes valgan más.

Imaginemos una aldea amenazada por un posible incendio donde los habitantes se enfrentan a la posibilidad de vender sus propiedades o arriesgarse a que el fuego las arrase. La reacción normal será vender a precio de derribo, con lo que todo el valor de casas y cultivos se reducirá prácticamente a cero ANTES siquiera de que las llamas hayan rozado un tejado. Quedará destruido el valor de los bienes, toda una vida de trabajo, esfuerzo y privaciones, incluso de los que se nieguen a vender. Porque el precio de algo no se genera por los esfuerzos que ha costado fabricarlo, sino por la utilidad previsible que le va a sacar quien piensa en comprarlo. Por eso, para crear valor, es necesario crear confianza en el futuro. Hay que sustituir la confrontación por la negociación. Una mala paz siempre es mejor que una buena guerra.

De modo más particular, se crea valor para un país, o incluso para una empresa, si se administra correctamente: si se toman las medidas adecuadas para que prospere, para que venda bien sus productos o servicios, para que forme a sus ciudadanos o empleados, para que cuide su salud y bienestar. Todo ello hace que más empresas quieran instalarse en ese país y (repito: si se administra correctamente) aumente el precio de sus suelos, crezcan los salarios y se incremente la prosperidad.

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La contratación pública

La contratación pública (de obras y servicios) es la mayor fuente de corrupción en España. Por un lado se amañan los concursos públicos para que gane la empresa que ha pagado una comisión ilegal al partido político que gobierna. Por otro se contrata desde la administración a precios inflados, empleando abusivamente la contratación directa, fraccionando ilegalmente los contratos o contratando servicios inexistentes, como el seguimiento de la concha brillante.

La contratación de personal por parte de la Administración es otra lamentable fuente de corrupción (asesores que no asesoran nada, interinos que no han superado las pruebas necesarias para serlo, exámenes amañados, enchufados, gente que cobra sin ir a trabajar), pero no es el objeto de esta entrada. Cuando en ella se hable de contratación se refiere a la de bienes y servicios.

Hay que acabar con esto de una vez por todas aplicando las siguientes medidas:

1. Todos los contratos de aprovisionamiento de las diferentes administraciones públicas (Gobierno central, autonomías, diputaciones, ayuntamientos y empresas públicas) se harán a través de portales electrónicos de contratación. (Evidentemente, los contratos por los cuales una empresa pública, por ejemplo Ineco, presta servicios (por ejemplo al Gobierno de Arabia Saudita para la construcción del AVE Medina-La Meca) y recibe un pago por ellos, no estarían incluidos aquí.

2. Cada entidad contratante podrá tener su propio portal de contratación o usar el de un órgano superior.

3. TODA la información sobre procedimientos de contratación en curso en cualquiera de estos portales se reflejará instantáneamente (se habrán organizado informáticamente para que sea así) en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

4. Las empresas o autónomos que deseen prestar sus servicios o vender sus bienes a la Administración podrán inscribirse en esta plataforma de manera totalmente gratuita, y de la manera más sencilla posible, en principio solo dando su NIF o CIF de manera segura. El portal tomaría el resto de los datos de los diferentes registros de la Administración.

5. Todos los procedimientos de contratación deberían ser abiertos, sin límite de importe. Las únicas exigencias para los licitadores podrían ser: tamaño de la empresa (no tiene sentido que una empresa con 7.000 euros de capital se presente a una obra de 200 millones), año de fundación, experiencia en contratos previos con la Administración, pagos en regla a la Agencia Tributaria y la Seguridad Social, no estar incursa en procedimientos judiciales por corrupción, fraude o daño al medio ambiente. Todo esto tanto para la empresa que se presenta como para su matriz o sus accionistas con más del 4 % del capital.

6. Una empresa condenada en sentencia firme por los delitos antedichos no podría contratar con la Administración durante los diez años siguientes. Tampoco podría hacerlo una empresa que tuviera en su consejo de administración o entre sus principales accionistas (con más del 4 % del capital) a personas condenadas en firme por corrupción.

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Los bancos centrales

Generalmente el banco central de un país ejerce tres funciones fundamentales:

1. La emisión de dinero de curso legal.

2. La fijación del tipo de interés del dinero.

3. La supervisión del sistema financiero, controlando no solo que las entidades financieras cumplen con sus obligaciones (por ejemplo, el coeficiente de caja), sino promoviendo el funcionamiento más correcto posible (por ejemplo, inyectando liquidez cuando es necesario).

Según los países, puede realizar otras funciones como:

– Servir como órgano de tesorería del Estado, canalizando todos los pagos y cobros.

– Emitir la deuda pública.

– Controlar la entrada y salida de divisas.

– Custodiar las reservas de oro.

– Asesorar al Gobierno.

– Analizar permanentemente la economía del país, publicando informes periódicos con los resultados de sus análisis.

– Recibir las quejas de los clientes de entidades financieras y emitir resoluciones sobre ellas.

Es objeto de polémica si el banco central debe ser independiente del Gobierno. Según la Wikipedia, el Banco Central Europeo afirma que numerosos estudios, análisis teóricos y datos empíricos sostienen que la independencia del banco central favorece el control de la inflación y la estabilidad de precios.

Sin embargo, economistas como Arturo Huerta González, Le Heron, Carre y el premio Nobel Joseph Stiglitz han criticado la falta de controles democráticos sobre los bancos centrales autónomos.

De acuerdo con mi experiencia, el modelo que funciona mejor es el de independencia del banco central. Pero eso sí, debe estar sujeto a las siguientes condiciones:

– Debe tener un doble mandato: conseguir el pleno empleo y el objetivo de inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene este doble mandato. El Banco Central Europeo solo tiene la obligación de conseguir el objetivo de inflación, por mucho desempleo que esto suponga.

– Su presidente debe ser nombrado por el parlamento nacional con una mayoría de al menos dos tercios y por un período, no renovable, mínimo de cinco años y máximo de ocho, entre personas que hayan trabajado en ese banco central un mínimo de veinte años y que nunca hubieran sido condenadas por delito penal o fiscal, ni sancionadas por falta grave en el ejercicio de sus funciones. En el caso de que el parlamento no alcance un acuerdo en el plazo debido, el cargo se sorteará entre las personas que cumplan esas condiciones y que libremente deseen entrar en dicho sorteo, como propongo en Los órganos colegiados.

– El presidente solo puede ser destituido en caso de incapacidad o falta grave.

– El Gobierno y los cargos públicos tienen prohibido emitir (tanto públicamente como de forma reservada) instrucciones o recomendaciones para el banco central.

– A su vez, el banco central tiene prohibido emitir opiniones sobre las políticas que el Gobierno está llevando (o no) a cabo o recomendaciones sobre las que ha de adoptar.

– Sin embargo el banco central puede dirigirse, públicamente, al parlamento, para solicitar modificaciones legislativas, si considera que las actuales no son suficientes para desempeñar adecuadamente sus funciones.

– De acuerdo con lo anterior, el banco central no debe asesorar al Gobierno, ni el Gobierno solicitar su asesoramiento. Sin embargo, si el Gobierno emprende un proceso de consultas (por ejemplo, para elaborar un reglamento) puede consultar al banco central como uno más de los sectores implicados.

– El banco central debe tener acceso ilimitado e inmediato a todas las fuentes estadísticas del Estado (población, comercio, impuestos, etc.). Con ellas elaborará sus previsiones y planes de actuación. Si necesita datos que ese sistema estadístico no recoge, podrá recopilarlos y tratarlos por sí mismo.

– No debe prestar dinero al Gobierno, ni actuar como su tesorero, ni emitir deuda pública.

– En situaciones normales tampoco debe comprar deuda pública ni privada.

– Ahora bien, en situaciones excepcionales, cuando los intereses que los mercados exigen al Gobierno superen en más de trescientos puntos básicos el último dato de inflación, el banco central, siempre que no peligre el objetivo de inflación, puede comprar la deuda pública que sea necesaria para calmar a los mercados.

– El banco central debe realizar las funciones 1, 2 y 3 enumeradas al principio, custodiar las reservas de oro (lo que en la práctica es bastante inútil, pero está arraigado en el inconsciente colectivo y confiere fuerza a su papel) y, si el mercado de capitales de ese país no es suficientemente estable, controlar la entrada y salida de divisas. No debe realizar otras funciones.

– Específicamente no tiene sentido que reciba las quejas de los clientes de entidades financieras y luego emita resoluciones si no son vinculantes. Esta función debe corresponder a los tribunales, cuyas decisiones sí son vinculantes. El que tarden y cuesten mucho no es razón para quitarles esta función, sino para tomar las medidas que agilicen y abaraten su actuación.

– Ahora bien, las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales deben tener derecho a proponer públicamente al banco central modificaciones normativas sobre entidades bancarias (para acabar con las cláusulas abusivas, comisiones indebidas, etc.). El banco central deberá estudiar estas modificaciones y, públicamente, adoptarlas en todo o en parte, explicando pública y detalladamente sus razones

– Cuando el banco central fije los tipos de interés para un grupo de países, algunos de los cuales pueden encontrarse en crecimiento y otros, en recesión, debe disponer de mecanismos para conseguir que restringir la inflación en los países que crecen no dañe el empleo en los que se encuentran en recesión.

– La supervisión del sistema financiero debe ser estricta, según el método propuesto en No alterar los informes: los técnicos del banco central que hayan inspeccionado una entidad financiera deben redactar un informe completo, con un resumen de una página sobre la situación de la entidad, y otra página con las directrices más importantes que debe seguir, indicando el plazo en que deben factiblemente alcanzarse y las personas encargadas de su cumplimiento. Cada una de estas directrices se registrará en una base de datos, con su entidad, plazo y persona responsable de cumplirla. Si pasado el plazo no se ha cumplido, la persona responsable sufrirá una merma del 5% en su salario por cada mes de retraso. Cuando pasen seis meses en esa situación, la persona será destituida.

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El agua

El agua dulce es el recurso más escaso del planeta. Según la ONU, en 2016 la escasez afecta al 40 % de la población. Para 2050 afectará a más del 60 %, debido al aumento de la demanda (más población) y la reducción de la oferta (cambio climático, contaminación, reducción del nivel de los acuíferos y salinización).

Es perfectamente posible suministrar agua al 100 % de la población mundial. Incluso suministrar una demanda eficiente (80 m3 por persona y año). Tanto para el consumo de las personas como para riego y necesidades de las empresas. El agua de mar es ilimitada. Solo hay que desalarla empleando energías renovables (utilizar energías fósiles empeoraría todavía más el cambio climático).

Teniendo siempre en cuenta que los recursos de la Tierra son limitados, que los estamos consumiendo a dos veces y media la velocidad con que los genera, y que deberíamos ir hacia un decrecimiento hasta alcanzar un equilibrio, tal como propongo en Para evitar el colapso general habría que tomar, respecto al agua, las siguientes medidas:

1. El primer objetivo es la sostenibilidad del suministro. Si, por ejemplo, (caso real de Libia) hay que escoger entre explotar un acuífero fósil (que no se rellena) y desalar con energía solar, se debe escoger lo segundo, aunque sea mucho más caro, porque es lo sostenible. En el caso de Libia, se calcula que el acuífero fósil se agotará en unos 60 años, por lo que las faraónicas obras hechas para explotarlo se volverán inútiles.

2. Se debe invertir lo suficiente en la red de distribución para reducir las pérdidas siempre por debajo del 20 % e, idealmente, por debajo del 5 %. Las tuberías tienen una vida útil, digamos 30 años (depende mucho del material, el revestimiento interno y externo, el suelo donde se asiente, si lleva agua para beber o residual, etc.). Todas las tuberías que componen la red deben irse cambiando antes de que superen su vida útil.

3. Toda el agua que se suministre debe cobrarse. A un precio justo y suficiente para mantener la red, como se ha explicado en el punto anterior, para sufragar los gastos de depuración y, en el caso de aumentos de población, para acometer nuevas inversiones.

4. Las empresas que suministren agua deben ser públicas. La tecnología del agua es muy madura, por lo que la entrada de una empresa privada no supone ahorros significativos. Lo que hace la empresa privada es aumentar el precio de la tarifa para obtener su beneficio.

5. Las tarifas deben depender de los metros cúbicos consumidos, no de la renta del consumidor. Se debe penalizar el consumo excesivo (para lo cual, los datos de los abonados al servicio de agua deben cruzarse con los del padrón municipal). Por ejemplo, si en una casa hay empadronadas cuatro personas, y consumen 200 m3/año, se les cobra a 1 € el m3. Si consumen 300, a 3 € el m3, y si son 500, a 6 €. De esta forma se incentiva el ahorro.

6. Un sistema similar debería seguirse en los usos industriales. Por ejemplo, una empresa que fabrique papel: hay varias tecnologías. Unas consumen menos agua, pero son más caras. La tarifa de agua de esa papelera debería depender de su consumo y de su producción de papel, de modo que, si para producir 1 tonelada de papel, con la tecnología más eficiente, se necesitan 10 m3 de agua, y la empresa ha producido 10.000 toneladas, pero consumido 200.000 m3 de agua, se le aplica un fuerte recargo, para incentivarla a adoptar una tecnología que consuma menos agua.

7. Y para riego, lo mismo: cada cultivo necesita una cantidad de agua de riego por hectárea (1 kilo de patatas necesita 132 litros; uno de plátanos, 499) con la tecnología más eficiente (en general, goteo, pero puede haber otras). Se ha de regar siempre de noche, para evitar la evaporación que causa el sol. Al agricultor que sobrepase el consumo eficiente, recargo que lo incentive a mejorar su tecnología. Los canales de riego deben estar revestidos con un recubrimiento a prueba de filtraciones. También tienen una vida útil, por lo que han de sustituirse antes de que la superen. Las conducciones de riego entubadas tienen muchas menos pérdidas por evaporación que las abiertas.

8. La empresa pública de agua no debe subvencionar las tarifas a los pobres. Es el Estado el que debería devolver a las familias pobres que lo solicitaran (a través del sistema que propongo en Combatir la pobreza energética) una parte de la factura, de modo que no superara los 3 € mensuales, siempre que no se rebasara el consumo eficiente (punto 5; si se rebasa, se paga entera).

9. La compañía de agua debe ser totalmente pública. Incluso debería explorarse la posibilidad de que sus accionistas fueran los propios abonados. En Madrid, por ejemplo, cuando uno pide el alta en el suministro, le exigen 50 € de depósito. Ese dinero podría ser una suscripción obligatoria de acciones de la empresa. No cotizarían y el abonado no las podría vender, pero sí podría votar en las juntas de accionistas, sobre las tarifas, los sueldos de los directivos y las inversiones.

10. Todos los sueldos de la compañía deberían ser públicos y tener un límite de 10 veces el salario mínimo. No podría dar ningún tipo de privilegio a los empleados (casas subvencionadas, coches oficiales, vacaciones baratas). Ni siquiera tarifas de agua reducidas. Los salarios de los directivos deben contener un incentivo por reducción de agua no cobrada (perdida en la red o robada por consumidores sin contador).

11. Solo podría contratar personal por concurso público y no podría tener más de 1 empleado por cada 2.000 abonados (para evitar que los directivos enchufen a sus familiares o amigos).

12. Para la sostenibilidad, es fundamental la estabilidad de los acuíferos. Debe medirse constantemente su nivel y la calidad de su agua (salinidad, contaminación).

13. Ha de cuidarse sumamente su nivel dentro del ciclo de sequías e inundaciones de la zona. Por ejemplo, si el nivel de un acuífero oscila entre 400 m los años de lluvias, y 300 m los de sequía, y en un año de sequía se ha llegado a 310 m, hay que dejar de extraer agua de ese acuífero y buscar otras fuentes. Desalación, por ejemplo. U otro acuífero menos agotado.

14. Además, cuando haya agua disponible, se deben recargar artificialmente los acuíferos.  Pero bien, no de cualquier manera, de la forma adecuada a la configuración hidrológica de la zona, y tras estudios y pruebas muy cuidadosos.

15. El paisaje ha de diseñarse de modo que se favorezca, o por lo menos no se perjudique, la recarga natural de los acuíferos: grandes extensiones de plantas, zonas de tránsito del agua de lluvia adecuadas (con poca pendiente) para que el agua sea absorbida por el terreno en vez de lavarlo, etc.

16. Para todo esto es necesario establecer una red sólida de recogida de datos (lluvias, sequías, caudales, niveles de acuíferos…) que abarque el mayor número posible de años pasados, y establecer modelos de comportamientos futuros, que deben irse validando y mejorando constantemente, con los nuevos datos. En esta base sólida deben fundarse los posibles nuevos desarrollos (embalses, conducciones, encauzamiento de ríos…).

17. Todas las aguas residuales deben depurarse lo suficiente para devolverlas a la naturaleza sin impacto y que puedan ser usadas para riego. Es posible que la depuración, que debe pagarse con la tarifa, no pueda implantarse de golpe, por el coste repentino que supondría para los usuarios, pero han de hacerse campañas de concienciación pública e inversiones graduales para que esté implantada en un plazo de 20 años (aunque pagar los créditos necesarios pueda llevar otros 20).

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La baja inflación

Países fundamentales en la economía mundial (Japón, Estados Unidos, la Unión Europea) están experimentando un prolongado período de baja inflación, provocado por la drástica caída de los precios del petróleo.

No hay que confundir la baja inflación con la deflación, un período de lento y continuado descenso de los precios, muy dañino para la economía, y distinto a lo que estamos viviendo.

La baja inflación no es dañina en sí, pero un período tan largo y en la actual situación de tipos de interés cercanos a cero en esos países puede ocasionar graves consecuencias.

El problema viene porque bancos y compañías de seguros obtienen buena parte de la rentabilidad de su capital a través de los tipos de interés. Si esos tipos se acercan a cero, bancos y compañías de seguros ganan menos, bajan en bolsa y su situación se debilita, por lo que entran en terreno peligroso.

Este párrafo del editorial de El Economista del 19 de febrero de 2016 resulta alarmante:

«Los dueños de bonos contingentes convertibles [pueden convertirse en acciones, sin consentimiento del titular, si los recursos propios del banco emisor descienden de un mínimo] temen que la conversión esté cerca […] Estamos ante un ejemplo claro de profecía autocumplida cuyos efectos pueden ser muy profundos en la medida en que la cantidad en circulación de este activo asciende a 160.000 millones y la situación de la banca no tiene visos de mejorar, en un contexto de tipos de interés en negativo y escaso negocio.»

Los bancos centrales japonés, norteamericano y europeo han llevado a cabo políticas de liquidez (relajación cuantitativa) que han aliviado en el pasado las tensiones de los mercados, pero no han conseguido crear inflación.

Con estas políticas se han quedado sin un volante fundamental para guiar la economía: los tipos de interés. Teóricamente la economía se enfría cuando suben y se reanima cuando bajan. En la práctica se han bajado tanto que ya no sirven a su función. Es como el freno cuando lo aprietas demasiado: las ruedas se bloquean, el coche patina y queda sin control. 

Que la economía quede sin control es nefasto para ella. También asusta la sola posibilidad de que pueda quedar sin control, porque la economía de mercado es inherentemente inestable y, si se pierde el control sobre ella, inevitablemente descarrila (también descarrila, como en Venezuela, si se ejercen  acciones de control inadecuadas, pero ese es otro tema).

Y ese susto se traduce en retirada de los inversores, paro y pobreza.

Es hora de ensayar otras políticas. Hay una muy sencilla: en prácticamente todos los países del mundo (y desde luego los afectados por la baja inflación) los carburantes llevan unos impuestos, denominados «especiales».

Pues bien, se trata de que esos países afectados se pongan de acuerdo (y lo anuncien, claro, que así se multiplica el efecto) para elevar, gradual y temporalmente esos impuestos, hasta que la inflación se sitúe entre el 1 y el 2 %. La recaudación suplmementaria se dedicaría, obligatoriamente, a reducir la deuda. 

No se trata de ninguna novedad: Francia tiene una normativa que hace esos impuestos modulables, aunque se usa para amortiguar en los automovilistas el impacto de una subida del petróleo. 

El efecto en los bolsillos de los consumidores sería mínimo, pero se enviaría un mensaje de confianza (muchas investigaciones sostienen que la inflación depende, en buena medida, de la confianza de los agentes en que el banco central cumpla sus objetivos de inflación) y se alejarían los nubarrones que ahora penden sobre las finanzas del planeta. Además se paliaría otro efecto adverso del petróleo barato, su mayor consumo y por tanto la mayor emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, que empeora el efecto invernadero.

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El nuevo progresismo

Escribo esta entrada en respuesta al artículo de Antón Costas Cinco retos para un nuevo progresismo, que para él son los siguientes:

  • Primero. Crear instituciones que favorezcan la estabilidad macroeconómica y la preservación de los servicios públicos fundamentales (educación, sanidad, pensiones). 
  • Segundo. Fortalecer la política contra los monopolios, los cárteles y los privilegios concesionales y corporativos. Estas actividades, que elevan precios y márgenes, son como sanguijuelas que sangran la renta y el bienestar de los consumidores. 
  •  Tercero. Dar un giro radical a las políticas empresariales. Virar el rumbo desde la rentabilidad hacia la productividad. 
  • Cuarto. Un Estado menos intervencionista y más innovador y emprendedor. La rivalidad entre Estado y mercado es un tópico interesado de la «Belle Époque». 
  •  Quinto. Un nuevo Estado social volcado en la igualdad de oportunidades. Las políticas actuales del Estado del bienestar y el sistema fiscal protegen bien el bienestar de las generaciones mayores y de las clases acomodados, pero dejan desprotegidas a las generaciones más jóvenes.

Yo opino, en cambio, que el progresismo consiste en mejorar de forma sostenible las condiciones de vida de los habitantes de un país. Cada país tiene necesidades muy diferentes. En España los partidos progresistas deberían  orientarse hacia la consecución del pleno empleo. En Alemania o Reino Unido, donde ya está conseguido, hacia mejorar los salarios y condiciones (conseguir, por ejemplo, jornadas completas para quienes, a su pesar, las tienen parciales, o reducírselas a quienes las tienen abusivas). En naciones como Marruecos, hacia proporcionar vías de comunicación, agua, saneamiento, vivienda y energía a todos sus habitantes, y una vez conseguidas esas metas, hacia crear sistemas eficientes de sanidad, educación, justicia y pensiones.

No hay que confundir el progresismo con el liberalismo ni con el intervencionismo. El progresismo quiere sinceramente que todos mejoren. El liberalismo finge creer lo mismo y aboga tramposamente por más libertades económicas, que solo conducen al medro de los que ya están más avanzados. El intervencionismo se lanza a estorbar la actividad económica con medidas destiladas de ideologías caducas en vez de la experiencia.

Supongamos una carrera de diez atletas, uno muy bueno, seis normales y tres malos. El liberalismo dejarán que corran tal cual, sabiendo quién ganará, y gustándole, porque es hijo del supuesto liberal. El intervencionismo atará pesos en las piernas del mejor y quizá ponga muelles en los pies de los peores. El progresismo dejará que corran, pero aplicará al ganador un impuesto razonable sobre sus ganancias y con los ingresos ayudará a los más rezagados.

Lo que el progresismo debe tomar por bandera en todos los países es un combate sin cuartel contra el fraude fiscal. No solo en los países desarrollados, eliminando los pagos en efectivo, como ya ha hecho Dinamarca, sino para todo el mundo, acabando con los paraísos fiscales que drenan los recursos de los pobres. Eso sí, estableciendo límites para evitar el expolio fiscal. Como referencia, los impuestos directos anuales no deberían superar, ni siquiera para los más ricos, el 49 % de la renta ni el 1 % del patrimonio. Y los indirectos no deberían sobrepasar el 25 %.

Estos ingresos deben emplearse para mantener sistemas eficientes de sanidad, educación, pensiones y dependencia (redes suficientes de guarderías para niños de corta edad y de residencias atendidas para mayores y discapacitados psíquicos) que, bien administrados, SON PERFECTAMENTE SOSTENIBLES e incluso muy positivos para una economía desarrollada (generan mucho empleo, de calidad, no deslocalizable, y permiten a las mujeres incorporarse masivamente al mercado laboral). QUIEN DIGA QUE SON INSOSTENIBLES MIENTE INTERESADAMENTE. 

Eso sí, hay que poner el énfasis en la buena administración. Un sistema sanitario moderno y eficiente debe tomar la prevención de enfermedades (diabetes, hipertensión, obesidad, corazón, cáncer) como su primer objetivo, y enseñar a los enfermos crónicos a controlar ellos mismos su padecimiento. 

Tampoco se debe aceptar que un buen sistema educativo es necesariamente caro: los países que mejores resultados obtienen en el informe PISA no son los que más gastan por alumno. Se ha visto que dotar a cada alumno con el último dispositivo tecnológico (cuando redacto esta entrada, tableta táctil) incrementa muchísimo el gasto y empeora los resultados. Es sustancialmente más importante que a los chicos les interese realmente aprender (y a sus padres, que aprendan), que les guste leer, que estudien y que tengan buenos profesores.

Igualmente, no es necesario internar en residencias a todos los mayores. Buena parte de ellos pueden seguir viviendo en sus casas, que además es lo que quieren, con, en algunos casos, ayuda domiciliaria (compra, cocina, limpieza, acompañamiento al médico…). Ni jubilar a personas que pueden y desean continuar trabajando. 

Y por supuesto, el progresismo no debe aspirar solamente las vidas de los habitantes del país donde gobierne, sino también las del resto del mundo. Resulta perfectamente inútil esforzarse en dar a los ciudadanos una existencia casi perfecta (ver el notable artículo sobre Australia de John Carlin) si el agujero de ozono les impide salir a la calle de día (esto estuvo cerca de pasar precisamente en Australia, pero la cooperación internacional eliminó los gases que producían este agujero). De nada sirve que los contribuyentes de un país hayan desperdiciado billones de dólares en excelentes carreteras, escuelas y hospitales si los azotan sequías, incendios y huracanes provocados por las emisiones de gases de efecto invernadero en otros países (esto pasa ahora mismo en Estados Unidos).

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Combatir la pobreza

El combate contra la pobreza, que elijo definir como la falta de recursos económicos de una persona física y mentalmente sana para atender a sus necesidades de nutrición y alojamiento, debe desarrollarse en dos frentes:

– pobreza en los países desarrollados.

– pobreza en los países no desarrollados.

Obviamente, si esta definición puede aplicarse a una persona, también puede aplicarse a una colectividad, a una región dentro de un país, o a un país entero.

En los países desarrollados (cuya definición es controvertida, pero que elijo definir como los 49 de índice de desarrollo humano muy alto) la pobreza debe combatirse con los recursos propios del país aplicando las medidas siguientes:

1. Sanidad universal y gratuita sin excepciones, incluidas las enfermedades mentales y la planificación familiar. 

2. Educación primaria y secundaria universal y gratuita. Educación universitaria según los parámetros propuestos en El pago de las carreras universitarias, con becas suficientes para las familias de menos ingresos.

3. Lucha sin cuartel contra el fraude fiscal hasta que caiga por debajo del 10% del PIB. Si es necesario, mediante la eliminación del dinero en efectivo, la bancarización obligatoria de todos los ciudadanos y la restricción de las actividades financieras de las empresas al catálogo mínimo necesario, que se realizaría exclusivamente a través de canales informáticos controlados (y, obviamente, gravados) por el Estado.

4. Red suficiente de guarderías y residencias de ancianos a precios acordes con los ingresos.

5. Servicios estatales que proporcionen eficazmente empleo a parados o les doten de la formación que el mercado demanda.

6. Educación sexual a partir de los 10 años. Aborto libre y gratuito hasta los tres meses de gestación.

7. Derecho a alquilar una vivienda por una renta acorde con los ingresos, según se detalla en esta otra entrada. 

8. Pensión mínima para todas las personas mayores de la edad de jubilación y que no hayan cotizado suficientes años.

9. Renta mínima (al menos dos tercios del salario mínimo) para toda persona mayor de edad y menor de la edad de jubilación que no tenga bienes ni ingresos, condicionada a aceptar empleos que la persona pueda realizar, o a formarse para realizarlos.

10. Subvenciones al consumo energético. 

Dependiendo de la situación, para ser beneficiario de alguna de estas medidas, aparte de la comprobación de no poseer bienes ni otros ingresos, podrá exigirse ser nacido en el país y llevar residiendo en él un número razonable de años (por ejemplo, más de diez). 

En los otros países, combatir la pobreza puede requerir un planteamiento más condicional y ayuda exterior.

– Si la pobreza se debe a conflictos armados persistentes, antes de nada hay que acabar con ellos. Si existen resoluciones de la ONU (casos de Palestina y Sáhara Occidental, por ejemplo), aplicándolas, y si no, tratando de establecerlas, mediante un proceso abierto, en que participen todas las partes y de cuyas soluciones no se excluya a ninguna.

– Si se debe a fuertes sequías o inundaciones periódicas, deben construirse en el país, a cargo de la cooperación internacional, las infraestructuras hidráulicas necesarias para impedirlas.

– Si se debe a que catástrofes como terremotos o tifones destruyen una y otra vez viviendas e infraestructuras, dejando a la población en la miseria, deben construirse en el país, a cargo de la cooperación internacional, edificios especialmente preparados para resistirlas.

– Si se debe a que una cleptocracia acapara las riquezas de la nación y deja en la miseria a la gran mayoría de habitantes, debe imponerse a ese país un embargo: no podrá exportar materias primas hasta que todos los ingresos por ellas reviertan transparentemente en toda la población.

– Si el país está ahogado por la deuda externa, se debe renegociar, ampliando plazos y reduciendo intereses, hasta que sea sostenible.

– En general, para los países pobres ayudan las campañas de vacunación y desparasitación. También extender, en lo posible, las redes de agua, depuración, educación, salud, carreteras, electricidad y telecomunicaciones móviles.

– En todo caso hay que favorecer la transparencia, la libertad de información y el buen funcionamiento de un sistema judicial independiente.

– Tres cuartas partes de los pobres del mundo son agricultores. Elevar la productividad de las explotaciones es por tanto un modo muy eficaz de luchar contra la pobreza. Lo primero es asegurar que los frutos de la tierra reviertan en el agricultor, y que no pueda perderla. Tratando de tener en cuenta al máximo la situación en cada país, intentando mejorarla con medidas eficaces en vez de contraproducentes, se han de dar a los agricultores derechos de propiedad sobre la tierra que cultivan. Se han de evitar las acumulaciones de tierras (por ejemplo, mediante un impuesto que, por encima del número de hectáreas necesario para mantener a una familia, grave tanto la tierra que su acumulación se haga antieconómica). También se debe evitar que los bancos se queden con las tierras de los granjeros que no pueden pagar los créditos, por ejemplo imponiendo en estos unas carencias de hasta cinco años en que se producen condiciones adversas extremas (sequías, plagas…). Y por supuesto, favorecer la productividad mediante riego, fertilización y selección de semillas respetuosos con el medio ambiente.

– Hay que favorecer las industrias de transformación. Es preferible, por ejemplo, que un país exporte gasolina y gasóleo, tras construir una refinería, a que exporte crudo. Que exporte conservas de pescado en lugar de cobrar a barcos de otros países por pescar en sus aguas. Es necesario remover los obstáculos que para estos productos refinados puedan suponer los aranceles de otros países.

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Parar el cambio climático

En español, «cambio climático» se usa para referirse al aumento de las temperaturas que está experimentando la Tierra desde 1900 por el incremento de dióxido de carbono (CO2) debido a la actividad humana, y que según las pruebas científicas, continuará a lo largo del siglo XXI, especialmente si no se hace nada para pararlo.

En inglés, la Wikipedia, muy acertadamente, diferencia entre «climate change», para describir los cambios a lo largo de la historia del planeta (muchos y drásticos) y «global warming»  (calentamiento mundial) para referirse al fenómeno actual, que es el tema de esta entrada.

Desde 1900 la temperatura del planeta se ha elevado 0,8 ºC. A finales del S. XXI, crecerá de 0,3 a 4,8 ºC suplementarios. Los polos se podrían fundir, muchas naciones insulares desaparecerían bajo el mar, extensas zonas continentales quedarían inundadas, regiones fértiles se volverían áridas y centenares de millones de personas devendrían refugiados climáticos.

ESTO HAY QUE PARARLO COMO SEA

Frente al cambio climático existen dos estrategias, no excluyentes: la mitigación (reducir la cantidad de CO2 en la atmósfera) y la adaptación (cambiar el modo de vivir de las poblaciones afectadas). Creo que se debe poner todo el énfasis en la mitigación (e incluso, la reversión). Asignar recursos a la adaptación no hace más que agravar el problema, porque el dióxido de carbono sigue acumulándose en la atmósfera y sus efectos, aumentando. La única manera es detener la acumulación y empezar a reducirlo, lo que llevará décadas. 

A este respecto, continúan siendo válidas las soluciones que planteé en Para evitar el colapso general: 

  • Consumir energía solo de fuentes renovables y desarrollar el reciclado al máximo de modo que el consumo de recursos no renovables (minerales) sea el mínimo imprescindible. Por ejemplo, un teléfono móvil es reciclable al 90%. Todo lo que consumimos, desde una bombilla hasta un avión, puede diseñarse para superar esa cifra.
  • Depurar estrictamente todas las aguas residuales y convertir la materia fecal en metano. Fermentar los residuos sólidos urbanos con el mismo propósito y utilizar el gas para quemar lo restante, filtrando los gases de combustión. Desarrollar productos y métodos de fabricación que permitan el reaprovechamiento total.

Y también las que propuse en Racionalidad energética 

  • Es necesario que las redes eléctricas tengan en todas sus ramas capacidad suficiente para absorber y distribuir la producción de los parques eólicos existentes y otras centrales de energías renovables de la zona.
  •  Es necesario que haya suficientes presas reversibles (turbinan, bajando agua de un embalse alto a uno bajo, produciendo energía, cuando hay demanda, y bombean, subiendo el agua, cuando hay exceso de producción, por ejemplo por la noche, para almacenar energía con un rendimiento de hasta el 80%).
  •  Es necesario un equilibrio entre las plantas fotovoltaicas (sólo producen cuando luce el sol) y termosolares (producen por el calor acumulado en sus fluidos de intercambio térmico, y por tanto pueden producir de noche o con el cielo nublado).
  •  Es necesario investigar el almacenamiento de energía eléctrica en forma de aire comprimido (y esto no son castillos en el aire; se trata de un vector energético probadísimo, con más de cien años de antigüedad y una tecnología barata, segura y eficiente).
  •  Es necesario promover la sustitución de sistemas de calefacción de grandes edificios (oficinas, hospitales…) por sistemas de microcogeneración a gas natural que,con el combustible que antes producía solo calor, aparte de producir calor, generan electricidad a coste cero.
  •  Es necesario fomentar la producción de biogás (metano) a partir de las aguas residuales urbanas.
  •  Es necesario sustituir la producción de electricidad a partir de carbón y petróleo por la producción a partir de biomasa, que se obtendría de una limpieza regular de los bosques y que además serían así menos vulnerables a los incendios.
  •  Es necesario promover, en zonas calurosas, la implantación en las azoteas de edificios públicos de sistemas para producir frío a partir de los rayos solares.
  • Es necesario poner en marcha parques eólicos marinos y seguir investigando la producción de electricidad a partir de las olas y de las corrientes hasta llegar a generadores comercialmente viables.

Además de todo esto, con el objetivo particular de parar el cambio climático, también se debería:

  • Obligar a que en el plazo de 10 o 15 años todos los edificios habitados no históricos de todo el mundo tengan calificación energética A.
  • Cubrir de plantas propias de la zona, y de modo sostenible con las condiciones climáticas (a las que se puede sumar alguna ayuda técnica inerte, como http://en.wikipedia.org/wiki/Groasis_Waterboxx), todas las extensiones de tierra no ocupadas por la agricultura (desiertos incluidos; solo quedarían desnudas las altas montañas). Cuanta mayor envergadura tengan las plantas, mejor, pues más carbono fijarán. Por ejemplo, si una zona admite, por un lado, arbustos, y por otro, pinos, dar preferencia a los pinos (pero tampoco plantar exclusivamente pinos de modo que el bosque resultante sea sumamente vulnerable a una plaga o a un incendio). Ser cuidadosos con las zonas polares: allí puede ser conveniente no replantar áreas baldías para que, al cubrirlas la nieve, reflejen la luz solar al espacio. Esos casos habrá que estudiarlos uno por uno.
  • Esto incluye cubrir de plantas las azoteas de los edificios (si lo permite la solidez de sus vigas y si, por las condiciones climáticas de poco sol, se consigue así una mejora respecto a la instalación de placas solares) y todos los espacios urbanos donde sea posible. Por ejemplo, esto supondría acabar con las plazas duras.
  • En la reforestación, dar prioridad a las especies de la zona que tengan algún aprovechamiento comercial (resina, madera, frutos, biomasa…), para asegurar su mantenimiento, y fomentar, a través de impuestos o regulación, la sustitución, en los casos posibles, de materiales cuya fabricación libera gases de efecto invernadero por materiales producidos en los nuevos bosques (por ejemplo, sustituir plástico por madera).
  • Combatir la deforestación que está teniendo lugar actualmente en algunas partes del mundo (Brasil, Indonesia). Dar créditos blandos para cambiar el modelo de desarrollo con deforestación a otro con aprovechamiento y aumento de la capa forestal. Aplicar sanciones comerciales a los países que aun así continúen deforestando.
  • Capturar el dióxido de carbono emitido por las actuales centrales térmicas de carbón o gas e inyectarlo   en el subsuelo no es, de momento, una solución general: se quita del 80 al 90% del dióxido de carbono, pero las necesidades de combustible se incrementan de un 25 a un 40%. También se debe seguir investigando y, eso sí, a las centrales que estén cerca de formaciones geológicas donde se pueda inyectar, y en las que, por su tecnología, sea eficiente el método (digamos más del 85% del CO2 no emitido a la atmósfera y menos del 30% de combustible suplementario), se las debe obligar a aplicarlo, compensándolas económicamente por el sobrecoste.

No soy favorable a ninguna de las propuestas de geoingeniería que se están estudiando (por ejemplo, sembrar el mar con polvo de hierro para favorecer el crecimiento de plancton, que fije carbono de la atmósfera). Por el momento, ninguna de ellas ha demostrado ser eficaz y carecer de peligrosos efectos secundarios. Pero por supuesto estoy a favor de que se siga investigando, y que incluso se haga alguna prueba de campo, siempre a escala limitada y midiendo extremadamente bien beneficios y perjuicios.

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Los cursos de formación

Los cursos de formación a desempleados, y de reciclaje profesional, son en España, desgraciadamente, pasto de ladrones. Tres de cada cuatro cursos que revisó el Tribunal de Cuentas en noviembre de 2014 presentaban irregularidades: como botón de muestra, hubo un alumno superaplicado que se apuntó A CIENTO UN CURSOS.

En Andalucía el escándalo de los ERE se mezcla con el de cursos de formación . Este último podría ascender a 950 millones de euros (el importe de las subvenciones entre 2008 y 2011 no justificadas debido al sistema de exoneraciones). Hay abiertas investigaciones en siete de las ocho provincias de la comunidad.
En Madrid, el caso Aneri   asciende a diecisiete millones de euros malversados. 

Jordi Évole dedicó un programa entero a esta plaga, y además de los habituales alumnos inexistentes y firmas falsas, denunció que empresas de formación secuestran a la fuerza parte del sueldo de los profesores, acompañándolos al banco a cobrar el cheque, y quedándose con una cantidad. Si no lo aceptan, no los vuelven a contratar. Esto es chantaje mafioso en estado puro. Absolutamente intolerable. 

El Gobierno de Susana Díaz va a cambiar el sistema de adjudicación para que absolutamente todas las convocatorias se hagan por concurso público, y sin exoneraciones. Se fijará también el tope de dinero que una misma entidad puede recibir para que se repartan los cursos entre más adjudicatarios.

En todo el caso, tan malo es que se robe el dinero y no se imparta el curso como que se imparta un curso que no le sirva al desempleado para encontrar trabajo. Un problema menor sería que se imparta a diez parados un curso que efectivamente les facilite salir de esa situación, pero que se cobre al Estado como si se hubiera impartido a quince, por ejemplo falsificando firmas de asistentes.

Hay que acabar con este saqueo de una santa vez. Todo robo del dinero público es inadmisible, pero cuando contribuye a agravar el principal problema del país, lo es doblemente. Para ello es necesario tomar medidas que, primordialmente, aseguren que el curso le va a servir realmente al desempleado (o va a servir efectivamente para el reciclaje profesional del trabajador). Secundariamente, medidas que garanticen que el curso se imparte y se cobra al Estado por el número auténtico de alumnos que lo han recibido. Y en un tercer escalón, medidas para impedir que los profesores sean extorsionados.

Grupo 1

– Solo se podrán impartir cursos que hayan pedido efectivamente los posibles alumnos, o en los que las empresas que podrían contratar trabajadores estén interesadas. Es decir, las Administraciones no podrán tener un catálogo de cursos inútiles, como corte y confección o mecanografía, ofrecerlos, y decir que gastan en formación. Basta de paripés. Serán los alumnos los que, a través de una página específica de Internet, y verificando su identidad, podrán pedir periódicamente un curso en el que estén interesados. Por ejemplo, una secretaria en paro pide un curso de programación de aplicaciones para smartphone. Un tornero que está trabajando solicita un curso de CNC (Computer Numerical Control). Un desempleado tendría derecho a solicitar un curso cada, digamos, dos meses, y un empleado, cada seis. El catálogo de la página sería totalmente abierto, es decir, estaría organizado por temas generales (informática, mecánica, electricidad, albañilería…) pero dentro de cada rama específica, si el curso que interesa al alumno no existe, la página le permite añadirlo al catálogo, y además, que otros que vengan después de él también lo pidan. Para las empresas, igual, solo que en lugar de DNI electrónico se identificarían con el certificado electrónico de la empresa. Obviamente, los alumnos podrían ver cuáles son los cursos más solicitados por las empresas. Las empresas que ejercieran actividades de formación no podrían solicitar cursos (para evitar que solicitaran aquellos que ya imparten, que son muy cucas).

– Cuando se alcance un determinado número de solicitudes para un curso, la Administración estará obligada a impartirlo, especialmente si el número de empresas solicitantes es elevado y hay un número suficiente de alumnos que lo han pedido. No podrá alegar que no hay profesores, material o locales. Que los busque.

– Si un posible alumno solicitó un curso que se va a celebrar, pero en otra localidad, tiene derecho a beca. Se le adelanta primero la mitad del dinero. Cuando termine el curso, debe pasar un examen sobre los conocimientos impartidos. Si lo aprueba, se le da la otra mitad. Si lo suspende, debe devolver lo que se le adelantó.

Grupo 2

– Todos los cursos serán presenciales. Es absolutamente lamentable que la trapacería hispánica obligue a ir contra los tiempos. ¡Con lo baratos y eficientes que serían cursos telemáticos! Pero conociéndonos, no queda otra. Informáticamente es demasiado fácil falsificar asistencias y seguimiento de cursos telemáticos.

– Los cursos solamente los impartirán empresas contratadas por la Administración (los organismos estatales o autonómicos de empleo) a través de concursos públicos y transparentes. No los podrán impartir, ni contratar, sindicatos ni asociaciones empresariales. Dejarán de recibir fondos para este fin. Demasiadas veces han hecho mal uso del dinero público. La Administración se corromperá, por supuesto, pero si todos están en la pomada, será mucho más difícil que se denuncie y combata la corrupción . Ejemplos: las tarjetas de Cajamadrid y el asesinato en el Orient Express: como todos eran cómplices, nadie decía palabra. 

– Antes de empezar cada jornada del curso, el profesor pasa lista de un modo muy riguroso: los alumnos, de pie junto a él, van diciendo su nombre. El profesor comprueba que está en la lista, y en ese caso, el alumno le entrega su DNI. El profesor comprueba que es auténtico y corresponde al nombre. Entonces el alumno firma en su cuadro de la lista, bajo la mirada del profesor, y el profesor introduce el DNI por la ranura de una caja cerrada con llave, que solo él tiene y de la que es responsable. Solo lo entregará cuando termine la jornada del curso (en ningún otro caso, ni para desayunar, ni para almorzar, ni aunque el alumno tenga que irse urgentemente al hospital). 

– Habrá inspectores de formación. Cada día inspeccionarán al menos cuatro cursos, seleccionados al azar por un programa informático entre los que se estén impartiendo ese día en la localidad (o en la provincia). Avisar a la empresa que imparte los cursos de que se la va a inspeccionar será delito grave de revelación de secretos. El inspector llevará una cámara de vídeo portátil que, al entrar en la empresa, pondrá a grabar, y solo parará cuando salga. El profesor entrará en el local donde se imparta el curso, pedirá al profesor que abra la caja y comprobará los carnés con los alumnos que estén efectivamente presentes. Cualquier irregularidad que advierta será causa de la suspensión automática y definitiva del curso, que no se pague a la empresa y las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Cuando el inspector vuelva a las oficinas de la Administración, volcará las grabaciones en el sistema informático. Sus superiores tendrán la obligación de revisar al menos una de ellas cada dos días.

– No se podrán presentar a concursos empresas en las que los inspectores hayan detectado irregularidades, ni tampoco empresas que tengan administradores, consejeros o apoderados que lo fueron anteriormente de empresas tramposas.

Grupo 3

– La empresa adjudicataria de los cursos pagará siempre a los profesores mediante ingreso en la cuenta del profesor (no en efectivo ni por cheque).

– La empresa comunicará a la Administración los datos de los profesores que haya seleccionado para impartir el curso.

– La Administración advertirá expresamente a los profesores por carta que, si la empresa les exige parte de su salario para contratarlos, deben comunicar a la Administración esa práctica. En ese caso la Administración denunciará a la empresa ante los tribunales por chantaje y delito contra los derechos de los trabajadores, suspenderá inmediatamente el curso y su pago, y excluirá a la empresa de posteriores concursos.

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La renta básica

Wikipedia: la renta básica universal o ingreso ciudadano se define como un ingreso pagado incondicionalmente por el Estado a cada ciudadano, incluso si no quiere trabajar de forma remunerada, sin tener en cuenta si es rico o pobre, independientemente de cuáles puedan sus otras posibles fuentes de renta, sin importar con quién conviva, y que cubra, al menos, las necesidades vitales.

El concepto está claro: significa que a la cuenta de cada ciudadano llegan cada mes, digamos quinientos euros, del Estado, ya sea presidente de un banco o esté tirado en la calle, ya sea un niño de tres años o una anciana de noventa. Y luego los gasta como quiere.

También está claro que, al menos en los países desarrollados, PUEDE implantarse. Por ejemplo, España cerró 2013 con una población de 46.507.760 personas. Multiplicando por 500 y por 12 meses salen 279.046.560.000, es decir, más de doscientos setenta y nueve mil millones de euros. El PIB español es de un billón de euros, y el fraude fiscal, del orden del 24%. Solo con la cantidad que se pierde en fraude fiscal (unos doscientos cuarenta mil millones) ya se podría pagar casi toda la renta básica.

Lo que no está tan claro es si DEBE implantarse. Los experimentos que se han hecho, parciales, limitados a poblaciones pequeñas (Manitoba, Canadá; Omitara, Namibia) y durante cortos espacios de tiempo, no muestran el aumento de inflación ni la desgana por trabajar de las que advierten los críticos. Aparecen efectos muy positivos, como la reducción de las adicciones, los robos, las enfermedades y el aumento de la asistencia a clase. 

Sus partidarios afirman también que sería más barata que todo el actual sistema burocrático que otorga las ayudas sociales (en esto, a mí las cuentas no me salen: en los Presupuestos del Estado para 2015  el subsidio de desempleo se estima en 29.727 millones y los servicios sociales y promoción social en 1.849 millones. Total: la renta básica saldría DIEZ VECES MÁS CARA. Además, una renta básica no suprime la necesidad de muchos servicios sociales: porque los niños huérfanos o de padres que no pueden hacerse cargo reciban la renta básica, no van a desaparecer los orfanatos o casas de acogida. Porque todos los ancianos reciban la renta básica, no va a desaparecer la necesidad de residencias. Ya la hay, y eso que actualmente todos los mayores cobran pensión). 

En general, se considera que la renta básica sustituiría al seguro de desempleo. Eso tendría el efecto de que, cuando una persona se quedara sin trabajo, cobraría al mes solo la cantidad establecida (quinientos euros por poner un ejemplo, pero en todo caso una cantidad baja, el mínimo imprescindible para satisfacer sus necesidades vitales) sin importar que hasta entonces hubiera estado ganando seiscientos euros o tres mil.

Es previsible que la mayor parte de este ingreso se destinara al consumo, y así el Estado recuperara al menos un quinto (a través del IVA) y probablemente, más, por el efecto impulsor que tendría en la economía.

Y lo que está todavía menos claro es si los ciudadanos QUERRÍAN que se implantara. Suiza, que por ingresos podría introducirla cómodamente, celebrará un referéndum  sobre la cuestión. Se estima que se rechazará. En el Reino Unido, que tiene un sistema de prestaciones sociales relativamente generoso, el descontento de los ciudadanos de cuyos impuestos salen, pero que no las reciben (porque son relativamente ricos) es muy fuerte.

Yo personalmente no estoy de acuerdo con la renta básica incondicional. Me parece que rompe el esquema derechos-deberes en el que se asienta una sociedad democrática: derecho a la libertad de expresión, pero deber de no injuriar; derecho a votar, pero deber de aceptar la opción elegida por la mayoría y de sufragar con impuestos las decisiones que tome; derecho a formar una familia, pero deber de mantener a los hijos; derecho a la renta básica… ¿sin ningún deber ligado? Me resulta por ello terriblemente disolvente: ¿cómo se va a exigir el esfuerzo de trabajar si de nacimiento se tiene el derecho a eludirlo?

Temo incluso que favorecería la marginación de muchas personas, que por su personalidad rechazan someterse a una disciplina: en el Reino Unido existen familias que han hecho de las ayudas sociales su único medio de vida y donde ningún miembro ha trabajado en tres generaciones. Sus vecindarios son un absoluto desastre de droga, delincuencia y descomposición.

Otra cosa completamente distinta, aunque algunos la confundan, es el ingreso mínimo garantizado  , también conocido como salario social o renta mínima de inserción, por el cual, si los ingresos de una persona o familia no alcanzan un mínimo, y no dispone de otras rentas ni posesiones, tiene derecho a recibir ayudas A CAMBIO de aceptar trabajos, formación u otras condiciones. 

En España, cada Comunidad Autónoma tiene el suyo: ver este artículo de Eroski Consumer, a mi entender incorrectamente titulado como «Rentas básicas en España»; un título más adecuado sería «Salarios sociales en España»). Con el salario social condicionado estoy PLENAMENTE de acuerdo, y de hecho he recomendado esquemas de ese tipo en entradas sobre la pobreza energética, el derecho a la vivienda y los desahucios.  Porque creo firmemente que el ciudadano, a cambio del deber de contribuir a la sociedad con su esfuerzo, tiene el derecho, si se ve en determinadas dificultades, a ser ayudado por esa misma sociedad PARA SALIR DE ELLAS, no para perpetuarlas.

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Mete "Lo que hay que hacer" en Google y mira qué te sale: enlaces a un libro "Lo que hay que hacer con urgencia" del que las primeras páginas no están disponibles para descargar. Y mientras, tu ciudad, tu país, tu planeta bullen de problemas a los que no se pone remedio adecuado, cuando existen soluciones para todos. Escribo este blog desde Madrid, España, la Tierra, para unir mi voz a los que proponen estas soluciones y presionan para que se apliquen.
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