Finanzas

Los bancos centrales

22 diciembre, 2016 en Economía, Finanzas

Generalmente el banco central de un país ejerce tres funciones fundamentales:

1. La emisión de dinero de curso legal.

2. La fijación del tipo de interés del dinero.

3. La supervisión del sistema financiero, controlando no solo que las entidades financieras cumplen con sus obligaciones (por ejemplo, el coeficiente de caja), sino promoviendo el funcionamiento más correcto posible (por ejemplo, inyectando liquidez cuando es necesario).

Según los países, puede realizar otras funciones como:

– Servir como órgano de tesorería del Estado, canalizando todos los pagos y cobros.

– Emitir la deuda pública.

– Controlar la entrada y salida de divisas.

– Custodiar las reservas de oro.

– Asesorar al Gobierno.

– Analizar permanentemente la economía del país, publicando informes periódicos con los resultados de sus análisis.

– Recibir las quejas de los clientes de entidades financieras y emitir resoluciones sobre ellas.

Es objeto de polémica si el banco central debe ser independiente del Gobierno. Según la Wikipedia, el Banco Central Europeo afirma que numerosos estudios, análisis teóricos y datos empíricos sostienen que la independencia del banco central favorece el control de la inflación y la estabilidad de precios.

Sin embargo, economistas como Arturo Huerta González, Le Heron, Carre y el premio Nobel Joseph Stiglitz han criticado la falta de controles democráticos sobre los bancos centrales autónomos.

De acuerdo con mi experiencia, el modelo que funciona mejor es el de independencia del banco central. Pero eso sí, debe estar sujeto a las siguientes condiciones:

– Debe tener un doble mandato: conseguir el pleno empleo y el objetivo de inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene este doble mandato. El Banco Central Europeo solo tiene la obligación de conseguir el objetivo de inflación, por mucho desempleo que esto suponga.

– Su presidente debe ser nombrado por el parlamento nacional con una mayoría de al menos dos tercios y por un período, no renovable, mínimo de cinco años y máximo de ocho, entre personas que hayan trabajado en ese banco central un mínimo de veinte años y que nunca hubieran sido condenadas por delito penal o fiscal, ni sancionadas por falta grave en el ejercicio de sus funciones. En el caso de que el parlamento no alcance un acuerdo en el plazo debido, el cargo se sorteará entre las personas que cumplan esas condiciones y que libremente deseen entrar en dicho sorteo, como propongo en Los órganos colegiados.

– El presidente solo puede ser destituido en caso de incapacidad o falta grave.

– El Gobierno y los cargos públicos tienen prohibido emitir (tanto públicamente como de forma reservada) instrucciones o recomendaciones para el banco central.

– A su vez, el banco central tiene prohibido emitir opiniones sobre las políticas que el Gobierno está llevando (o no) a cabo o recomendaciones sobre las que ha de adoptar.

– Sin embargo el banco central puede dirigirse, públicamente, al parlamento, para solicitar modificaciones legislativas, si considera que las actuales no son suficientes para desempeñar adecuadamente sus funciones.

– De acuerdo con lo anterior, el banco central no debe asesorar al Gobierno, ni el Gobierno solicitar su asesoramiento. Sin embargo, si el Gobierno emprende un proceso de consultas (por ejemplo, para elaborar un reglamento) puede consultar al banco central como uno más de los sectores implicados.

– El banco central debe tener acceso ilimitado e inmediato a todas las fuentes estadísticas del Estado (población, comercio, impuestos, etc.). Con ellas elaborará sus previsiones y planes de actuación. Si necesita datos que ese sistema estadístico no recoge, podrá recopilarlos y tratarlos por sí mismo.

– No debe prestar dinero al Gobierno, ni actuar como su tesorero, ni emitir deuda pública.

– En situaciones normales tampoco debe comprar deuda pública ni privada.

– Ahora bien, en situaciones excepcionales, cuando los intereses que los mercados exigen al Gobierno superen en más de trescientos puntos básicos el último dato de inflación, el banco central, siempre que no peligre el objetivo de inflación, puede comprar la deuda pública que sea necesaria para calmar a los mercados.

– El banco central debe realizar las funciones 1, 2 y 3 enumeradas al principio, custodiar las reservas de oro (lo que en la práctica es bastante inútil, pero está arraigado en el inconsciente colectivo y confiere fuerza a su papel) y, si el mercado de capitales de ese país no es suficientemente estable, controlar la entrada y salida de divisas. No debe realizar otras funciones.

– Específicamente no tiene sentido que reciba las quejas de los clientes de entidades financieras y luego emita resoluciones si no son vinculantes. Esta función debe corresponder a los tribunales, cuyas decisiones sí son vinculantes. El que tarden y cuesten mucho no es razón para quitarles esta función, sino para tomar las medidas que agilicen y abaraten su actuación.

– Ahora bien, las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales deben tener derecho a proponer públicamente al banco central modificaciones normativas sobre entidades bancarias (para acabar con las cláusulas abusivas, comisiones indebidas, etc.). El banco central deberá estudiar estas modificaciones y, públicamente, adoptarlas en todo o en parte, explicando pública y detalladamente sus razones

– Cuando el banco central fije los tipos de interés para un grupo de países, algunos de los cuales pueden encontrarse en crecimiento y otros, en recesión, debe disponer de mecanismos para conseguir que restringir la inflación en los países que crecen no dañe el empleo en los que se encuentran en recesión.

– La supervisión del sistema financiero debe ser estricta, según el método propuesto en No alterar los informes: los técnicos del banco central que hayan inspeccionado una entidad financiera deben redactar un informe completo, con un resumen de una página sobre la situación de la entidad, y otra página con las directrices más importantes que debe seguir, indicando el plazo en que deben factiblemente alcanzarse y las personas encargadas de su cumplimiento. Cada una de estas directrices se registrará en una base de datos, con su entidad, plazo y persona responsable de cumplirla. Si pasado el plazo no se ha cumplido, la persona responsable sufrirá una merma del 5% en su salario por cada mes de retraso. Cuando pasen seis meses en esa situación, la persona será destituida.

Para que fluya el crédito

21 julio, 2013 en Economía, Finanzas

La situación relatada por Miquel Nadal, antiguo Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, en el artículo de fondo de El País del 17 de julio de 2013 exige acciones inmediatas: resulta que empresas españolas con beneficios, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, y que pagan rigurosamente a los bancos los intereses de sus créditos, se están quedando sin ellos simplemente porque los bancos han decidido no financiar su sector.

Esto no puede ser: por ese camino las empresas cierran, el paro aumenta y la economía acaba yéndose al garete. Que una compañía desaparezca porque sus ventas bajan demasiado es un drama, aunque se puede entender. Pero que se hunda una empresa rentable simplemente porque los bancos, sin razones objetivas, se niegan a facilitarle financiación, es intolerable y el Estado debe actuar. Porque, como ya expliqué en Público y privado «Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores«.

Hay varias formas el que el Estado puede hacer llegar la financiación a las empresas:

1. Creando un banco público, cuyos directivos, los que deciden a quién se da crédito y cuánto, sean funcionarios.
2. Creando una estructura donde múltiples prestamistas decidan directamente a quién prestan, como la descrita en La banca popular, pero orientada a las pymes en vez de a los autónomos.
3. Creando un sistema de cuotas de obligado cumplimiento para los bancos: por ejemplo, entre el 30 y el 40% del dinero que obtengan en el mercado (pidiéndolo prestado al BCE, de impositores a plazo fijo, de titulizaciones, etc.) deberán prestarlo al Estado (comprando deuda pública); entre el 20 y el 30% deberán prestarlo a empresas; entre el 15 y el 25% a autónomos y entre el 5 y el 15% a familias.
4. Asumiendo el riesgo de las líneas de crédito ICO.

El ICO explica cómo son estas líneas:

Líneas de Mediación: el ICO diseña y fija las principales características de las diferentes líneas de financiación, a la vez que firma los correspondientes Acuerdos de Colaboración con las Entidades de Crédito para su comercialización a través de sus redes. Estas líneas están dirigidas fundamentalmente a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas. El ICO determina las dotaciones de cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de interés y los plazos de amortización y provee de fondos a las Entidades Financieras. Éstas se encargan del análisis de las operaciones, determinan las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la financiación y asumen el riesgo de éstas.

Financiación directa: se trata de financiación corporativa y estructurada de grandes proyectos de inversión productiva, públicos o privados. Son préstamos diseñados a la medida de las necesidades de la empresa solicitante, con un importe mínimo de 10 millones de euros y largos plazos de amortización. Para la solicitud de estos préstamos las empresas se dirigen directamente al ICO que estudia, concede y asume el riesgo de las operaciones. Esta financiación se concede preferentemente en colaboración con entidades privadas o públicas nacionales, internacionales o multilaterales.

Pues bien, si las entidades financieras no están dispuestas a asumir el riesgo de prestar a pymes, deberá asumirlo el Estado. Obviamente, quien asume el riesgo, recoge el beneficio. Las entidades financieras actuarían como meros tramitadores. Los requisitos para dar a una pyme una línea de crédito serían objetivos: beneficios los tres últimos ejercicios, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, al corriente en el pago de sus créditos y cifra de crédito solicitado inferior a un 10% de su cifra de negocio del último ejercicio. A las empresas que cumplieran estos requisitos, los créditos se les concederían automáticamente, sin directivos alérgicos al riesgo (ahora) que tuvieran que valorarlo, hasta que se acabara la dotación de cada línea.

Los intereses pagados por las empresas irían directamente al Estado. Se podría obligar a los bancos a ejercer esta función de meros tramitadores, sin retribución alguna, como represalia a su inacción y al incumplimiento de la función social que los justifica, o bien se les podría compensar por los gastos (únicamente informáticos) con, como máximo, medio punto de los intereses. Así las pymes obtendrían financiación alrededor del 5%.

No alterar los informes

14 enero, 2013 en Economía, Finanzas

Los inspectores del Banco de España han denunciado que los informes que elaboran son alterados hasta cambiar su sentido y decidirse que no se apliquen las medidas correctivas recomendadas en ellos. Esto es gravísimo. Además acusan a sus superiores de mirar hacia otro lado ante los indicios de delito que encuentran.

El anterior director del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lo ha negado. Pero una cosa está clara: indicios de delito había, porque ahora mismo se están desarrollando procedimientos judiciales contra directivos de varias entidades (Bankia, Nova Caixa Galicia…). Creo más a los inspectores, que tuvieron esos indicios delante de sus ojos, que a sus superiores, poco interesados en las complicaciones y tensiones que trae una remisión de indicios a la fiscalía.

Para elevar el control sobre los gestores del Banco de España, los inspectores reclaman que se conozcan “cuantos elementos emplea el banco para formar su criterio en materia supervisora, siempre que estos elementos deban ser conocidos”.

El primer paso para que haya luz y taquígrafos es que los autores de los informes se hagan responsables del contenido con su firma, algo que ahora no ocurre. “Cada actuación supervisora debe estar adecuadamente identificada. Cada informe debe ser firmado; ahora no ocurre y no son asumidos por nadie”, apuntan.

“En el caso de existir discrepancias entre los inspectores, los jefes de grupo y los directores de departamento, debe quedar expresa constancia de las mismas firmadas por cada responsable”.

También piden “establecer un procedimiento para la comunicación jerárquica de los indicios de delito. Dar formación en materia penal a los inspectores y crear un grupo de inspección especializado en investigación de delitos”.

“Nuestra propia labor, velar por la solvencia, deja zonas grises de actuación. Por ejemplo, al examinar unas cuentas, se pueden encontrar préstamos a una empresa ruinosa que levantan sospechas de que alguien pueda beneficiarse en última instancia. O sueldos disparatados que rozan la apropiación indebida o el desfalco. Pero, ¿es nuestra labor investigar eso? No tenemos formación para ello. Además, la cantidad de un crédito sospechoso puede que no afecte a la solvencia de la entidad por lo que queda fuera de nuestro trabajo. Lo que queremos es que existan sistemas automatizados para denunciar estos asuntos”. Entre los inspectores destacan el hecho de que solo en las entidades intervenidas se han encontrado indicios de delito. “¿Ninguna otra tenía trapos sucios?”, se preguntan.

En otro apartado del informe, los inspectores piden “reducir la influencia” de los bancos “y de los políticos” para evitar “la captura del supervisor, el sentimiento de arbitrar para casa” y la fuga de ejecutivos del Banco de España a las entidades.

Según el documento de “Análisis de los procedimientos supervisores del Banco de España”, conocido el martes tras las acusaciones de arbitrariedad de la Asociación de Inspectores, el organismo dirigido por Luis Linde ha decidido establecer un procedimiento específico para la revisión de la gobernanza de las entidades.

Entre las medidas se incluye que se puedan “mantener reuniones periódicas con los consejeros y miembros clave de las comisiones delegadas; comprobar que los escritos de recomendaciones y requerimientos del Banco de España llegan a los consejeros”, así como “instar a que en las actas del consejo figuren las opiniones discrepantes”. El supervisor además tendrá acceso a “la información que se facilita a los consejeros y miembros de las comisiones delegadas del consejo”.

El informe dice que entre las tareas de la institución estará “señalar ubicaciones inadecuadas en el organigrama”, lo que sugiere una capacidad de opinar sobre la adecuación profesional de los altos cargos de la entidad o componentes de comisiones. Linde pretende también vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo, “revisar las actuaciones de la auditoría interna” y “conocer trimestralmente las deficiencias puestas de manifiesto por la auditoría interna”.

Además de este conjunto de medidas, el Banco de España ha establecido que las carteras de todas las entidades serán revisadas al menos cada tres años. Por otro lado, las 16 entidades “más significativas” tendrán inspectores empotrados para conocer las cuentas de primera mano. Este trabajo tiene el riesgo del secuestro del inspector, es decir, que los funcionarios terminen por identificarse demasiado con la entidad que supervisan y bajen la guardia. Para evitarlo, el Banco de España ha establecido “un procedimiento de rotación de la plantilla, incluida la jefatura”, con “un límite máximo de seis años en la misma entidad y de diez años en el mismo departamento, con un periodo posterior de separación obligatoria de cuatro años”.

El informe del Banco de España se muestra a favor de la rotación periódica de la firma auditora, “para fomentar su independencia, haciendo frente a los potenciales riesgos de familiaridad y captura por la entidad auditada”.

Otra de las grandes reformas es que “la información a la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre la posible discrepancia entre el informe de inspección, por un lado, y la información y propuesta a la Comisión Ejecutiva, por otro, se incluya en un apartado específico”.

Resulta increíble que el Banco de España tenga que asegurarse de que sus escritos de recomendaciones  llegan a los consejeros de las entidades supervisadas. ¿No funciona la comunicación interna de la entidad inspeccionada o qué? El Banco de España debe tener los correos electrónicos de todos los consejeros de todos los bancos y, según sus cargos, remitirles la información oportuna, mediante mensajes seguros y con acuse de recibo.

Ni discrepancias entre el informe de inspección y las propuestas a la Comisión Ejecutiva ni nada. Los técnicos del BdE que hayan inspeccionado la entidad deben redactar un informe completo, con un resumen de una página sobre la situación de la entidad, y otra página con las, no digo recomendaciones, pues son algo que se puede seguir o no, sino las directrices más importantes, indicando el plazo en que deben factiblemente alcanzarse y las personas encargadas de su cumplimiento. Ninguno de estos tres documentos podrá ser alterado por escalones superiores de la pirámide, ni siquiera para corregir las faltas de ortografía.

Cada una de estas directrices se registrará en una base de datos, con su entidad, plazo y persona responsable de cumplirla. Si pasado el plazo no se ha cumplido, la persona responsable sufrirá una merma del 5% en su salario por cada mes de retraso. Cuando pasen seis meses en esa situación, la persona será destituida.

En cuanto a los indicios de delito, se debería establecer una lista de posibles indicios: préstamos a una empresa ruinosa, condiciones crediticias excepcionalmente ventajosas a directivos de la entidad o familiares,  emolumentos (salarios, bonus, fondos de pensiones, opciones sobre acciones…) disparatados (más de un 25% por encima de la media para ese puesto), etc. Tras la inspección de una entidad, si el inspector halla uno o más de esos indicios, lo remitirá directamente a la fiscalía, para que sea ella la que decida si hay delito o no.

El quinto poder

23 diciembre, 2012 en Economía, Finanzas

El primero es el ejecutivo; el segundo, el legislativo; el tercero, el judicial; el cuarto, el de los medios de comunicación, que yo creo que podría llamarse poder informativo o poder mediático. Y todavía se está decidiendo cuál es el quinto. Según Wikipedia, hay dos corrientes de pensamiento: la primera cree que el quinto poder sería el que ejercen los Gobiernos sobre la economía a través de las empresas públicas y los mecanismos de intervención (por ejemplo, los tipos de interés). La segunda, que el quinto poder sería el de Internet, particularmente los blogs, las wiki y las redes sociales.

Yo discrepo: por un lado creo que el poder que ejercen los Gobiernos sobre la economía es parte del poder ejecutivo y el legislativo. Si el poder es la capacidad de ser obedecido, la acción de un Gobierno para, por ejemplo, reducir el límite de velocidad en las carreteras (medida que no supone intervención en la economía) o para aumentar los impuestos sobre los carburantes (lo que sí afecta a la economía) corresponde exactamente a la misma capacidad.

Por otro lado creo que los blogs, las wiki y las redes sociales son auténticos alfeñiques frente al auténtico quinto poder:

Actualmente los bancos tienen mucha más capacidad que los Gobiernos para incidir en la economía. La Gran Recesión que estamos viviendo desde 2007 no corresponde a un comportamiento desordenado de los Gobiernos, sino de los bancos, al que los Estados no quisieron poner coto. Y no digo «o no pudieron» porque podrían y deberían haberlo hecho. Actuando de modo legal, los bancos tienen la facultad de restringir el crédito a toda la economía en general, limitarlo a unos sectores mientras lo favorecen a otros, cortar completamente el grifo a una empresa en particular sin que lo justifique el estado de sus cuentas, o hacer subir los tipos de interés de la deuda que emiten los Estados hasta cotas que los pongan de rodillas. Actuando de modo ilegal sus facultades son ilimitadas.

La democracia no puede tolerar esto. Si un puñado de señores (son prácticamente todos varones) pueden decidir a su antojo las condiciones de las pensiones de un país, sus leyes laborales, su sanidad o los salarios de los trabajadores, para que a sus ya repletos bolsillos fluya todavía más dinero, eso ya no es democracia; es plutocracia. Además de su injusticia intrínseca y sangrante, se trata de una forma de gestión del mundo absolutamente ineficiente, que lo esquilma, lo lleva de crisis en crisis y hace pagar a la mayoría los platos rotos. Se tienen que poner en marcha cuanto antes las siguientes medidas (enlaces a las páginas de este blog donde las he comentado más extensamente):

• Acabar con los paraísos fiscales, en los cuales los bancos ocultan su identidad para llevar a cabo operaciones impresentables.
• Convertir al BCE en un comprador incondicional de deuda de los estados cuando su prima de riesgo superara los 200 puntos básicos.
• Limitar los salarios de los altos ejecutivos bancarios a diez veces el menor sueldo del banco.
• Trocear las entidades de tamaño sistémico hasta que alcanzaran una magnitud inocua en caso de quiebra; o, alternativamente, hacer el impuesto sobre los beneficios fuertemente progresivo según el tamaño de la entidad: una entidad que tuviera menos del 10% del mercado de crédito pagaría un impuesto del 20%; otra que tuviera entre el 10 y el 20% pagaría el 30%, etc. De esa forma se favorecería una paulatina reducción del tamaño y se conseguiría un mercado de muchas entidades pequeñas, y por tanto con menos poder.

Las soluciones de Botín

15 noviembre, 2012 en Economía, Finanzas

Emilio Botín, Presidente del Banco de Santander, primer banco de España y uno de los mayores y más rentables del mundo, propone en su discurso (Soluciones para el crecimiento y la estabilidad) en la V Conferencia Internacional de Banca celebrada el Boadilla del Campo (Madrid) el 14 de noviembre de 2012, las siguientes soluciones para el sistema financiero europeo:

– Es necesaria una hoja de ruta para escenarios de crisis, y estar convencidos de pertenecer a un proyecto común irreversible.

– Toca dar un impulso a la unión política y, como parte de ello, a la integración fiscal y bancaria.
– Europa debe pasar de ser un lugar de encuentro y articulación de intereses nacionales a compartir una dirección política única que se anteponga y vele por los intereses de toda la Unión y de todos los europeos.
– Es necesario reforzar el sistema financiero europeo fortaleciendo la supervisión.
– Tenemos que hacer más homogéneos los estándares de supervisión, lo que, por ejemplo, permitirá disponer de criterios claros y comparables en los test de estrés.

– Las exigencias de Basilea III están impactando en el volumen y el precio del crédito bancario y, con ello, en la economía. Es un impacto que tenemos que vigilar y tratar de minimizar calibrando bien las medidas, y revisando algunos elementos.
– También es necesario, y así se está haciendo, revisar las ratios de liquidez.
– Además, para que las ratios de capital sean realmente homogéneas, como Basilea III pretende, hay que abordar tareas pendientes, como armonizar el cálculo de los activos ponderados por riesgo.
– Por otro lado, en la identificación de entidades sistémicas es clave que se reconozca el sistema de cortafuegos que introduce la organización de un grupo internacional mediante filiales autónomas en capital y liquidez.

La clave para dotarnos de una banca más fuerte a largo plazo, que desarrolle su función de intermediación en la economía, está no tanto en las normas, como en lograr buena cultura bancaria. ¿Y qué quiero decir con buena cultura bancaria? Fundamentalmente, tener oficio bancario para cumplir bien con la función básica de un banco: intermediar entre ahorro e inversión, gestionando los riesgos y con foco en el cliente. Una buena cultura bancaria habría rechazado los riesgos y las malas prácticas que han destruido entidades financieras en Estados Unidos, en Reino Unido, en España y a lo largo de la Unión Europea.

Para ello hacen falta tres elementos clave.

1. En primer lugar, un gobierno corporativo sólido que garantice la calidad del proceso de toma de decisiones: a) con un Consejo de administración equilibrado, conocedor del negocio y con capacidad para cuestionar las decisiones del equipo gestor, b) Con toma de decisiones colegiadas y con visión a largo plazo; y c) con un equipo gestor con experiencia y con responsabilidades claramente asignadas.
2. En segundo lugar, en banca es fundamental contar con una política de riesgos fuerte e independiente que permita anticiparse a los acontecimientos, introducir en las decisiones todas las variables relevantes, y definir y disciplinar el apetito de riesgo para que la toma de decisiones sea consistente con los intereses de los accionistas y de los clientes
3. En tercer lugar y por último, la cultura bancaria necesita volver a los mejores principios y valores de la Banca (back to basics), orientando la gestión bancaria a las necesidades del cliente, proporcionando crédito y servicios financieros a empresas y familias y por tanto, poniendo la banca al servicio de la economía real.

La banca popular

17 marzo, 2012 en Economía, Finanzas

El problema de la banca son los directivos. Los de la banca privada, para aumentar los beneficios a corto plazo, asumen grandes riesgos que, en ocasiones, llevan al cierre de la entidad o a su rescate con fondos públicos. Los de la banca pública (estoy pensando en las cajas de ahorro españolas) la emplean como una herramienta política (por ejemplo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo favoreció las inversiones de la Generalitat Valenciana), como una agencia de colocación de familiares o como un jugoso limón que hay que exprimir con millonarios sueldos y pensiones autofijados.

«Pero no puede haber una banca sin directivos» dirá alguien. «¿Quién decidiría sobre a quién prestar, cuánto y en qué condiciones?»

Pues ya la hay: las finanzas colaborativas, y más concretamente, las plataformas de Internet donde los particulares se prestan entre sí:

• Zopa
• Prosper
• Funding Circle
• Comunitae (española)
• SociosInversores (española)
• Injoinet (española)

Un miembro inversor decide cuánto quiere prestar, a qué interés, qué plazo e incluso qué tipo de inversión. Un miembro prestatario solo tiene que elegir entre las condiciones ofrecidas. No hay intermediarios, no hay oficinas, no hay servicios extra. Unos invierten dinero y reciben intereses; otros piden prestado y pagan sus cuotas.

Con el problema de crédito que tenemos en España creo que valdría la pena fomentar estas plataformas. Como el peligro que tienen estos sistemas es que los administradores de la web financiera se lleven el dinero, creo que el Estado español debería crear una. No tendría que poner dinero, solamente tener un conjunto de servidores, programarlos y protegerlos de los piratas. El mínimo gasto que ocasiona mantener el sistema informático se compensa más que sobradamente con los efectos beneficiosos en la economía.

Los prestamistas solo podrían ser personas físicas españolas; los prestatarios, autónomos al corriente con Hacienda y la Seguridad Social y sin pérdidas en los dos últimos años. Todas las operaciones se harían con DNI electrónico. Por eso la plataforma debe ser del Estado: es el único que puede comprobarlo todo de manera instantánea. Si la plataforma fuera privada, tendría que tener acceso a la base de datos de Hacienda o de la policía (para los DNI), lo cual no se puede permitir.

El dinero de cada prestamista se repartiría entre al menos veinte prestatarios para minimizar el riesgo de impago. El prestamista tendría la posibilidad de escoger los prestatarios a los que va a ir su dinero.

No hay ningún riesgo para el Estado, puesto que realmente no presta un céntimo. El riesgo lo asumen los prestamistas. Por eso, la plataforma no puede quebrar. A diferencia de un banco, que es depositario del dinero, y que si le exigen más efectivo que el que tiene en caja puede quebrar (pánicos bancarios), a la plataforma de crédito no se le puede exigir dinero, porque no se deposita en la plataforma, sino que se presta directamente de los inversores a los autónomos.

No son necesarios, por tanto, ni el coeficiente de caja, ni la licencia bancaria, ni la supervisión por el banco central, ni emitir acciones, ni tener directivos, ni financiarse en el mercado interbancario, ni ninguna de esas otras pejigueras que lastran lo que debería ser una actividad casi natural: quien tiene dinero que no necesita en el momento lo presta a interés a quien puede ponerlo a funcionar en la economía.

Eso sí, opino que, en estas plataformas,  el Estado no debe nunca ni poner dinero (el Estado británico va a poner dinero en Zopa y Funding Circle) ni avalar el puesto por los inversores, ni conceder desgravaciones a los intereses obtenidos por los inversores. Porque la mejor forma de garantizar el funcionamiento de estas plataformas es que los inversores vigilen su propio dinero y decidan a quién se lo prestan. Si el Estado pone dinero, un funcionario decidirá a quién se presta un dinero que no es suyo. Si avala el puesto por particulares, estos serán menos cuidadosos. Y si ofrece desgravaciones, distorsionará la relación entre riesgo y tipo de interés. Por ejemplo, si los intereses de un depósito bancario soportan un impuesto del 21% y los de una plataforma de préstamos un impuesto de solo el 15%, podría darse el caso de que los inversores de estas plataformas solicitaran por su dinero intereses menores que la banca tradicional, lo cual es absurdo.

El sistema financiero (2 de 2)

9 julio, 2011 en Economía, Finanzas

¿Por qué el sistema financiero nos ha metido en este monumental lío? Primero, por fraude: financieros sin escrúpulos dieron la falsa calificación de máxima solvencia a paquetes de hipotecas basura. Segundo, por un inadecuado sistema de incentivos: los altos directivos cobraban millones aunque sus empresas se hundieran. Tercero, por incumplimiento del deber de supervisión por parte de las autoridades. Y cuarto, por la interconexión total del sistema financiero mundial, que extendió los problemas de un solo país (EE.UU.) por todo el globo.

Hay que atacar las causas una por una. Para dificultar el fraude, los productos financieros complejos se deben, directamente, prohibir. Los bancos comerciales deben dedicarse simplemente a dar servicios a sus cuentacorrientistas (pagar recibos, gestionar cheques, etc. ) y crédito a particulares y empresas. No deben poder titulizar hipotecas ni jugar en bolsa con su autocartera o con acciones de otras empresas (ejemplo del peligro: lo que pasó con Jerôme Kerviel y la Société Générale). Tiene que haber una lista de actividades permitidas, las normales y corrientes para un banco de este tipo, y estar prohibida cualquier otra.

Los bancos de inversión deben estar totalmente separados de los comerciales y tener un tamaño suficientemente pequeño para ser quebrables sin poner en riesgo el sistema. Su rescate por parte de las autoridades financieras debe estar prohibido por ley.

Sólo podrá asegurarse contra la bajada de un activo financiero quien haya adquirido ese activo, y solo podrá asegurarse una vez. Quedarían prohibidos los préstamos de acciones para especular a la baja y los múltiples seguros de impago (Credit Default Swaps, CDS) sobre deuda, especialmente deuda soberana. A este respecto, recomiendo el excelente artículo de Guillermo de la Dehesa en El País Negocios, que también aboga por prohibir los CDS «naked» (literalmente, «desnudos», es decir, que no estén basados en un activo real en posesión del tomador del seguro). Cinco días después de la publicación de esta entrada Xavier Vidal-Folch se manifestaba en el mismo sentido: Que solo puedan asegurarse contra el impago comprando CDS quienes efectivamente posean deudas que deseen asegurar.

Se debe establecer una retribución máxima anual (y digo retribución total, no salario) de los directivos bancarios inferior al medio millón de dólares, un tercio de la cual quedará ingresada en un fondo especial del propio banco. El directivo solo podrá cobrar ese tercio cinco años después de haberse generado, y siempre que en ninguno de esos años el banco haya experimentado pérdidas o necesitado de inyecciones de dinero público.

Hay que acabar de una vez por todas con los paraísos fiscales, esas cloacas donde dictadores, narcotraficantes y terroristas guardan las ganancias exprimidas al resto del mundo. Como medida provisional, cualquier entrada de dinero proveniente de un paraíso fiscal en un país respetable estaría sometido a una retención del 10%. Y cualquier salida en sentido contrario, a otro 10%.

Las autoridades de supervisión deben tener marcados por ley aquellos aspectos de las entidades financieras que deben controlar. Sus funcionarios deben estar sujetos a penas de cárcel si incumplen ese deber. La intervención de una entidad financiera que incumpla las instrucciones del supervisor debe ser inmediata. No puede tirarse ocho años advirtiéndole «en serio», como en el caso de Cajasur y el Banco de España.