Empleo

Teoría de la inspección óptima

Sea una empresa que debe cumplir una determinada normativa V. Cumplirla le supone un coste f·C, siendo C su cifra de negocios (facturación) en las unidades monetarias del país donde está radicada, y f un número adimensional entre 0 y 1, en principio de un valor pequeño, como 0,01 o 0,02. Asimismo, incumplirla supone un daño social d·C, siendo d un número adimensional entre 0 y 1.

Si la incumple, la empresa añadirá f·C a sus beneficios, pero, si es inspeccionada, se arriesga a una multa m·C, siendo m un número adimensional mayor que 0. La probabilidad de que la empresa sea inspeccionada en un año natural es p. Ese año natural también es el año del ejercicio económico. En el país hay E empresas sujetas a la normativa V, y S inspectores de dicha normativa. Estos inspectores trabajan 47 semanas al año, 40 horas por semana. Determinar si una empresa cumple la normativa lleva h·C horas1, siendo h un número positivo de dimensión horas/unidad monetaria (que en este artículo se simbolizará con €, sin que eso restrinja la ubicación geográfica de la empresa) y con un valor de algunas millonésimas. Por ejemplo una empresa que facture 100 millones de € se inspeccionará en 20 horas.
Cada inspector cuesta al Estado 40 000 € al año, siendo esta cantidad el salario bruto del inspector más las cotizaciones a la Seguridad Social menos lo que el inspector paga por IRPF.
La distribución de la cifra de negocios de las E empresas es exponencial: hay muchas que tienen una cifra de negocios de 1 M€, pocas de 10 M€, y la mayor factura 900 M€, distanciándose considerablemente de la segunda, que solo factura 500 M€. La facturación media Cm es 20 M€.
La infracción de la normativa prescribe en un plazo P, que de momento, para hacer los cálculos que responderán a las preguntas que se van a plantear, se fija en 5 años. El inspector es capaz de averiguar, si hay incumplimiento, el momento en que se ha producido. Por ejemplo, inspecciona la empresa en un año a. Halla que, en ese momento, la empresa está cumpliendo la normativa, pero en el año a-3 la incumplía. Puede entonces poner la multa m·C. La multa es igual tanto si en el momento de la inspección la empresa está cumpliendo la normativa como si la incumplió en un pasado dentro de este plazo de prescripción, y siempre se aplica sobre la facturación del año en que se incumplió que, como se ha dicho, no tiene por qué coincidir con el año de inspección.
Un programa informático sortea de manera perfecta las empresas que se van a inspeccionar. Todas las empresas entran en el sorteo cada vez. Es decir, que una empresa haya sido inspeccionada no la libra de entrar en el siguiente sorteo.
Para simplificar se supone que no hay inflación, que tanto los sueldos de los inspectores como las facturaciones de las empresas son constantes, y que no varía el número de empresas. Aunque por supuesto las sanciones pueden ser recurridas, los tribunales siempre dan la razón al Estado, y al final, se pagan2.
Preguntas:
  1. Suponiendo que el número de empresas E es 100 000, el número S de inspectores es 10, f = 0,01 y m = 0,03 ¿cuál es el riesgo para una empresa de incumplir la normativa?
  2. En la situación anterior ¿mantener la inspección supone para el Estado un ingreso o un gasto? ¿Y si se tiene en cuenta que el daño social por el incumplimiento d = 0,02?
Solución: en el período de prescripción P (5 años) se realizan 5 · 47 · 40 · 10 = 94 000 horas de inspección. Inspeccionar a la empresa media lleva 4 horas (si una empresa que facture 100 M€ se inspecciona en 20 horas, una que facture 20 M€ (Cm) se examina en la quinta parte de tiempo. Se habrán realizado, por tanto, 23 500 inspecciones. La probabilidad de que, en 5 años, una empresa sea inspeccionada es 23 500/100 000 = 0,235. Si incumple, el gasto esperable es 0,235 · m · C = 0,00705 · C. Mientras que si cumple, el gasto, en ese período de 5 años, es de 5 · f · C = 0,05 · C. Por tanto, con los parámetros fijados en estos valores, a la empresa le sale rentable incumplir la normativa.
Cabe esperar, por tanto, un grado de incumplimiento alto. Supongamos que es el 90 %. En esta situación lo recaudado por multas es 0,9 · 23 500 · m · Cm = 12 690 M€ cada 5 años. Si en esos años se han pagado a los inspectores 5 · S · 40 000 = 2 M€ parece que la situación sale al Estado muy rentable. Ahora bien, si tenemos en cuenta el daño social, la pérdida para el Estado es de esos 2 M€ + 0,9 · E · d · 5· Cm = 182 000 M€ cada 5 años. Queda claro así que es una ruina.
Obviamente este daño social dependerá de la normativa que se incumpla. Si es una normativa recaudatoria, el Estado perderá esa recaudación, y, si no está sujeto a restricciones de déficit, deberá compensarla con emisiones de deuda (a un interés cuantificable, que será el daño). Si, en cambio está sujeto a restricciones, calcular el daño se vuelve más difícil, pero siempre se puede hacer una estimación razonable. En otro orden de cosas, si el incumplimiento es no pagar las cotizaciones a la Seguridad Social por todas las horas realmente trabajadas, el daño se puede cuantificar con la pensión media y los ingresos brutos que esos trabajadores, cuando se jubilaran, perderían respecto a si se hubieran hecho los pagos correctos.
Se han expuesto los parámetros que deben tenerse en cuenta para que, en una situación real, donde vendrán dados Cm, d, E, h y coste de los inspectores, el responsable político ajuste P, m y S para minimizar prudentemente el daño social, sin que eso suponga un gasto desproporcionado para el Estado en inspectores ni para el sector empresarial en multas. Se cree recomendable reducir la normativa al mínimo imprescindible y facilitar a las empresas su cumplimiento, automatizándolo todo lo posible, de modo que el personal de las empresas no tenga que realizar tareas adicionales. Un buen ejemplo es el sistema de Suministro Inmediato de Información (SII) del IVA. Por supuesto la normativa debe perseguir fines que tengan suficiente apoyo social y elaborarse con la máxima colaboración de las empresas.
1 Cuanto mayor es la cifra de negocios de la empresa, más horas lleva determinarlo. Para simplificar se ha puesto una relación lineal, pero es posible que la relación sea logarítmica, k+h·log(C).
2 Si se hacen los cálculos para un supuesto real, habrá que tener en cuenta las ratios ([número de multas no recurridas + veces que los tribunales dan la razón al Estado en las recurridas]/nº de multas impuestas) y (nº de multas que al final se consiguen cobrar/nº de multas impuestas).
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Crear valor

Tal como contaba en Combatir la pobreza, en un entorno no desfavorable, una sociedad humana que funcione correctamente tiende a acumular riqueza. En el mundo actual estamos asistiendo a una destrucción acelerada de valor. Un ejemplo son los tipos de interés nominalmente nulos en Europa, y en la práctica, negativos, pues la inflación persiste. Otro tanto les sucede a las bolsas europeas. Más grave aún es el declive poblacional, tildado por algunos de suicidio demográfico. Sin confianza en el futuro, las personas fértiles no tienen todos los hijos que querrían tener, y que superarían la tasa de reposición (2,1 hijos por mujer). Una desconfianza plenamente justificada por los bajos salarios, la inseguridad laboral y la carestía de la vivienda.

Resulta paradójico, pero lo que crea valor (algo inmaterial) es la confianza. A comienzos de junio de 2019 se están hundiendo las bolsas mundiales (destruyendo por tanto el valor acumulado de las acciones que allí se negocian) porque la decisión de Trump de represaliar con aranceles a México para que frene la inmigración ilegal extiende el temor a un desencadenamiento de políticas similares en todo el mundo.

Para crear valor hay que generar confianza. Y la confianza se genera, en primer lugar, no amenazando. En segundo lugar, evaluando correctamente la situación, sin histrionismos ni alarmismos. Y en tercer lugar, poniendo en marcha medidas paulatinas, eficaces y consensuadas, y vigilando la respuesta que obtienen.

El primer paso para empezar a crear valor es renunciar a imposiciones arancelarias unilaterales, y dejar que la Organización Mundial del Comercio vaya levantando poco a poco las barreras que todavía persisten. El segundo es la aplicación estricta del Acuerdo de París contra el cambio climático. Si no hay futuro, y la tendencia actual va hacia catástrofes climáticas que podrían ocasionar la pérdida de entre el 15 y el 25 % del PIB mundial (en 2018 este fue de 78,9 billones de dólares, por lo que estas pérdidas alcanzarían los 20 billones de dólares), entonces es imposible que los bienes valgan más.

Imaginemos una aldea amenazada por un posible incendio donde los habitantes se enfrentan a la posibilidad de vender sus propiedades o arriesgarse a que el fuego las arrase. La reacción normal será vender a precio de derribo, con lo que todo el valor de casas y cultivos se reducirá prácticamente a cero ANTES siquiera de que las llamas hayan rozado un tejado. Quedará destruido el valor de los bienes, toda una vida de trabajo, esfuerzo y privaciones, incluso de los que se nieguen a vender. Porque el precio de algo no se genera por los esfuerzos que ha costado fabricarlo, sino por la utilidad previsible que le va a sacar quien piensa en comprarlo. Por eso, para crear valor, es necesario crear confianza en el futuro. Hay que sustituir la confrontación por la negociación. Una mala paz siempre es mejor que una buena guerra.

De modo más particular, se crea valor para un país, o incluso para una empresa, si se administra correctamente: si se toman las medidas adecuadas para que prospere, para que venda bien sus productos o servicios, para que forme a sus ciudadanos o empleados, para que cuide su salud y bienestar. Todo ello hace que más empresas quieran instalarse en ese país y (repito: si se administra correctamente) aumente el precio de sus suelos, crezcan los salarios y se incremente la prosperidad.

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Los cursos de formación

Los cursos de formación a desempleados, y de reciclaje profesional, son en España, desgraciadamente, pasto de ladrones. Tres de cada cuatro cursos que revisó el Tribunal de Cuentas en noviembre de 2014 presentaban irregularidades: como botón de muestra, hubo un alumno superaplicado que se apuntó A CIENTO UN CURSOS.

En Andalucía el escándalo de los ERE se mezcla con el de cursos de formación . Este último podría ascender a 950 millones de euros (el importe de las subvenciones entre 2008 y 2011 no justificadas debido al sistema de exoneraciones). Hay abiertas investigaciones en siete de las ocho provincias de la comunidad.
En Madrid, el caso Aneri   asciende a diecisiete millones de euros malversados. 

Jordi Évole dedicó un programa entero a esta plaga, y además de los habituales alumnos inexistentes y firmas falsas, denunció que empresas de formación secuestran a la fuerza parte del sueldo de los profesores, acompañándolos al banco a cobrar el cheque, y quedándose con una cantidad. Si no lo aceptan, no los vuelven a contratar. Esto es chantaje mafioso en estado puro. Absolutamente intolerable. 

El Gobierno de Susana Díaz va a cambiar el sistema de adjudicación para que absolutamente todas las convocatorias se hagan por concurso público, y sin exoneraciones. Se fijará también el tope de dinero que una misma entidad puede recibir para que se repartan los cursos entre más adjudicatarios.

En todo el caso, tan malo es que se robe el dinero y no se imparta el curso como que se imparta un curso que no le sirva al desempleado para encontrar trabajo. Un problema menor sería que se imparta a diez parados un curso que efectivamente les facilite salir de esa situación, pero que se cobre al Estado como si se hubiera impartido a quince, por ejemplo falsificando firmas de asistentes.

Hay que acabar con este saqueo de una santa vez. Todo robo del dinero público es inadmisible, pero cuando contribuye a agravar el principal problema del país, lo es doblemente. Para ello es necesario tomar medidas que, primordialmente, aseguren que el curso le va a servir realmente al desempleado (o va a servir efectivamente para el reciclaje profesional del trabajador). Secundariamente, medidas que garanticen que el curso se imparte y se cobra al Estado por el número auténtico de alumnos que lo han recibido. Y en un tercer escalón, medidas para impedir que los profesores sean extorsionados.

Grupo 1

– Solo se podrán impartir cursos que hayan pedido efectivamente los posibles alumnos, o en los que las empresas que podrían contratar trabajadores estén interesadas. Es decir, las Administraciones no podrán tener un catálogo de cursos inútiles, como corte y confección o mecanografía, ofrecerlos, y decir que gastan en formación. Basta de paripés. Serán los alumnos los que, a través de una página específica de Internet, y verificando su identidad, podrán pedir periódicamente un curso en el que estén interesados. Por ejemplo, una secretaria en paro pide un curso de programación de aplicaciones para smartphone. Un tornero que está trabajando solicita un curso de CNC (Computer Numerical Control). Un desempleado tendría derecho a solicitar un curso cada, digamos, dos meses, y un empleado, cada seis. El catálogo de la página sería totalmente abierto, es decir, estaría organizado por temas generales (informática, mecánica, electricidad, albañilería…) pero dentro de cada rama específica, si el curso que interesa al alumno no existe, la página le permite añadirlo al catálogo, y además, que otros que vengan después de él también lo pidan. Para las empresas, igual, solo que en lugar de DNI electrónico se identificarían con el certificado electrónico de la empresa. Obviamente, los alumnos podrían ver cuáles son los cursos más solicitados por las empresas. Las empresas que ejercieran actividades de formación no podrían solicitar cursos (para evitar que solicitaran aquellos que ya imparten, que son muy cucas).

– Cuando se alcance un determinado número de solicitudes para un curso, la Administración estará obligada a impartirlo, especialmente si el número de empresas solicitantes es elevado y hay un número suficiente de alumnos que lo han pedido. No podrá alegar que no hay profesores, material o locales. Que los busque.

– Si un posible alumno solicitó un curso que se va a celebrar, pero en otra localidad, tiene derecho a beca. Se le adelanta primero la mitad del dinero. Cuando termine el curso, debe pasar un examen sobre los conocimientos impartidos. Si lo aprueba, se le da la otra mitad. Si lo suspende, debe devolver lo que se le adelantó.

Grupo 2

– Todos los cursos serán presenciales. Es absolutamente lamentable que la trapacería hispánica obligue a ir contra los tiempos. ¡Con lo baratos y eficientes que serían cursos telemáticos! Pero conociéndonos, no queda otra. Informáticamente es demasiado fácil falsificar asistencias y seguimiento de cursos telemáticos.

– Los cursos solamente los impartirán empresas contratadas por la Administración (los organismos estatales o autonómicos de empleo) a través de concursos públicos y transparentes. No los podrán impartir, ni contratar, sindicatos ni asociaciones empresariales. Dejarán de recibir fondos para este fin. Demasiadas veces han hecho mal uso del dinero público. La Administración se corromperá, por supuesto, pero si todos están en la pomada, será mucho más difícil que se denuncie y combata la corrupción . Ejemplos: las tarjetas de Cajamadrid y el asesinato en el Orient Express: como todos eran cómplices, nadie decía palabra. 

– Antes de empezar cada jornada del curso, el profesor pasa lista de un modo muy riguroso: los alumnos, de pie junto a él, van diciendo su nombre. El profesor comprueba que está en la lista, y en ese caso, el alumno le entrega su DNI. El profesor comprueba que es auténtico y corresponde al nombre. Entonces el alumno firma en su cuadro de la lista, bajo la mirada del profesor, y el profesor introduce el DNI por la ranura de una caja cerrada con llave, que solo él tiene y de la que es responsable. Solo lo entregará cuando termine la jornada del curso (en ningún otro caso, ni para desayunar, ni para almorzar, ni aunque el alumno tenga que irse urgentemente al hospital). 

– Habrá inspectores de formación. Cada día inspeccionarán al menos cuatro cursos, seleccionados al azar por un programa informático entre los que se estén impartiendo ese día en la localidad (o en la provincia). Avisar a la empresa que imparte los cursos de que se la va a inspeccionar será delito grave de revelación de secretos. El inspector llevará una cámara de vídeo portátil que, al entrar en la empresa, pondrá a grabar, y solo parará cuando salga. El profesor entrará en el local donde se imparta el curso, pedirá al profesor que abra la caja y comprobará los carnés con los alumnos que estén efectivamente presentes. Cualquier irregularidad que advierta será causa de la suspensión automática y definitiva del curso, que no se pague a la empresa y las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Cuando el inspector vuelva a las oficinas de la Administración, volcará las grabaciones en el sistema informático. Sus superiores tendrán la obligación de revisar al menos una de ellas cada dos días.

– No se podrán presentar a concursos empresas en las que los inspectores hayan detectado irregularidades, ni tampoco empresas que tengan administradores, consejeros o apoderados que lo fueron anteriormente de empresas tramposas.

Grupo 3

– La empresa adjudicataria de los cursos pagará siempre a los profesores mediante ingreso en la cuenta del profesor (no en efectivo ni por cheque).

– La empresa comunicará a la Administración los datos de los profesores que haya seleccionado para impartir el curso.

– La Administración advertirá expresamente a los profesores por carta que, si la empresa les exige parte de su salario para contratarlos, deben comunicar a la Administración esa práctica. En ese caso la Administración denunciará a la empresa ante los tribunales por chantaje y delito contra los derechos de los trabajadores, suspenderá inmediatamente el curso y su pago, y excluirá a la empresa de posteriores concursos.

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Crear casi tres millones de empleos

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) en su documento La recuperación económica en España ganará fuerza en 2014-2015 propuso el lunes 3 de noviembre de 2014 una batería de medidas económicas encaminadas a reducir el paro en España desde el entorno actual del 24% al 10% en 2018.

La primera de ellas tiene que ver con cambios en elmarco institucional y el aumento del tamaño de las empresas. En concreto, proponen “eliminar las barreras legales (laborales, regulatorias y fiscales) que tienen las compañías a la hora de aumentar su volumen de negocio, así como facilitar las condiciones financieras para realizar fusiones y adquisiciones”. El objetivo del CEC con ello es duplicar las empresas de más de 250 trabajadores (que son apenas 3.800 de los tres millones de empresas que existen) y aumentar un 60% las medianas que emplean entre 50 y 250 asalariados (actualmente unas 24.000). Esto generaría, según sus cálculos, 400.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años.

Para ello, el CEC pide que se duplique el presupuesto para políticas activas de empleo, se aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales, y se cambien las actitudes frente al fraude. Los empresarios sostienen que con estas propuestas se pueden aflorar 827.000 empleos sumergidos hasta 2018, lo que redundaría en una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB.

Según las pesquisas del CEC, 307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal.  

Serían necesarias (dice el CEC, yo no estoy de acuerdo) “al menos, medidas adicionales permanentes” que supondrían ajustes por valor de unos 30.000 millones de euros hasta 2018. Estos deberán “recaer en mayor medida en recortes en el gasto frente a un incremento de ingresos”. Así,destacan sus propuestas de ajustes de gastos en personal por 5.000 millones; fusión de ayuntamientos, que ahorraría otros 6.000 millones o medidas de reestructuración de todo el sector público que podrían significar hasta 17.500 millones menos de gasto.Para lograr la reducción de la deuda, a estos ajustes debería añadirse la necesidad de privatizar activos públicos por valor de unos 35.000 millones de euros.

Como he explicado en la entrada Las cifras objetivo, no comparto que España necesite una reducción del gasto público. Yo creo que necesita mantenerlo, y los recursos para tener superávit e ir reduciendo la deuda, sacarlos de una lucha más eficaz y decidida contra el fraude y la elusión. En ese aspecto sí que estoy plenamente de acuerdo con el CEC. 

Tampoco es posible aplicar en España el «remedio» de aumentar los impuestos indirectos sin empeorar la enfermedad: la debilidad del consumo. Ya se vio con el aumento del IVA del 18 al 21% en septiembre de 2012. 

Con el fin de obtener los otros 1,9 puntos de recorte del paro atribuibles a la mejora del conocimiento y la energía, proponen aumentar el actual 1,3% del PIB que se destina a I+D al 3%. Este aumento deberá provenir, almenos en sus dos terceras partes de la inversión privada (que actualmente es del 55%). Asimismo, apuestan por aumentar considerablemente la inversión de intangibles (información digitalizada; I+D y nuevos productos; marca etc.).

En cuanto a las inversiones energéticas, creen que se requerirá destinar 18.000 millones en cuatro años a eliminar de las tarifas los costes no relacionados con la producción y distribución de energía y repartir entre todos los sectores la carga fiscal del cumplimiento de los objetivos medioambientales, entre otras cosas. En cuanto a la mejora de la excelencia educativa, el CEC reclama una reforma que ligue las remuneraciones de los profesores a objetivos; y se cree, entre otras cosas, un “programa de vales/cheques” para escuelas tanto públicas como privadas, según el cual “competirían por los recursos que proveen las Administraciones públicas”.

Las cuentas del CEC:

  •  Aumentar el tamaño de las empresas y su productividad. 400.000 empleos.
  •  Apuesta por la internacionalización de las empresas. 700.000 empleos.
  •  Mejorar el nivel educativo con mayores recursos y cualificación especializada. 200.000 empleos.
  •  Acelerar la economía del conocimiento con el desarrollo digital y del I+D. 130.000 empleos.
  •  Una política energética sostenible. 100.000 empleos.
  •  Afloramiento del trabajo sumergido. 800.000 empleos.
  •  Crecimiento económico. En torno a 600.000 empleos.

TOTAL: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL EMPLEOS

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Combatir la desigualdad

Podríamos definir la desigualdad como la diferencia entre los ingresos del 20% de los ciudadanos más ricos de un país y el 20% más pobre. En esta entrada trataré solamente la desigualdad dentro de un mismo país. Por supuesto, la desigualdad entre los países ricos y pobres es mucho mayor y mucho más grave, ya que por ella mueren millones de personas de hambre y enfermedades evitables. Pero las medidas necesarias para combatirla son muy diferentes.

En 2011 el 20% más rico de los españoles ganaba 7,5 veces más que el 20% más pobre. En cambio, en Noruega la diferencia es de solo 3,3 veces. Esto no parece necesariamente malo en sí. No parece intrínsecamente malo que haya ricos y pobres; lo intrínsecamente malo es que haya personas que no puedan satisfacer dignamente sus necesidades de comida, calor y vivienda.

Pero el problema es que dejar crecer la desigualdad empeora progresivamente la situación de la inmensa mayoría de la población y hace al país más vulnerable a las crisis económicas. Porque si los ingresos están repartidos de una forma más homogénea, hay más empleos (más gente tiene dinero para gastarlo en bienes y servicios diversos, que han de proporcionarse sirviéndose de otras personas), mejor pagados y el país es económicamente más estable. En cambio, la concentración de ingresos en un sector reducido de la población crea menos empleos (los empleos generados por cada unidad monetaria de más ingresada por los más ricos son muy inferiores a si esa unidad la ingresan los más pobres) y fomenta la economía especulativa, las burbujas y los reventones.

Por ejemplo, dice Paul Krugman: «Después de que estallase la crisis, el trasvase continuo de los ingresos de la clase media a una pequeña élite lastró la demanda de los consumidores, de manera que la desigualdad tiene que ver tanto con la crisis económica como con la debilidad de la recuperación posterior.»

Según el Fondo Monetario Internacional, la igualdad económica favorece el crecimiento de un país más que la baja corrupción, la baja deuda, el libre comercio o la inversión extranjera.

Un reciente metaestudio basado la comparación de más de 150 artículos científicos revela que los países con mayores desigualdades económicas tienen mayores problemas de salud mental y drogas, menores niveles de salud física, menor esperanza de vida, peores rendimientos académicos y mayores índices de embarazos juveniles no deseados.

Suscribo por tanto las siguientes propuestas del artículo Intervenir en el mercado publicado por Pedro Saura García en El País del 28 de enero de 2014:

  1. Apuesta decidida por unas relaciones económicas internacionales que eviten el dumping social, medioambiental y sanitario.
  2. Evitar la competencia a la baja de los impuestos entre países.
  3. Combatir los paraísos fiscales, idealmente hasta conseguir la total transparencia de las finanzas internacionales, tanto empresariales como personales.
  4. Educación que elimine cualquier tipo de segregación.
  5. Impuestos altos sobre sucesiones y grandes fortunas.
  6. Política económica que gravite sobre la incorporación de la innovación y el conocimiento.
  7. Políticas públicas que estimulen la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa.
  8. Mayor transparencia para que los accionistas y los trabajadores conozcan las razones que explican los emolumentos de sus ejecutivos y directivos.
  9. Negociación colectiva equilibrada entre trabajadores y empresarios que evite condiciones de trabajo y salarios indignos.
  10. Reforma del mercado de trabajo que permita un empleo más estable al principio de la vida laboral de los jóvenes.
  11. Incremento del salario mínimo acompasado al aprendizaje y a la productividad del trabajador.
  12. Regeneración de nuestras instituciones que elimine privilegios de todo tipo, posibilitando una verdadera competencia en los mercados de bienes y servicios.
  13. Igualdad en el acceso al crédito de todoslos empresarios.
  14. Que paguen impuestos los que no lo hacen.
  15. Asignación por méritos objetivos y contrastados de los puestos no políticos en los organismos que controlan el mercado y luchan contra el fraude (Agencia Tributaria, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Tribunal de Cuentas, Banco de España, etc.) en vez de asignarlos por amiguismo, fidelidad o conveniencia política.

 

En todo caso, añado, la mejor forma de combatir la desigualdad es consiguiendo que el paro sea bajo (inferior al 5%) sin rebajar el salario mínimo. Esto se logra, por un lado, combatiendo eficazmente el fraude fiscal (cosa que produce mucho mejores resultados que freír a impuestos a los ricos) y pagando con el dinero recaudado una buena educación, una buena sanidad y unos buenos centros de cuidado de niños y mayores (todo ello genera muchísimos empleos). Y por otro lado, formando a los trabajadores en los conocimientos que el mercado requiere (esto ya lo he dicho varias veces en este blog, pero lo seguiré repitiendo hasta que suceda).

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Nuestro inmenso potencial

España se encuentra en este año 2013 en una situación económica lamentable, pero posee potencial de sobra para salir de ella, porque atesora una serie de características, conocimientos y habilidades que el mundo actual valora muchísimo. Hay que desarrollarlos tanto como nos sea posible y empezar a generar los empleos que nos saquen del atolladero.

  • Tenemos bien ganado nuestro prestigio culinario. Hay que favorecer, por un lado, el turismo gourmet, donde, además de alojar a los visitantes en buenos hoteles y llevarlos a museos y monumentos, pasen también por los mejores restaurantes. Se podrían promover recorridos donde almuerzos y cenas solo se sirvieran en establecimientos con al menos una estrella Michelin.
  • Por otro lado hay que aprovechar la celebridad de nuestros chefs para organizar a su alrededor facultades internacionales de cocina, con enseñanzas regladas, títulos universitarios y el inglés como lengua de enseñanza.
  • España es uno de los países más seguros del mundo en cuestión de delincuencia. Hay que cuidar que lo siga siendo, en todas partes, pero especialmente en las zonas turísticas, y promocionarlo entre los posibles visitantes más temerosos. Igualmente hay que promover unas calles limpias, unas vías de comunicación bien señalizadas e impulsar una eliminación de las ruinas sin valor arquitectónico que afean el paisaje urbano y el interurbano.
  • Nuestro estilo de vivir nos lleva a la segunda esperanza de vida más alta del mundo, solo después de Japón. Pero los hábitos de los japoneses gozan de menos admiración internacional que los españoles, y tienen, por tanto, menor poder de atracción. Un ejemplo. Tanto «sake» (el licor de arroz tradicional japonés) como «sangria» (sin acento) son palabras inglesas. ¿Pero cuál despertará más atracción en un inglés? Es cuestión de aprovechar este prestigio para promover turismo de vida sana: dieta mediterránea tradicional, incluso orgánica o vegetariana, paseos, excursiones en bicicleta…
  • El sistema sanitario español también es de los mejores del mundo: consigue muy bajos índices de morbilidad y mortalidad a un coste muy razonable (a costa de la cuasi esclavitud del personal sanitario, pero ésa es otra cuestión). Hay que dejarse de intentos de privatizar o externalizar, que no consiguen disminuir el coste, pero sí lo desprestigian, y empezar a extraer dinero y empleo de él. ¿Cómo? Promoviéndolo, especialmente en EE.UU., donde causa admiración. En las facultades de medicina hay que crear cátedras de gestión sanitaria destinada a personal internacional, y conseguir que miles y miles de cuadros norteamericanos vengan a aprender.
  • El sistema de transplantes es, directamente, el mejor del mundo. Alemania nos lo quiere copiar. Santo y bueno. Pero en la situación que estamos, hay que sacar partido de algo de una calidad tan admirable. Sin corromperlo, por supuesto. Simplemente enseñándolo (en el sentido docente) a un precio razonable y con el personal necesario. No solo a Alemania, sino a cualquier país que lo desee.
  • Otros triunfos de España despiertan también admiración global. No es solo la selección de fútbol, sino también nuestros tenistas y nuestros motoristas. Se deberían crear escuelas internacionales de esos deportes en los que destacamos. Preferiblemente privadas, pero vigiladas por el Estado para garantizar la calidad de la enseñanza y la satisfacción de los alumnos.
  • España es una potencia en energías renovables. Puede hacerse de oro si emplea su experiencia técnica, organizativa y económica para implantarlas en otros países que las necesitan desesperadamente, por ejemplo, China, ahogada en la contaminación de sus plantas de carbón y con tanto dinero para gastar que pensarlo provoca mareos.
  •  También destaca en obras públicas. Está construyendo el nuevo Canal de Panamá, el AVE a La Meca, y muchas más. Uno de los pocos campos en que lo que se tiene que hacer ya se está haciendo.

Por citar tan solo algunas posibilidades. Todos agradeceremos que, si a quienes lean esta entrada se les ocurre alguna más, la describan con detalle en un comentario.

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Los tipos de contrato de trabajo

De acuerdo con la página específica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en España hay diecisiete tipos de contrato de trabajo (mayo de 2013):

  • Contrato indefinido
  • Contrato indefinido de fijos discontinuos
  • Contratos acogidos al Programa de Fomento del Empleo
  • Contrato para  personas con discapacidad
  • Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores
  • Contrato para la formación y el aprendizaje
  • Contratos en prácticas
  • Contrato para trabajadores desempleados en situación de exclusión social en empresas de inserción
  • Contrato de obra o servicio determinado
  • Contrato eventual por circunstancias de la producción
  • Contrato de interinidad
  • Contratación en sustitución por anticipación de la edad de jubilación
  • Contrato de relevo
  • Contrato a tiempo parcial
  • Contrato de trabajo de grupo
  • Contrato para el trabajo a distancia
  • Contratos del personal investigador en formación

Hay tantos porque para favorecer el empleo de determinados colectivos (discapacitados, desempleados de larga duración, etc.) se crea un tipo de contrato para cada situación. Esto tiene su lógica, pero complica innecesariamente la legislación laboral. Y además da pie a los que, interesadamente y contra la evidencia empírica, propugnan que un único tipo de contrato (con peores condiciones para el trabajador, claro) ayudará a paliar el gigantesco desempleo en España.

El Profesor de Sociología Sergio González Begega lo explica muy bien en este artículo sobre los efectos de la reforma laboral de 2012 cuyo título lo dice todo: Una trituradora de empleo:

La reforma laboral de 2012 fue diseñada bajo el convencimiento de que nuestro mercado laboral es ineficiente porque sus reglas son malas y que estas ineficiencias muestran su cara más dramática en situaciones de crisis, cuando contribuyen a destruir empleo. Sin embargo, tras un año, los efectos de la reforma sobre nuestro mercado de trabajo son muy negativos. Se ha erosionado la seguridad de los puestos de trabajo estables y no se ha hecho nada con el resto. Hay mucho menos empleo y es más precario.

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Aunque el Gobierno, empujado por Bruselas, siga defendiendo la idoneidad de la reforma y señale que, ante un eventual cambio de coyuntura económica, contribuirá al crecimiento de la contratación y a la recuperación del empleo, lo cierto es que este tipo de afirmaciones se mueve más entre el deseo y la promesa. Porque lo que verdaderamente tendrá capacidad para crear empleo en un futuro, si la incertidumbre se despeja, será la inflexión del ciclo económico y la recuperación de la demanda en el mercado de bienes y de servicios. Y la reforma, con sus efectos depresivos sobre la economía, no ayuda precisamente a ello.

Las reglas del mercado de trabajo no crean empleo. Al menos, no por sí solas. Orientan, eso sí, el tipo de empleo del que se dispone o que se pueda crear, más robusto o menos resistente.

Por tanto, es perfectamente inútil, e incluso contraproducente, abaratar más el despido. Si el propósito del contrato único es reducir la protección al trabajador, ya se ha visto que eso no creará empleo. Yo creo que en realidad solo tienen sentido tres tipos de contrato: el indefinido, cuando la persona es contratada (a tiempo total o parcial, todo el año o en un período específico) para una tarea que no se presupone que vaya a tener un fin; el de interinidad, cuando la persona es contratada para sustituir a otra de baja médica, que no se sabe cuánto va a durar; y el temporal, cuando la persona es contratada para un trabajo de una duración definida en el tiempo (por ejemplo, la obra de un edificio). Los contratos temporal y de interinidad no tendrían derecho a indemnización por despido, puesto que se celebran con el conocimiento de las dos partes sobre su posible término, pero el indefinido sí.

Los colectivos con dificultades de empleabilidad (jóvenes sin experiencia, mayores de cincuenta años, discapacitados…) tendrían que ser favorecidos, no con tipos de contrato específico, sino con bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, un método que complica menos la legislación y permite ajustes más sencillos (por ejemplo, si por contratar a un mayor de 50 años se bonifica el 50% de las cuotas, pero aun así no se contrata a los suficientes, se puede aumentar la bonificación al 70%).

En los contratos indefinidos no se debería aumentar ni reducir el número de días de indemnización; lo que habría que hacer es favorecer un mecanismo de ajuste rápido de la fuerza laboral sin el trauma del despido y sin coste para las empresas, como hacen en Alemania con excelentes resultados.

Por ejemplo: una empresa industrial tiene 10 trabajadores con un salario bruto (incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social) de 2.000 euros mensuales. Las ventas de esa empresa caen el 20%. En lugar de despedir a 2 trabajadores, el mecanismo que propongo permite acudir a la Seguridad Social, reducir un 20% el horario de trabajo, reducir otro 20% el salario pagado por la empresa a los trabajadores y que la Seguridad Social se haga cargo de la mayor parte de la diferencia (digamos un 15%, con lo cual los trabajadores tendrían 20% menos de horario, pero solo 5% menos de sueldo). Esto mantendría el empleo, permitiría dar a los trabajadores cursos de reciclaje o ampliación de conocimientos, mantendría en la práctica el poder adquisitivo de la fuerza de trabajo y alejaría el temor al paro (que hace que se consuma mucho menos).

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Medidas urgentes contra el paro

Hoy, 25 de abril de 2013, España supera los SEIS MILLONES DE PARADOS. Es una tragedia, una catástrofe. Pero lo peor es que se podrían hacer muchas cosas para paliarla y no se hace nada.

Xavier Vidal-Folch, en su artículo de hoy, propone lo siguiente:

Uno: políticas activas de empleo como el reciclaje, la formación, los institutos de ocupación. Figuran en el repertorio de consejas europeas al menos desde junio, y apenas nada se ha hecho.

Dos: fomento de las exportaciones, de las que tanto se llenan la boca todos (el propio Rajoy en el debate sobre el Estado de la nación) como único indicio feliz en esta recesión, y nadie hace nada nuevo en la Administración. Lean las propuestas de El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española, el documento 167 del Instituto de la Empresa Familiar (www.iefamilar.com). Hay materia.

Y tres: reforma fiscal integral, en vez de la histérica yenka retórica de subir / bajar impuestos. Lo primero es simplificar el bosque, cercenar la mayoría de deducciones que desnaturalizan y distorsionan el objetivo de cada impuesto, y acabar con las micromedidas sin visión de conjunto. Bastante de ello figura en el muy reciente proyecto socialista Bases para la reforma fiscal (www.psoe.es), que el Gobierno prefiere, de momento, despreciar. Haría mejor en leerlo, igual le da alguna idea.

Durante mucho tiempo he venido proponiendo ideas para el problema más grave de España. Por ejemplo, el 1 de mayo de 2011, cuando no habíamos llegado a los cinco millones:

Para combatir esto es necesario que el Organismo Nacional de Empleo investigue los conocimientos y habilidades que el mercado demanda (porque se siguen ofreciendo puestos, que no se cubren) y forme a las personas necesarias. Si por ejemplo hacen falta 200 técnicos de gestión de residuos, y sólo 50 personas se apuntan al curso, se ofrecen los euros que sean necesarios por cursarlo (¿1000? ¿2000? ¿5000?) hasta que se cubran las 200 plazas. También se deben aumentar los incentivos para los que cambien de localidad de residencia con el fin de ocupar un puesto laboral. Ya existen, pero a la vista de las diferencias en las cifras de paro de las autonomías, está claro que no funcionan.

El 6 de mayo de 2011:

En España el empleo total en los servicios comunitarios (salud, educación, servicios sociales, administración) es del 12,3%, mientras que en la UE 15 es del 17,3%. Es decir, si tuviéramos el gasto social de la UE 15, habría en España alrededor de UN MILLÓN más de personas empleadas. Y no lo tenemos porque el fraude fiscal en España es tal alto (se calcula que un 20% de nuestra economía está sumergida) que no lo podemos pagar. Es absolutamente necesario ir recortando estos DOSCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS que nos roban los defraudadores e invertirlos en más médicos, más residencias públicas de ancianos y en una buena red pública de guarderías que, además de los empleos que en sí crea, libera a muchas mujeres, que se pueden poner a buscar trabajo e impulsar la economía. No es ninguna utopía: en Suecia un sistema de guarderías con estas características hace que la tasa de actividad de las mujeres sea similar a la de los varones.

Coincido plenamente con Xavier Vidal-Folch: hay que cambiar el sistema fiscal. Tiene demasiados agujeros a través de los cuales las empresas consiguen pagar solamente el 11% de sus beneficios. Hay que eliminar TODAS las deducciones que no consigan claramente el objetivo de beneficio social general que persiguen, y destinar el dinero recaudado a guarderías y residencias.

Pero además hay que fomentar la inmigración de españoles parados y extranjeros parados residentes en España a otros países donde se requieran sus habilidades, o formarlos aquí en las habilidades que otros países requieran. Todo lo que contribuya a reducir nuestro índice de desempleo será bueno. Así, estos inmigrantes bajarán la tasa de paro, con lo que cesará la presión a la baja sobre los salarios, que deprime la economía. Además, enviarán remesas a sus familiares en España, que las dedicarán al consumo aquí.

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Educación para el empleo

En España se ha introducido recientemente la asignatura de Educación para la ciudadanía. En su momento fue muy cuestionada, pero no por su necesidad, que se aceptaba sin reservas, sino por el sesgo ideológico que podía introducir en el alumnado.

Yo no cuestiono su necesidad, pero no parece que en España seamos malos ciudadanos, o incívicos: hemos batido la marca mundial de trasplantes, hemos reducido los accidentes de tráfico a unas cifras de las que podemos estar orgullosos y si hay bastante desafección hacia los políticos, parece ser más bien motivada por la conducta de éstos en vez de por la falta de instrucción de los ciudadanos.

En cambio, tenemos un gravísimo problema de desempleo. Deberíamos investigar si se podría paliar con una asignatura de Educación para el empleo. Se impartiría al final de la Educación Secundaria Obligatoria y los contenidos podrían ser los siguientes:

  • Profesiones a las que actualmente se les ve más futuro.
  • Enseñanzas con más paro entre quienes las han cursado.
  • Aptitudes necesarias para cursar cada enseñanza.
  • Búsqueda de empleo en portales de Internet.
  • Cómo redactar un currículo.
  • Las entrevistas de trabajo.
  • Los tests previos a una posible contratación.
  • Creación de empresas: pasos necesarios y ayudas disponibles.
  • El espacio europeo de empleo. Cómo instalarse para trabajar en una ciudad diferente.
  • Previsiones de necesidad de las diferentes profesiones en distintos países de la UE.

Para comprobar si estos saberes ayudan a colocarse a los alumnos, se podría impartir la asignatura a un número reducido de ellos, unos centenares, de varias localidades, y tomar otros grupos de  las mismas poblaciones como grupos de control. Cinco años después se mediría el nivel de empleo, tanto de los que hubieran cursado la nueva asignatura como de los otros. Caso de que fuera significativamente mayor el de los primeros, habría que pensar en una implantación más amplia.

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Que las empresas configuren las carreras universitarias

El artículo de El País Salidas para los graduados (04/09/2011) nos indica una vía para aumentar el empleo:

En España hacen falta divulgadores científicos, una profesión para la que no hay formación específica, pero que el mercado laboral demanda. ¿Cómo se solventa? Según el rector de IE University, Juan Luis Martínez, incluyendo asignaturas de comunicación en el grado de Biología que permitan formar a un divulgador sin confeccionar una carrera propia para él. Así es como la Universidad trata de ajustar su oferta formativa a los requerimientos de las empresas para sus plantillas y cubrir la brecha que separa los estudios teóricos de la realidad laboral.

«Proponemos al mercado combinaciones de grados por si cambian las necesidades de profesionales. Nos enfocamos hacia la empleabilidad…»

¿Quién y por qué decide el contenido de las carreras universitarias y de las enseñanzas de formación profesional? Respuesta: el Ministerio de Educación, no en función de las necesidades de formación de los alumnos, sino en función del número de profesores de cada materia y de las instalaciones disponibles. Es decir, si por ejemplo el mercado necesita anualmenta 14.000 operarios de fabricación de piezas asistida por computador, pero sólo hay profesores para formar a 1.000, se formará a 1.000, y el resto de los alumnos que quisiera aprender una profesión que garantizaría su futuro, tendrán que elegir entre corte y confección, secretariado o cualquier otra materia, que en el pasado quizás fue necesaria, pero que ahora está absolutamente saturada.

Es, por tanto, completamente necesario, que los responsables de formación de cualquier empresa española de más de cien empleados dispongan de acceso con capacidad de sugerencia al sitio del Ministerio donde aparecen todas las enseñanzas universitarias y profesionales que se pueden cursar en España. Para que puedan sugerir nuevas titulaciones y sus contenidos, tomándolos de titulaciones ya existentes o añadiéndolos; para que puedan recomendar que a una titulación se le eliminen asignaturas, o se le añadan. Y para que esas sugerencias sean tenidas muy en cuenta por una sociedad cuya primera preocupación debería ser reducir su insoportable tasa de paro.

¿Que eso pone a la Universidad en manos de la empresa? ¿Que mercantiliza la enseñanza? ¿Que se pone como objetivo único el empleo y no la formación de la persona? Todo falso. El saber es inmenso, inconmensurable. Nadie puede monopolizarlo. Es como poner diques en medio del océano. A la persona hay que enseñarle a navegar en ese piélago para que adquiera los conocimientos que ella desee, pero es necesario que entre esos conocimientos figuren los que le permitan ganarse la vida y no hundirse en el desempleo, que es lo que verdaderamente destruye a la persona.

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Mete "Lo que hay que hacer" en Google y mira qué te sale: enlaces a un libro "Lo que hay que hacer con urgencia" del que las primeras páginas no están disponibles para descargar. Y mientras, tu ciudad, tu país, tu planeta bullen de problemas a los que no se pone remedio adecuado, cuando existen soluciones para todos. Escribo este blog desde Madrid, España, la Tierra, para unir mi voz a los que proponen estas soluciones y presionan para que se apliquen.
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