Pensiones

Las cifras objetivo

Vivimos desbordados por las cifras económicas: tasa de paro, aumento del PIB, inflación, consumo de los hogares, tipos de interés… ¿Pero cuáles son realmente importantes? ¿Qué relación tienen? ¿Se pueden utilizar para conducir la economía a un estado beneficioso para la gran mayoría? ¿Puede establecerse razonadamente un orden de prioridades y una combinación óptima? Estoy convencido de que sí, y he llegado a las conclusiones siguientes.

1. La tasa de paro debe estar por debajo del 6%. Este es el primer objetivo económico. Todos los demás deben supeditarse a él de forma sostenible. Es decir, si la tasa de paro es del 9%, de nada vale aumentar monstruosamente un año el déficit para reducirla ese año al 5%, porque en años siguientes volverá a crecer. Lo importante de estas cifras objetivo no es que una magnitud se encuentre dentro o fuera de las franjas debidas, sino su tendencia (favorable) a mantenerse en esas franjas o entrar en ellas, o bien la desfavorable a alejarse de dichas franjas, o a salir de ellas. Como el velocímetro en el salpicadero de un coche.

2. La inflación debe encontrarse entre el 1% y el 3% anual. Menos puede suponer riesgo de deflación, que corroe la economía de mercado, porque retrasa las decisiones de posibles compradores, a la espera de precios más bajos. Y más, deteriora el valor de los activos y genera incertidumbre. Como herramientas para combatir una inflación que tiende a salirse por arriba de la franja debida debería utilizarse, primero, el aumento de los tipos de interés, y luego, si no se revela eficaz, el incremento de la imposición directa (para reducir la cantidad de dinero disponible por los consumidores) o la restricción directa del crédito (por ejemplo, obligando a que, en las compras a plazos, necesariamente el primero tuviera que abonarse en el momento de la compra, y que el número máximo de plazos pudiera ser fijado por el Gobierno. No es lo mismo comprarse un coche de 10.000 euros en 50 plazos que en 30. En el segundo caso, quedaría restringido el número de posibles compradores.)

3. En una situación de crecimiento en la franja debida (ver más adelante), que llamaré «situación normal» los salarios nominales deben aumentar, al menos, con la inflación, pero eso sí, de modo diferido y paulatino. La principal herramienta de la que dispone el Gobierno para este objetivo es el salario mínimo, que debe existir. En febrero de cada año, cuando se conozca la inflación de todo el año anterior, se decidirá sobre el aumento, de acuerdo con la situación de los demás indicadores. Puede hacerse de golpe (para que se empiece a aplicar en marzo), en dos veces (si, por ejemplo, el crecimiento es débil o la inflación elevada), en cuatro…

4. Las pensiones, en cambio, no deben indizarse con la inflación. Para su cálculo debe seguirse el sistema de pensiones inquebrable que propongo en otra entrada. En una situación normal, aumentarán como los salarios, pero en caso de crisis no comprometerán el resto de la economía.

5. El interés del dinero debe encontrarse entre el 1% y el 6%, y en situación normal, al menos medio punto por encima de la inflación. Aunque ahora mismo (octubre de 2014) en EE.UU., la UE y Japón se encuentra prácticamente en 0%, y la economía estadounidense va bien, mientras que las otras renquean, unos tipos tan bajos privan a los gobiernos de una de las principales herramientas para conducir la economía.

6. El gasto público debe situarse entre el 40% y el 45% del PIB. Es imposible gastar menos si seguridad, justicia, educación, sanidad y pensiones son públicas y de la calidad deseable, como defiendo en otra entrada. Y más (hay países, como Eslovenia, que casi llegan al 60%) suponen que el Estado excede su doble y debido papel de

  • controlador de la actividad económica general +
  • realizador de las actividades en las que es claramente más eficiente

para ocupar una porción demasiado amplia del espectro económico, con el riesgo que esto supone para la libertad, el desarrollo y el dinamismo.

(Hago un inciso para reiterar mi absoluta convicción, derivada de los hechos, de que el mercado, dejado a sí mismo, se autodestruye. En cambio, el Estado puede sobrevivir sin el mercado, pero lleva situaciones altamente indeseables, cuyo paradigma es Corea del Norte. No soy hostil al Estado ni al mercado. Promulgo su coexistencia pacífica y equilibrada, con el Estado vigilando al mercado y los ciudadanos vigilando con desconfianza a los dos y exigiéndoles democráticamente las demandas que juzguen razonables)

7. Los ingresos públicos (la presión fiscal) en situación normal deben situarse un punto por encima del gasto. Es decir, el Estado no ha de tener déficit, sino superávit. Evidentemente no promulgo recortar el gasto público en países donde se encuentra en la franja debida (España, por ejemplo, tenía el 43,8% en 2013), sino aumentar los ingresos (combatiendo sin tregua el fraude, la elusión y los paraísos fiscales). Es deseable acercar todo lo posible la imposición de las rentas del capital, del trabajo y de la actividad empresarial. También llegar a acuerdos internacionales de topes mínimos y máximos efectivos para cada renta. Las nóminas de los que cobran el salario mínimo (o menos) deben gravarse al 0%, y las que cobran un múltiplo de dicha cantidad (por ejemplo 10 veces, 15 veces), al tipo máximo, que en ningún caso será efectivamente superior al 49%. Tampoco a ningún contribuyente (persona física o jurídica), por rico que sea, se le podrá detraer mediante impuestos directos (estatales, municipales; los indirectos no se tienen en cuenta) más del 49% de su renta (escudo fiscal). Los ricos deben pagar más, de acuerdo, pero tipos efectivos del 60% o hasta del 80%, como existen, son un abuso y una injusticia, porque solo derivan de la incapacidad de los gobernantes para perseguir eficazmente a los evasores.

8. Los fondos resultantes de este superávit (creo que no hay una palabra para llamarlos; al contrario de lo acumulado tras sucesivos años de déficit, que se denomina «deuda») se destinarían a períodos en que el crecimiento estuviera por debajo del límite inferior debido, para estimular la economía con obras públicas, préstamos en condiciones favorables, formación de desempleados, transformación de sectores productivos obsoletos, etc. Estos fondos, por tanto, en situación normal, no se podrían invertir. Ni en deuda de otros países, ni en la bolsa, ni en prestar a interés, porque existiría el riesgo de que, cuando fueran necesarios, no estuvieran disponibles o (caso de la bolsa) hacerlos líquidos los mermara significativamente (en una situación de crisis la bolsa baja mucho, y vender importantes cantidades de acciones la hace bajar todavía más). Quedarían así «económicamente muertos». Pero es la única forma en que cumplan su función. Una economía (capitalista, obviamente) bien gestionada en un entorno favorable tiende a sobrecalentarse. No hay más remedio que estar enfriándola constantemente (sin pasarse, ojo). La forma más eficaz es detraerle «combustible» (dinero): restringiendo el crédito, dificultando las compras a plazos, aumentando las retenciones mensuales sobre los salarios.

9. El crecimiento del PIB debe situarse entre el 2 y el 4% anual (aunque, como he dicho en otra entrada, es insostenible el crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos, pero ese es el mapa de otro territorio). Más supone riesgo de descontrol de la economía (la economía china, que durante años ha crecido a ritmos superiores al 11%, se enfrenta ahora a riesgos de burbujas, desempleo, contaminación y descontento social). Menos, genera desempleo o no permite absorberlo.

10. Todas las cifras estadísticas (por ejemplo, el PIB es estadístico, porque deriva de la evaluación de la realidad, pero el salario mínimo o los tipos de interés, no, porque los fija el Gobierno) deben calcularlas y proporcionarlas públicamente organismos independientes y sin funciones reguladoras, con metodologías transparentes e internacionalmente consensuadas. Buen ejemplo: el INE español. Mal ejemplo: su homólogo argentino y su historial de manipulación de la inflación. Trimestralmente (y esto es fundamental, porque en la economía actual la difusión de una decisión económica multiplica sus efectos) el Ministro de Economía debe dar una rueda de prensa (y luego admitir preguntas, por supuesto) sobre la situación de las cifras objetivo, sus previsiones y las medidas que se van a tomar. No debe haber más portavoces oficiales que expresen opiniones al respecto (para que las del Ministro al cargo tengan todo el peso posible).

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Sistema de pensiones inquebrable

Se considera que existen dos modelos extremos de sistemas de pensiones: el de reparto y el de capitalización. En el primero, se ingresa una parte del  salario de cada trabajador en una «caja común», de la cual se paga a los trabajadores ya jubilados. Cuando este trabajador se jubile, si ha contribuído un cierto número de años (que varía de país a país), tendrá derecho a percibir mensualmente, hasta su muerte, una pensión equivalente a un porcentaje (digamos entre el 60% y el 80%) de su último salario.

En el segundo sistema no hay «caja común», sino depósitos individuales. El trabajador ahorra (de manera obligatoria) para sí mismo y retira los ahorros cuando se jubila (aunque en muchos casos la entidad financiera donde tenía el dinero puede ofrecerle cobrar por meses una cantidad proporcional a la suma acumulada y a la esperanza de vida del trabajador). Las principales diferencias con una libreta de ahorros normal son: que el dinero no puede ser retirado hasta la jubilación, y las bonificaciones fiscales que dan los Estados para fomentar este sistema.

Se comprenderá que en muy pocos países se da uno u otro sistema en estado puro, siendo lo normal una convivencia de ambos, con las peculiaridades locales a las que pueden haber dado lugar los procesos históricos.

Ambos sistemas tienen sus problemas. Algunos economistas están constantemente advirtiendo sobre el peligro de quiebra del primero. Su razonamiento es que el sistema de reparto fue creado cuando la esperanza de vida era menor: mucha más gente moría antes de jubilarse, y los que sobrevivían no llegaban a edades tan avanzadas como ahora. De esa forma, se ponía en la «caja» más dinero del que se sacaba. Con una población envejecida, bajos índices de natalidad (por ejemplo, en Alemania o Italia) y la generalización de la jubilación anticipada, la cantidad de dinero que se necesitará en el futuro para cumplir los compromisos adquiridos con los pensionistas puede superar en mucho a la cantidad pagada por los que todavía trabajan. Muchos países, conscientes de este peligro, han endurecido las condiciones para tener derecho a pensión (por ejemplo, incrementando el número de años durante los que se ha cotizado), o reducido el importe de ésta (por ejemplo, en España, desde 2012, la pensión ya no se basa en el salario de los últimos quince años, sino en el de los últimos 25. Hasta se discute calcularla sobre el salario medio de toda la vida laboral).

Por ejemplo, Guillermo de la Dehesa en El País: «Sin embargo, creo que estamos mostrando poca solidaridad intergeneracional.Primero, porque la generación de nuestros hijos, que es muy inferior en número a la nuestra, muy mileurista y con elevado desempleo, tiene ahora que pagar nuestras pensiones, lo que les supondrá un enorme esfuerzo anual de ahorro y un «impuesto» añadido sobre sus ingresos.Segundo, porque no queremos trabajar más años para compensar nuestra mayor esperanza de vida y reducir así el exagerado esfuerzo financiero que ellos tendrán que hacer

A finales de diciembre de 2012 Mariano Rajoy quiere abrir un debate sobre reformas del actual sistema.

Pero estas soluciones crean nuevos problemas: un trabajador puede haber cotizado muchos años, pero si se queda en paro poco antes de la edad de jubilación, puede perder muchos derechos. A la inversa: en España se da el caso de trabajadores que no cotizan durante parte de su vida; sólo empiezan a hacerlo a partir de los 40, para llegar a los 65 con veinticinco años cotizados. Tampoco está resuelta la situación de un trabajador que ha cambiado el país donde ejerce su profesión una o más veces, ni del que ha trabajado de forma discontinua. Es muy injusto que quien ha cotizado catorce años no tenga derecho a pensión y sí lo tenga el que ha cotizado dieciséis.

Los sistemas de capitalización sufren otros inconvenientes. Sus partidarios decían que ofrecían mejor rentabilidad que los de reparto. La crisis los ha puesto en su lugar: algunos fondos han perdido el más del 30% de su valor, esto es, darán un capital 30% menor al trabajador que hubiera confiado en ellos para su pensión y tuviera que jubilarse en ese preciso momento. Aunque eso no es nada comparado con lo que les ocurrió a los empleados de Enron, que lo perdieron todo.

Además, el alza de las acciones depende, primeramente, de las expectativas de beneficio, y a continuación, de que la gente crea en esas expectativas, invierta allí su dinero y lo mantenga. Hemos visto que las expectativas pueden derrumbarse de un día para otro. Confiar el sustento de millones de personas a fondos que se sostienen en el puro aire es completamente insensato.

Otro elemento a tener en cuenta es el coste de la gestión. Según el presidente del Centro de Investigación de Políticas Económicas, Guillermo de la Dehesa, los costes de la gestión de un fondo de pensiones alcanzan el 30% de su valor en el Reino Unido, Méjico y Chile. Hay que pagar muy bien a los gestores y llevar a cabo numerosas operaciones, cada una de ellas con las correspondientes comisiones a los excelentemente retribuidos «trabajadores de cuello blanco» que las realizan. Todo ese dinero va a los bancos e instituciones financieras, lo que hace muy comprensible el interés de estas organizaciones en acabar con el sistema de reparto.

Mi propuesta es un sistema de reparto en el cual la pensión que uno obtiene un mes es directamente proporcional a lo que ha cotizado durante su vida y a lo que han cotizado el mes anterior los trabajadores en activo.

Un ejemplo: Juan acaba de jubilarse, a los 65 años. Su último salario, antes de impuestos, fue de 2000 euros (€) al mes. Ha trabajado durante 40 años. Supongamos una tasa de inflación constante del 2%, con la que los salarios están indizados (dato que, aunque válido para este análisis, no es real, pues en los países desarrollados, debido al crecimiento de la productividad, los salarios suelen crecer más que la inflación) y una cotización para pensiones del 30% del salario, que es pagada 15% por el trabajador y 15% por su empresa.

Esto significa que Juan habrá cotizado199 5478 € en esos cuarenta años. En el país de Juan hay 15 millones de trabajadores y 7 millones de jubilados. El salario medio por trabajador en el primer mes que Juan tiene derecho a pensión es de  1750 € y la contribución total media que cada jubilado ha hecho a la caja común es por tanto de 174 604 €. Con estas cifras, la pensión mensual de Juan será A*B/C, siendo:

A: lo que cotizan ese mes los trabajadores en activo, es decir 15 000 000*1 750*(30/100)
B: lo que ha cotizado Juan, 199 547
C: lo que el resto de jubilados ha cotizado, o sea 7 000 000*174 604

Esto significa que a Juan recibiría el primer mes una pensión de 1286 €, equivalente a un 64% de su último salario. Este porcentaje puede variar dependiendo de la cotización para pensiones, del número de trabajadores en activo, del número de pensionistas y de la edad de retiro. Aunque resulte algo sorprendente, no cambia si varía el salario medio.

Pero por esta misma razón, mucha gente se vería estimulada a retrasar su jubilación, en vez de la actual situación, en la cual la adelantan (no siempre voluntariamente) y sobrecargan el sistema de pensiones. Otras ventajas del sistema propuesto son:

  • su transparencia, simplicidad y responsabilidad: el trabajador puede saber y comprender en todo momento lo que ha pagado y la pensión que recibiría si se jubilara. Esto le permite tomar decisiones de ahorro o pedir cambios (aumentos o reducciones, para los que se podrían convocar referendos con cierta periodicidad, y serían trabajadores y pensionistas quienes decidirían, no políticos) en la cotización para pensiones.
  • su seguridad: siempre habrá trabajadores que coticen. Ni siquiera una crisis del mercado laboral reduciría las pensiones tan rápidamente como una crisis bursátil reduce el valor de los fondos.
  • su capacidad de generar confianza: en los países donde hay sistema de reparto son continuas las quejas de los trabajadores sobre los recortes  que permanentemente sufre el sistema (recortes, por otra parte, necesarios para asegurar su viabilidad). Esto produce en ellos angustia, desaliento, inseguridad, desconfianza y animadversión hacia los gestores del sistema (inevitablemente, los políticos, que deben aplicar los recortes). El sistema propuesto puede funcionar siempre sin recorte alguno, y en caso de que se viera la necesidad de cambiarlo, decidirían los cambios (aumentos o reducciones en la cotización) los propios trabajadores y jubilados.
  • su portabilidad: el trabajador podría desempeñar su actividad laboral en sucesivos países, incluso por períodos cortos, y lo que ha cotizado podría ser fácilmente restado de las «cajas comunes» de esos países y sumado a la del país donde se jubile.
  • su autocontrol: no se generan obligaciones que más tarde no puedan ser atendidas. Siempre hay dinero para pagar a todo el mundo. Si las pensiones se vuelven demasiado bajas, o demasiado altas, las protestas de los jubilados o de los trabajadores ajustarían las cotizaciones a un nivel más conveniente.
  • su flexibilidad: no es necesario haber trabajado un determinado número de años para tener derecho a pensión, ni que esos años hayan sido los últimos de la vida laboral.
  • su adaptabilidad a los actuales sistemas de reparto: el cambio de esos sistemas al propuesto no sería traumático, ni serían necesaria cantidad de dinero alguna (en cambio, para transformar un sistema de reparto a otro de capitalización es necesaria una suma inmensa). En realidad, los actuales sistemas de reparto son realmente un sistema como el descrito, pero encubierto: en lugar de trasladar los cambios demográficos y en el mercado de trabajo de forma continua a medida que se van produciendo, los trasladan de golpe, cada pocos años, a través de las sucesivas reformas.
  • su permanencia: al ser un sistema que se ajusta por si mismo, fácil de entender por la gente y con la capacidad de funcionar a lo largo de decenios, dejaría de poder crearse ese clima de «quién pagará nuestras pensiones», «qué pasará en el futuro», «no habrá trabajadores suficientes», etc. Dicho clima no hace más que favorecer, interesadamente, a los planes de pensiones privados, para que se embolsen sus injustificadas comisiones.

También hay desventajas, por supuesto: altas tasas de inflación, bajos índices de natalidad y aumentos bruscos del desempleo pueden tener una fuerte incidencia negativa sobre el sistema propuesto (pero también lo tendrían sobre cualquier sistema de reparto).

Para las pensiones de viudedad, orfandad e invalidez se crearían sistemas contablemente separados del sistema de jubilación propuesto. Cada trabajador contribuiría, por ejemplo, con un 1% de su sueldo al fondo de invalidez y, caso de quedar inválido, independientemente del momento de su vida laboral en que eso se produce, cobraría el 90% de su sueldo, con un máximo que se fijara. Para las pensiones de viudedad y orfandad contribuirían con porcentajes similares los trabajadores que tuvieran pareja e hijos, respectivamente.

Las pensiones no contributivas, o los complementos para alcanzar un mínimo, saldrían de partidas diferentes de los Presupuestos Generales del Estado, no de las cotizaciones de los trabajadores.

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Las pensiones y sus enemigos

Voy a separar este tema de la entrada Público y privado por su importancia y porque se están produciendo movimientos respecto a esta cuestión.

Las pensiones deben ser públicas. Lo bueno de un sistema público de pensiones, que tiene que ser de reparto, es que el dinero que meten en el sistema los trabajadores sale inmediatamente hacia los pensionistas, por lo que es difícil que se extravíe o se invierta mal, y nadie puede reclamar comisiones por su funcionamiento.

En cambio, en los sistemas privados, necesariamente de capitalización, el dinero que van metiendo los trabajadores se invierte en diversos activos financieros. Esas inversiones pueden ser afortunadas (y entonces no pasa nada) o desafortunadas (en cuyo caso, o los trabajadores quedan en la miseria al jubilarse o tiene que pagar el Estado). En todos los casos los gestores de esos fondos se llevan unas comisiones injustificables.

No conozco ningún caso de un sistema público de pensiones que haya quebrado (porque, al ser público, simple, y estar a la vista de todos, si se prevén problemas, se pueden hacer ajustes, con debate, luz, taquígrafos y retribución electoral de las modificaciones). Sin embargo puedo citar muchos casos de fondos de pensiones privados que acabaron muy mal: Enron, Chile, Argentina… Los fondos de pensiones privados no deben tener ningún privilegio, ni fomento, ni desgravación por parte del Estado.

En enero de 2012 en España se está preparando un robo a los pobres para dárselo a los ricos. Las desgravaciones a los fondos de pensiones privados no tienen ninguna justificación y suponen más de 1.400 millones de euros anuales. Pues en vez de suprimirlas directamente, se está pensando en aumentarlas. ¿Por qué? Público lo explica muy bien:

El fichaje de Flavia Rodríguez-Ponga para la Dirección general de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía es un ejemplo de lo que en el mundo anglosajón se conoce como «puerta giratoria»: fue durante 12 años alto cargo de esta misma dirección general hasta que, en 2004, tras la victoria del PSOE, se convirtió en ejecutiva de Mutua Madrileña, una de las empresas punteras del mismo sector que supervisaba desde el Ministerio. Y ahora se completa al emprender el camino de regreso, al frente de la dirección general, justo en el momento en que los fondos de pensiones privados sufren una importante crisis y su patronal reclama nuevas exenciones fiscales y la reforma urgente del sistema público para empujar a los ciudadanos hacia los fondos privados.

De esa crisis de los fondos de pensiones privados ha hablado otro artículo:

Si las pensiones públicas están amenazadas con la crisis, las privadas aún más, según las cifras oficiales: tanto en Reino Unido como en EEUU, el agujero de las pensiones privadas –es decir, los recursos que faltan para poder satisfacer los compromisos contraídos—ha batido a final de 2011 sus respectivos récords.

En Reino Unido, según el informe del Banco de Inglaterra, el déficit global de los planes privados ascendía en noviembre a 266.000 millones de euros y afectaba a 5.390 de los 6.533 existentes. En EEUU, la consultora Mercer estima que el déficit de los planes de las empresas del índice S&P 1.500 suma 400.000 millones.

Los informes de la OCDE han puesto de manifiesto que, ante las crecientes dificultades financieras, los gestores invierten de forma creciente en los vehículos más especulativos para intentar aumentar la rentabilidad, con lo que ponen aún más en riesgo la bolsa de pensiones privada. Según The New York Times, el 50% de los ingresos de los fondos de capital riesgo (private equity) provienen ya de los fondos privados de pensiones, que entre 2000 y 2010 han pagado sólo en EEUU 17.000 millones de dólares en comisiones a los gestores de sus carteras.

El Ministro Cristóbal Montoro ha dicho que se mejorará la fiscalidad de los planes de pensiones. Espero y deseo que no le dejen.

 

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Mete "Lo que hay que hacer" en Google y mira qué te sale: enlaces a un libro "Lo que hay que hacer con urgencia" del que las primeras páginas no están disponibles para descargar. Y mientras, tu ciudad, tu país, tu planeta bullen de problemas a los que no se pone remedio adecuado, cuando existen soluciones para todos. Escribo este blog desde Madrid, España, la Tierra, para unir mi voz a los que proponen estas soluciones y presionan para que se apliquen.
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