Economía
Combatir la pobreza energética
La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano).
Esto puede no ser solamente debido a los bajos ingresos intrínsecos del hogar, sino también a la mala calidad de la vivienda, o a su emplazamiento en un sitio muy frío o muy cálido, o a tratarse de una vivienda muy grande para una sola persona de bajos ingresos.
Se estima que la pobreza energética afecta a un 10% de los hogares españoles, unos 4 millones de personas. En Europa, a 50 millones. Habitar una vivienda con temperaturas inadecuadas en invierno aumenta el riesgo de padecer enfermedades físicas y mentales e incrementa la probabilidad de morir de forma prematura entre ancianos. Una estimaciónpublicada en la revista Consumer indica que la pobreza energética causaría más de 2.000 muertes prematuras al año en España. Los enfermos crónicos, niños y ancianos son los más afectados.
Cómo hacer frente a la pobreza energética: artículo de Eroski Consumer
Una de las causas principales de la pobreza energética es la mala calidad de las viviendas. En España el 60% del parque se construyó con anterioridad a la normativa de regulación térmica. Estos edificios pierden calor y necesitan más energía para mantener la temperatura. Otra de las causas es la baja eficiencia energética de los aparatos, bombillas, sistemas de climatización, etc., utilizados en estas casas.
Marta García, consultora de Ecoserveis, asegura que para abordar este problema hay que actuar sobre sus tres causas principales: nivel de ingresos, calidad en la edificación y precios de la energía.
Las medidas preventivas tendrían que ser prioritarias. Las viviendas de protección oficial, ocupadas en principio por familias vulnerables, deberían contar con criterios superiores de eficiencia energética.
Otra medida sería la de ofrecer bonos para el pago de facturas de energía a las personas mayores. En Inglaterra, el Gobierno destina 100 millones de euros para cubrir los costes de las tarifas sociales y ayudar a las familias más vulnerables. Las personas mayores de 60 años reciben 300 euros al año como medida contra la pobreza energética. En España habrá que esperar a tener los datos del nuevo bono social, puesto en marcha en julio de este mismo año.
Los consumidores pueden asumir diversas medidas para combatir la pobreza energética. En primer lugar, pueden prestar atención a sus facturas de energía y comprobar si se ha contratado una tarifa adecuada. En la actualidad, los consumidores con menos de 10kW de potencia contratada pueden escoger entre la Tarifa de Último Recurso (precio máximo fijado por el Gobierno) o ir al mercado libre a pactar las condiciones con una comercializadora.
La potencia contratada es otro elemento que los consumidores pueden elegir y reducir hasta lo necesario. A igual consumo, la factura será mayor cuanto mayor sea la potencia contratada. Para hacerse una idea, se puede analizar el conjunto de equipos que se quieren tener encendidos al mismo tiempo. Para un piso medio con cocina y calefacción de gas suele ser suficiente una potencia de 3,3kW o incluso menos.
La reducción del consumo energético es otra medida clara que se puede lograr con diversos consejos:
- Utilizar la energía sólo cuando sea necesario. Ser conscientes de que es un bien escaso que conlleva un impacto medioambiental, social y económico más grande del que parece.
- Sustituir las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo.
- Contar con electrodomésticos de eficiencia energética A o A+.
- Regular la calefacción con termostatos y encenderla durante el día unas pocas horas, suficiente para que el calor acumulado se mantenga para el resto de la jornada.
- Invertir en aislamiento de paredes, ventanas e incluso tuberías y conductos de ventilación y climatización al construir o rehabilitar una casa. Las comunidades autónomas ofrecen ayudas que cubren hasta el 60% de esta inversión.
- Instalar contrapuertas y contraventanas.
- Evitar las fugas de calor, que pueden suponer entre el 5% y el 30% del malgasto energético. En el mercado se pueden encontrar diversos materiales y sistemas asequibles que permitirán acabar con este problema, por ejemplo burletes de gomaespuma.
- Realizar un correcto mantenimiento de las calderas y otros sistemas de climatización.
- Los ventiladores de techo reversibles pueden utilizarse en invierno para hacer circular el calor y ahorrar costes de calefacción hasta en un 10%.
- Aplicar sistemas basados en energías renovables (para ello también se pueden solicitar diversas ayudas institucionales).
- Vestir de acuerdo a las condiciones climatológicas: estar en casa en camiseta de manga corta durante el invierno supone un uso excesivo de la calefacción.
Todo esto está muy bien, pero muchas veces la gente pobre no tiene dinero para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Por eso creo que el Estado debe devolver hasta un 50% de la factura energética (electricidad, gas natural o butano) a los hogares en que anualmente esa factura suponga más de un 10% de los ingresos anuales.
Esto no debería hacerse a través de precios subvencionados (como el actual bono social). La energía debería cobrarse a su coste (más un beneficio justo para el proveedor) a todos los consumidores, y solamente ser ayudados aquellos que realmente lo necesitaran.
Para recibir esta ayuda, se debería solicitar cada año. No sería necesario aportar facturas de electricidad o gas: se implantaría un sistema coordinado con las compañías de gas y electricidad en que el solicitante solamente tendría que aportar su NIF; ya se encargaría Hacienda de comprobar de si el montante de las facturas energéticas para el año anterior es superior al 10% de los ingresos de ese hogar.
Solamente podrían recibir estas ayudas aquellos hogares con menos de 70 metros cuadrados construidos por habitante (datos que el sistema comprobaría automáticamente en el Catastro y en el Padrón municipal; hacérselos declarar al solicitante es invitar al fraude).
Las personas receptoras de estas ayudas deberían, además, ser auténticamente pobres; es decir, no podrían poseer, total o parcialmente, otras viviendas aparte de la solicitante, ni cuentas bancarias, depósitos o activos financieros por valor superior a 3.000 euros.
Un hogar que recibiera una ayuda por este concepto de más de 200 euros anuales más de dos años consecutivos estaría obligado, después del tercer año, a someterse a un somero estudio de eficiencia energética, pagado por el Estado, que recomendaría medidas (por ejemplo, cambiar ventanas, aislar paredes, sustituir calderas, etc.). Tras este tercer año, cualquier ayuda posterior iría íntegramente destinada a poner en marcha alguna de las medidas recomendadas. Por ejemplo, un hogar que hubiera recibido 400, 426 y 397 euros en años consecutivos, estaría obligado el cuarto año a sustituir una ventana, por, digamos, 300 euros, y solo recibiría la ayuda el cuarto año tras presentar la factura de la sustitución.
Evidentemente, un sistema de ayudas así sería administrativamente caro para el Estado, pero a mí me parece la única forma de abordar seriamente el problema. Mucho más caras están saliendo las enfermedades y muertes provocadas por la falta de ingresos suficientes para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El derecho a la vivienda debe entenderse como el derecho a una vivienda saludable, no una que por tus circunstancias te enferme.
cerradosNo alterar los informes
Los inspectores del Banco de España han denunciado que los informes que elaboran son alterados hasta cambiar su sentido y decidirse que no se apliquen las medidas correctivas recomendadas en ellos. Esto es gravísimo. Además acusan a sus superiores de mirar hacia otro lado ante los indicios de delito que encuentran.
El anterior director del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, lo ha negado. Pero una cosa está clara: indicios de delito había, porque ahora mismo se están desarrollando procedimientos judiciales contra directivos de varias entidades (Bankia, Nova Caixa Galicia…). Creo más a los inspectores, que tuvieron esos indicios delante de sus ojos, que a sus superiores, poco interesados en las complicaciones y tensiones que trae una remisión de indicios a la fiscalía.
Para elevar el control sobre los gestores del Banco de España, los inspectores reclaman que se conozcan “cuantos elementos emplea el banco para formar su criterio en materia supervisora, siempre que estos elementos deban ser conocidos”.
El primer paso para que haya luz y taquígrafos es que los autores de los informes se hagan responsables del contenido con su firma, algo que ahora no ocurre. “Cada actuación supervisora debe estar adecuadamente identificada. Cada informe debe ser firmado; ahora no ocurre y no son asumidos por nadie”, apuntan.
“En el caso de existir discrepancias entre los inspectores, los jefes de grupo y los directores de departamento, debe quedar expresa constancia de las mismas firmadas por cada responsable”.
También piden “establecer un procedimiento para la comunicación jerárquica de los indicios de delito. Dar formación en materia penal a los inspectores y crear un grupo de inspección especializado en investigación de delitos”.
“Nuestra propia labor, velar por la solvencia, deja zonas grises de actuación. Por ejemplo, al examinar unas cuentas, se pueden encontrar préstamos a una empresa ruinosa que levantan sospechas de que alguien pueda beneficiarse en última instancia. O sueldos disparatados que rozan la apropiación indebida o el desfalco. Pero, ¿es nuestra labor investigar eso? No tenemos formación para ello. Además, la cantidad de un crédito sospechoso puede que no afecte a la solvencia de la entidad por lo que queda fuera de nuestro trabajo. Lo que queremos es que existan sistemas automatizados para denunciar estos asuntos”. Entre los inspectores destacan el hecho de que solo en las entidades intervenidas se han encontrado indicios de delito. “¿Ninguna otra tenía trapos sucios?”, se preguntan.
En otro apartado del informe, los inspectores piden “reducir la influencia” de los bancos “y de los políticos” para evitar “la captura del supervisor, el sentimiento de arbitrar para casa” y la fuga de ejecutivos del Banco de España a las entidades.
Según el documento de “Análisis de los procedimientos supervisores del Banco de España”, conocido el martes tras las acusaciones de arbitrariedad de la Asociación de Inspectores, el organismo dirigido por Luis Linde ha decidido establecer un procedimiento específico para la revisión de la gobernanza de las entidades.
Entre las medidas se incluye que se puedan “mantener reuniones periódicas con los consejeros y miembros clave de las comisiones delegadas; comprobar que los escritos de recomendaciones y requerimientos del Banco de España llegan a los consejeros”, así como “instar a que en las actas del consejo figuren las opiniones discrepantes”. El supervisor además tendrá acceso a “la información que se facilita a los consejeros y miembros de las comisiones delegadas del consejo”.
El informe dice que entre las tareas de la institución estará “señalar ubicaciones inadecuadas en el organigrama”, lo que sugiere una capacidad de opinar sobre la adecuación profesional de los altos cargos de la entidad o componentes de comisiones. Linde pretende también vigilar el cumplimiento de las recomendaciones de gobierno corporativo, “revisar las actuaciones de la auditoría interna” y “conocer trimestralmente las deficiencias puestas de manifiesto por la auditoría interna”.
Además de este conjunto de medidas, el Banco de España ha establecido que las carteras de todas las entidades serán revisadas al menos cada tres años. Por otro lado, las 16 entidades “más significativas” tendrán inspectores empotrados para conocer las cuentas de primera mano. Este trabajo tiene el riesgo del secuestro del inspector, es decir, que los funcionarios terminen por identificarse demasiado con la entidad que supervisan y bajen la guardia. Para evitarlo, el Banco de España ha establecido “un procedimiento de rotación de la plantilla, incluida la jefatura”, con “un límite máximo de seis años en la misma entidad y de diez años en el mismo departamento, con un periodo posterior de separación obligatoria de cuatro años”.
El informe del Banco de España se muestra a favor de la rotación periódica de la firma auditora, “para fomentar su independencia, haciendo frente a los potenciales riesgos de familiaridad y captura por la entidad auditada”.
Otra de las grandes reformas es que “la información a la Comisión Ejecutiva del Banco de España sobre la posible discrepancia entre el informe de inspección, por un lado, y la información y propuesta a la Comisión Ejecutiva, por otro, se incluya en un apartado específico”.
Resulta increíble que el Banco de España tenga que asegurarse de que sus escritos de recomendaciones llegan a los consejeros de las entidades supervisadas. ¿No funciona la comunicación interna de la entidad inspeccionada o qué? El Banco de España debe tener los correos electrónicos de todos los consejeros de todos los bancos y, según sus cargos, remitirles la información oportuna, mediante mensajes seguros y con acuse de recibo.
Ni discrepancias entre el informe de inspección y las propuestas a la Comisión Ejecutiva ni nada. Los técnicos del BdE que hayan inspeccionado la entidad deben redactar un informe completo, con un resumen de una página sobre la situación de la entidad, y otra página con las, no digo recomendaciones, pues son algo que se puede seguir o no, sino las directrices más importantes, indicando el plazo en que deben factiblemente alcanzarse y las personas encargadas de su cumplimiento. Ninguno de estos tres documentos podrá ser alterado por escalones superiores de la pirámide, ni siquiera para corregir las faltas de ortografía.
Cada una de estas directrices se registrará en una base de datos, con su entidad, plazo y persona responsable de cumplirla. Si pasado el plazo no se ha cumplido, la persona responsable sufrirá una merma del 5% en su salario por cada mes de retraso. Cuando pasen seis meses en esa situación, la persona será destituida.
En cuanto a los indicios de delito, se debería establecer una lista de posibles indicios: préstamos a una empresa ruinosa, condiciones crediticias excepcionalmente ventajosas a directivos de la entidad o familiares, emolumentos (salarios, bonus, fondos de pensiones, opciones sobre acciones…) disparatados (más de un 25% por encima de la media para ese puesto), etc. Tras la inspección de una entidad, si el inspector halla uno o más de esos indicios, lo remitirá directamente a la fiscalía, para que sea ella la que decida si hay delito o no.
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Sistema de pensiones inquebrable
Se considera que existen dos modelos extremos de sistemas de pensiones: el de reparto y el de capitalización. En el primero, se ingresa una parte del salario de cada trabajador en una «caja común», de la cual se paga a los trabajadores ya jubilados. Cuando este trabajador se jubile, si ha contribuído un cierto número de años (que varía de país a país), tendrá derecho a percibir mensualmente, hasta su muerte, una pensión equivalente a un porcentaje (digamos entre el 60% y el 80%) de su último salario.
En el segundo sistema no hay «caja común», sino depósitos individuales. El trabajador ahorra (de manera obligatoria) para sí mismo y retira los ahorros cuando se jubila (aunque en muchos casos la entidad financiera donde tenía el dinero puede ofrecerle cobrar por meses una cantidad proporcional a la suma acumulada y a la esperanza de vida del trabajador). Las principales diferencias con una libreta de ahorros normal son: que el dinero no puede ser retirado hasta la jubilación, y las bonificaciones fiscales que dan los Estados para fomentar este sistema.
Se comprenderá que en muy pocos países se da uno u otro sistema en estado puro, siendo lo normal una convivencia de ambos, con las peculiaridades locales a las que pueden haber dado lugar los procesos históricos.
Ambos sistemas tienen sus problemas. Algunos economistas están constantemente advirtiendo sobre el peligro de quiebra del primero. Su razonamiento es que el sistema de reparto fue creado cuando la esperanza de vida era menor: mucha más gente moría antes de jubilarse, y los que sobrevivían no llegaban a edades tan avanzadas como ahora. De esa forma, se ponía en la «caja» más dinero del que se sacaba. Con una población envejecida, bajos índices de natalidad (por ejemplo, en Alemania o Italia) y la generalización de la jubilación anticipada, la cantidad de dinero que se necesitará en el futuro para cumplir los compromisos adquiridos con los pensionistas puede superar en mucho a la cantidad pagada por los que todavía trabajan. Muchos países, conscientes de este peligro, han endurecido las condiciones para tener derecho a pensión (por ejemplo, incrementando el número de años durante los que se ha cotizado), o reducido el importe de ésta (por ejemplo, en España, desde 2012, la pensión ya no se basa en el salario de los últimos quince años, sino en el de los últimos 25. Hasta se discute calcularla sobre el salario medio de toda la vida laboral).
Por ejemplo, Guillermo de la Dehesa en El País: «Sin embargo, creo que estamos mostrando poca solidaridad intergeneracional.Primero, porque la generación de nuestros hijos, que es muy inferior en número a la nuestra, muy mileurista y con elevado desempleo, tiene ahora que pagar nuestras pensiones, lo que les supondrá un enorme esfuerzo anual de ahorro y un «impuesto» añadido sobre sus ingresos.Segundo, porque no queremos trabajar más años para compensar nuestra mayor esperanza de vida y reducir así el exagerado esfuerzo financiero que ellos tendrán que hacer.»
A finales de diciembre de 2012 Mariano Rajoy quiere abrir un debate sobre reformas del actual sistema.
Pero estas soluciones crean nuevos problemas: un trabajador puede haber cotizado muchos años, pero si se queda en paro poco antes de la edad de jubilación, puede perder muchos derechos. A la inversa: en España se da el caso de trabajadores que no cotizan durante parte de su vida; sólo empiezan a hacerlo a partir de los 40, para llegar a los 65 con veinticinco años cotizados. Tampoco está resuelta la situación de un trabajador que ha cambiado el país donde ejerce su profesión una o más veces, ni del que ha trabajado de forma discontinua. Es muy injusto que quien ha cotizado catorce años no tenga derecho a pensión y sí lo tenga el que ha cotizado dieciséis.
Los sistemas de capitalización sufren otros inconvenientes. Sus partidarios decían que ofrecían mejor rentabilidad que los de reparto. La crisis los ha puesto en su lugar: algunos fondos han perdido el más del 30% de su valor, esto es, darán un capital 30% menor al trabajador que hubiera confiado en ellos para su pensión y tuviera que jubilarse en ese preciso momento. Aunque eso no es nada comparado con lo que les ocurrió a los empleados de Enron, que lo perdieron todo.
Además, el alza de las acciones depende, primeramente, de las expectativas de beneficio, y a continuación, de que la gente crea en esas expectativas, invierta allí su dinero y lo mantenga. Hemos visto que las expectativas pueden derrumbarse de un día para otro. Confiar el sustento de millones de personas a fondos que se sostienen en el puro aire es completamente insensato.
Otro elemento a tener en cuenta es el coste de la gestión. Según el presidente del Centro de Investigación de Políticas Económicas, Guillermo de la Dehesa, los costes de la gestión de un fondo de pensiones alcanzan el 30% de su valor en el Reino Unido, Méjico y Chile. Hay que pagar muy bien a los gestores y llevar a cabo numerosas operaciones, cada una de ellas con las correspondientes comisiones a los excelentemente retribuidos «trabajadores de cuello blanco» que las realizan. Todo ese dinero va a los bancos e instituciones financieras, lo que hace muy comprensible el interés de estas organizaciones en acabar con el sistema de reparto.
Mi propuesta es un sistema de reparto en el cual la pensión que uno obtiene un mes es directamente proporcional a lo que ha cotizado durante su vida y a lo que han cotizado el mes anterior los trabajadores en activo.
Un ejemplo: Juan acaba de jubilarse, a los 65 años. Su último salario, antes de impuestos, fue de 2000 euros (€) al mes. Ha trabajado durante 40 años. Supongamos una tasa de inflación constante del 2%, con la que los salarios están indizados (dato que, aunque válido para este análisis, no es real, pues en los países desarrollados, debido al crecimiento de la productividad, los salarios suelen crecer más que la inflación) y una cotización para pensiones del 30% del salario, que es pagada 15% por el trabajador y 15% por su empresa.
Esto significa que Juan habrá cotizado199 5478 € en esos cuarenta años. En el país de Juan hay 15 millones de trabajadores y 7 millones de jubilados. El salario medio por trabajador en el primer mes que Juan tiene derecho a pensión es de 1750 € y la contribución total media que cada jubilado ha hecho a la caja común es por tanto de 174 604 €. Con estas cifras, la pensión mensual de Juan será A*B/C, siendo:
A: lo que cotizan ese mes los trabajadores en activo, es decir 15 000 000*1 750*(30/100)
B: lo que ha cotizado Juan, 199 547
C: lo que el resto de jubilados ha cotizado, o sea 7 000 000*174 604
Esto significa que a Juan recibiría el primer mes una pensión de 1286 €, equivalente a un 64% de su último salario. Este porcentaje puede variar dependiendo de la cotización para pensiones, del número de trabajadores en activo, del número de pensionistas y de la edad de retiro. Aunque resulte algo sorprendente, no cambia si varía el salario medio.
Pero por esta misma razón, mucha gente se vería estimulada a retrasar su jubilación, en vez de la actual situación, en la cual la adelantan (no siempre voluntariamente) y sobrecargan el sistema de pensiones. Otras ventajas del sistema propuesto son:
- su transparencia, simplicidad y responsabilidad: el trabajador puede saber y comprender en todo momento lo que ha pagado y la pensión que recibiría si se jubilara. Esto le permite tomar decisiones de ahorro o pedir cambios (aumentos o reducciones, para los que se podrían convocar referendos con cierta periodicidad, y serían trabajadores y pensionistas quienes decidirían, no políticos) en la cotización para pensiones.
- su seguridad: siempre habrá trabajadores que coticen. Ni siquiera una crisis del mercado laboral reduciría las pensiones tan rápidamente como una crisis bursátil reduce el valor de los fondos.
- su capacidad de generar confianza: en los países donde hay sistema de reparto son continuas las quejas de los trabajadores sobre los recortes que permanentemente sufre el sistema (recortes, por otra parte, necesarios para asegurar su viabilidad). Esto produce en ellos angustia, desaliento, inseguridad, desconfianza y animadversión hacia los gestores del sistema (inevitablemente, los políticos, que deben aplicar los recortes). El sistema propuesto puede funcionar siempre sin recorte alguno, y en caso de que se viera la necesidad de cambiarlo, decidirían los cambios (aumentos o reducciones en la cotización) los propios trabajadores y jubilados.
- su portabilidad: el trabajador podría desempeñar su actividad laboral en sucesivos países, incluso por períodos cortos, y lo que ha cotizado podría ser fácilmente restado de las «cajas comunes» de esos países y sumado a la del país donde se jubile.
- su autocontrol: no se generan obligaciones que más tarde no puedan ser atendidas. Siempre hay dinero para pagar a todo el mundo. Si las pensiones se vuelven demasiado bajas, o demasiado altas, las protestas de los jubilados o de los trabajadores ajustarían las cotizaciones a un nivel más conveniente.
- su flexibilidad: no es necesario haber trabajado un determinado número de años para tener derecho a pensión, ni que esos años hayan sido los últimos de la vida laboral.
- su adaptabilidad a los actuales sistemas de reparto: el cambio de esos sistemas al propuesto no sería traumático, ni serían necesaria cantidad de dinero alguna (en cambio, para transformar un sistema de reparto a otro de capitalización es necesaria una suma inmensa). En realidad, los actuales sistemas de reparto son realmente un sistema como el descrito, pero encubierto: en lugar de trasladar los cambios demográficos y en el mercado de trabajo de forma continua a medida que se van produciendo, los trasladan de golpe, cada pocos años, a través de las sucesivas reformas.
- su permanencia: al ser un sistema que se ajusta por si mismo, fácil de entender por la gente y con la capacidad de funcionar a lo largo de decenios, dejaría de poder crearse ese clima de «quién pagará nuestras pensiones», «qué pasará en el futuro», «no habrá trabajadores suficientes», etc. Dicho clima no hace más que favorecer, interesadamente, a los planes de pensiones privados, para que se embolsen sus injustificadas comisiones.
También hay desventajas, por supuesto: altas tasas de inflación, bajos índices de natalidad y aumentos bruscos del desempleo pueden tener una fuerte incidencia negativa sobre el sistema propuesto (pero también lo tendrían sobre cualquier sistema de reparto).
Para las pensiones de viudedad, orfandad e invalidez se crearían sistemas contablemente separados del sistema de jubilación propuesto. Cada trabajador contribuiría, por ejemplo, con un 1% de su sueldo al fondo de invalidez y, caso de quedar inválido, independientemente del momento de su vida laboral en que eso se produce, cobraría el 90% de su sueldo, con un máximo que se fijara. Para las pensiones de viudedad y orfandad contribuirían con porcentajes similares los trabajadores que tuvieran pareja e hijos, respectivamente.
Las pensiones no contributivas, o los complementos para alcanzar un mínimo, saldrían de partidas diferentes de los Presupuestos Generales del Estado, no de las cotizaciones de los trabajadores.
cerradosEl quinto poder
El primero es el ejecutivo; el segundo, el legislativo; el tercero, el judicial; el cuarto, el de los medios de comunicación, que yo creo que podría llamarse poder informativo o poder mediático. Y todavía se está decidiendo cuál es el quinto. Según Wikipedia, hay dos corrientes de pensamiento: la primera cree que el quinto poder sería el que ejercen los Gobiernos sobre la economía a través de las empresas públicas y los mecanismos de intervención (por ejemplo, los tipos de interés). La segunda, que el quinto poder sería el de Internet, particularmente los blogs, las wiki y las redes sociales.
Yo discrepo: por un lado creo que el poder que ejercen los Gobiernos sobre la economía es parte del poder ejecutivo y el legislativo. Si el poder es la capacidad de ser obedecido, la acción de un Gobierno para, por ejemplo, reducir el límite de velocidad en las carreteras (medida que no supone intervención en la economía) o para aumentar los impuestos sobre los carburantes (lo que sí afecta a la economía) corresponde exactamente a la misma capacidad.
Por otro lado creo que los blogs, las wiki y las redes sociales son auténticos alfeñiques frente al auténtico quinto poder:
Actualmente los bancos tienen mucha más capacidad que los Gobiernos para incidir en la economía. La Gran Recesión que estamos viviendo desde 2007 no corresponde a un comportamiento desordenado de los Gobiernos, sino de los bancos, al que los Estados no quisieron poner coto. Y no digo «o no pudieron» porque podrían y deberían haberlo hecho. Actuando de modo legal, los bancos tienen la facultad de restringir el crédito a toda la economía en general, limitarlo a unos sectores mientras lo favorecen a otros, cortar completamente el grifo a una empresa en particular sin que lo justifique el estado de sus cuentas, o hacer subir los tipos de interés de la deuda que emiten los Estados hasta cotas que los pongan de rodillas. Actuando de modo ilegal sus facultades son ilimitadas.
La democracia no puede tolerar esto. Si un puñado de señores (son prácticamente todos varones) pueden decidir a su antojo las condiciones de las pensiones de un país, sus leyes laborales, su sanidad o los salarios de los trabajadores, para que a sus ya repletos bolsillos fluya todavía más dinero, eso ya no es democracia; es plutocracia. Además de su injusticia intrínseca y sangrante, se trata de una forma de gestión del mundo absolutamente ineficiente, que lo esquilma, lo lleva de crisis en crisis y hace pagar a la mayoría los platos rotos. Se tienen que poner en marcha cuanto antes las siguientes medidas (enlaces a las páginas de este blog donde las he comentado más extensamente):
- Acabar con los paraísos fiscales, en los cuales los bancos ocultan su identidad para llevar a cabo operaciones impresentables.
- Convertir al BCE en un comprador incondicional de deuda de los estados cuando su prima de riesgo superara los 200 puntos básicos.
- Limitar los salarios de los altos ejecutivos bancarios a diez veces el menor sueldo del banco.
- Trocear las entidades de tamaño sistémico hasta que alcanzaran una magnitud inocua en caso de quiebra; o, alternativamente, hacer el impuesto sobre los beneficios fuertemente progresivo según el tamaño de la entidad: una entidad que tuviera menos del 10% del mercado de crédito pagaría un impuesto del 20%; otra que tuviera entre el 10 y el 20% pagaría el 30%, etc. De esa forma se favorecería una paulatina reducción del tamaño y se conseguiría un mercado de muchas entidades pequeñas, y por tanto con menos poder.
El alquiler con opción a compra
Se deben buscar las salidas más convenientes a la enorme cantidad de viviendas sin vender que existe en España. Son un lastre para los bancos que las poseen y dificultan el normal funcionamiento de la economía. Lo ideal sería venderlas, pero es difícil: el entorno de precios a la baja no aconseja comprar, y los posibles compradores se enfrentan a un futuro incierto por el paro y la precariedad laboral. El alquiler sería entonces la opción preferible, pero se enfrenta a la insana tendencia de los españoles a la propiedad inmobiliaria, y a la errónea idea de que alquilar es «tirar el dinero» (en realidad, en estos momentos, con los precios descendiendo, el alquiler supone una ventaja respecto a la propiedad). Hay una forma de hacerlo más atractivo: el alquiler con opción a compra y con la posible recuperación de las cantidades invertidas por los inquilinos temporales.
Veamos un ejemplo: supongamos un piso tasado fiablemente en 150.000 euros y que es propiedad de un banco. Lo pone en alquiler por 600 euros mensuales. Supongamos una inflación del 2%, con la que se va actualizando el alquiler, y un tipo de interés simbólico del 0,5% (de favor; al banco le interesa desprenderse de la vivienda) para el valor del piso.
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Los desahucios
A través de los desahucios muchas familias están perdiendo su vivienda. El suicidio de dos desahuciados en noviembre de 2012 ha forzado al Gobierno español a aprobar un decreto el 15 de noviembre de ese año: las familias que no ingresen entre todos los miembros más de 1.597 euros al mes (3 veces el IPREM, el indicador público de renta de efectos múltiples, que en 2012 es de 532 euros al mes), cuando la casa de la que van a desalojarles sea su única vivienda en propiedad, cuando su carga hipotecaria se haya multiplicado, al menos, por 1,5 en los últimos cuatro años, y cuando tuvieran que pagar una cuota de la hipoteca de más de un 50% de sus ingresos netos, no serán desahuciadas durante dos años si cumplen además alguno de los siguientes requisitos:
- ser familia numerosa,
- familia monoparental con dos hijos a su cargo,
- familia con un menor de tres años,
- familias que tenga a su cargo a personas en situación de discapacidad superior al 33 % o dependencia que incapacite de modo permanente para una actividad laboral,
- familias que convivan con familiares (hasta tercer grado de consanguinidad o afinidad) que sean discapacitados, dependientes o que sufran una enfermedad grave que les incapacite de forma temporal o permanente para una actividad laboral,
- familias en las que los deudores estén en paro y hayan agotado la prestación,
- víctimas de violencia de género.
- Prohibición de los avales personales en el futuro e invalidación de los existentes. A través del aval los bancos se cubren injustamente las espaldas. Además, debido a la confianza (a veces desmedida) con que se establecen las relaciones sociales en España, unas personas tienden a avalar a otras sin ser conscientes del riesgo que eso supone. Todo el riesgo del solicitante del crédito debería reflejarse en su tipo de interés.
- Prohibición de conceder hipotecas a más de 30 años o, si el solicitante es mayor de 50 años, a más años de los que resulten de restar a la esperanza de vida media la edad del solicitante. Por ejemplo, si una mujer de 57 años solicita una hipoteca, y la esperanza de vida en ese momento para las mujeres es de 82 años, solo se le podría conceder a 25 años.
- Prohibición de conceder una hipoteca por más del 75% del valor de tasación independiente del bien en ese momento. El solicitante elegiría libremente la agencia de tasación (es decir, el banco no podría elegirla, ni siquiera proponerla) entre un conjunto de agencias autorizadas (que, para serlo, deberían estar totalmente desligadas de entidades financieras), y la tasación, con un plazo de validez de seis meses, serviría para solicitar la hipoteca a otros bancos.
- En caso de impago, se sacará el bien a subasta por el mayor de estos valores: el 75% del valor de mercado en ese momento o el 75% del valor de tasación original. Si nadie puja, el banco adquirirá la propiedad de la vivienda y la deuda quedará saldada automática y totalmente, aunque existan intereses de demora y costas. Eso sí, las cantidades que el deudor haya abonado mientras estuvo al corriente del pago no le serán devueltas.
- Estas condiciones no solo deberán cumplirse en la hipoteca inicial, sino en cualquier posterior refinanciación o renegociación del préstamo.
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Las soluciones de Botín
Emilio Botín, Presidente del Banco de Santander, primer banco de España y uno de los mayores y más rentables del mundo, propone en su discurso (Soluciones para el crecimiento y la estabilidad) en la V Conferencia Internacional de Banca celebrada el Boadilla del Campo (Madrid) el 14 de noviembre de 2012, las siguientes soluciones para el sistema financiero europeo:
– Es necesaria una hoja de ruta para escenarios de crisis, y estar convencidos de pertenecer a un proyecto común irreversible.
– Toca dar un impulso a la unión política y, como parte de ello, a la integración fiscal y bancaria.
– Europa debe pasar de ser un lugar de encuentro y articulación de intereses nacionales a compartir una dirección política única que se anteponga y vele por los intereses de toda la Unión y de todos los europeos.
– Es necesario reforzar el sistema financiero europeo fortaleciendo la supervisión.
– Tenemos que hacer más homogéneos los estándares de supervisión, lo que, por ejemplo, permitirá disponer de criterios claros y comparables en los test de estrés.
– Las exigencias de Basilea III están impactando en el volumen y el precio del crédito bancario y, con ello, en la economía. Es un impacto que tenemos que vigilar y tratar de minimizar calibrando bien las medidas, y revisando algunos elementos.
– También es necesario, y así se está haciendo, revisar las ratios de liquidez.
– Además, para que las ratios de capital sean realmente homogéneas, como Basilea III pretende, hay que abordar tareas pendientes, como armonizar el cálculo de los activos ponderados por riesgo.
– Por otro lado, en la identificación de entidades sistémicas es clave que se reconozca el sistema de cortafuegos que introduce la organización de un grupo internacional mediante filiales autónomas en capital y liquidez.
La clave para dotarnos de una banca más fuerte a largo plazo, que desarrolle su función de intermediación en la economía, está no tanto en las normas, como en lograr buena cultura bancaria. ¿Y qué quiero decir con buena cultura bancaria? Fundamentalmente, tener oficio bancario para cumplir bien con la función básica de un banco: intermediar entre ahorro e inversión, gestionando los riesgos y con foco en el cliente. Una buena cultura bancaria habría rechazado los riesgos y las malas prácticas que han destruido entidades financieras en Estados Unidos, en Reino Unido, en España y a lo largo de la Unión Europea.
Para ello hacen falta tres elementos clave.
- En primer lugar, un gobierno corporativo sólido que garantice la calidad del proceso de toma de decisiones: a) con un Consejo de administración equilibrado, conocedor del negocio y con capacidad para cuestionar las decisiones del equipo gestor, b) Con toma de decisiones colegiadas y con visión a largo plazo; y c) con un equipo gestor con experiencia y con responsabilidades claramente asignadas.
- En segundo lugar, en banca es fundamental contar con una política de riesgos fuerte e independiente que permita anticiparse a los acontecimientos, introducir en las decisiones todas las variables relevantes, y definir y disciplinar el apetito de riesgo para que la toma de decisiones sea consistente con los intereses de los accionistas y de los clientes
- En tercer lugar y por último, la cultura bancaria necesita volver a los mejores principios y valores de la Banca (back to basics), orientando la gestión bancaria a las necesidades del cliente, proporcionando crédito y servicios financieros a empresas y familias y por tanto, poniendo la banca al servicio de la economía real.
Para que España vuelva a crecer
Extractos del Artículo España 3.0, publicado en El País Negocios el 18 de agosto de 2012.
Cuando España se incorpora a la OCDE, en 1962, su PIB per capita era el más bajo de este selecto grupo, apenas 3.800 dólares. Cuando se incorpora a Europa, en 1986, lo había triplicado (casi 10.000 dólares). En 2012, y a pesar del resbalón de la crisis, todavía supera los 27.000 dólares, es decir, casi diez veces más que cuando se suma a la OCDE, y todavía tres veces más que cuando se sube al AVE europeo.
Para salir de nuevo a hombros tendremos que enfrentarnos a nuestros propios sueños y pesadillas. Las apuestas por la educación habrán de ser más firmes: hay yacimientos de empleo en ingeniería, por ejemplo, pero no producimos suficientes ingenieros. Las empresas se están rifando estos universitarios (en este sector apenas hay paro), pero entre 2003 y 2011 los universitarios inscritos en estas carreras no han aumentando, sino más bien todo lo contrario: ¡han bajado un vertiginoso 40%! No solo debemos incentivar más jóvenes hacia estas carreras, sino que también deberán hablar idiomas. En el mundo entero hay y habrá una fuerte demanda por ingenieros cualificados. ¿Qué esperamos para volcarnos en el fomento de estas vocaciones y carreras?
También tendremos que acabar con el toreo de salón que consiste en eludir una rotunda apuesta por la innovación a la surcoreana o la manera israelí. No valen recortes aquí, sino todo lo contrario. Es más: tendríamos que aprovechar la crisis para triplicar el esfuerzo en esta área. Si bien la apuesta pública es relativamente importante, donde pecamos es en materia de impulso a la innovación procedente del sector privado.
No dejemos que el miedo nos achique. Hay que saltar al ruedo; como lo hicieron en su día los que levantaron, desde la nada, multinacionales como Telefónica, Iberdrola, BBVA, Acciona o Santander. Si Amancio Ortega hubiese escuchado a los que nos decían a los europeos que el sector textil no era para nosotros, que nadie podría frenar a China, Inditex no sería lo que es hoy día: una de las multinacionales más exitosas, innovadoras y rompedoras de la era moderna.
El toreo de salón se acabó. Cuanto más rápido lo entendamos, mejor. Habrá que saltar al ruedo, como en el pasado, con valentía y temple. Y será, no cabe la menor duda, de nuevo una cuestión de esfuerzo colectivo e individual, público y privado, echándole valor y valores a esta reinvención de España.
Por un sistema eléctrico justo (II)
Escribo esta entrada reafirmándome en lo propuesto en Por un sistema eléctrico justo (I) el año pasado y a raíz de que el Gobierno haya tomado el planteamiento de mi sistema para proponer el suyo.
No quiero criticar la solución del Gobierno. Solamente exponer las razones que me llevan a pensar que mi solución es mejor.
Mi propuesta era:
Tiene que existir un impuesto a la producción de electricidad, dependiente de cada central y del coste fijado por la subasta cada día, cuyos ingresos vayan a cubrir el déficit de tarifa.
Un ejemplo: supongamos que el 28 de septiembre de 2011 OMEL fija para el día siguiente un precio P de 60 €/MWh.
La central nuclear de Ascó II tiene este año un coste de producción C de 18 €/MWh, contando todo: coste de las instalaciones, IBI, amortizaciones, personal, seguros, combustibles, residuos… Todo. Este coste de producción lo fijaría anualmente el Estado para cada central (hidroeléctrica, térmica) teniendo en cuenta dichos costes, la cantidad de electricidad producida el año anterior y la esperable el año en curso.
Entonces esta central debería pagar por la electricidad producida el 29 de septiembre de 2011 (y que, recordemos, le sería retribuida a 60 €/MWh) un impuesto
La ley de Presupuestos Generales de cada año se encarga de fijar y actualizar a los valores de mercado el tipo de interés legal del dinero (ILD). En los presupuestos para el año 2011 este tipo se fijó en el 4%. Por tanto, el impuesto para esa central ese día sería 60 – 18*(1 + 0,04*2) = 40,56 €/MWh.
Según el editorial de El País del 23 de agosto de 2012, el plan del Gobierno consiste en el establecimiento de impuestos con tipos de gravamen diferente en función de cada tecnología generadora de energía eléctrica. Más concretamente, en el artículo del día anterior en que se basa dicho editorial, La propuesta incluía un impuesto del 4% a las térmicas, del 11% a la generación eólica y otro del 19% a la fotovoltaica y del 13% a la termosolar. Nucleares e hidráulicas también tendrían su propio gravamen (10 y 15 euros por megavatiohora). En total, pretendía recaudar 6.800 millones de euros al año y compensaba a las eléctricas con concesiones más amplias.
El primer problema de estos gravámenes fijos es que se podrían trasladar a los precios, con lo que el déficit de tarifa no solo no se resolvería, sino que se agravaría. Mi sistema, donde el impuesto depende del precio, no adolece de ese peligro.
El segundo problema es que trata de forma igual a instalaciones que son muy diferentes, unas recién construidas y otras completamente amortizadas. Incluso las que empezaron a operar en fecha parecida pueden tener tecnologías de muy distinto rendimiento. Los impuestos fijos pueden no solo conducir a algunas instalaciones a la quiebra mientras otras obtienen beneficios altísimos, sino que además, precisamente por esta razón, los tribunales pueden echarlos abajo.
Precisamente por esta razón, los impuestos fijos se han tenido que establecer por la mínima: es decir, si hay 10 instalaciones de un tipo (por ejemplo, nucleares) y un impuesto de 20 euros por MWh haría no rentable una sola de ellas, se tiene que bajar el impuesto para que TODAS sean rentables. Las otras se ven así muy beneficiadas, y la electricidad sigue sin pagarse al precio que realmente cuesta producirla.
De modo que estaríamos ante un sistema subóptimo, que no conseguiría eliminar el déficit de tarifa, solo reducirlo, mientras que mi planteamiento, que se ajusta a la rentabilidad de cada instalación, sí eliminaría el déficit.
La gran dificultad, pero solo aparente, de mi sistema, es que el Estado establezca fiablemente los costes de producción reales de todas las instalaciones de generación eléctrica de España, desde la más pequeña hidroeléctrica hasta la mayor nuclear. Es posible. Existen ya múltiples datos de instalaciones de energías renovables, de nucleares y de hidroeléctricas.
Se tendría que unificar toda esa información y ponerla en una base de datos. Cada responsable de cada instalación, accediendo por firma electrónica, podría ver, y en su caso, corregir o aportar, los datos de fecha de puesta en servicio de la instalación, cantidad anual de electricidad producida, precio de la instalación cuando se puso en servicio, inversiones de ampliación o modificación que se han ido haciendo a lo largo de los años y coste de mantenimiento anual. Suponiendo un plazo de amortización de 20 años, se calcularía automáticamente el coste de producción de la instalación.
Todo lo declarado a la base de datos tendría que poder ser justificado documentalmente por el responsable en caso de inspección. Detectar los fraudes sería muy sencillo: bastaría con inspeccionar las instalaciones cuyo coste de producción declarado fuera más de un 25% superior a la media de las instalaciones de la misma tecnología. Las instalaciones que mintieran sobre sus costes declarados o no pudieran justificarlos serían multadas con el triple de la cantidad presuntamente defraudada y la inhabilitación permanente de su responsable. Los fraudes serían imprescriptibles.
8Más medidas fiscales
Propuestas de José María Mollinedo, Secretario General de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), en la revista MUFACE de abril-junio de 2012
En primer lugar, se precisan estudios oficiales de economía sumergida, a partir de los cuales establecer y controlar el objetivo principal de reducir el fraude.
En segundo lugar, se debería realizar una reforma en profundidad del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, aumentando las competencias a todos sus empleados y, especialmente, duplicando las actuales responsabilidades de los 8.000 técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude para que puedan investigar las empresas que tengan hasta 12 millones de euros de ventas, lo que permitiría recaudar unos 6.200 millones adicionales.
En tercer lugar, habría que poner un mayor interés en el fraude de las grandes empresas en lugar de poner la lupa sobre el pequeño contribuyente, obtener información automática de las empresas que actúan en los paraísos fiscales y evitar que las grandes fortunas eludan impuestos.
En cuarto lugar, las administraciones públicas deberían llegar a acuerdos de colaboración en la lucha contra el fraude y compartir las bases de datos tributarias.
Estas cuatro propuestas fundamentales aliviarían el bolsillo de millones de ciudadanos. Así, desde GESTHA estimamos que rebajando la tasa de economía sumergida en España diez puntos porcentuales, acercándonos a la media sumergida de la UE-15, la recaudación subiría en unos 38.500 millones anuales, una cantidad que permitiría alcanzar el objetivo de déficit sin dañar al estado de bienestar.
Estas propuestas se unen a las ya formuladas en:
7Vente a Gente
