Por un sistema eléctrico justo (II)
Escribo esta entrada reafirmándome en lo propuesto en Por un sistema eléctrico justo (I) el año pasado y a raíz de que el Gobierno haya tomado el planteamiento de mi sistema para proponer el suyo.
No quiero criticar la solución del Gobierno. Solamente exponer las razones que me llevan a pensar que mi solución es mejor.
Mi propuesta era:
Tiene que existir un impuesto a la producción de electricidad, dependiente de cada central y del coste fijado por la subasta cada día, cuyos ingresos vayan a cubrir el déficit de tarifa.
Un ejemplo: supongamos que el 28 de septiembre de 2011 OMEL fija para el día siguiente un precio P de 60 €/MWh.
La central nuclear de Ascó II tiene este año un coste de producción C de 18 €/MWh, contando todo: coste de las instalaciones, IBI, amortizaciones, personal, seguros, combustibles, residuos… Todo. Este coste de producción lo fijaría anualmente el Estado para cada central (hidroeléctrica, térmica) teniendo en cuenta dichos costes, la cantidad de electricidad producida el año anterior y la esperable el año en curso.
Entonces esta central debería pagar por la electricidad producida el 29 de septiembre de 2011 (y que, recordemos, le sería retribuida a 60 €/MWh) un impuesto
La ley de Presupuestos Generales de cada año se encarga de fijar y actualizar a los valores de mercado el tipo de interés legal del dinero (ILD). En los presupuestos para el año 2011 este tipo se fijó en el 4%. Por tanto, el impuesto para esa central ese día sería 60 – 18*(1 + 0,04*2) = 40,56 €/MWh.
Según el editorial de El País del 23 de agosto de 2012, el plan del Gobierno consiste en el establecimiento de impuestos con tipos de gravamen diferente en función de cada tecnología generadora de energía eléctrica. Más concretamente, en el artículo del día anterior en que se basa dicho editorial, La propuesta incluía un impuesto del 4% a las térmicas, del 11% a la generación eólica y otro del 19% a la fotovoltaica y del 13% a la termosolar. Nucleares e hidráulicas también tendrían su propio gravamen (10 y 15 euros por megavatiohora). En total, pretendía recaudar 6.800 millones de euros al año y compensaba a las eléctricas con concesiones más amplias.
El primer problema de estos gravámenes fijos es que se podrían trasladar a los precios, con lo que el déficit de tarifa no solo no se resolvería, sino que se agravaría. Mi sistema, donde el impuesto depende del precio, no adolece de ese peligro.
El segundo problema es que trata de forma igual a instalaciones que son muy diferentes, unas recién construidas y otras completamente amortizadas. Incluso las que empezaron a operar en fecha parecida pueden tener tecnologías de muy distinto rendimiento. Los impuestos fijos pueden no solo conducir a algunas instalaciones a la quiebra mientras otras obtienen beneficios altísimos, sino que además, precisamente por esta razón, los tribunales pueden echarlos abajo.
Precisamente por esta razón, los impuestos fijos se han tenido que establecer por la mínima: es decir, si hay 10 instalaciones de un tipo (por ejemplo, nucleares) y un impuesto de 20 euros por MWh haría no rentable una sola de ellas, se tiene que bajar el impuesto para que TODAS sean rentables. Las otras se ven así muy beneficiadas, y la electricidad sigue sin pagarse al precio que realmente cuesta producirla.
De modo que estaríamos ante un sistema subóptimo, que no conseguiría eliminar el déficit de tarifa, solo reducirlo, mientras que mi planteamiento, que se ajusta a la rentabilidad de cada instalación, sí eliminaría el déficit.
La gran dificultad, pero solo aparente, de mi sistema, es que el Estado establezca fiablemente los costes de producción reales de todas las instalaciones de generación eléctrica de España, desde la más pequeña hidroeléctrica hasta la mayor nuclear. Es posible. Existen ya múltiples datos de instalaciones de energías renovables, de nucleares y de hidroeléctricas.
Se tendría que unificar toda esa información y ponerla en una base de datos. Cada responsable de cada instalación, accediendo por firma electrónica, podría ver, y en su caso, corregir o aportar, los datos de fecha de puesta en servicio de la instalación, cantidad anual de electricidad producida, precio de la instalación cuando se puso en servicio, inversiones de ampliación o modificación que se han ido haciendo a lo largo de los años y coste de mantenimiento anual. Suponiendo un plazo de amortización de 20 años, se calcularía automáticamente el coste de producción de la instalación.
Todo lo declarado a la base de datos tendría que poder ser justificado documentalmente por el responsable en caso de inspección. Detectar los fraudes sería muy sencillo: bastaría con inspeccionar las instalaciones cuyo coste de producción declarado fuera más de un 25% superior a la media de las instalaciones de la misma tecnología. Las instalaciones que mintieran sobre sus costes declarados o no pudieran justificarlos serían multadas con el triple de la cantidad presuntamente defraudada y la inhabilitación permanente de su responsable. Los fraudes serían imprescriptibles.
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Vente a Gente
Yo creo que el enfoque impositivo es un error. Se debería asignar un coste por una subasta para cada tecnología: una subasta para la nuclear, otra para la hidroeléctrica, otra para la fotovoltaica, etc.
En el artículo de El País sobre el cierre de Garoña se ilustra este inconveniente del sistema impositivo fijo: «Tras vender durante años que mantendría el empleo, la tecnología, la seguridad de suministro y la independencia energética, Endesa e Iberdrola se desmarcaban y no pedían la prórroga. Estas esgrimían que, como la reforma energética no está cerrada, no saben cuánto tendrán que pagar en impuestos, aunque los cálculos internos hablan de que entraría en pérdidas.» Si el impuesto fuera variable y siempre dejara beneficios no se produciría este efecto. Aprovecho para pedir que, sea del tipo que sea, la reforma energética se promulgue ya, porque la incertidumbre que causa su retraso (¡Cinco meses!) está posponiendo las inversiones necesarias para mantener el sistema energético español en un estado óptimo.
* 6% de tipo fijo sobre la venta de energía para todo tipo de tecnologías que generará 571,7 millones de ingresos de las empresas tradicionales y 688 millones de las empresas de energías renovables; * impuesto a la generación de residuos nucleares de 2.190 euros por kilo de residuo por el que se recaudarán 269 millones en tres años; * canon del 22% a la energía hidroeléctrica (304 millones en tres años); * impuesto especial al gas de 2,79 céntimos por metro cúbico (804 millones); * céntimo verde al carbón (14,97 euros por tonelada) por el que se ingresarán 268 millones, * y céntimo verde también para el fuel (sexto impuesto) y el gasóleo (séptimo impuesto) que se utilicen para producir electricidad, que generarán otros 38 millones para las arcas del Estado.
En primer lugar, los precios finales de la electricidad deben determinarse por mecanismos de mercado basados en las condiciones de oferta y demanda. Ello implica poner fin a las intervenciones administrativas que limitan la formación de los precios finales y distorsionan el precio de mercado.En segundo lugar, es necesario diseñar un mecanismo de apoyo a las renovables sostenible y con un horizonte de largo plazo. El cambio climático no es un problema coyuntural. España ha logrado grandes avances en la promoción de energías renovables pero los esquemas de apoyo a las mismas se han demostrado financieramente insostenibles.Por último, se deben establecer incentivos de mercado que fomenten la inversión en infraestructuras de generación cuando existan riesgos de falta de suministro (y que dejen de hacerlo cuando la inversión sea excesiva, como es el caso actual). Asimismo, la seguridad de suministro se garantiza aumentando la integración del mercado español de electricidad en el mercado europeo.
Los precios finales de la electricidad deben determinarse por mecanismos demercado en base a las condiciones de oferta y demanda. Ello implica poner fin alas intervenciones administrativas que limitan la formación de los precios finalesy distorsionan el precio de mercado. Para ello, se deben potenciar los mercadosmayoristas de electricidad eliminando los sesgos a favor de algunas tecnologías(como las medidas a favor del uso del carbón nacional adoptadas en 2010).Asimismo, se debe potenciar la formación de precios mayoristas del gas pormecanismos de mercado. El gas es un importante insumo en la generación deenergía eléctrica y, en la actualidad, sus precios siguen en gran medida ligadosa los precios del petróleo sin que exista un verdadero mercado líquido de gas.Por último, se debe garantizar una correcta traslación de los precios mayoristasa los minoristas eliminando trabas administrativas y se deben determinar deforma apropiada aquellos costes del sistema ajenos a las fuerzas del mercadoasí como garantizar su recuperación.La formación de precios de la electricidad debe desligarse de la solución aldéficit tarifario acumulado cuya solución no debe lastrar el futuro del sector. Eltratamiento del déficit tarifario acumulado y el proceso de formación de preciosde la electricidad deben analizarse de forma independiente.La des-carbonización del sector eléctrico debe llevarse a cabo mediante la coordinaciónde dos instrumentos:1. Un esquema de promoción y apoyo de las energías renovables que seasostenible en el largo plazo, al tiempo que flexible para incorporar nuevosdesarrollos tecnológicos y para detectar y dejar de financiar tecnologíasfallidas.2. Un precio del CO2 que promueva la adopción de tecnologías más limpias.Tienen sentido los mecanismos que garantizan que la capacidad de generaciónsea suficiente para asegurar el suministro, pero es importante que estosmecanismos se rijan por las leyes del mercado y que remuneren la disponibilidaden función de la necesidad o excedente de capacidad. Es decir, que la remuneraciónsea mayor ante las perspectivas de falta de capacidad (con el fin de estimularnuevas inversiones) y sea menor cuando exista exceso de capacidad.
El ministro de Industria, José Manuel Soria, anunció el 20 de noviembre de 2012 que el Gobierno trabaja en una «reordenación» del sector eléctrico para que el precio que pagan los usuarios refleje solo el gasto de la «generación, la distribución y el transporte» de la electricidad y «no otros costes».Soria ha explicado en unas jornadas sobre industria organizadas por la CEOE que las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno en materia energética han ido encaminadas únicamente a «taponar» la hemorragia del déficit de tarifa eléctrica y no a reformar el sector.
En julio de 2005 publiqué, por encargo del Gobierno, un Libro Blanco sobre la reforma del sector eléctrico. Sus principales recomendaciones eran cuatro. Primera, dejar funcionar correctamente al mercado mayorista, reduciendo el dominio de las dos mayores compañías –Endesa e Iberdrola– y desacoplando el precio de este mercado del pago de unas compensaciones acordadas con las empresas por el cambio regulatorio que en 1998 introdujo competencia en la generación eléctrica. Segunda, que las tarifas recogiesen la totalidad de los costes reconocidos a las empresas y así acabar con el despropósito del déficit tarifario. Tercera, que ya no era preciso seguir con las citadas compensaciones a las empresas productoras, sino que, al contrario, debieran limitarse a futuro los ingresos que en el mercado eléctrico fueran a recibir centrales construidas largo tiempo atrás –mucho antes de la introducción del mercado– y con previsiones de funcionamiento muy superiores a sus periodos de amortización –nucleares e hidráulicas–. Cuarta, enmarcar la reforma y las futuras decisiones sobre el sector en un plan energético de largo plazo, sostenible, debatido en público con transparencia y adoptado como política de estado.Ahora hay dos grandes tareas pendientes. Una es acabar con ese cáncer del sector que hemos creado con el déficit tarifario.No es materia de expertos en regulación: no tiene solución técnica, sino política. No hay quien lleve ya la cuenta del cúmulo de arbitrariedades que, a favor y en contra de las cuentas de las empresas y de los consumidores, se han realizado desde la eliminación de las compensaciones en 2006. Los políticos, que crearon el déficit, deberán reunirse –aunque sea, por última vez, a puerta cerrada– entre ellos y con las empresas y consumidores, y encontrar una salida pragmática que minimice daños.La otra tarea es acometer la prometida reforma del sector eléctrico. Hay que volver a acometer con urgencia un nuevo proyecto de plan energético como el de 2008, pero con amplia participación y transparencia. Necesitamos disponer de una visión integral estratégica de largo plazo para poder definir y poner en vigor los instrumentos regulatorios adecuados que permitan trasladar los principios generales y declaraciones de objetivos a medio y largo plazo a acciones concretas.
En el artículo «Qué hacer si la factura miente» de Dinero y Derechos (publicación de la Organización de Consumidores y Usuarios) de enero-febrero 2013, la OCU pide:- El fin de la facturación eléctrica con consumos estimados. Deben sustituirse por consumos reales, terminando así con los muchos problemas y quejas que las estimaciones provocan.- La puesta en marcha de contadores con gestión a distancia, para que no sea precisa la entrada en el domicilio con el fin de efectuar la lectura.- Una competencia real y efectiva entre compañías.- Un organismo administrativo único, específico y especializado que emita resoluciones vinculantes sobre las muchas reclamaciones de los consumidores.