Economía

Crear casi tres millones de empleos

El Consejo Empresarial para la Competitividad (CEC) en su documento La recuperación económica en España ganará fuerza en 2014-2015 propuso el lunes 3 de noviembre de 2014 una batería de medidas económicas encaminadas a reducir el paro en España desde el entorno actual del 24% al 10% en 2018.

La primera de ellas tiene que ver con cambios en elmarco institucional y el aumento del tamaño de las empresas. En concreto, proponen “eliminar las barreras legales (laborales, regulatorias y fiscales) que tienen las compañías a la hora de aumentar su volumen de negocio, así como facilitar las condiciones financieras para realizar fusiones y adquisiciones”. El objetivo del CEC con ello es duplicar las empresas de más de 250 trabajadores (que son apenas 3.800 de los tres millones de empresas que existen) y aumentar un 60% las medianas que emplean entre 50 y 250 asalariados (actualmente unas 24.000). Esto generaría, según sus cálculos, 400.000 nuevos empleos en los próximos cuatro años.

Para ello, el CEC pide que se duplique el presupuesto para políticas activas de empleo, se aumente el número de inspectores laborales, se incentive fiscalmente la transición hacia contratos formales, y se cambien las actitudes frente al fraude. Los empresarios sostienen que con estas propuestas se pueden aflorar 827.000 empleos sumergidos hasta 2018, lo que redundaría en una recaudación fiscal adicional cercana al 1% del PIB.

Según las pesquisas del CEC, 307.000 trabajadores cobran el desempleo aunque trabajan en negro y otros 275.000 empleos sumergidos corresponden a la inmigración ilegal.  

Serían necesarias (dice el CEC, yo no estoy de acuerdo) “al menos, medidas adicionales permanentes” que supondrían ajustes por valor de unos 30.000 millones de euros hasta 2018. Estos deberán “recaer en mayor medida en recortes en el gasto frente a un incremento de ingresos”. Así,destacan sus propuestas de ajustes de gastos en personal por 5.000 millones; fusión de ayuntamientos, que ahorraría otros 6.000 millones o medidas de reestructuración de todo el sector público que podrían significar hasta 17.500 millones menos de gasto.Para lograr la reducción de la deuda, a estos ajustes debería añadirse la necesidad de privatizar activos públicos por valor de unos 35.000 millones de euros.

Como he explicado en la entrada Las cifras objetivo, no comparto que España necesite una reducción del gasto público. Yo creo que necesita mantenerlo, y los recursos para tener superávit e ir reduciendo la deuda, sacarlos de una lucha más eficaz y decidida contra el fraude y la elusión. En ese aspecto sí que estoy plenamente de acuerdo con el CEC. 

Tampoco es posible aplicar en España el «remedio» de aumentar los impuestos indirectos sin empeorar la enfermedad: la debilidad del consumo. Ya se vio con el aumento del IVA del 18 al 21% en septiembre de 2012. 

Con el fin de obtener los otros 1,9 puntos de recorte del paro atribuibles a la mejora del conocimiento y la energía, proponen aumentar el actual 1,3% del PIB que se destina a I+D al 3%. Este aumento deberá provenir, almenos en sus dos terceras partes de la inversión privada (que actualmente es del 55%). Asimismo, apuestan por aumentar considerablemente la inversión de intangibles (información digitalizada; I+D y nuevos productos; marca etc.).

En cuanto a las inversiones energéticas, creen que se requerirá destinar 18.000 millones en cuatro años a eliminar de las tarifas los costes no relacionados con la producción y distribución de energía y repartir entre todos los sectores la carga fiscal del cumplimiento de los objetivos medioambientales, entre otras cosas. En cuanto a la mejora de la excelencia educativa, el CEC reclama una reforma que ligue las remuneraciones de los profesores a objetivos; y se cree, entre otras cosas, un “programa de vales/cheques” para escuelas tanto públicas como privadas, según el cual “competirían por los recursos que proveen las Administraciones públicas”.

Las cuentas del CEC:

  •  Aumentar el tamaño de las empresas y su productividad. 400.000 empleos.
  •  Apuesta por la internacionalización de las empresas. 700.000 empleos.
  •  Mejorar el nivel educativo con mayores recursos y cualificación especializada. 200.000 empleos.
  •  Acelerar la economía del conocimiento con el desarrollo digital y del I+D. 130.000 empleos.
  •  Una política energética sostenible. 100.000 empleos.
  •  Afloramiento del trabajo sumergido. 800.000 empleos.
  •  Crecimiento económico. En torno a 600.000 empleos.

TOTAL: DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL EMPLEOS

cerrados

Las cifras objetivo

Vivimos desbordados por las cifras económicas: tasa de paro, aumento del PIB, inflación, consumo de los hogares, tipos de interés… ¿Pero cuáles son realmente importantes? ¿Qué relación tienen? ¿Se pueden utilizar para conducir la economía a un estado beneficioso para la gran mayoría? ¿Puede establecerse razonadamente un orden de prioridades y una combinación óptima? Estoy convencido de que sí, y he llegado a las conclusiones siguientes.

1. La tasa de paro debe estar por debajo del 6%. Este es el primer objetivo económico. Todos los demás deben supeditarse a él de forma sostenible. Es decir, si la tasa de paro es del 9%, de nada vale aumentar monstruosamente un año el déficit para reducirla ese año al 5%, porque en años siguientes volverá a crecer. Lo importante de estas cifras objetivo no es que una magnitud se encuentre dentro o fuera de las franjas debidas, sino su tendencia (favorable) a mantenerse en esas franjas o entrar en ellas, o bien la desfavorable a alejarse de dichas franjas, o a salir de ellas. Como el velocímetro en el salpicadero de un coche.

2. La inflación debe encontrarse entre el 1% y el 3% anual. Menos puede suponer riesgo de deflación, que corroe la economía de mercado, porque retrasa las decisiones de posibles compradores, a la espera de precios más bajos. Y más, deteriora el valor de los activos y genera incertidumbre. Como herramientas para combatir una inflación que tiende a salirse por arriba de la franja debida debería utilizarse, primero, el aumento de los tipos de interés, y luego, si no se revela eficaz, el incremento de la imposición directa (para reducir la cantidad de dinero disponible por los consumidores) o la restricción directa del crédito (por ejemplo, obligando a que, en las compras a plazos, necesariamente el primero tuviera que abonarse en el momento de la compra, y que el número máximo de plazos pudiera ser fijado por el Gobierno. No es lo mismo comprarse un coche de 10.000 euros en 50 plazos que en 30. En el segundo caso, quedaría restringido el número de posibles compradores.)

3. En una situación de crecimiento en la franja debida (ver más adelante), que llamaré «situación normal» los salarios nominales deben aumentar, al menos, con la inflación, pero eso sí, de modo diferido y paulatino. La principal herramienta de la que dispone el Gobierno para este objetivo es el salario mínimo, que debe existir. En febrero de cada año, cuando se conozca la inflación de todo el año anterior, se decidirá sobre el aumento, de acuerdo con la situación de los demás indicadores. Puede hacerse de golpe (para que se empiece a aplicar en marzo), en dos veces (si, por ejemplo, el crecimiento es débil o la inflación elevada), en cuatro…

4. Las pensiones, en cambio, no deben indizarse con la inflación. Para su cálculo debe seguirse el sistema de pensiones inquebrable que propongo en otra entrada. En una situación normal, aumentarán como los salarios, pero en caso de crisis no comprometerán el resto de la economía.

5. El interés del dinero debe encontrarse entre el 1% y el 6%, y en situación normal, al menos medio punto por encima de la inflación. Aunque ahora mismo (octubre de 2014) en EE.UU., la UE y Japón se encuentra prácticamente en 0%, y la economía estadounidense va bien, mientras que las otras renquean, unos tipos tan bajos privan a los gobiernos de una de las principales herramientas para conducir la economía.

6. El gasto público debe situarse entre el 40% y el 45% del PIB. Es imposible gastar menos si seguridad, justicia, educación, sanidad y pensiones son públicas y de la calidad deseable, como defiendo en otra entrada. Y más (hay países, como Eslovenia, que casi llegan al 60%) suponen que el Estado excede su doble y debido papel de

  • controlador de la actividad económica general +
  • realizador de las actividades en las que es claramente más eficiente

para ocupar una porción demasiado amplia del espectro económico, con el riesgo que esto supone para la libertad, el desarrollo y el dinamismo.

(Hago un inciso para reiterar mi absoluta convicción, derivada de los hechos, de que el mercado, dejado a sí mismo, se autodestruye. En cambio, el Estado puede sobrevivir sin el mercado, pero lleva situaciones altamente indeseables, cuyo paradigma es Corea del Norte. No soy hostil al Estado ni al mercado. Promulgo su coexistencia pacífica y equilibrada, con el Estado vigilando al mercado y los ciudadanos vigilando con desconfianza a los dos y exigiéndoles democráticamente las demandas que juzguen razonables)

7. Los ingresos públicos (la presión fiscal) en situación normal deben situarse un punto por encima del gasto. Es decir, el Estado no ha de tener déficit, sino superávit. Evidentemente no promulgo recortar el gasto público en países donde se encuentra en la franja debida (España, por ejemplo, tenía el 43,8% en 2013), sino aumentar los ingresos (combatiendo sin tregua el fraude, la elusión y los paraísos fiscales). Es deseable acercar todo lo posible la imposición de las rentas del capital, del trabajo y de la actividad empresarial. También llegar a acuerdos internacionales de topes mínimos y máximos efectivos para cada renta. Las nóminas de los que cobran el salario mínimo (o menos) deben gravarse al 0%, y las que cobran un múltiplo de dicha cantidad (por ejemplo 10 veces, 15 veces), al tipo máximo, que en ningún caso será efectivamente superior al 49%. Tampoco a ningún contribuyente (persona física o jurídica), por rico que sea, se le podrá detraer mediante impuestos directos (estatales, municipales; los indirectos no se tienen en cuenta) más del 49% de su renta (escudo fiscal). Los ricos deben pagar más, de acuerdo, pero tipos efectivos del 60% o hasta del 80%, como existen, son un abuso y una injusticia, porque solo derivan de la incapacidad de los gobernantes para perseguir eficazmente a los evasores.

8. Los fondos resultantes de este superávit (creo que no hay una palabra para llamarlos; al contrario de lo acumulado tras sucesivos años de déficit, que se denomina «deuda») se destinarían a períodos en que el crecimiento estuviera por debajo del límite inferior debido, para estimular la economía con obras públicas, préstamos en condiciones favorables, formación de desempleados, transformación de sectores productivos obsoletos, etc. Estos fondos, por tanto, en situación normal, no se podrían invertir. Ni en deuda de otros países, ni en la bolsa, ni en prestar a interés, porque existiría el riesgo de que, cuando fueran necesarios, no estuvieran disponibles o (caso de la bolsa) hacerlos líquidos los mermara significativamente (en una situación de crisis la bolsa baja mucho, y vender importantes cantidades de acciones la hace bajar todavía más). Quedarían así «económicamente muertos». Pero es la única forma en que cumplan su función. Una economía (capitalista, obviamente) bien gestionada en un entorno favorable tiende a sobrecalentarse. No hay más remedio que estar enfriándola constantemente (sin pasarse, ojo). La forma más eficaz es detraerle «combustible» (dinero): restringiendo el crédito, dificultando las compras a plazos, aumentando las retenciones mensuales sobre los salarios.

9. El crecimiento del PIB debe situarse entre el 2 y el 4% anual (aunque, como he dicho en otra entrada, es insostenible el crecimiento infinito en un planeta con recursos finitos, pero ese es el mapa de otro territorio). Más supone riesgo de descontrol de la economía (la economía china, que durante años ha crecido a ritmos superiores al 11%, se enfrenta ahora a riesgos de burbujas, desempleo, contaminación y descontento social). Menos, genera desempleo o no permite absorberlo.

10. Todas las cifras estadísticas (por ejemplo, el PIB es estadístico, porque deriva de la evaluación de la realidad, pero el salario mínimo o los tipos de interés, no, porque los fija el Gobierno) deben calcularlas y proporcionarlas públicamente organismos independientes y sin funciones reguladoras, con metodologías transparentes e internacionalmente consensuadas. Buen ejemplo: el INE español. Mal ejemplo: su homólogo argentino y su historial de manipulación de la inflación. Trimestralmente (y esto es fundamental, porque en la economía actual la difusión de una decisión económica multiplica sus efectos) el Ministro de Economía debe dar una rueda de prensa (y luego admitir preguntas, por supuesto) sobre la situación de las cifras objetivo, sus previsiones y las medidas que se van a tomar. No debe haber más portavoces oficiales que expresen opiniones al respecto (para que las del Ministro al cargo tengan todo el peso posible).

cerrados

La reforma fiscal

Unos pocos números: el déficit del Estado español ha sido en 2013 del 6,62% del PIB, que asciende a un billón de euros. En los próximos años creceremos poco: 1,2% en 2014 y 1,7% en 2015 (Banco de España, marzo de 2014). Tenemos que reducir el déficit al 3% y, a la vez ir reduciendo la deuda, que en 2013 alcanzó la bestialidad del 94%, al 60%, mientras, también simultáneamente (¿alguien dijo que gobernar era fácil?) disminuimos el paro desde los insoportables niveles actuales del 26% hasta que quede por debajo del 8% (no es una utopía; en 2007 llegó al 7,95%).

Esto quiere decir que cada año Hacienda necesita recaudar 46.200 millones de euros más (3,62% del PIB de un billón para bajar del 6,62 al 3% y un 1% suplementario, por decir algo, para ir reduciendo la deuda). ¿De dónde se sacan sin cargarse la economía?

La Comisión Lagares (los expertos que han redactado la propuesta de reforma fiscal) propone subir IVA y bajar los tipos de Renta y Sociedades, pero eliminando casi todas las deducciones. También propone que desaparezca Patrimonio y se incrementen IBI y Sucesiones y Donaciones.

Respecto a estas propuestas, suscribo las palabras de Julio Ransés Pérez Boga, Presidente de Inspectores de Hacienda: «No estoy de acuerdo con las propuestas relativas a eliminar Impuesto sobre el Patrimonio, que además de someter a gravamen a los más acaudalados y generar una justa recaudación, tenía una importante función censal muy apreciada por Hacienda para comprobar otros impuestos

Y también las de Carlos Díez, economista de Intermoney: «La propuesta de reforma fiscal coordinada por Manuel Lagares ha tenido numerosas críticas hasta del Gobierno que se la encargó. La principal es que sería la reforma más regresiva de la democracia ya que bajaría los impuestos al 1% de la población más rica y nos lo subiría al resto, especialmente a los más pobres con la subida del IVA en alimentos del 10% al 21%.» […] «Hay que eliminar las desgravaciones del IRPF y del impuesto de sociedades. Nuestros tipos impositivos son los más altos de Europa pero se aplican sobre las bases más bajas de la OCDE. Las desgravaciones son un lujo que España tras una depresión no se puede permitir. Además son extremadamente regresivas ya que benefician principalmente a las rentas altas y a las grandes empresas

En lo que sí estoy plenamente de acuerdo es en «crear un gran sistema informático que cruce los datos bancarios de los contribuyentes con los registros de Tráfico y registradores y notarios para que la Agencia Tributaria disponga de mejores herramientas para luchar contra el fraude.«. No se trata de crear un monstruo informático, sino de cambiar los sistemas existentes en Tráfico y los Registros de la Propiedad y Mercantil para que aplicaciones de Hacienda efectúen búsquedas diarias automáticas, hallen los contribuyentes con cuyo NIF están registradas un número de propiedades, empresas o vehículos no esperables de sus ingresos, y proporcionen esos resultados a los inspectores. Esto ni es caro ni es complicado, solo requiere una fuerte coordinación de todos los responsables.

Joaquín Estefanía aclara cómo se pueden recaudar los 46.200 millones de euros que faltan cada año:

Que quien más tiene y más gana no es quien más paga no se debe sólo al fraude fiscal. Está causado también por los intersticios del sistema en forma de bonificaciones, deducciones, vías de elusión legales, etcétera, existentes después de un parcheo continuo e incoherente de los gravámenes, en una vorágine normativa en la que han entrado las tres administraciones que tienen competencias impositivas: la central, la autonómica y la municipal. Según el informe citado, en los Presupuestos de 2014 las exenciones al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), Valor añadido (IVA) y Sociedades superan los 35.000 millones de euros.

Caso aparte es el del fraude, que algunos estiman en unos 90.000 millones de euros (casi el 9% del PIB). Un cálculo elaborado por el Círculo de Empresarios lo cifraba en 70.000 millones, desarrollados del siguiente modo: si entre el 20% y el 25% del PIB es economía sumergida, el PIB ha superado el billón de euros y la presión fiscal media se sitúa entre el 30% y el 36%, el importe de las cuotas no ingresadas cada año puede superar los 70.000 millones. Para que la reforma fiscal funcione, además de tener una normativa clara y justa, se precisa una administración tributaria eficaz, que detecte y sancione. Según datos de la OCDE, España tiene un empleado de esa administración por cada 1.928 ciudadanos, frente a los 860 de Francia, 729 de Alemania, 862 del Reino Unido, o 697 de los Países Bajos. Nuestro país dedica alrededor del 0,1% de su PIB a la gestión fiscal frente al 0,5% de otros países importantes europeos. No se trata sólo de más recursos sino de garantizar la independencia de la administración tributaria puesta en tela de juicio en los últimos meses. Quizá sería interesante estudia la posibilidad de convertir la Agencia Tributaria en una agencia independiente de los gobiernos de turno. 

Conclusión: no hace falta subir el IVA (y mejor no hacerlo, porque subirlo en 2012 del 18 al 21% retrajo el consumo e incrementó el paro) ni bajar las cotizaciones sociales (el paro hace que se recaude bastante menos y que se esté mermando la «hucha» de las pensiones). Lo que hay que hacer es eliminar TODAS las exenciones y deducciones, tanto en Renta como en Sociedades, eliminar los módulos y la estimación objetiva, y combatir eficazmente el fraude.

cerrados

Combatir la desigualdad

Podríamos definir la desigualdad como la diferencia entre los ingresos del 20% de los ciudadanos más ricos de un país y el 20% más pobre. En esta entrada trataré solamente la desigualdad dentro de un mismo país. Por supuesto, la desigualdad entre los países ricos y pobres es mucho mayor y mucho más grave, ya que por ella mueren millones de personas de hambre y enfermedades evitables. Pero las medidas necesarias para combatirla son muy diferentes.

En 2011 el 20% más rico de los españoles ganaba 7,5 veces más que el 20% más pobre. En cambio, en Noruega la diferencia es de solo 3,3 veces. Esto no parece necesariamente malo en sí. No parece intrínsecamente malo que haya ricos y pobres; lo intrínsecamente malo es que haya personas que no puedan satisfacer dignamente sus necesidades de comida, calor y vivienda.

Pero el problema es que dejar crecer la desigualdad empeora progresivamente la situación de la inmensa mayoría de la población y hace al país más vulnerable a las crisis económicas. Porque si los ingresos están repartidos de una forma más homogénea, hay más empleos (más gente tiene dinero para gastarlo en bienes y servicios diversos, que han de proporcionarse sirviéndose de otras personas), mejor pagados y el país es económicamente más estable. En cambio, la concentración de ingresos en un sector reducido de la población crea menos empleos (los empleos generados por cada unidad monetaria de más ingresada por los más ricos son muy inferiores a si esa unidad la ingresan los más pobres) y fomenta la economía especulativa, las burbujas y los reventones.

Por ejemplo, dice Paul Krugman: «Después de que estallase la crisis, el trasvase continuo de los ingresos de la clase media a una pequeña élite lastró la demanda de los consumidores, de manera que la desigualdad tiene que ver tanto con la crisis económica como con la debilidad de la recuperación posterior.»

Según el Fondo Monetario Internacional, la igualdad económica favorece el crecimiento de un país más que la baja corrupción, la baja deuda, el libre comercio o la inversión extranjera.

Un reciente metaestudio basado la comparación de más de 150 artículos científicos revela que los países con mayores desigualdades económicas tienen mayores problemas de salud mental y drogas, menores niveles de salud física, menor esperanza de vida, peores rendimientos académicos y mayores índices de embarazos juveniles no deseados.

Suscribo por tanto las siguientes propuestas del artículo Intervenir en el mercado publicado por Pedro Saura García en El País del 28 de enero de 2014:

  1. Apuesta decidida por unas relaciones económicas internacionales que eviten el dumping social, medioambiental y sanitario.
  2. Evitar la competencia a la baja de los impuestos entre países.
  3. Combatir los paraísos fiscales, idealmente hasta conseguir la total transparencia de las finanzas internacionales, tanto empresariales como personales.
  4. Educación que elimine cualquier tipo de segregación.
  5. Impuestos altos sobre sucesiones y grandes fortunas.
  6. Política económica que gravite sobre la incorporación de la innovación y el conocimiento.
  7. Políticas públicas que estimulen la participación de los trabajadores en la toma de decisiones de la empresa.
  8. Mayor transparencia para que los accionistas y los trabajadores conozcan las razones que explican los emolumentos de sus ejecutivos y directivos.
  9. Negociación colectiva equilibrada entre trabajadores y empresarios que evite condiciones de trabajo y salarios indignos.
  10. Reforma del mercado de trabajo que permita un empleo más estable al principio de la vida laboral de los jóvenes.
  11. Incremento del salario mínimo acompasado al aprendizaje y a la productividad del trabajador.
  12. Regeneración de nuestras instituciones que elimine privilegios de todo tipo, posibilitando una verdadera competencia en los mercados de bienes y servicios.
  13. Igualdad en el acceso al crédito de todoslos empresarios.
  14. Que paguen impuestos los que no lo hacen.
  15. Asignación por méritos objetivos y contrastados de los puestos no políticos en los organismos que controlan el mercado y luchan contra el fraude (Agencia Tributaria, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Tribunal de Cuentas, Banco de España, etc.) en vez de asignarlos por amiguismo, fidelidad o conveniencia política.

 

En todo caso, añado, la mejor forma de combatir la desigualdad es consiguiendo que el paro sea bajo (inferior al 5%) sin rebajar el salario mínimo. Esto se logra, por un lado, combatiendo eficazmente el fraude fiscal (cosa que produce mucho mejores resultados que freír a impuestos a los ricos) y pagando con el dinero recaudado una buena educación, una buena sanidad y unos buenos centros de cuidado de niños y mayores (todo ello genera muchísimos empleos). Y por otro lado, formando a los trabajadores en los conocimientos que el mercado requiere (esto ya lo he dicho varias veces en este blog, pero lo seguiré repitiendo hasta que suceda).

cerrados

La financiación de las Administraciones Públicas

Es necesario establecer unas reglas muy claras sobre la financiación de los tres niveles de la Administración Pública en España: Central, Autonómica y Local. Tiene que quedar transparente quién hace qué y con qué dinero. Las posibilidades son infinitas, pero conviene escoger métodos tan simples como sea posible y aplicarlos rigurosamente.

La financiación del nivel local debería ser la más sencilla: los Ayuntamientos pueden autofinanciarse, sin recibir dinero del Estado, a través del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), tanto sobre fincas urbanas como sobre parcelas industriales o agrícolas. También deben poder establecer diversas tasas como recogida de basuras, alcantarillado, o circulación. Y solo deben dedicarse a las competencias que les son propias: limpieza, saneamiento, arreglo de las calles y aceras, alumbrado, ordenación del tráfico urbano, bomberos, parques y jardines. No deben, por ejemplo, asumir competencias en servicios sociales o sanidad. Tampoco deben financiarse vendiendo suelo, porque crea espejismos contables (se cree que se tiene más capacidad económica de la real) que luego desembocan en déficit pavorosos. Si un Ayuntamiento decide vender suelo un año porque su población está aumentando o porque quieren instalarse industrias, el dinero obtenido debe repartirse proporcionalmente entre los contribuyentes a los impuestos municipales ese año.

La limitación de los servicios que pueden ofrecer los Ayuntamientos es una de las modificaciones que va a introducir la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, cuyo proyecto ha empezado a tramitarse en el Parlamento en octubre de 2013.

Este proyecto mantiene las diputaciones, pero yo creo que deben eliminarse directamente. Para que los Ayuntamientos pequeños contraten servicios (recogida de basuras, etc.), no es necesario que se los presten de arriba a abajo a través de las diputaciones; creo mejor que varios Ayuntamientos pequeños y cercanos se pongan de acuerdo para contratar conjuntamente a una sola empresa que les preste los servicios.

La madre del cordero está en el reparto del dinero entre las Administraciones Central y Autonómica. Los ingresos están bastante claros:

 Parte superior. Hay más ingresos, pero son bastante menos relevantes.

Sesenta y ocho mil millones de euros de impuestos directos, casi todos (sesenta y cinco mil) de impuesto sobre la renta, a asalariados y autónomos, y treinta y siete mil millones de impuestos indirectos, la mayoría de IVA (veintisiete mil millones) e impuestos especiales sobre los combustibles, el tabaco y el alcohol (casi ocho mil millones).

Y por cierto ¿dónde están en ese documento los ingresos por el impuesto de sociedades (otra fuente dice que superan los veintidosmil millones de euros, pero sus cifras no parecen coincidir con las del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas).

¿Pero los gastos? Tenemos por supuesto los gastos de los ministerios (treinta y cuatro mil millones de euros). ¿Pero cuánto se gasta realmente en Educación, en Sanidad, en Justicia, que son las competencias que están transferidas a las Comunidades Autónomas?

Hay que tener en cuenta que las pensiones se pagan con las cotizaciones a la seguridad social, que no son esos ridículos 978 millones que aparecen en la imagen de arriba, sinomás de cien mil millones. Prácticamente todos esos ingresos se dedican a pagar las pensiones, y hay suficiente, aunque existe un pequeño déficit.

Lo que debería hacerse para evitar el continuo baile de agravios de las Autonomías es transferirles lo recaudado por impuestos indirectos por las ventas en sus territorios (es decir, aunque una gran empresa con sede en Madrid tribute mil millones por IVA, no se transferirían directamente a la Comunidad de Madrid, sino que se repartirían proporcionalmente a las ventas de esa empresa en cada Autonomía). La gestión, la recaudación y la represión del fraude seguirían siendo del Estado, pero la transferencia del dinero a las arcas autonómicas sería automática en cuanto ese dinero entrara en las arcas de Hacienda, y no requeriría de decisiones políticas.

Los regímenes especiales del País Vasco y Navarra fueron una malísima idea, pero dado que eliminarlos supondría un coste político actualmente inasumible, mejor dejarlos estar, eso sí, actualizando cada año con cifras reales los cupos vasco y navarro.

Alternativamente se podría continuar con un sistema de financiación parecido al actual, y basado en la población de cada Autonomía. Pero el Padrón ha de revisarse bien cada año. No puede ser que haya territorios que, por no reconocer el Estado el aumento de sus poblaciones, vayan acumulando deudas históricas. Además de en la población como factor fundamental, deberían tenerse en cuenta factores secundarios que inciden en el coste de atender a esa población, como la edad, la dispersión, la insularidad, etc.

cerrados

Para que fluya el crédito

La situación relatada por Miquel Nadal, antiguo Secretario de Estado de Asuntos Exteriores, en el artículo de fondo de El País del 17 de julio de 2013 exige acciones inmediatas: resulta que empresas españolas con beneficios, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, y que pagan rigurosamente a los bancos los intereses de sus créditos, se están quedando sin ellos simplemente porque los bancos han decidido no financiar su sector.

Esto no puede ser: por ese camino las empresas cierran, el paro aumenta y la economía acaba yéndose al garete. Que una compañía desaparezca porque sus ventas bajan demasiado es un drama, aunque se puede entender. Pero que se hunda una empresa rentable simplemente porque los bancos, sin razones objetivas, se niegan a facilitarle financiación, es intolerable y el Estado debe actuar. Porque, como ya expliqué en Público y privado «Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores«.

Hay varias formas el que el Estado puede hacer llegar la financiación a las empresas:

  1. Creando un banco público, cuyos directivos, los que deciden a quién se da crédito y cuánto, sean funcionarios.
  2. Creando una estructura donde múltiples prestamistas decidan directamente a quién prestan, como la descrita en La banca popular, pero orientada a las pymes en vez de a los autónomos.
  3. Creando un sistema de cuotas de obligado cumplimiento para los bancos: por ejemplo, entre el 30 y el 40% del dinero que obtengan en el mercado (pidiéndolo prestado al BCE, de impositores a plazo fijo, de titulizaciones, etc.) deberán prestarlo al Estado (comprando deuda pública); entre el 20 y el 30% deberán prestarlo a empresas; entre el 15 y el 25% a autónomos y entre el 5 y el 15% a familias.
  4. Asumiendo el riesgo de las líneas de crédito ICO.

El ICO explica cómo son estas líneas:

Líneas de Mediación: el ICO diseña y fija las principales características de las diferentes líneas de financiación, a la vez que firma los correspondientes Acuerdos de Colaboración con las Entidades de Crédito para su comercialización a través de sus redes. Estas líneas están dirigidas fundamentalmente a trabajadores autónomos y pequeñas y medianas empresas. El ICO determina las dotaciones de cada línea, la finalidad de los préstamos, los tipos de interés y los plazos de amortización y provee de fondos a las Entidades Financieras. Éstas se encargan del análisis de las operaciones, determinan las garantías a aportar, deciden sobre la concesión de la financiación y asumen el riesgo de éstas.

Financiación directa: se trata de financiación corporativa y estructurada de grandes proyectos de inversión productiva, públicos o privados. Son préstamos diseñados a la medida de las necesidades de la empresa solicitante, con un importe mínimo de 10 millones de euros y largos plazos de amortización. Para la solicitud de estos préstamos las empresas se dirigen directamente al ICO que estudia, concede y asume el riesgo de las operaciones. Esta financiación se concede preferentemente en colaboración con entidades privadas o públicas nacionales, internacionales o multilaterales.

Pues bien, si las entidades financieras no están dispuestas a asumir el riesgo de prestar a pymes, deberá asumirlo el Estado. Obviamente, quien asume el riesgo, recoge el beneficio. Las entidades financieras actuarían como meros tramitadores. Los requisitos para dar a una pyme una línea de crédito serían objetivos: beneficios los tres últimos ejercicios, al corriente con Hacienda y la Seguridad Social, al corriente en el pago de sus créditos y cifra de crédito solicitado inferior a un 10% de su cifra de negocio del último ejercicio. A las empresas que cumplieran estos requisitos, los créditos se les concederían automáticamente, sin directivos alérgicos al riesgo (ahora) que tuvieran que valorarlo, hasta que se acabara la dotación de cada línea.

Los intereses pagados por las empresas irían directamente al Estado. Se podría obligar a los bancos a ejercer esta función de meros tramitadores, sin retribución alguna, como represalia a su inacción y al incumplimiento de la función social que los justifica, o bien se les podría compensar por los gastos (únicamente informáticos) con, como máximo, medio punto de los intereses. Así las pymes obtendrían financiación alrededor del 5%.

2

Nuestro inmenso potencial

España se encuentra en este año 2013 en una situación económica lamentable, pero posee potencial de sobra para salir de ella, porque atesora una serie de características, conocimientos y habilidades que el mundo actual valora muchísimo. Hay que desarrollarlos tanto como nos sea posible y empezar a generar los empleos que nos saquen del atolladero.

  • Tenemos bien ganado nuestro prestigio culinario. Hay que favorecer, por un lado, el turismo gourmet, donde, además de alojar a los visitantes en buenos hoteles y llevarlos a museos y monumentos, pasen también por los mejores restaurantes. Se podrían promover recorridos donde almuerzos y cenas solo se sirvieran en establecimientos con al menos una estrella Michelin.
  • Por otro lado hay que aprovechar la celebridad de nuestros chefs para organizar a su alrededor facultades internacionales de cocina, con enseñanzas regladas, títulos universitarios y el inglés como lengua de enseñanza.
  • España es uno de los países más seguros del mundo en cuestión de delincuencia. Hay que cuidar que lo siga siendo, en todas partes, pero especialmente en las zonas turísticas, y promocionarlo entre los posibles visitantes más temerosos. Igualmente hay que promover unas calles limpias, unas vías de comunicación bien señalizadas e impulsar una eliminación de las ruinas sin valor arquitectónico que afean el paisaje urbano y el interurbano.
  • Nuestro estilo de vivir nos lleva a la segunda esperanza de vida más alta del mundo, solo después de Japón. Pero los hábitos de los japoneses gozan de menos admiración internacional que los españoles, y tienen, por tanto, menor poder de atracción. Un ejemplo. Tanto «sake» (el licor de arroz tradicional japonés) como «sangria» (sin acento) son palabras inglesas. ¿Pero cuál despertará más atracción en un inglés? Es cuestión de aprovechar este prestigio para promover turismo de vida sana: dieta mediterránea tradicional, incluso orgánica o vegetariana, paseos, excursiones en bicicleta…
  • El sistema sanitario español también es de los mejores del mundo: consigue muy bajos índices de morbilidad y mortalidad a un coste muy razonable (a costa de la cuasi esclavitud del personal sanitario, pero ésa es otra cuestión). Hay que dejarse de intentos de privatizar o externalizar, que no consiguen disminuir el coste, pero sí lo desprestigian, y empezar a extraer dinero y empleo de él. ¿Cómo? Promoviéndolo, especialmente en EE.UU., donde causa admiración. En las facultades de medicina hay que crear cátedras de gestión sanitaria destinada a personal internacional, y conseguir que miles y miles de cuadros norteamericanos vengan a aprender.
  • El sistema de transplantes es, directamente, el mejor del mundo. Alemania nos lo quiere copiar. Santo y bueno. Pero en la situación que estamos, hay que sacar partido de algo de una calidad tan admirable. Sin corromperlo, por supuesto. Simplemente enseñándolo (en el sentido docente) a un precio razonable y con el personal necesario. No solo a Alemania, sino a cualquier país que lo desee.
  • Otros triunfos de España despiertan también admiración global. No es solo la selección de fútbol, sino también nuestros tenistas y nuestros motoristas. Se deberían crear escuelas internacionales de esos deportes en los que destacamos. Preferiblemente privadas, pero vigiladas por el Estado para garantizar la calidad de la enseñanza y la satisfacción de los alumnos.
  • España es una potencia en energías renovables. Puede hacerse de oro si emplea su experiencia técnica, organizativa y económica para implantarlas en otros países que las necesitan desesperadamente, por ejemplo, China, ahogada en la contaminación de sus plantas de carbón y con tanto dinero para gastar que pensarlo provoca mareos.
  •  También destaca en obras públicas. Está construyendo el nuevo Canal de Panamá, el AVE a La Meca, y muchas más. Uno de los pocos campos en que lo que se tiene que hacer ya se está haciendo.

Por citar tan solo algunas posibilidades. Todos agradeceremos que, si a quienes lean esta entrada se les ocurre alguna más, la describan con detalle en un comentario.

cerrados

Los tipos de contrato de trabajo

De acuerdo con la página específica del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en España hay diecisiete tipos de contrato de trabajo (mayo de 2013):

  • Contrato indefinido
  • Contrato indefinido de fijos discontinuos
  • Contratos acogidos al Programa de Fomento del Empleo
  • Contrato para  personas con discapacidad
  • Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los emprendedores
  • Contrato para la formación y el aprendizaje
  • Contratos en prácticas
  • Contrato para trabajadores desempleados en situación de exclusión social en empresas de inserción
  • Contrato de obra o servicio determinado
  • Contrato eventual por circunstancias de la producción
  • Contrato de interinidad
  • Contratación en sustitución por anticipación de la edad de jubilación
  • Contrato de relevo
  • Contrato a tiempo parcial
  • Contrato de trabajo de grupo
  • Contrato para el trabajo a distancia
  • Contratos del personal investigador en formación

Hay tantos porque para favorecer el empleo de determinados colectivos (discapacitados, desempleados de larga duración, etc.) se crea un tipo de contrato para cada situación. Esto tiene su lógica, pero complica innecesariamente la legislación laboral. Y además da pie a los que, interesadamente y contra la evidencia empírica, propugnan que un único tipo de contrato (con peores condiciones para el trabajador, claro) ayudará a paliar el gigantesco desempleo en España.

El Profesor de Sociología Sergio González Begega lo explica muy bien en este artículo sobre los efectos de la reforma laboral de 2012 cuyo título lo dice todo: Una trituradora de empleo:

La reforma laboral de 2012 fue diseñada bajo el convencimiento de que nuestro mercado laboral es ineficiente porque sus reglas son malas y que estas ineficiencias muestran su cara más dramática en situaciones de crisis, cuando contribuyen a destruir empleo. Sin embargo, tras un año, los efectos de la reforma sobre nuestro mercado de trabajo son muy negativos. Se ha erosionado la seguridad de los puestos de trabajo estables y no se ha hecho nada con el resto. Hay mucho menos empleo y es más precario.

contratos_trabajo2

Aunque el Gobierno, empujado por Bruselas, siga defendiendo la idoneidad de la reforma y señale que, ante un eventual cambio de coyuntura económica, contribuirá al crecimiento de la contratación y a la recuperación del empleo, lo cierto es que este tipo de afirmaciones se mueve más entre el deseo y la promesa. Porque lo que verdaderamente tendrá capacidad para crear empleo en un futuro, si la incertidumbre se despeja, será la inflexión del ciclo económico y la recuperación de la demanda en el mercado de bienes y de servicios. Y la reforma, con sus efectos depresivos sobre la economía, no ayuda precisamente a ello.

Las reglas del mercado de trabajo no crean empleo. Al menos, no por sí solas. Orientan, eso sí, el tipo de empleo del que se dispone o que se pueda crear, más robusto o menos resistente.

Por tanto, es perfectamente inútil, e incluso contraproducente, abaratar más el despido. Si el propósito del contrato único es reducir la protección al trabajador, ya se ha visto que eso no creará empleo. Yo creo que en realidad solo tienen sentido tres tipos de contrato: el indefinido, cuando la persona es contratada (a tiempo total o parcial, todo el año o en un período específico) para una tarea que no se presupone que vaya a tener un fin; el de interinidad, cuando la persona es contratada para sustituir a otra de baja médica, que no se sabe cuánto va a durar; y el temporal, cuando la persona es contratada para un trabajo de una duración definida en el tiempo (por ejemplo, la obra de un edificio). Los contratos temporal y de interinidad no tendrían derecho a indemnización por despido, puesto que se celebran con el conocimiento de las dos partes sobre su posible término, pero el indefinido sí.

Los colectivos con dificultades de empleabilidad (jóvenes sin experiencia, mayores de cincuenta años, discapacitados…) tendrían que ser favorecidos, no con tipos de contrato específico, sino con bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social, un método que complica menos la legislación y permite ajustes más sencillos (por ejemplo, si por contratar a un mayor de 50 años se bonifica el 50% de las cuotas, pero aun así no se contrata a los suficientes, se puede aumentar la bonificación al 70%).

En los contratos indefinidos no se debería aumentar ni reducir el número de días de indemnización; lo que habría que hacer es favorecer un mecanismo de ajuste rápido de la fuerza laboral sin el trauma del despido y sin coste para las empresas, como hacen en Alemania con excelentes resultados.

Por ejemplo: una empresa industrial tiene 10 trabajadores con un salario bruto (incluyendo cotizaciones a la Seguridad Social) de 2.000 euros mensuales. Las ventas de esa empresa caen el 20%. En lugar de despedir a 2 trabajadores, el mecanismo que propongo permite acudir a la Seguridad Social, reducir un 20% el horario de trabajo, reducir otro 20% el salario pagado por la empresa a los trabajadores y que la Seguridad Social se haga cargo de la mayor parte de la diferencia (digamos un 15%, con lo cual los trabajadores tendrían 20% menos de horario, pero solo 5% menos de sueldo). Esto mantendría el empleo, permitiría dar a los trabajadores cursos de reciclaje o ampliación de conocimientos, mantendría en la práctica el poder adquisitivo de la fuerza de trabajo y alejaría el temor al paro (que hace que se consuma mucho menos).

cerrados

Medidas urgentes contra el paro

Hoy, 25 de abril de 2013, España supera los SEIS MILLONES DE PARADOS. Es una tragedia, una catástrofe. Pero lo peor es que se podrían hacer muchas cosas para paliarla y no se hace nada.

Xavier Vidal-Folch, en su artículo de hoy, propone lo siguiente:

Uno: políticas activas de empleo como el reciclaje, la formación, los institutos de ocupación. Figuran en el repertorio de consejas europeas al menos desde junio, y apenas nada se ha hecho.

Dos: fomento de las exportaciones, de las que tanto se llenan la boca todos (el propio Rajoy en el debate sobre el Estado de la nación) como único indicio feliz en esta recesión, y nadie hace nada nuevo en la Administración. Lean las propuestas de El modelo de apoyo a la internacionalización de la empresa española, el documento 167 del Instituto de la Empresa Familiar (www.iefamilar.com). Hay materia.

Y tres: reforma fiscal integral, en vez de la histérica yenka retórica de subir / bajar impuestos. Lo primero es simplificar el bosque, cercenar la mayoría de deducciones que desnaturalizan y distorsionan el objetivo de cada impuesto, y acabar con las micromedidas sin visión de conjunto. Bastante de ello figura en el muy reciente proyecto socialista Bases para la reforma fiscal (www.psoe.es), que el Gobierno prefiere, de momento, despreciar. Haría mejor en leerlo, igual le da alguna idea.

Durante mucho tiempo he venido proponiendo ideas para el problema más grave de España. Por ejemplo, el 1 de mayo de 2011, cuando no habíamos llegado a los cinco millones:

Para combatir esto es necesario que el Organismo Nacional de Empleo investigue los conocimientos y habilidades que el mercado demanda (porque se siguen ofreciendo puestos, que no se cubren) y forme a las personas necesarias. Si por ejemplo hacen falta 200 técnicos de gestión de residuos, y sólo 50 personas se apuntan al curso, se ofrecen los euros que sean necesarios por cursarlo (¿1000? ¿2000? ¿5000?) hasta que se cubran las 200 plazas. También se deben aumentar los incentivos para los que cambien de localidad de residencia con el fin de ocupar un puesto laboral. Ya existen, pero a la vista de las diferencias en las cifras de paro de las autonomías, está claro que no funcionan.

El 6 de mayo de 2011:

En España el empleo total en los servicios comunitarios (salud, educación, servicios sociales, administración) es del 12,3%, mientras que en la UE 15 es del 17,3%. Es decir, si tuviéramos el gasto social de la UE 15, habría en España alrededor de UN MILLÓN más de personas empleadas. Y no lo tenemos porque el fraude fiscal en España es tal alto (se calcula que un 20% de nuestra economía está sumergida) que no lo podemos pagar. Es absolutamente necesario ir recortando estos DOSCIENTOS MIL MILLONES DE EUROS que nos roban los defraudadores e invertirlos en más médicos, más residencias públicas de ancianos y en una buena red pública de guarderías que, además de los empleos que en sí crea, libera a muchas mujeres, que se pueden poner a buscar trabajo e impulsar la economía. No es ninguna utopía: en Suecia un sistema de guarderías con estas características hace que la tasa de actividad de las mujeres sea similar a la de los varones.

Coincido plenamente con Xavier Vidal-Folch: hay que cambiar el sistema fiscal. Tiene demasiados agujeros a través de los cuales las empresas consiguen pagar solamente el 11% de sus beneficios. Hay que eliminar TODAS las deducciones que no consigan claramente el objetivo de beneficio social general que persiguen, y destinar el dinero recaudado a guarderías y residencias.

Pero además hay que fomentar la inmigración de españoles parados y extranjeros parados residentes en España a otros países donde se requieran sus habilidades, o formarlos aquí en las habilidades que otros países requieran. Todo lo que contribuya a reducir nuestro índice de desempleo será bueno. Así, estos inmigrantes bajarán la tasa de paro, con lo que cesará la presión a la baja sobre los salarios, que deprime la economía. Además, enviarán remesas a sus familiares en España, que las dedicarán al consumo aquí.

cerrados

Combatir la pobreza energética

La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano).

Esto puede no ser solamente debido a los bajos ingresos intrínsecos del hogar, sino también a la mala calidad de la vivienda, o a su emplazamiento en un sitio muy frío o muy cálido, o a tratarse de una vivienda muy grande para una sola persona de bajos ingresos.

Se estima que la pobreza energética afecta a un 10% de los hogares españoles, unos 4 millones de personas. En Europa, a 50 millones. Habitar una vivienda con temperaturas inadecuadas en invierno aumenta el riesgo de padecer enfermedades físicas y mentales e incrementa la probabilidad de morir de forma prematura entre ancianos. Una estimaciónpublicada en la revista Consumer indica que la pobreza energética causaría más de 2.000 muertes prematuras al año en España. Los enfermos crónicos, niños y ancianos son los más afectados.

Cómo hacer frente a la pobreza energéticaartículo de Eroski Consumer

Una de las causas principales de la pobreza energética es la mala calidad de las viviendas. En España el 60% del parque se construyó con anterioridad a la normativa de regulación térmica. Estos edificios pierden calor y necesitan más energía para mantener la temperatura. Otra de las causas es la baja eficiencia energética de los aparatos, bombillas, sistemas de climatización, etc., utilizados en estas casas.

Marta García, consultora de Ecoserveis, asegura que para abordar este problema hay que actuar sobre sus tres causas principales: nivel de ingresos, calidad en la edificación y precios de la energía.

Las medidas preventivas tendrían que ser prioritarias. Las viviendas de protección oficial, ocupadas en principio por familias vulnerables, deberían contar con criterios superiores de eficiencia energética.

Otra medida sería la de ofrecer bonos para el pago de facturas de energía a las personas mayores. En Inglaterra, el Gobierno destina 100 millones de euros para cubrir los costes de las tarifas sociales y ayudar a las familias más vulnerables. Las personas mayores de 60 años reciben 300 euros al año como medida contra la pobreza energética. En España habrá que esperar a tener los datos del nuevo bono social, puesto en marcha en julio de este mismo año.

Los consumidores pueden asumir diversas medidas para combatir la pobreza energética. En primer lugar, pueden prestar atención a sus facturas de energía y comprobar si se ha contratado una tarifa adecuada. En la actualidad, los consumidores con menos de 10kW de potencia contratada pueden escoger entre la Tarifa de Último Recurso (precio máximo fijado por el Gobierno) o ir al mercado libre a pactar las condiciones con una comercializadora.

La potencia contratada es otro elemento que los consumidores pueden elegir y reducir hasta lo necesario. A igual consumo, la factura será mayor cuanto mayor sea la potencia contratada. Para hacerse una idea, se puede analizar el conjunto de equipos que se quieren tener encendidos al mismo tiempo. Para un piso medio con cocina y calefacción de gas suele ser suficiente una potencia de 3,3kW o incluso menos.

La reducción del consumo energético es otra medida clara que se puede lograr con diversos consejos:

  • Utilizar la energía sólo cuando sea necesario. Ser conscientes de que es un bien escaso que conlleva un impacto medioambiental, social y económico más grande del que parece.
  • Sustituir las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo.
  • Contar con electrodomésticos de eficiencia energética A o A+.
  • Regular la calefacción con termostatos y encenderla durante el día unas pocas horas, suficiente para que el calor acumulado se mantenga para el resto de la jornada.
  • Invertir en aislamiento de paredes, ventanas e incluso tuberías y conductos de ventilación y climatización al construir o rehabilitar una casa. Las comunidades autónomas ofrecen ayudas que cubren hasta el 60% de esta inversión.
  • Instalar contrapuertas y contraventanas.
  • Evitar las fugas de calor, que pueden suponer entre el 5% y el 30% del malgasto energético. En el mercado se pueden encontrar diversos materiales y sistemas asequibles que permitirán acabar con este problema, por ejemplo burletes de gomaespuma.
  • Realizar un correcto mantenimiento de las calderas y otros sistemas de climatización.
  • Los ventiladores de techo reversibles pueden utilizarse en invierno para hacer circular el calor y ahorrar costes de calefacción hasta en un 10%.
  • Aplicar sistemas basados en energías renovables (para ello también se pueden solicitar diversas ayudas institucionales).
  • Vestir de acuerdo a las condiciones climatológicas: estar en casa en camiseta de manga corta durante el invierno supone un uso excesivo de la calefacción.

Todo esto está muy bien, pero muchas veces la gente pobre no tiene dinero para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Por eso creo que el Estado debe devolver hasta un 50% de la factura energética (electricidad, gas natural o butano) a los hogares en que anualmente esa factura suponga más de un 10% de los ingresos anuales.

Esto no debería hacerse a través de precios subvencionados (como el actual bono social). La energía debería cobrarse a su coste (más un beneficio justo para el proveedor) a todos los consumidores, y solamente ser ayudados aquellos que realmente lo necesitaran.

Para recibir esta ayuda, se debería solicitar cada año. No sería necesario aportar facturas de electricidad o gas: se implantaría un sistema coordinado con las compañías de gas y electricidad en que el solicitante solamente tendría que aportar su NIF; ya se encargaría Hacienda de comprobar de si el montante de las facturas energéticas para el año anterior es superior al 10% de los ingresos de ese hogar.

Solamente podrían recibir estas ayudas aquellos hogares con menos de 70 metros cuadrados construidos por habitante (datos que el sistema comprobaría automáticamente en el Catastro y en el Padrón municipal; hacérselos declarar al solicitante es invitar al fraude).

Las personas receptoras de estas ayudas deberían, además, ser auténticamente pobres; es decir, no podrían poseer, total o parcialmente, otras viviendas aparte de la solicitante, ni cuentas bancarias, depósitos o activos financieros por valor superior a 3.000 euros.

Un hogar que recibiera una ayuda por este concepto de más de 200 euros anuales más de dos años consecutivos estaría obligado, después del tercer año, a someterse a un somero estudio de eficiencia energética, pagado por el Estado, que recomendaría medidas (por ejemplo, cambiar ventanas, aislar paredes, sustituir calderas, etc.). Tras este tercer año, cualquier ayuda posterior iría íntegramente destinada a poner en marcha alguna de las medidas recomendadas. Por ejemplo, un hogar que hubiera recibido 400, 426 y 397 euros en años consecutivos, estaría obligado el cuarto año a sustituir una ventana, por, digamos, 300 euros, y solo recibiría la ayuda el cuarto año tras presentar la factura de la sustitución.

Evidentemente, un sistema de ayudas así sería administrativamente caro para el Estado, pero a mí me parece la única forma de abordar seriamente el problema. Mucho más caras están saliendo las enfermedades y muertes provocadas por la falta de ingresos suficientes para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El derecho a la vivienda debe entenderse como el derecho a una vivienda saludable, no una que por tus circunstancias te enferme.

cerrados
Mete "Lo que hay que hacer" en Google y mira qué te sale: enlaces a un libro "Lo que hay que hacer con urgencia" del que las primeras páginas no están disponibles para descargar. Y mientras, tu ciudad, tu país, tu planeta bullen de problemas a los que no se pone remedio adecuado, cuando existen soluciones para todos. Escribo este blog desde Madrid, España, la Tierra, para unir mi voz a los que proponen estas soluciones y presionan para que se apliquen.
diciembre 2019
L M X J V S D
« Nov    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031