Archivo 17 marzo, 2012

La banca popular

17 marzo, 2012 en Economía, Finanzas

El problema de la banca son los directivos. Los de la banca privada, para aumentar los beneficios a corto plazo, asumen grandes riesgos que, en ocasiones, llevan al cierre de la entidad o a su rescate con fondos públicos. Los de la banca pública (estoy pensando en las cajas de ahorro españolas) la emplean como una herramienta política (por ejemplo, la Caja de Ahorros del Mediterráneo favoreció las inversiones de la Generalitat Valenciana), como una agencia de colocación de familiares o como un jugoso limón que hay que exprimir con millonarios sueldos y pensiones autofijados.

«Pero no puede haber una banca sin directivos» dirá alguien. «¿Quién decidiría sobre a quién prestar, cuánto y en qué condiciones?»

Pues ya la hay: las finanzas colaborativas, y más concretamente, las plataformas de Internet donde los particulares se prestan entre sí:

• Zopa
• Prosper
• Funding Circle
• Comunitae (española)
• SociosInversores (española)
• Injoinet (española)

Un miembro inversor decide cuánto quiere prestar, a qué interés, qué plazo e incluso qué tipo de inversión. Un miembro prestatario solo tiene que elegir entre las condiciones ofrecidas. No hay intermediarios, no hay oficinas, no hay servicios extra. Unos invierten dinero y reciben intereses; otros piden prestado y pagan sus cuotas.

Con el problema de crédito que tenemos en España creo que valdría la pena fomentar estas plataformas. Como el peligro que tienen estos sistemas es que los administradores de la web financiera se lleven el dinero, creo que el Estado español debería crear una. No tendría que poner dinero, solamente tener un conjunto de servidores, programarlos y protegerlos de los piratas. El mínimo gasto que ocasiona mantener el sistema informático se compensa más que sobradamente con los efectos beneficiosos en la economía.

Los prestamistas solo podrían ser personas físicas españolas; los prestatarios, autónomos al corriente con Hacienda y la Seguridad Social y sin pérdidas en los dos últimos años. Todas las operaciones se harían con DNI electrónico. Por eso la plataforma debe ser del Estado: es el único que puede comprobarlo todo de manera instantánea. Si la plataforma fuera privada, tendría que tener acceso a la base de datos de Hacienda o de la policía (para los DNI), lo cual no se puede permitir.

El dinero de cada prestamista se repartiría entre al menos veinte prestatarios para minimizar el riesgo de impago. El prestamista tendría la posibilidad de escoger los prestatarios a los que va a ir su dinero.

No hay ningún riesgo para el Estado, puesto que realmente no presta un céntimo. El riesgo lo asumen los prestamistas. Por eso, la plataforma no puede quebrar. A diferencia de un banco, que es depositario del dinero, y que si le exigen más efectivo que el que tiene en caja puede quebrar (pánicos bancarios), a la plataforma de crédito no se le puede exigir dinero, porque no se deposita en la plataforma, sino que se presta directamente de los inversores a los autónomos.

No son necesarios, por tanto, ni el coeficiente de caja, ni la licencia bancaria, ni la supervisión por el banco central, ni emitir acciones, ni tener directivos, ni financiarse en el mercado interbancario, ni ninguna de esas otras pejigueras que lastran lo que debería ser una actividad casi natural: quien tiene dinero que no necesita en el momento lo presta a interés a quien puede ponerlo a funcionar en la economía.

Eso sí, opino que, en estas plataformas,  el Estado no debe nunca ni poner dinero (el Estado británico va a poner dinero en Zopa y Funding Circle) ni avalar el puesto por los inversores, ni conceder desgravaciones a los intereses obtenidos por los inversores. Porque la mejor forma de garantizar el funcionamiento de estas plataformas es que los inversores vigilen su propio dinero y decidan a quién se lo prestan. Si el Estado pone dinero, un funcionario decidirá a quién se presta un dinero que no es suyo. Si avala el puesto por particulares, estos serán menos cuidadosos. Y si ofrece desgravaciones, distorsionará la relación entre riesgo y tipo de interés. Por ejemplo, si los intereses de un depósito bancario soportan un impuesto del 21% y los de una plataforma de préstamos un impuesto de solo el 15%, podría darse el caso de que los inversores de estas plataformas solicitaran por su dinero intereses menores que la banca tradicional, lo cual es absurdo.