Los medios de comunicación
Los medios de comunicación son absolutamente imprescindibles para que una sociedad democrática funcione correctamente. Ninguno debe estar participado por el Estado, por la peligrosa y perversa tendencia de los políticos a controlar la información o, directamente, manipularla en su favor.
Sin embargo, para evitar “situaciones Berlusconi”, en que el poder de los medios se impone al de los ciudadanos, creo necesarias las siguientes limitaciones:
– En un país, ninguna persona o grupo empresarial puede poseer, directa o indirectamente, participaciones en más de un periódico general de tirada nacional, más de una emisora de televisión de cobertura nacional o más de una radio de cobertura nacional.
– Si una persona posee participaciones superiores al 5% en alguno de los medios citados, y desea presentarse como candidato en unas elecciones, debe venderlas, sin compromisos de recompra, como mínimo un año antes de la fecha de los comicios.
– Cualquier persona debe poder expresarse en un medio de comunicación (es decir, no puede hacer falta un carné de periodista para escribir en un periódico). No obstante, si una persona es condenada mediante sentencia firme, por haber comunicado información falsa, o que dolosamente no tenga en cuenta los hechos principales de una situación para dar de ella una visión intencionadamente errónea, aparte de ser multada, debe poder ser inhabilitada por un período de tiempo no superior a dos años para expresarse en periódicos, radios y televisiones, y también para que sea recogido por éstos su expresión en otros medios (por ejemplo, en un blog).
– Los trabajadores de los medios de comunicación deben acordar primero, y después suscribir, un código ético de comportamiento profesional por el que se comprometan a informar con veracidad y objetividad.
– Un trabajador de un medio de comunicación encargado de dar noticias debe poder denunciar anónimamente presiones para que incumpla ese código ético. Si tales presiones se demuestran por sentencia judicial, quien las ha ejercido debe ser multado e inhabilitado por un período de tiempo no superior a dos años como directivo de un medio de comunicación. Caso de que se tomaran represalias contra el trabajador, quien las ejerza podrá ser sujeto de idéntico tratamiento.
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Vente a Gente
Madrid fue de los primeros grandes ayuntamientos en clausurar su televisión. Su alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), mandó a negro hace un año es.Madrid, enfocada a la promoción turística de la ciudad. «No es prioritaria», dijo entonces. Ahora, la televisión de Mallorca echa el cierre. El PP insular asegura que «no es asumible en tiempos de crisis».El ejemplo se extiende a localidades de menor tamaño, como la valenciana Onteniente, donde su alcalde, el socialista Jorge Rodríguez, ha anunciado que la televisión municipal dejará de emitir el 1 de septiembre para destinar los 150.000 euros anuales que consume a otros servicios básicos. «Una televisión es un lujo innecesario», dice. «Tenemos 400.000 euros destinados a asuntos sociales bloqueados y la Generalitat nos debe 3,5 millones que no hemos cobrado. La gente demanda responsabilidad a los políticos. Si hay que elegir entre ayudar a colectivos sociales o mantener una televisión, no tengo ninguna duda», añade.No es un caso aislado. Algunos partidos empiezan a plantearse si son necesarias las televisiones autonómicas y locales en el escenario de la televisión digital, con sobreabundancia de canales.La Comunidad Valenciana, por ejemplo, ha convertido su televisión en un monstruo difícil de manejar. Canal 9 acumula una asfixiante deuda de 1.300 millones de euros (desde la llegada del PP, en 1995 el agujero se ha multiplicado por 40). Solo en 2009, perdió 278 millones. Su plantilla no ha dejado de aumentar (ronda los 2.000 empleados, más que Antena 3 y Telecinco juntas) y su audiencia no ha parado de caer (acabó julio con el 4,2%).
Se calcula que las 13 televisiones públicas autonómicas costaron al contribuyente casi 2.000 millones de euros el año pasado, más un endeudamiento de 1.500 millones “por los déficits de explotación del pasado”, según contaba hace un año el entonces presidente de la Unión de Televisiones Comerciales Asociadas, Alejandro Echevarría.
El fondo estatal para la prensa surgió en 1981 con el Gobierno democristiano de Arnaldo Forlani, que prometió financiación a todos los periódicos que se presentaran como órgano de información de un partido político con representación parlamentaria.La ley sufrió varias modificaciones haciendo cada vez más y más sencillo el acceso a las ayudas públicas a cualquiera que se inventara una cabecera, pero el verdadero cambio llegó en 2001. Ese año, el Gobierno de Silvio Berlusconi exigió a todas las publicaciones constituirse en cooperativa para poder seguir disfrutando de la subvención, lo que propició todo tipo de abusos. Muchos empresarios se dedicaron a hacer negocio cediendo la explotación de las supuestas cabeceras de partido a cooperativas creadas ad hoc. Así surgieron Il Foglio y Libero, diarios berlusconistas al 100%.Otros montaron periódicos ficticios con el único objetivo de financiar sus negocios personales. El caso más sonado es el de Valter Lavitola, exdirector del diario L’Avanti! (copió el nombre de un famoso periódico de izquierdas), que recibió 20 millones de euros en siete años. Lavitola está huido en Panamá desde el verano pasado, tras ser verse envuelto en uno de los escándalos de prostitución de Il Cavaliere y, según se demostró, mientras al kiosco llegaban cada día dos o tres copias del periódico, él desviaba fondospara sus empresas de pesca.Todo esto, financiado por el contribuyente, pone en duda la viabilidad del sistema en tiempos de crisis. Aunque se corre el riesgo de que los periódicos que realmente aprovechan esas ayudas y hacen un trabajo digno acaben cerrando. Este es el caso de L’Unità, Il Manifesto o L’Opinione. El primero, fundado en 1924 por Antonio Gramsci como órgano de información del Partido Comunista (hoy cercano al Partido Democrático), es considerado una de las voces más importantes del mundo de los trabajadores y de los derechos sociales y su desaparición sería un atraso para la libertad de prensa en Italia.Petición a MontiLos directores de esos medios y otros seis más enviaron una carta a Monti en diciembre pidiéndole un respiro. Pero, además de la crisis y los recortes (en el último año perdieron el 70% de las subvenciones), en su contra juega también la aparición de varios medios independientes que renunciaron a las ayudas públicas y que han demostrado poder mantenerse sin ellas.El mejor ejemplo es Il Fatto Quotidiano, nacido en 2009 gracias a los seis millones de euros que recaudaron con su campaña de suscripciones los fundadores, Marco Travaglio, Antonio Padellaro y Peter Gómez, y que en apenas un año ya vendía más de 100.000 ejemplares al día.
«Utilizadas a menudo como instrumento de propaganda del Gobierno de turno y acusadas de despilfarrar el dinero de los ciudadanos, las televisiones autonómicas están en el punto de mira de los ajustes. Muchos dirigentes del PP aseguran que hay que meterles la tijera antes que recortar la sanidad o la educación.Sin el dinero del erario, las autonómicas no podrían sobrevivir. Los impuestos les aportan el 75% de sus ingresos y el otro 25% procede de una menguante tarta publicitaria.Murcia ilustra ese espejismo. Con una población de 1,4 millones de habitantes, la región quería una televisión autonómica y la tuvo. El Gobierno se la adjudicó a un consorcio de constructoras creyendo que dándoles licencias para que sembraran la comunidad de ladrillos financiarían la televisión. El modelo funcionó en los tiempos de bonanza pero la burbuja inmobiliaria se ha llevado por delante 7RMurcia tras seis años operando. Desde hace unas semanas solo emite programas enlatados y el 95% de sus trabajadores están afectados por un ERE.»Y uno razona: los recortes sanitarios y educativos han sacado a la calle a decenas de miles de personas que se sentían afectadas. Los recortes en las televisiones autonómicas solo han sacado a la calle a sus trabajadores. Esto evidencia (como si sus índices de audiencia no fueran suficientes) que no prestan realmente un servicio público, que son un gasto inútil que se debería suprimir de una vez.
La ley de servicios audiovisuales fue aprobada en 2009 con el lema de acabar con la concentración económica en el sector.Clarín había gozado de una estrecha relación con el Gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007), que en su última medida como presidente aprobó la fusión de su operadora de televisión por cable con la principal competidora. Cablevisión, del grupo de Noble y Magnetto, dice que provee del servicio al 47% del mercado argentino de la televisión de pago. Es la número uno en la materia (el Ejecutivo calcula que eso supone el 58% del servicio por cable), pero la ley de 2009 establece que nadie podrá tener más del 35% de cualquier negocio audiovisual a nivel nacional. Según el Gobierno, Cablevisión suma 257 licencias para operar en diversas ciudades y pueblos, cuando la norma solo permite contar con hasta 24. Clarín dice que tiene 158.Ningún grupo puede disponer de más 10 licencias de uso del espacio radioeléctrico. Según el Gobierno, Clarín cuenta con 25, incluidas cinco de televisión abierta, como El Trece, y 11 de radio, como Mitre, que operan en ciudades que suman más del 35% de la población argentina, por lo que también en este sentido estaría excedido. Pero el conglomerado argentino dice que solo cuenta con 11 licencias, cuatro de televisión y siete de radio.La norma establece, asimismo, que en una misma ciudad no se puede contar al mismo tiempo con una operadora de televisión por suscripción y con emisoras de TV abierta. El “monopolio”, como lo apoda el Gobierno, viola esta regla en Buenos Aires, Córdoba y Bahía Blanca. Tampoco una empresa de televisión por suscripción puede contar con más de un canal de TV cerrada. El conglomerado dueño del principal periódico argentino, Clarín, y de otros cinco diarios más tiene nueve canales de televisión por cable. El grupo, que además ha invertido en Paraguay y Uruguay, incumple otra norma por exceso de licencias audiovisuales en 37 municipios, incluidos Buenos Aires, Córdoba, Rosario, La Plata y Mar del Plata.Un tercio de licencias de radio y televisión abiertas deben repartirse entre organizaciones sociales.Ningún grupo extranjero puede tener más del 30% de una radio o un canal. La española Prisa, que invirtió después de 2002, tendrá que vender la mayor parte de sus participaciones en radios. Telefónica además es cuestionada porque incumpliría con la disposición que prohíbe disponer de emisoras a los operadores de servicios públicos, como el de telefonía. Sin embargo, Telefónica y el Gobierno dicen que el grupo televisivo Telefé no guarda vinculación alguna con Telefónica de Argentina, sino que pertenece directamente a la casa matriz con sede en Madrid. Tanto Telefónica como Prisa sí deberán desinvertir porque sus canales y radios, respectivamente, exceden una cobertura del 35% de la población argentina.