Público y privado
Las múltiples ideologías que en el mundo han sido se han extendido largamente sobre los bienes y servicios que debe proporcionar el Estado y los que debe proporcionar el mercado. La siguiente lista es un destilado de los conocimientos que he ido acumulando sobre el funcionamiento de los diversos sistemas que se han ido ensayando.
Como principio general, el absolutamente necesario Estado (el mercado, dejado solo, se autodestruye, lo hemos visto repetidamente) debe actuar de árbitro entre los diversos actores de la sociedad, para que se llegue a unas reglas de juego equilibradas. También debe ocuparse de que esas reglas se cumplan y de castigar a los infractores. Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores.
La justicia y la defensa deben ser públicas siempre. Los intentos de que empresas privadas proporcionen servicios bélicos se saldan en vergüenzas como el caso Blackwater.
La seguridad debe ser pública. Es injusto y contraproducente que los que puedan pagar seguridad privada contraten guardas jurados. Debe haber suficiente policía pública, en todas las labores, desde vigilancia de edificios y escolta de personas amenazadas hasta investigación de delitos, para proporcionar seguridad a los ciudadanos. De lo contrario, la clase alta se protege a sí misma con vigilantes privados y deja al resto de la sociedad desprotegida.
La educación debe ser pública. Los sistemas de educación privada dan como resultado que una gran parte de la población no puede pagarse los estudios superiores (caso de EE.UU.) o que las clases medias tienen que hipotecarse de por vida para dar estudios a sus hijos, o una segregación de las clases bajas en la enseñanza media, como sucede en España. Los países que mejor puntúan en el informe PISA, como Finlandia, lo hacen debido a sus buenos sistemas públicos de enseñanza. Esto no quiere decir que la educación privada se deba prohibir, en absoluto, pero el Estado no debe financiarla, ni total ni parcialmente, y los alumnos de la enseñanza privada, para lograr sus títulos (universitarios o de enseñanza media) deben ver sus conocimientos examinados en centros públicos por profesores de la enseñanza pública.
La sanidad debe ser pública. Prácticamente todos los países desarrollados la tienen pública. La única excepción es EE.UU. Los terribles resultados de esa elección pueden verse en la película Sicko (Malucho) de Michael Moore: personas obligadas a elegir qué dedo se amputan porque no pueden pagarse el tratamiento de los dos; personas que toda su vida han pagado un seguro médico privado y al final mueren sin cuidados porque no cubría el padecimiento que han tenido la mala suerte de contraer… Tampoco funcionan los sistemas de gestión privada de hospitales: se acaba pagando mucho más por cama que con un sistema público.
Las residencias de ancianos y las guarderías deben ser públicas. Es el mejor sistema para salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros niños y mayores. Las concertadas, o acaban saliendo más caras, o reducen la calidad de la asistencia para obtener su beneficio.
La industria debe ser privada. Desde las fábricas de lápices hasta las de buques destructores. Se ha demostrado que funciona muchísimo mejor que si el Estado posee los medios de producción. Por supuesto, aunque privada, debe estar sometida a la legislación laboral, medioambiental, fiscal y el resto de la normativa, y debe poder ser inspeccionada por personal del Estado cuando se considere necesario. Estoy en desacuerdo con las subvenciones estatales de cualquier tipo a las industrias, incluidos privilegios normativos. Sólo veo admisible un mejor tratamiento fiscal para promocionar el empleo o la innovación.
La banca debe ser privada. En el plano teórico, un banco público ofrece mucha mayor solvencia que un banco privado. Por tanto, no podrían competir en condiciones de igualdad, lo que llevaría a que todo el sistema bancario fuera público (dicho imperativo teórico, sin embargo, no se ha realizado en la práctica). En el plano práctico, si bien la banca privada ha funcionado DESASTROSAMENTE y es el núcleo de esta Gran Recesión que vivimos, la pública o semipública no puede ponerse como ejemplo (desgobierno absoluto en Cajasur, saqueo por parte de los directivos de la CAM o Nova Caixa Galicia, caída de las norteamericanas Fannie Mae y Freddie Mac, situación de las cajas alemanas…). Mantengo el principio de que el Estado solo debe proporcionar un servicio si ha demostrado hacerlo claramente mejor que el mercado; en caso contrario, debe dejárselo al mercado, y limitarse a supervisar. La vigilancia de la banca ha de ser muy estricta: los gestores de banca privada que, agotado el plazo que se les dé, no sigan a la primera las instrucciones del regulador, deben ser destituidos, multados e inhabilitados por años. Las retribuciones deben ser transparentes, por persona (no por grupo, como ahora) y estar limitadas. Los sectores a los que un banco concede créditos deben diversificarse (constructoras, hipotecas a ciudadanos, créditos personales, distintos sectores empresariales, préstamos sindicados para grandes obras públicas, operaciones internacionales…) y el regulador debe impedir que se concentre demasiado riesgo en un solo sector.
Las pensiones deben ser públicas. Lo bueno de un sistema público de pensiones, que tiene que ser de reparto, es que el dinero que meten en el sistema los trabajadores sale inmediatamente hacia los pensionistas, por lo que es difícil que se extravíe o se invierta mal, y nadie puede reclamar comisiones por su funcionamiento. En cambio, en los sistemas privados, necesariamente de capitalización, el dinero que van metiendo los trabajadores se invierte en diversos activos financieros. Esas inversiones pueden ser afortunadas (y entonces no pasa nada) o desafortunadas (en cuyo caso, o los trabajadores quedan en la miseria al jubilarse o tiene que pagar el Estado). En todos los casos los gestores de esos fondos se llevan unas comisiones injustificables. No conozco ningún caso de un sistema público de pensiones que haya quebrado (porque, al ser público, simple, y estar a la vista de todos, si se prevén problemas, se pueden hacer ajustes, con debate, luz, taquígrafos y retribución electoral de las modificaciones). Sin embargo puedo citar muchos casos de fondos de pensiones privados que acabaron muy mal: Enron, Chile, Argentina… Los fondos de pensiones privados no deben tener ningún privilegio, ni fomento, ni desgravación por parte del Estado
La agricultura debe ser privada, pero el cultivo de los productos agrícolas más vulnerables a los vaivenes del mercado debe estar dirigido por el Estado a través de una política agrícola detallada. Pero esto será el tema de otra entrada.
El transporte aéreo debe ser privado: las compañías de bandera nacionales han ido cayendo una tras otra, desapareciendo o fusionándose con privadas. Actualmente el transporte aéreo es mucho más barato y tiene menor precio que a mediados del siglo veinte. Las compañías aéreas privadas logran mayor eficiencia que las públicas. Es un hecho.
El control del tráfico aéreo debe ser público. Es demasiado arriesgado dejar la seguridad en manos de una empresa cuya rentabilidad y supervivencia depende de gastarse más o menos en precauciones.
Los aeropuertos también deben ser públicos. Corresponde al Estado decidir su ubicación, su tráfico, sus horarios y sus frecuencias. Todo para equilibrar adecuadamente los intereses de las diferentes compañías, el medio ambiente y el sueño de los pobladores vecinos.
Las infraestructuras en general (carreteras, puentes, redes eléctricas, ferrocarriles redes de telecomunicaciones, redes de gasoductos, redes de agua…) deben ser públicas o, en el caso de las redes, pertenecer a empresas controladas por el Estado donde tengan participaciones equitativas todos los usuarios y que tengan como finalidad, primero la eficiencia, y después, una rentabilidad solo vez y media superior al precio legal del dinero (para evitar que cobren a los usuarios tarifas abusivas), con salarios tasados para sus directivos.
El transporte por carretera de viajeros y mercancías debe ser privado. Así funciona muy bien y no hay necesidad de que el Estado se meta.
El transporte de viajeros por ferrocarril debe ser público. Las experiencias de privatización han causado un deterioro espectacular de la calidad del servicio. El transporte de mercancías por ferrocarril también debe ser público, y de rentabilidad mínima, para promocionarlo respecto al transporte por carretera, mucho peor ecológicamente.
La prestación de servicios (electricidad, telecomunicaciones, gas..) a través de las redes públicas debe ser privada y a precio libre, pero las retribuciones de los directivos de las compañías que se sirvan de tales redes, sus dividendos y su contabilidad deben ser estrictamente controlados y, caso de producirse precios abusivos (más de un 10% superiores a la media de los países de la UE), los responsables de fijar tales precios deben ir a la cárcel.
Los medios de comunicación deben ser privados. El Estado no debe poseer ni la más mínima participación en periódicos, radios o televisiones. Existe una peligrosa y perversa tendencia de los políticos a controlar la información o, directamente, manipularla en su favor. Por supuesto, hay que poner límites a la posesión por una sola persona de demasiados medios de comunicación, para evitar situaciones indeseables tipo Berlusconi y otras, pero ése será el tema de otra entrada.
Las bibliotecas deben ser públicas y gratuitas, y debe existir una buena red, que preste no solamente libros, películas o discos (cuyos autores deben ser justamente retribuidos cuando sus obras se presten), sino que tenga salas que puedan utilizar grupos locales de músicos o actores aficionados.
Todo monumento o museo o paraje natural que los ciudadanos y los técnicos consideren de interés excepcional debe ser público, en mejor salvaguarda de ese interés, y debe permitir visitantes en un número que no lo deteriore, cobrando una entrada que permita al menos sufragar una cuarta parte de los gastos de mantenimiento.
El resto de manifestaciones culturales (música, pintura, danza, ópera, novela, poesía, teatro, cine…) deben ser dejadas a la iniciativa privada y el Estado no debe intervenir, ni siquiera para premiar a los mejores en cada campo.
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Vente a Gente
Movilidad social y educación públicaEl vídeo electoral escogido por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para su campaña electoral puede gustar mucho, poco o nada, pero tiene la virtualidad de plantear un tema interesante como es la relación entre movilidad social y educación pública.En España, el tema tiende a presentarse como una cuestión meramente ideológica. En el ámbito socialdemócrata se defiende que la educación pública favorece la movilidad social, mientras que en el ámbito liberal se viene a decir que lo importante es que exista una buena educación, de calidad, independientemente de que sea pública o privada.Parece como si fuera un problema de creencias, sobre el que no se pudiera llegar a una conclusión sólida basada en datos concretos. Sin embargo, existen trabajos dedicados a medir la movilidad social real en diferentes países, que pueden dar algunas pistas.Según expone, por ejemplo, el científico británico Richard Wilkinson utilizando datos del Banco Mundial para los países ricos, quienes tienen mayores tasas de movilidad social son países como Finlandia, Noruega o Suecia. En el otro extremo, países como Reino Unido y, ¡sorpresa!, Estados Unidos, tienen unas tasas de movilidad mucho menores (véase, http://www.ted.com/ talks/richard_wilkinson.html). Resulta sintomático que los primeros son reconocidos por la calidad y solidez de su educación pública, mientras que los segundos cuentan con unos sistemas educativos que tienden a ser más elitista y se basan en gran medida en la idea de pago por una educación de alta calidad.Contra lo que normalmente se cree, si alguien pretende alcanzar el sueño americano del ascenso social por medio de la educación, tiene bastantes más posibilidades de conseguirlo si se va a vivir a Finlandia. Es obvio que con la educación se pueden buscar otros objetivos diferentes a la movilidad social, por ejemplo, alta formación de las élites y formación eficaz de mano de obra sin más pretensiones.Pero si de lo que estamos hablando es de movilidad social que es sinónimo de igualdad de oportunidades, una mirada a lo que ocurre en el resto del mundo apunta a que es la enseñanza pública de calidad la que realmente la fomenta. Son datos, no solo ideología.
La escuela que me enseñó a ser personaQue la educación debe ser pública se ha escuchado por todos los rincones del país acompañado de muchas razones, la mayoría relacionadas con la igualdad de oportunidades para todos, sean de la condición que sean. Sin embargo, yo veo otra razón del mismo peso y que no se ha tenido demasiado en cuenta.Este junio terminé mis estudios de 2º de Bachillerato en un instituto público y, con un poco de perspectiva, mirando hacia atrás e intentando recapitular mis años en la enseñanza pública, entendí que no solo había aprendido a nivel académico todo lo que debía aprender, sino que además había entendido el mundo a través de mi clase, que siempre había estado compuesta por gente diversa y donde no habían faltado nunca extranjeros, personas de distintas etnias, niños que llegaban sin saber una palabra de español, con problemas familiares, económicos, con distintas culturas, distintas creencias, etcétera. He escuchado a mucha gente decir que este tipo de gente frena el ritmo de la clase y hace perder a la enseñanza pública la calidad que debería tener. Mentira.La calidad y la diversidad nunca han estado enfrentadas, qué mejor calidad que una escuela que te enseña el mundo real, a respetar y convivir con personas con las que luego te vas a relacionar profesional o personalmente.Estoy orgullosa de la enseñanza pública, con sus virtudes y sus defectos, porque gracias a ella ahora soy una persona respetuosa, tolerante y autosuficiente y espero que no nos quiten esta enseñanza porque yo la considero una necesidad, la mejor forma de conocer el mundo a través de un aula, que al fin y al cabo es el conocimiento más importante.
El peor año para el empleo ha generado en España un déficit de la Seguridad Social de 600 millones, equivalente a apenas el 0,4% del PIB. Y, pese a ello, la hucha de las pensiones permanecerá por encima de los 62.500 millones. En cambio, el patrimonio de las pensiones privadas en España ha perdido, a falta de contabilizar el último trimestre, 3.100 millones de euros (el 3,8% de su valor), con lo que el volumen de fondos privados cae al nivel de 2006.Si las pensiones públicas están amenazadas con la crisis, las privadas aún más, según las cifras oficiales: tanto en Reino Unido como en EEUU, el agujero de las pensiones privadas –es decir, los recursos que faltan para poder satisfacer los compromisos contraídos—ha batido a final de 2011 sus respectivos récords.En Reino Unido, según el informe del Banco de Inglaterra, el déficit global de los planes privados ascendía en noviembre a 266.000 millones de euros y afectaba a 5.390 de los 6.533 existentes. En EEUU, la consultora Mercer estima que el déficit de los planes de las empresas del índice S&P 1.500 suma 400.000 millones.Los informes de la OCDE han puesto de manifiesto que, ante las crecientes dificultades financieras, los gestores invierten de forma creciente en los vehículos más especulativos para intentar aumentar la rentabilidad, con lo que ponen aún más en riesgo la bolsa de pensiones privada. Según The New York Times, el 50% de los ingresos de los fondos de capital riesgo (private equity) provienen ya de los fondos privados de pensiones, que entre 2000 y 2010 han pagado sólo en EEUU 17.000 millones de dólares en comisiones a los gestores de sus carteras.
El Partido Republicano está firmemente empeñado ahora en sustituir Medicare por un plan de Vouchercare, con cupones. El Gobierno ya no sufragará nuestras facturas médicas importantes; en lugar de eso, nos entregará un vale que podremos destinar a la contratación de un seguro privado. Y si resulta que el vale no es suficiente para pagar una cobertura decente, es problema nuestro.Es más, los vales serán casi con toda seguridad insuficientes; su valor vendrá estipulado por una fórmula que no tiene en cuenta los presumibles incrementos en los costes de la atención sanitaria.Aun así, ¿no reducirían costes las aseguradoras privadas gracias a la magia del mercado? No. Todos, y quiero decir todos, los indicios apuntan a que sistemas públicos como Medicare y Medicaid, que conllevan menos burocracia que las aseguradoras privadas (si no se lo creen es que nunca han tenido que tratar con una compañía de seguros) y más poder de negociación, son mejores que el sector privado a la hora de controlar gastos.Sé que esto contradice el dogma del libre mercado, pero es un hecho. Pueden constatarlo en la historia de Medicare Advantage, que se gestiona a través de aseguradoras privadas y siempre ha tenido unos costes más altos que el Medicare tradicional. Pueden comprobarlo comparando Medicare y los seguros privados: Medicaid cuesta mucho menos. Y pueden verlo estableciendo comparaciones internacionales: EE UU tiene el sistema sanitario más privatizado del mundo desarrollado y los costes más elevados, con diferencia.
(también https://www.google.es/search?hl=es&gl=es&tbm=nws&q=«liberalización+del+ferrocarril+de+pasajeros»)La mejor forma de medir la competitividad del ferrocarril de pasajeros es observando su cuota de mercado frente a otros modos de transporte: entre 2000 y 2010 ha pasado en España del 5 al 5,4%, mientras que en países que han introducido mecanismos de competencia, como Reino Unido, ha pasado del 5,3 al 7,5%.[¿Pero no habría que medir también otros factores como la satisfacción de los viajeros y el coste medio por viaje para el viajero y para el Estado?]No es nada sencillo conseguir competencia en un mercado donde intrínsecamente existen limitaciones para que se desarrolle. Por ejemplo, en España, tras la liberalización del transporte de mercancías, su cuota ha descendido de un 4,7% en 2009 al 4,2% en 2010.
Un acuerdo del Consejo de Gobierno de septiembre de 2010 modificó, al alza, la cantidad máxima anual (canon) que reciben el hospital Infanta Cristina, el Infanta Leonor, el Infanta Sofía, el Henares, el Tajo y el Sureste, centros sanitarios construidos mediante contratos de concesión de obra pública adjudicados por concurso en 2005 y que la entonces presidenta, Esperanza Aguirre, puso en marcha casi a la vez en un maratón inaugurador de menos de un mes, durante febrero de 2008. El Gobierno regional acordó pagarles dos millones al año más de lo que constaba en la oferta económica inicial de 2005.Además de incrementar en dos millones anuales el canon a las concesionarias, el acuerdo también contemplaba modificar la cantidad máxima anual desde la puesta en servicio de los hospitales: ese concepto supone 4,3 millones, según el informe (1,4 de ellos para el hospital Infanta Leonor; la cantidad más elevada).
A propósito de la privatización de la sanidad que muchos defienden quiero hacer una reflexión que creo que, no sé por qué, se hace pocas veces por parte de los economistas al contraponer lo público versus lo privado.La empresa privada funciona mejor que lo público en situación de competencia y mercado abierto. Pero cuando se trata de concesiones que suponen un monopolio con poco control en una zona o región determinada suponen con el motivo del lucro un funcionamiento peor.Esto es esencial destacarlo y creo que nadie lo hace. Juan Carlos Ortigosa Perochena en El País del 20 de diciembre de 2012
El pasado jueves fui, junto con mis dos hijas, uno de los más de mil retenidos, y luego evacuados, en la estación de esquí dePanticosa.No sé si la empresa privada gestora de la estación ganó el jueves mucho o poco dinero, ni si quienes, por parte de la empresa, dirigían la operación estaban o no capacitados o ganaban mucho o poco.Pero sí sé, porque lo vi, que quienes de verdad tomaron las decisiones, asumieron los riesgos, y nos dieron protección y garantía fueron los servicios públicos de Guardia Civil, Bomberos y Protección Civil, que no ganaron ningún dinero por el rescate, que se sirven de funcionarios con una capacitación avalada por oposiciones, instrucción y preparación constante, que tienen sueldos congelados desde hace años y que desde 2013 también tienen reducidos, a menos de la mitad, los “moscosos”.La emergencia, afortunadamente, no tuvo consecuencias. Pero debiera servir para constatar, una vez más, que quizás la empresa privada sea una opción para gestionar un servicio de ocio como el esquí, pero que para la prestación de servicios de emergencia en Huesca, igual que de Sanidad en Madrid, sólo estaremos tranquilos si la gestión es pública.José María Ayala Muñoz en carta a El País
La polémica entre el personal de salud y la Comunidad de Madrid por la privatización de 27 centros de salud y 6 hospitales me recordó las que ya había escuchado en Perú y toda América Latina a comienzos de los años noventa, cuando se privatizaron los servicios públicos y numerosas empresas estatales. Los defensores de la privatización argumentan que aumenta la eficiencia a los servicios. Pero mi experiencia con el otorrino de los ronquidos desmiente categóricamente esa teoría. Ese incompetente no era más eficiente que ningún médico de la sanidad española que me haya atendido. Todo lo contrario. El médico público no gana más dinero por encontrarte más enfermedades. Te dice lo que hay. En cambio, el otorrino de los ronquidos, en su afán por exprimirle más dinero a su consulta, hizo un diagnóstico errado y otro ficticio.En las grandes empresas privadas, la tan mentada eficiencia se refiere a los dueños, no a los clientes. Las compañías telefónicas te pueden vender una línea en cinco minutos. Pero si tienes algún problema con ella, puedes perder días tratando de arreglarlo. He pasado algunos de los momentos más frustrantes de mi vida tratando de poner una queja ante grabadoras o teleoperadoras que te mandan de un teléfono a otro, hasta que prefieres dejar el desperfecto como está. Lo mismo con las aerolíneas. Su eficiencia para cobrarte el pasaje contrasta con su torpeza para resolver los equipajes extraviados y las conexiones perdidas por retrasos.OK. Comprendo que el Estado no está para garantizar que llegue tu maleta o funcione tu roaming (lo he visto intentarlo en América Latina en los ochenta, y lo hacía fatal, la verdad). Pero el Estado sí debe garantizar que no te mueras por la calle de una enfermedad curable, y no se la contagies a los demás. Para eso le pagamos.Y ya que lo pagaremos de todos modos, nos sale más barato asegurar entre todos un sistema sólido y concentrado en curar, no en maximizar beneficios. Mayor eficiencia significa “más servicios por menos dinero”. Y eso es exactamente lo que España ha tenido hasta ahora. Ojalá no lo pierda.