Archivo 20 octubre, 2011

Público y privado

20 octubre, 2011 en Economía, General, Política

Las múltiples ideologías que en el mundo han sido se han extendido largamente sobre los bienes y servicios que debe proporcionar el Estado y los que debe proporcionar el mercado. La siguiente lista es un destilado de los conocimientos que he ido acumulando sobre el funcionamiento de los diversos sistemas que se han ido ensayando. 

Como principio general, el absolutamente necesario Estado (el mercado, dejado solo, se autodestruye, lo hemos visto repetidamente) debe actuar de árbitro entre los diversos actores de la sociedad, para que se llegue a unas reglas de juego equilibradas. También debe ocuparse de que esas reglas se cumplan y de castigar a los infractores. Sólo debe encargarse directamente de algún sector cuando se ha demostrado que la iniciativa privada proporciona unos resultados claramente peores.

La justicia y la defensa deben ser públicas siempre. Los intentos de que empresas privadas proporcionen servicios bélicos se saldan en vergüenzas como el caso Blackwater.

La seguridad debe ser pública. Es injusto y contraproducente que los que puedan pagar seguridad privada contraten guardas jurados. Debe haber suficiente policía pública, en todas las labores, desde vigilancia de edificios y escolta de personas amenazadas hasta investigación de delitos, para proporcionar seguridad a los ciudadanos. De lo contrario, la clase alta se protege a sí misma con vigilantes privados y deja al resto de la sociedad desprotegida.

La educación debe ser pública. Los sistemas de educación privada dan como resultado que una gran parte de la población no puede pagarse los estudios superiores (caso de EE.UU.) o que las clases medias tienen que hipotecarse de por vida para dar estudios a sus hijos, o una segregación de las clases bajas en la enseñanza media, como sucede en España. Los países que mejor puntúan en el informe PISA, como Finlandia, lo hacen debido a sus buenos sistemas públicos de enseñanza. Esto no quiere decir que la educación privada se deba prohibir, en absoluto, pero el Estado no debe financiarla, ni total ni parcialmente, y los alumnos de la enseñanza privada, para lograr sus títulos (universitarios o de enseñanza media) deben ver sus conocimientos examinados en centros públicos por profesores de la enseñanza pública.

La sanidad debe ser pública. Prácticamente todos los países desarrollados la tienen pública. La única excepción es EE.UU. Los terribles resultados de esa elección pueden verse en la película Sicko (Malucho) de Michael Moore: personas obligadas a elegir qué dedo se amputan porque no pueden pagarse el tratamiento de los dos; personas que toda su vida han pagado un seguro médico privado y al final mueren sin cuidados porque no cubría el padecimiento que han tenido la mala suerte de contraer… Tampoco funcionan los sistemas de gestión privada de hospitales: se acaba pagando mucho más por cama que con un sistema público.

Las residencias de ancianos y las guarderías deben ser públicas. Es el mejor sistema para salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros niños y mayores. Las concertadas, o acaban saliendo más caras, o reducen la calidad de la asistencia para obtener su beneficio.

La industria debe ser privada. Desde las fábricas de lápices hasta las de buques destructores. Se ha demostrado que funciona muchísimo mejor que si el Estado posee los medios de producción. Por supuesto, aunque privada, debe estar sometida a la legislación laboral, medioambiental, fiscal y el resto de la normativa, y debe poder ser inspeccionada por personal del Estado cuando se considere necesario. Estoy en desacuerdo con las subvenciones estatales de cualquier tipo a las industrias, incluidos privilegios normativos. Sólo veo admisible un mejor tratamiento fiscal para promocionar el empleo o la innovación. 

La banca debe ser privada. En el plano teórico, un banco público ofrece mucha mayor solvencia que un banco privado. Por tanto, no podrían competir en condiciones de igualdad, lo que llevaría a que todo el sistema bancario fuera público (dicho imperativo teórico, sin embargo, no se ha realizado en la práctica). En el plano práctico, si bien la banca privada ha funcionado DESASTROSAMENTE y es el núcleo de esta Gran Recesión que vivimos, la pública o semipública no puede ponerse como ejemplo (desgobierno absoluto en Cajasur, saqueo por parte de los directivos de la CAM o Nova Caixa Galicia, caída de las norteamericanas Fannie Mae y Freddie Mac, situación de las cajas alemanas…). Mantengo el principio de que el Estado solo debe proporcionar un servicio si ha demostrado hacerlo claramente mejor que el mercado; en caso contrario, debe dejárselo al mercado, y limitarse a supervisar. La vigilancia de la banca ha de ser muy estricta: los gestores de banca privada que, agotado el plazo que se les dé, no sigan a la primera las instrucciones del regulador, deben ser destituidos, multados e inhabilitados por años. Las retribuciones deben ser transparentes, por persona (no por grupo, como ahora) y estar limitadas. Los sectores a los que un banco concede créditos deben diversificarse (constructoras, hipotecas a ciudadanos, créditos personales, distintos sectores empresariales, préstamos sindicados para grandes obras públicas, operaciones internacionales…) y el regulador debe impedir que se concentre demasiado riesgo en un solo sector.


Las pensiones deben ser públicas. Lo bueno de un sistema público de pensiones, que tiene que ser de reparto, es que el dinero que meten en el sistema los trabajadores sale inmediatamente hacia los pensionistas, por lo que es difícil que se extravíe o se invierta mal, y nadie puede reclamar comisiones por su funcionamiento. En cambio, en los sistemas privados, necesariamente de capitalización, el dinero que van metiendo los trabajadores se invierte en diversos activos financieros. Esas inversiones pueden ser afortunadas (y entonces no pasa nada) o desafortunadas (en cuyo caso, o los trabajadores quedan en la miseria al jubilarse o tiene que pagar el Estado). En todos los casos los gestores de esos fondos se llevan unas comisiones injustificables. No conozco ningún caso de un sistema público de pensiones que haya quebrado (porque, al ser público, simple, y estar a la vista de todos, si se prevén problemas, se pueden hacer ajustes, con debate, luz, taquígrafos y retribución electoral de las modificaciones). Sin embargo puedo citar muchos casos de fondos de pensiones privados que acabaron muy mal: Enron, Chile, Argentina… Los fondos de pensiones privados no deben tener ningún privilegio, ni fomento, ni desgravación por parte del Estado

La agricultura debe ser privada, pero el cultivo de los productos agrícolas más vulnerables a los vaivenes del mercado debe estar dirigido por el Estado a través de una política agrícola detallada. Pero esto será el tema de otra entrada.

El transporte aéreo debe ser privado: las compañías de bandera nacionales han ido cayendo una tras otra, desapareciendo o fusionándose con privadas. Actualmente el transporte aéreo es mucho más barato y tiene menor precio que a mediados del siglo veinte. Las compañías aéreas privadas logran mayor eficiencia que las públicas. Es un hecho.

El control del tráfico aéreo debe ser público. Es demasiado arriesgado dejar la seguridad en manos de una empresa cuya rentabilidad y supervivencia depende de gastarse más o menos en precauciones.

Los aeropuertos también deben ser públicos. Corresponde al Estado decidir su ubicación, su tráfico, sus horarios y sus frecuencias. Todo para equilibrar adecuadamente los intereses de las diferentes compañías, el medio ambiente y el sueño de los pobladores vecinos.

Las infraestructuras en general (carreteras, puentes, redes eléctricas, ferrocarriles redes de telecomunicaciones, redes de gasoductos, redes de agua…) deben ser públicas o, en el caso de las redes, pertenecer a empresas controladas por el Estado donde tengan participaciones equitativas todos los usuarios y que tengan como finalidad, primero la eficiencia, y después, una rentabilidad solo vez y media superior al precio legal del dinero (para evitar que cobren a los usuarios tarifas abusivas), con salarios tasados para sus directivos.

El transporte por carretera de viajeros y mercancías debe ser privado. Así funciona muy bien y no hay necesidad de que el Estado se meta.

El transporte de viajeros por ferrocarril debe ser público. Las experiencias de privatización han causado un deterioro espectacular de la calidad del servicio. El transporte de mercancías por ferrocarril también debe ser público, y de rentabilidad mínima, para promocionarlo respecto al transporte por carretera, mucho peor ecológicamente.

La prestación de servicios (electricidad, telecomunicaciones, gas..) a través de las redes públicas debe ser privada y a precio libre, pero las retribuciones de los directivos de las compañías que se sirvan de tales redes, sus dividendos y su contabilidad deben ser estrictamente controlados y, caso de producirse precios abusivos (más de un 10% superiores a la media de los países de la UE), los responsables de fijar tales precios deben ir a la cárcel.

Los medios de comunicación deben ser privados. El Estado no debe poseer ni la más mínima participación en periódicos, radios o televisiones. Existe una peligrosa y perversa tendencia de los políticos a controlar la información o, directamente, manipularla en su favor. Por supuesto, hay que poner límites a la posesión por una sola persona de demasiados medios de comunicación, para evitar situaciones indeseables tipo Berlusconi y otras, pero ése será el tema de otra entrada.

Las bibliotecas deben ser públicas y gratuitas, y debe existir una buena red, que preste no solamente libros, películas o discos (cuyos autores deben ser justamente retribuidos cuando sus obras se presten), sino que tenga salas que puedan utilizar grupos locales de músicos o actores aficionados.

Todo monumento o museo o paraje natural que los ciudadanos y los técnicos consideren de interés excepcional debe ser público, en mejor salvaguarda de ese interés, y debe permitir visitantes en un número que no lo deteriore, cobrando una entrada que permita al menos sufragar una cuarta parte de los gastos de mantenimiento.

El resto de manifestaciones culturales (música, pintura, danza, ópera, novela, poesía, teatro, cine…) deben ser dejadas a la iniciativa privada y el Estado no debe intervenir, ni siquiera para premiar a los mejores en cada campo.