Los bancos centrales
Generalmente el banco central de un país ejerce tres funciones fundamentales:
1. La emisión de dinero de curso legal.
2. La fijación del tipo de interés del dinero.
3. La supervisión del sistema financiero, controlando no solo que las entidades financieras cumplen con sus obligaciones (por ejemplo, el coeficiente de caja), sino promoviendo el funcionamiento más correcto posible (por ejemplo, inyectando liquidez cuando es necesario).
Según los países, puede realizar otras funciones como:
– Servir como órgano de tesorería del Estado, canalizando todos los pagos y cobros.
– Emitir la deuda pública.
– Controlar la entrada y salida de divisas.
– Custodiar las reservas de oro.
– Asesorar al Gobierno.
– Analizar permanentemente la economía del país, publicando informes periódicos con los resultados de sus análisis.
– Recibir las quejas de los clientes de entidades financieras y emitir resoluciones sobre ellas.
Es objeto de polémica si el banco central debe ser independiente del Gobierno. Según la Wikipedia, el Banco Central Europeo afirma que numerosos estudios, análisis teóricos y datos empíricos sostienen que la independencia del banco central favorece el control de la inflación y la estabilidad de precios.
Sin embargo, economistas como Arturo Huerta González, Le Heron, Carre y el premio Nobel Joseph Stiglitz han criticado la falta de controles democráticos sobre los bancos centrales autónomos.
De acuerdo con mi experiencia, el modelo que funciona mejor es el de independencia del banco central. Pero eso sí, debe estar sujeto a las siguientes condiciones:
– Debe tener un doble mandato: conseguir el pleno empleo y el objetivo de inflación. La Reserva Federal de Estados Unidos tiene este doble mandato. El Banco Central Europeo solo tiene la obligación de conseguir el objetivo de inflación, por mucho desempleo que esto suponga.
– Su presidente debe ser nombrado por el parlamento nacional con una mayoría de al menos dos tercios y por un período, no renovable, mínimo de cinco años y máximo de ocho, entre personas que hayan trabajado en ese banco central un mínimo de veinte años y que nunca hubieran sido condenadas por delito penal o fiscal, ni sancionadas por falta grave en el ejercicio de sus funciones. En el caso de que el parlamento no alcance un acuerdo en el plazo debido, el cargo se sorteará entre las personas que cumplan esas condiciones y que libremente deseen entrar en dicho sorteo, como propongo en Los órganos colegiados.
– El presidente solo puede ser destituido en caso de incapacidad o falta grave.
– El Gobierno y los cargos públicos tienen prohibido emitir (tanto públicamente como de forma reservada) instrucciones o recomendaciones para el banco central.
– A su vez, el banco central tiene prohibido emitir opiniones sobre las políticas que el Gobierno está llevando (o no) a cabo o recomendaciones sobre las que ha de adoptar.
– Sin embargo el banco central puede dirigirse, públicamente, al parlamento, para solicitar modificaciones legislativas, si considera que las actuales no son suficientes para desempeñar adecuadamente sus funciones.
– De acuerdo con lo anterior, el banco central no debe asesorar al Gobierno, ni el Gobierno solicitar su asesoramiento. Sin embargo, si el Gobierno emprende un proceso de consultas (por ejemplo, para elaborar un reglamento) puede consultar al banco central como uno más de los sectores implicados.
– El banco central debe tener acceso ilimitado e inmediato a todas las fuentes estadísticas del Estado (población, comercio, impuestos, etc.). Con ellas elaborará sus previsiones y planes de actuación. Si necesita datos que ese sistema estadístico no recoge, podrá recopilarlos y tratarlos por sí mismo.
– No debe prestar dinero al Gobierno, ni actuar como su tesorero, ni emitir deuda pública.
– En situaciones normales tampoco debe comprar deuda pública ni privada.
– Ahora bien, en situaciones excepcionales, cuando los intereses que los mercados exigen al Gobierno superen en más de trescientos puntos básicos el último dato de inflación, el banco central, siempre que no peligre el objetivo de inflación, puede comprar la deuda pública que sea necesaria para calmar a los mercados.
– El banco central debe realizar las funciones 1, 2 y 3 enumeradas al principio, custodiar las reservas de oro (lo que en la práctica es bastante inútil, pero está arraigado en el inconsciente colectivo y confiere fuerza a su papel) y, si el mercado de capitales de ese país no es suficientemente estable, controlar la entrada y salida de divisas. No debe realizar otras funciones.
– Específicamente no tiene sentido que reciba las quejas de los clientes de entidades financieras y luego emita resoluciones si no son vinculantes. Esta función debe corresponder a los tribunales, cuyas decisiones sí son vinculantes. El que tarden y cuesten mucho no es razón para quitarles esta función, sino para tomar las medidas que agilicen y abaraten su actuación.
– Ahora bien, las asociaciones de consumidores y las organizaciones empresariales deben tener derecho a proponer públicamente al banco central modificaciones normativas sobre entidades bancarias (para acabar con las cláusulas abusivas, comisiones indebidas, etc.). El banco central deberá estudiar estas modificaciones y, públicamente, adoptarlas en todo o en parte, explicando pública y detalladamente sus razones
– Cuando el banco central fije los tipos de interés para un grupo de países, algunos de los cuales pueden encontrarse en crecimiento y otros, en recesión, debe disponer de mecanismos para conseguir que restringir la inflación en los países que crecen no dañe el empleo en los que se encuentran en recesión.
– La supervisión del sistema financiero debe ser estricta, según el método propuesto en No alterar los informes: los técnicos del banco central que hayan inspeccionado una entidad financiera deben redactar un informe completo, con un resumen de una página sobre la situación de la entidad, y otra página con las directrices más importantes que debe seguir, indicando el plazo en que deben factiblemente alcanzarse y las personas encargadas de su cumplimiento. Cada una de estas directrices se registrará en una base de datos, con su entidad, plazo y persona responsable de cumplirla. Si pasado el plazo no se ha cumplido, la persona responsable sufrirá una merma del 5% en su salario por cada mes de retraso. Cuando pasen seis meses en esa situación, la persona será destituida.
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