Combatir la pobreza energética
La pobreza energética es la incapacidad de un hogar de satisfacer una cantidad mínima de servicios de la energía para sus necesidades básicas, como mantener la vivienda en unas condiciones de climatización adecuadas para la salud (18 a 20º C en invierno y 25º C en verano).
Esto puede no ser solamente debido a los bajos ingresos intrínsecos del hogar, sino también a la mala calidad de la vivienda, o a su emplazamiento en un sitio muy frío o muy cálido, o a tratarse de una vivienda muy grande para una sola persona de bajos ingresos.
Se estima que la pobreza energética afecta a un 10% de los hogares españoles, unos 4 millones de personas. En Europa, a 50 millones. Habitar una vivienda con temperaturas inadecuadas en invierno aumenta el riesgo de padecer enfermedades físicas y mentales e incrementa la probabilidad de morir de forma prematura entre ancianos. Una estimaciónpublicada en la revista Consumer indica que la pobreza energética causaría más de 2.000 muertes prematuras al año en España. Los enfermos crónicos, niños y ancianos son los más afectados.
Cómo hacer frente a la pobreza energética: artículo de Eroski Consumer
Una de las causas principales de la pobreza energética es la mala calidad de las viviendas. En España el 60% del parque se construyó con anterioridad a la normativa de regulación térmica. Estos edificios pierden calor y necesitan más energía para mantener la temperatura. Otra de las causas es la baja eficiencia energética de los aparatos, bombillas, sistemas de climatización, etc., utilizados en estas casas.
Marta García, consultora de Ecoserveis, asegura que para abordar este problema hay que actuar sobre sus tres causas principales: nivel de ingresos, calidad en la edificación y precios de la energía.
Las medidas preventivas tendrían que ser prioritarias. Las viviendas de protección oficial, ocupadas en principio por familias vulnerables, deberían contar con criterios superiores de eficiencia energética.
Otra medida sería la de ofrecer bonos para el pago de facturas de energía a las personas mayores. En Inglaterra, el Gobierno destina 100 millones de euros para cubrir los costes de las tarifas sociales y ayudar a las familias más vulnerables. Las personas mayores de 60 años reciben 300 euros al año como medida contra la pobreza energética. En España habrá que esperar a tener los datos del nuevo bono social, puesto en marcha en julio de este mismo año.
Los consumidores pueden asumir diversas medidas para combatir la pobreza energética. En primer lugar, pueden prestar atención a sus facturas de energía y comprobar si se ha contratado una tarifa adecuada. En la actualidad, los consumidores con menos de 10kW de potencia contratada pueden escoger entre la Tarifa de Último Recurso (precio máximo fijado por el Gobierno) o ir al mercado libre a pactar las condiciones con una comercializadora.
La potencia contratada es otro elemento que los consumidores pueden elegir y reducir hasta lo necesario. A igual consumo, la factura será mayor cuanto mayor sea la potencia contratada. Para hacerse una idea, se puede analizar el conjunto de equipos que se quieren tener encendidos al mismo tiempo. Para un piso medio con cocina y calefacción de gas suele ser suficiente una potencia de 3,3kW o incluso menos.
La reducción del consumo energético es otra medida clara que se puede lograr con diversos consejos:
- Utilizar la energía sólo cuando sea necesario. Ser conscientes de que es un bien escaso que conlleva un impacto medioambiental, social y económico más grande del que parece.
- Sustituir las bombillas incandescentes por otras de bajo consumo.
- Contar con electrodomésticos de eficiencia energética A o A+.
- Regular la calefacción con termostatos y encenderla durante el día unas pocas horas, suficiente para que el calor acumulado se mantenga para el resto de la jornada.
- Invertir en aislamiento de paredes, ventanas e incluso tuberías y conductos de ventilación y climatización al construir o rehabilitar una casa. Las comunidades autónomas ofrecen ayudas que cubren hasta el 60% de esta inversión.
- Instalar contrapuertas y contraventanas.
- Evitar las fugas de calor, que pueden suponer entre el 5% y el 30% del malgasto energético. En el mercado se pueden encontrar diversos materiales y sistemas asequibles que permitirán acabar con este problema, por ejemplo burletes de gomaespuma.
- Realizar un correcto mantenimiento de las calderas y otros sistemas de climatización.
- Los ventiladores de techo reversibles pueden utilizarse en invierno para hacer circular el calor y ahorrar costes de calefacción hasta en un 10%.
- Aplicar sistemas basados en energías renovables (para ello también se pueden solicitar diversas ayudas institucionales).
- Vestir de acuerdo a las condiciones climatológicas: estar en casa en camiseta de manga corta durante el invierno supone un uso excesivo de la calefacción.
Todo esto está muy bien, pero muchas veces la gente pobre no tiene dinero para mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Por eso creo que el Estado debe devolver hasta un 50% de la factura energética (electricidad, gas natural o butano) a los hogares en que anualmente esa factura suponga más de un 10% de los ingresos anuales.
Esto no debería hacerse a través de precios subvencionados (como el actual bono social). La energía debería cobrarse a su coste (más un beneficio justo para el proveedor) a todos los consumidores, y solamente ser ayudados aquellos que realmente lo necesitaran.
Para recibir esta ayuda, se debería solicitar cada año. No sería necesario aportar facturas de electricidad o gas: se implantaría un sistema coordinado con las compañías de gas y electricidad en que el solicitante solamente tendría que aportar su NIF; ya se encargaría Hacienda de comprobar de si el montante de las facturas energéticas para el año anterior es superior al 10% de los ingresos de ese hogar.
Solamente podrían recibir estas ayudas aquellos hogares con menos de 70 metros cuadrados construidos por habitante (datos que el sistema comprobaría automáticamente en el Catastro y en el Padrón municipal; hacérselos declarar al solicitante es invitar al fraude).
Las personas receptoras de estas ayudas deberían, además, ser auténticamente pobres; es decir, no podrían poseer, total o parcialmente, otras viviendas aparte de la solicitante, ni cuentas bancarias, depósitos o activos financieros por valor superior a 3.000 euros.
Un hogar que recibiera una ayuda por este concepto de más de 200 euros anuales más de dos años consecutivos estaría obligado, después del tercer año, a someterse a un somero estudio de eficiencia energética, pagado por el Estado, que recomendaría medidas (por ejemplo, cambiar ventanas, aislar paredes, sustituir calderas, etc.). Tras este tercer año, cualquier ayuda posterior iría íntegramente destinada a poner en marcha alguna de las medidas recomendadas. Por ejemplo, un hogar que hubiera recibido 400, 426 y 397 euros en años consecutivos, estaría obligado el cuarto año a sustituir una ventana, por, digamos, 300 euros, y solo recibiría la ayuda el cuarto año tras presentar la factura de la sustitución.
Evidentemente, un sistema de ayudas así sería administrativamente caro para el Estado, pero a mí me parece la única forma de abordar seriamente el problema. Mucho más caras están saliendo las enfermedades y muertes provocadas por la falta de ingresos suficientes para mantener la vivienda a una temperatura adecuada. El derecho a la vivienda debe entenderse como el derecho a una vivienda saludable, no una que por tus circunstancias te enferme.
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