Más medidas fiscales
Propuestas de José María Mollinedo, Secretario General de los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA), en la revista MUFACE de abril-junio de 2012
En primer lugar, se precisan estudios oficiales de economía sumergida, a partir de los cuales establecer y controlar el objetivo principal de reducir el fraude.
En segundo lugar, se debería realizar una reforma en profundidad del Ministerio de Hacienda y de la Agencia Tributaria, aumentando las competencias a todos sus empleados y, especialmente, duplicando las actuales responsabilidades de los 8.000 técnicos de Hacienda en la lucha contra el fraude para que puedan investigar las empresas que tengan hasta 12 millones de euros de ventas, lo que permitiría recaudar unos 6.200 millones adicionales.
En tercer lugar, habría que poner un mayor interés en el fraude de las grandes empresas en lugar de poner la lupa sobre el pequeño contribuyente, obtener información automática de las empresas que actúan en los paraísos fiscales y evitar que las grandes fortunas eludan impuestos.
En cuarto lugar, las administraciones públicas deberían llegar a acuerdos de colaboración en la lucha contra el fraude y compartir las bases de datos tributarias.
Estas cuatro propuestas fundamentales aliviarían el bolsillo de millones de ciudadanos. Así, desde GESTHA estimamos que rebajando la tasa de economía sumergida en España diez puntos porcentuales, acercándonos a la media sumergida de la UE-15, la recaudación subiría en unos 38.500 millones anuales, una cantidad que permitiría alcanzar el objetivo de déficit sin dañar al estado de bienestar.
Estas propuestas se unen a las ya formuladas en:
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Vente a Gente
Las empresas españolas pagaron en impuestos solo el 11,6% de sus beneficios, según el informe de la Agencia Tributaria (http://economia.elpais.com/economia/2012/09/23/actualidad/1348421676_585766.html). Es absolutamente vergonzoso e inaceptable. Hay que eliminar TODAS las deducciones, exenciones y bonificaciones en el impuesto sobre sociedades que se demuestre que no tienen ningún efecto sobre el empleo, y utilizar los ingresos extra para formar a los parados en los oficios que el mercado demanda.
Estamos viviendo una situación dramática con más de cinco millones de desempleados, existiendo provincias como Almería con más de un 40% de paro, y con un 35% en Andalucía. Tenemos más de 500 desahucios diarios que dejan a otras tantas familias al borde de la exclusión social. En esta semana una persona se ha lanzado al vacío, otra ha conseguido suicidarse; por desgracia, cada vez ocurrirán más estos sucesos como respuesta a la frustración y a encontrarse sin salida.Una idea: por qué no se prueba a instrumentar una lucha sin cuartel contra el fraude fiscal, contra la fuga de capitales, y se pone a tributar de verdad a las SICAV en vez de hacerlo al 1%. De esta manera, conseguiríamos que algunos poderosos aportasen una pequeña parte de su capital para evitar recortes y, por tanto, el drama de miles y miles de compatriotas.
El Ministerio de Hacienda ha decidido tomar medidas para intentar atajar los abusos que, en materia de fiscalidad, cometen las grandes multinacionales. Con este objetivo y tras los movimientos en el mismo sentido de Reino Unido, Alemania o Francia, la más beligerante y que directamente exige a Google el pago de 1.000 millones en impuestos en los tribunales, la Agencia Tributaria va a poner en marcha una oficina especializada para reforzar la vigilancia contra las grandes empresas como Amazon, Apple, Facebook o el propio buscador que se aprovechan de su implantación en varios países para eludir el pago de impuestos.Fuentes del Ministerio de Hacienda han explicado que se vienen detectando situaciones en las que «ciertos grupos» con presencia internacional han utilizado España como vía para cargar «de forma exagerada» gastos sujetos a deducción fiscal, mientras que los beneficios los declaran en otros países con impuestos más bajos como Irlanda, Luxemburgo u Holanda. Por este motivo, el Gobierno ya rebajó los gastos financieros que las empresas se pueden deducir en el impuesto de sociedades.Se da la circunstancia que España es uno de los países europeos que cuenta con un mayor abanico de deducciones de gastos en el impuesto de sociedades. Las grandes multinacionales aprovechan para jugar con los precios de transferencias entre sus filiales para trasladar gastos a la filial española, donde podrá deducir una mayor parte de los costes,y deriva los beneficios a otros países con Irlanda, con uno de los tipos efectivos sobre beneficios.
La OCDE ya está analizando el problema en un proyecto denominado BEPS (Base Erosion and Profit Shifting, esto es, erosión de la base imponible y traslado de beneficios) y está previsto que presente un primer informe en febrero. La reflexión de fondo es que se están usando figuras creadas para evitar la doble imposición internacional (que unos mismos beneficios tributen en dos países distintos) para llegar a una nula tributación como consecuencia de las agresivas estrategias fiscales de algunas compañías y de las facilidades que les dan algunos Gobiernos.
El fraude fiscal priva cada año a los países europeos de ingresar un billón de euros. La Comisión Europea cree que hay que perseguir con más eficacia esos recursos y para lograrlo presentó el 6 de diciembre de 2012 un conjunto de 30 medidas que deben aplicar los Estados.Entre ellas se cuentan:- Impedir que las empresas se apliquen todas las deducciones posibles en un territorio cuando el grueso de los impuestos lo abonan en otro.- Gravar a las empresas cuando se demuestre que la elección de su sede obedece solo a motivos fiscales en lugar de basarse en el lugar donde se desempeña la actividad.- Que los países dejen de aplicar las normas contra la doble imposición.- Que los países de la UE elaboren listas negras con los territorios que ellos creen que funcionan como paraísos.- Que todos los Estados accedan a las bases de datos del resto.
El directivo de Google Matt Brittin comparecía ante la Cámara de los Comunes para explicar por qué el buscador de Internet traslada sus beneficios a Irlanda y opera algunos de sus negocios desde Islas Bermudas. Esa estrategia fiscal permitió a Google ahorrarse el año pasado más de 1.500 millones de euros en impuestos al trasladar unos 7.600 millones de beneficios al paraíso fiscal de Islas Bermudas.En Reino Unido se ha creado un movimiento ciudadano contra los recortes Uk Uncut (www.ukuncut.org.uk) que está llevando a cabo protestas contra la elusión fiscal de Starbucks, Amazon y Google. Esta organización celebró protestas en medio centenar de locales de la compañía cafetera para convertirlos en centros sociales y guarderías. La presión social ha llevado a Starbucks a replantearse su estrategia fiscal y anunciar que pagará más impuestos en Londres.Bruselas recogió el guante recientemente y propuso la creación de una “cláusula anti-abuso” en los sistemas fiscales nacionales para impedir a las grandes compañías rebajar su coste fiscal mediante el traslado de los beneficios a otros estados miembros. “La idea”, sostiene el comisario de asuntos fiscales, Algirdas Semeta, “es que los impuestos deben pagarse en el país donde se produce la actividad económica real”.Los expertos tributarios justifican que la ley permite estas prácticas y defienden que, si se quiere cambiar esta conducta tributaria, habría que cambiar la ley. El G-20 ha emprendido una ofensiva para limitar el abuso de los precios de transferencias y la deslocalización de beneficios. En la última reunión del cónclave, celebrada en México el pasado noviembre, se discutió sobre el asunto y se encargó a la OCDE, el club integrado por las economías más desarrolladas del planeta, que elabore un informe sobre los abusos fiscales de las multinacionales para la próxima reunión del G-20 que tendrá lugar en febrero de 2013 en Rusia. La OCDE ha advertido reiteradamente sobre este riesgo. Ha creado un grupo de trabajo para reducir estas prácticas que hacen esfumarse los impuestos. Y propone a los países que mejoren sus convenios de doble imposición e intercambio de información para estrechar el cerco a estas prácticas.
El Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) ha dado la razón a la Agencia Tributaria y ha mantenido que la empresa informática estadounidense Dell debe tributar por todos los ingresos de su negocio español entre 2000 y 2003, al entender que su filial irlandesa, en cuyo nombre se facturan los productos que la multinacional vende en España, tiene una presencia lo suficientemente “sustancial y significativa” en territorio español como para considerarse como establecida permanentemente. Además, la justicia ha hecho suya la tesis de Hacienda sobre la tributación de las empresas que venden por internet, en oposición al criterio de las multinacionales del sector.En una resolución del pasado 15 de marzo, el tribunal rechazó la pretensión de la informática de que únicamente debe tributar en España por las comisiones obtenidas por la española Dell Computer, S.A. a los servicios prestados a su filial irlandesa Dell Products.