IRPF y capital: 5.300 millonesEstá incluido en el paquete ya aprobado por el Gobierno: la subida en el IRPF de hasta siete puntos en el tipo máximo suma 4.100 millones y la subida de la fiscalidad de las rentas de capital hasta seis puntos en las de mayor cuantía aporta otros 1.200.Pese al escándalo que la decisión ha provocado en los sectores más liberales, los economistas progresistas consideran que se podría avanzar todavía más: tras la reforma, el tipo máximo del IRPF llega en algunas autonomías al 56%, pero Etxezarreta recuerda que la reforma fiscal de la Transición, también en plena crisis económica, lo colocó en el 66%. Y el tope en las rentas de capital generados en los depósitos de ahorro, por ejemplo se sitúa en el 27%. «Hay todavía mucho margen hasta igualar las rentas del trabajo y del capital, porque no tiene demasiado sentido que los ingresos nacidos del trabajo se graven por encima del 50% y los generados sin esfuerzo en un banco estén por debajo del 30%», sostiene Etxezarreta.Inversión militar: 1.000 millonesLos pacifistas como Arcadi Oliveres, economista de la Universitat de Barcelona, lo tienen claro: eliminando el Ministerio de Defensa se obtendría un ahorro automático para el erario público de 16.000 millones, al sumar el presupuesto del departamento (8.000) y otros gastos con huella militar repartidos por otros ministerios y que año tras año rastrean organizaciones como Justícia i Pau, que preside el propio Oliveres.Pero, sin llegar a este extre-mo, hay margen para ahorrar mil millones sin abandonar ninguna misión en el exterior ya comprometida. Bastaría con reducir a la mitad la inver-sión anual en armamento que se reparte entre Defensa e Industria. Problema: el nuevo ministro de Defensa, Pedro Morenés, procede directamente del sector privado de la defensa y seguridad.’Tasa Tobin’: 4.000 millonesLa fórmula sugerida por Bruselas es un impuesto de entre el 0,01% y el 0,1% de la transacción en función del tipo de movimiento y, según los cálculos oficiales, permitiría recaudar 55.000 millones al año. Ello ha permitido a expertos como Ricardo García Zaldívar, economista de Attac y de la Universidad Carlos III, apuntar el impacto recaudatorio en España en función de su peso en el PIB europeo: al menos 4.000 millones al año.Pero el potencial recaudatorio es incluso más alto, porque la propuesta europea es conservadora al dejar fuera a los productos Over the counter(OTC). La elaborada por el Partido Socialista Europeo al que pertenece el PSOE prevé una tasa del 0,05% a todas las transacciones (incluidas las OTC), con lo que los cálculos recaudatorios para toda la UE sube a 200.000 millones.Impuesto sociedades: 10.500 millonesEl tipo nominal máximo del Impuesto de Sociedades, el que pagan las empresas, es del 30%, que, sin ser de los más altos de la UE, es formalmente más del doble del que aplican países como Irlanda. Sin embargo, la posibilidad de exenciones y deducciones hace que, en la práctica, lo que realmente pagan las empresas sobre sus beneficios no supere el 10% de media, según la Agencia Tributaria. Cualquier sugerencia de aumentar este impuesto es automáticamente descartada por el temor a perjudicar a las empresas en un momento de crisis, pero el sindicato Gestha ha presentado una propuesta dirigida sólo a las grandes empresas con beneficios, que en la práctica disfrutan de una fiscalidad mucho más favorable que las pymes.La medida afectaría exclusivamente a las grandes compañías, que facturan más de 45 millones al año (en España hay 5.700), y se aplicaría sólo a las que superen el millón de euros de beneficios anuales. Según una estimación de la propuesta del sindicato, elevando a estas compañías el tipo nominal del 30% al 34%, el erario público obtendría al menos 10.500 millones al año.

Medicamentos: 2.000 millonesEl Ejecutivo socialista logró implantar el pasado verano la prescripción por principio activo en toda España, de forma que los médicos deben ya priorizar la receta de medicamentos genéricos, con su consiguiente ahorro para el erario público.Pero el margen de ahorro en el gasto farmacéutico es aún importante en España, según subraya Joan Ramon Laporte, catedrático de Farmacología de la Universitat Autònoma de Barcelona y jefe de este departamento del hospital del Vall d’Hebron: «Aquí se gasta muchísimo dinero de más en medicamentos, lo que en el fondo refleja el poder político clarísimo del sector».Laporte recalca que los datos de la OCDE muestran que «hay espacio para recortar» en gasto farmacéutico público: España destina a medicamentos el equivalente al 1,27% del PIB cuando la media de la UE a 15 la de antes de la ampliación al Este es apenas del 0,87%.El 80% de este gasto es público, con lo que reducir este diferencial a la mitad supondría un ahorro mínimo de 2.000 millones para la Administración pública.Vivienda: 2.500 millonesPese a la necesidad del ajuste drástico en las cuentas públicas, el Gobierno ha anunciado que recuperará las deducciones fiscales universales para la compra de la vivienda, con independencia de la renta del comprador, en los términos que alimentaron la burbuja, y que reducirá el IVA al respecto del 8% al 4%.Inurrieta calcula que el impacto para el erario público será de 2.500 millones al año: 1.500 por la recuperación de la desgravación universal y otros mil por la rebaja del IVA sin limitaciones.Pensiones privadas: 2.000 millonesDesde 1996, España ha dejado de ingresar más de 20.000 millones como consecuencia de los incentivos fiscales de que gozan los planes privados de pensiones. Al principio, la cifra era testimonial, pero en los últimos años se mueve entre los 2.000 y los 3.000 millones anuales.Las desgravaciones se han mantenido intactas a pesar de que varios estudios han puesto en cuestión la rentabilidad conseguida por los planes de pensiones, sobre todo como consecuencia de las altísimas comisiones del sector financiero. Pablo Fernández, profesor de Finanzas de la escuela de negocios IESE, elabora cada año un ranking de más de 3.000 fondos de pensiones en España y son muy escasos los que consiguen rentabilidades sostenidas mejores a las del bono español, pese a que los gestores perciben comisiones generalmente superiores al 2%.En 2009, Fernández cuantificó las comisiones de las gestoras por estas magras rentabilidades en más de mil millones de euros.»Es hora de repensar estas desgravaciones, que son muy regresivas, porque favorecen a las rentas altas con capacidad de ahorro y que en la práctica se han convertido en una transmisión de renta directa hacia las gestoras», sostiene Inurrieta.TOTAL40.000 MILLONES DE EUROS