Archivo 8 junio, 2011
Cómo atajar el fraude fiscal
Transcribo párrafos del ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN LA AGENCIA TRIBUTARIA del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Hasta 10 diferentes estudios y evaluaciones de instituciones nacionales e
internacionales sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España en torno al
23% del PIB [el último estudio nacional, de FUNCAS, la cifra en el 23,7% del PIB], pese a que el Ministerio de Hacienda y la AEAT aún no disponen de una evaluación oficial propia.
Esto supone que más de 240.000 millones de € escapan del pago de impuestos, dejando de ingresar casi 90.000 millones de € por año. Una reducción parcial en 10 puntos del fraude, del 23% al 13% del PIB, nivel medio que ostentan los países de nuestro entorno, permitiría obtener ingresos adicionales por año de 38.000 millones de € (más de 6 billones de las antiguas pesetas), 25.000 de los cuales corresponden a impuestos y 13.000 a la seguridad social. Este importe superaría, tan sólo en un año, a lo ingresado por la AEAT en los últimos ocho años en la lucha contra el fraude.
El dinero que escapa al fisco proviene, por un lado, de actividades legales que se infradeclaran (talleres, autónomos, agricultores) y por otro de actividades directamente ilegales (narcotráfico, prostitución, facturas falsas, tramas de IVA y paraísos fiscales).
El aumento de la recaudación tributaria se ha apoyado en la recaudación en vía voluntaria de los ciudadanos y empresas, no en el aumento de las actuaciones de comprobación e investigación.
Los empresarios en estimación objetiva (módulos) declaran casi los mismos rendimientos por sus actividades económicas en 2007 que en 1992, cuando comenzaron a tributar por este régimen. Algunos sectores (transportistas, taxis) incluso declaran menos. La situación todavía es más deprimente en el Impuesto sobre el Valor Añadido, pues las cuotas a ingresar por estos empresarios se ha reducido desde la aparición del régimen simplificado de IVA en cerca de un 30%. ¿Por qué no se actualizan las cuantías de los módulos, por lo menos en función del IPC?
Además, este tipo de empresas en régimen de módulos son el ámbito idóneo para
generar facturas falsas para otros empresarios que tributen en estimación directa de
IRPF o régimen general de IVA, para el empresario emisor de la factura no supone
más ingreso, mientras que para el receptor supone un gasto en IRPF o una cuota
deducible en IVA. Asimismo, muchos de los proveedores de los empresarios en
módulos que tributan en recargo de equivalencia venden sin factura porque a estos
últimos les resulta indiferente al no poder deducirse sus compras como gastos.
El control de 40.571 grandes empresas que facturan más de 6,01 millones de €,
está encomendado a tan sólo 95 funcionarios. Esta es una de las conclusiones del
informe del Tribunal de Cuentas, de 17 de Julio de 2008, que fiscaliza la actuación de
las unidades de gestión de grandes empresas de la AEAT para los años 2004 y 2005.
El informe revela errores pendientes de resolver en la «gran mayoría» de las
declaraciones informativas de las grandes empresas, sin que se hayan establecido
«medidas correctoras» adecuadas para prevenirlos. En el 37% de declaraciones
erróneas de 2004 y en el 42% de 2005, no se remitió ningún aviso a las empresas.
Asimismo, en el análisis de las declaraciones periódicas del IVA y de retenciones e
ingresos a cuenta del IRPF se observa un «porcentaje significativo» de declaraciones
sin actuaciones de comprobación durante un plazo superior a 6 meses, encontrándose
caducados en un «número reducido de casos» los procedimientos iniciados.
Como consecuencia de la falta de un número suficiente de funcionarios
habilitados para la práctica de inspecciones, otras 57.700 empresas, con una cifra de
negocios entre 1,8 millones de euros y 6 millones de euros, no pueden ser
comprobadas ni investigadas.
Existen en España 17 millones de declarantes de IRPF, 3.350.000 empresarios y profesionales, 2.300.000 sociedades y 1.800.000 de otros entes jurídicos. Ante esta situación surge un claro interrogante ¿Cómo puede hacerse un control adecuado de todo ello con tan sólo 1.600 inspectores (de los cuales casi un 50% son cargos directivos y no hacen gestión directa) y permitirse
tener un 90% de los más de 6.000 funcionarios de los Cuerpos Técnicos sin funciones
legalmente definidas?
Por otra parte, ante la escasez de medios personales y su deficiente organización,
la comprobación de impuestos se ha orientado hacia el control preferente del 20% de
mayores empresas del país, que ingresan el 70% de la recaudación total. Esta
mentalidad Paretiana en la lucha contra el fraude implica abandonar, en la práctica,
el control sobre cientos de miles de contribuyentes, y empresas a quienes se envía un
mensaje de laxitud y falta de vigilancia.
La AEAT presenta unos ratios de personal muy bajos para afrontar la lucha contra
el fraude fiscal, 1 funcionario por cada 1.680 contribuyentes contra 1 por cada 200 en
los países avanzados de la UE.
La plantilla de la AEAT apenas ha crecido desde 1992 un exiguo 3%, entretanto el PIB ha crecido
un 170% y las cargas de trabajo se han incrementado en un 123%, con un
espectacular incremento del número de asalariados, empresas, profesionales y sus
cifras de negocio, lo que hace imposible un adecuado control del fraude.
Un análisis del gasto público en los países de la OCDE, The disappearing state?, editado por Francis G. Castles muestra como el Estado español es el que menos gasta (0,06 PIB) en recoger los impuestos, 5 veces menos que Suecia (0,32 PIB).
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