Archivo junio 2011
Medidas para la justicia española
Transcribo las medidas con las que estoy de acuerdo de las propuestas por Pedro Viguer, Juez Decano de Valencia, en su artículo Cómo modernizar la justicia publicado en El País del 18 de junio de 2011.
- Incrementar el número de jueces. De acuerdo con las estadísticas del CGPJ, en 2010 ingresaron 846,3 asuntos por magistrado o juez, y sólo dictó 473,3 sentencias. Así es imposible.
- Aumentar los recursos destinados a la justicia.
- Concentrar los juzgados en sedes provinciales.
- Crear tribunales de base para los asuntos menores.
- Determinar con exactitud la carga de trabajo que tiene y debe tener cada juez para que sea posible calcular cuántos se necesitan realmente.
- Interconexión informática de los órganos judiciales. Implantación de un sistema informático único (en código abierto, añado yo) para todos los juzgados de España, interconectado de forma fiable con comisarías y prisiones.
- Reducir el número de funcionarios interinos aumentando las plazas fijas a través de unas oposiciones rigurosas de las que salgan funcionarios de carrera sobradamente preparados para la administración de justicia en un mundo cada vez más informatizado.
- Hacer que funcione la oficina judicial, mediante un sistema informático a prueba de fallos y protocolos claros de actuación, que eviten la improvisación y el despilfarro de recursos.
- Reformar las normas procesales (¡la Ley de Enjuiciamiento criminal es de 1882!).
- Evitar la excesiva litigiosidad, limitando los recursos (creo personalmente que la decisión de un tribunal sólo podría recurrirse una vez ante un tribunal superior; los recursos al Supremo, al Constitucional o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos deberían permitirse solo en caso de que la decisión supusiera más de diez años de cárcel o una multa para una persona o empresa superior a la mitad de sus ingresos anuales).
- Fomentar la mediación y el arbitraje.
A estas medidas añado yo:
- Formación en informática jurídica desde el primer curso de la carrera de Derecho, con al menos un curso al año.
- Un Consejo General del Poder Judicial formado como propongo en Los órganos colegiados.
- Un sistema de notificación de los pasos y actos judiciales de un proceso a los interesados mediante mensajes de teléfono móvil y consulta del paso o acto a través de página de Internet, en vez de seguir utilizando las notificaciones por correo postal y envío en papel del acto.
- Reforma del estilo y del lenguaje jurídico para quitarle sus rimbombancias y endiosamientos. En las oposiciones a juez o fiscal debería haber un ejercicio obligatorio de transformación de una sentencia clásica, a base de considerandos, en lenguaje actual, claro, directo y comprensible.
- Publicación anual en la web del Consejo General del Poder Judicial de una lista de los juzgados de España, con su número de asuntos entrantes y salientes y su retraso medio, y actuación contra los excesivamente retrasados.
Los órganos colegiados
Otra vez sumidos en el bochorno: tres magistrados del Constitucional han dimitido (sin que se les haya aceptado su dimisión) para exigir su renovación. Llevan meses con el mandato caducado porque los partidos no se ponen de acuerdo. Pero si la falta de acuerdo nos sume en la vergüenza, los acuerdos a los que se llegan luego despiertan indignación, pues ponen en los más altos órganos del Estado, los que deben decidir de manera incontestable sobre asuntos extremadamente espinosos, a peones de los partidos, personas sin criterio propio que solo intentan satisfacer las instrucciones de quien los ha puesto allí. Otros magistrados decentes se niegan a entrar en el juego de rendir sumisión a los partidos, de modo que al final quienes son elevados a los altos órganos son los trepas y serviles.
La democracia consiste en el gobierno del pueblo, en que el pueblo elige a sus representantes. Pero permitir que esos representantes extiendan su poder (mejor dicho, su afán de mangoneo) a todos los resortes del funcionamiento de la sociedad no es democracia; es partitocracia. El lugar adecuado para los representantes electos es el Parlamento, elaborando leyes; el Gobierno y los Ministerios, ejecutando esas leyes y gestionando; y los Ayuntamientos, dirigiendo las ciudades. Pero en órganos colegiados donde se deciden cuestiones de otros ámbitos, si queremos una auténtica separación de poderes, no deberían estar presentes. Los miembros de estos órganos (el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Radio Televisión Española, el Consejo Económico y Social, el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional, etc.) no deberían ser elegidos, sino sorteados entre personas con al menos veinte años de experiencia en su ámbito, que nunca hubieran sido condenadas por delito penal o fiscal, ni sancionadas por falta grave en el ejercicio de sus funciones, y que, por supuesto, hubieran entrado voluntariamente en el sorteo.
De esta forma un magistrado honorable, que los hay, y son mayoría, podría postularse para órganos superiores sin pagar ningún peaje ni rendir pleitesía a los partidos. Los afortunados desempeñarían el cargo cinco años, sin posibilidad de volver a entrar en el sorteo, y sólo podrían ser apartados de él por mayoría de cuatro quintos de sus propios compañeros en caso de delitos o dejación grave de sus funciones.
3Cómo conseguir unas agencias de calificación beneficiosas
En su funcionamiento actual las agencias de calificación son dañinas para los mercados, la economía y los ciudadanos. Tienen buena parte de responsabilidad en la Gran Recesión al haber calificado favorablemente los paquetes de hipotecas basura que contaminaron como una plaga todo el sistema financiero y lo habrían hundido de no ser por la intervención de los gobiernos (la otra parte la tienen quienes crearon ese sofisticado veneno). Lo hicieron así porque cobraban de los creadores de estos instrumentos maléficos para darles una calificación favorable. Como pagar al profesor para que te apruebe, vamos. Ahora estas agencias son poseídas, accionarialmente, por grupos que hacen negocio gracias a sus calificaciones, especialmente en el caso de deuda soberana.
Hay que acabar con esto, y ya. Se propone que una agencia europea de calificación sustituya al actual tripolio (Standard & Poors, Mooody’s y Fitch), al menos en el viejo continente. Yo no estoy de acuerdo. Esta agencia estaría demasiado sometida a presiones políticas y sus calificaciones serían poco fiables. Creo preferible que una agencia de calificación tenga que ser, obligatoriamente, una cooperativa de personas con al menos diez años de experiencia en el sector financiero (auditores, banqueros, contables…) que nunca hayan sido condenados por delito penal o fiscal, propiedad de sus cooperativistas (socios) y de nadie más.
Deben tener todas la misma tarifa (fijada por el regulador nacional) para examinar y calificar un producto financiero. Y la entidad que lanza ese producto no puede elegir agencia, sino solamente solicitar su calificación. De resultas de esa solicitud se le asigna al azar una agencia, y ésta lo califica de acuerdo a unos procedimientos y parámetros establecidos, públicos y transparentes. Los socios se vuelven financieramente responsables de sus calificaciones, en caso de soborno o mala práctica, con hasta la mitad de su patrimonio personal, riesgo contra el que no pueden asegurarse de ninguna manera (así tendrán más cuidado).
Y por supuesto, ese patrimonio personal solo puede estar constituido por cuentas corrientes y depósitos a plazo fijo: ni acciones de empresas cotizadas, ni títulos de deuda pública, ni ninguno de los productos financieros que la agencia podría en algún momento tener que calificar.
Esto puede parecer radical, y lo es, pero para nada utópico. Invito a quien crea tener una solución mejor a que comente esta entrada.
4Propuestas para meter a los especuladores en cintura
Transcribo y suscribo las propuestas de Miguel Ángel Lorente y Juan Ramón Capella, coautores del libro El crack del año ocho, que recoge el artículo del diario Público Las manos muertas aparecido el 14 de junio de 2011:
- No permitir que en un mismo día se realicen varias operaciones sobre títulos que representan el capital de una empresa, o sus deudas a medio y largo plazo, o se vendan y se recompren varias veces en el mismo día títulos de deuda pública con vencimiento aplazado.
- Gravar fiscalmente los beneficios de los bancos en sus actividades no crediticias de modo que se desincentiven.
- Limitar los bienes con los que pueden operar los fondos de inversión, dejando fuera las materias primas agrícolas cuyos productores podrían verse afectados por un excesivo vaivén de los precios.
- Establecer de una vez la tasa Tobin para las operaciones financieras internacionales.
Propuestas fiscales
Propuestas de ICV el 13 de junio de 2011, que suscribo completamente:
- Actuar contra las 699 grandes fortunas titulares de cuentas bancarias en Suiza sin declarar.
- Gravamen especial para los movimientos de fondos con paraísos fiscales
- Negativa a reconocer la personalidad jurídica de las empresas radicadas en esos territorios.
- Recuperar el impuesto sobre el patrimonio.
- Fijar un tipo del 35% en el impuesto de sociedades para empresas que ganen más de cien millones de euros.
Cómo atajar el fraude fiscal
Transcribo párrafos del ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL EN LA AGENCIA TRIBUTARIA del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda.
Hasta 10 diferentes estudios y evaluaciones de instituciones nacionales e
internacionales sitúan el fraude fiscal y la economía sumergida en España en torno al
23% del PIB [el último estudio nacional, de FUNCAS, la cifra en el 23,7% del PIB], pese a que el Ministerio de Hacienda y la AEAT aún no disponen de una evaluación oficial propia.
Esto supone que más de 240.000 millones de € escapan del pago de impuestos, dejando de ingresar casi 90.000 millones de € por año. Una reducción parcial en 10 puntos del fraude, del 23% al 13% del PIB, nivel medio que ostentan los países de nuestro entorno, permitiría obtener ingresos adicionales por año de 38.000 millones de € (más de 6 billones de las antiguas pesetas), 25.000 de los cuales corresponden a impuestos y 13.000 a la seguridad social. Este importe superaría, tan sólo en un año, a lo ingresado por la AEAT en los últimos ocho años en la lucha contra el fraude.
El dinero que escapa al fisco proviene, por un lado, de actividades legales que se infradeclaran (talleres, autónomos, agricultores) y por otro de actividades directamente ilegales (narcotráfico, prostitución, facturas falsas, tramas de IVA y paraísos fiscales).
El aumento de la recaudación tributaria se ha apoyado en la recaudación en vía voluntaria de los ciudadanos y empresas, no en el aumento de las actuaciones de comprobación e investigación.
Los empresarios en estimación objetiva (módulos) declaran casi los mismos rendimientos por sus actividades económicas en 2007 que en 1992, cuando comenzaron a tributar por este régimen. Algunos sectores (transportistas, taxis) incluso declaran menos. La situación todavía es más deprimente en el Impuesto sobre el Valor Añadido, pues las cuotas a ingresar por estos empresarios se ha reducido desde la aparición del régimen simplificado de IVA en cerca de un 30%. ¿Por qué no se actualizan las cuantías de los módulos, por lo menos en función del IPC?
Además, este tipo de empresas en régimen de módulos son el ámbito idóneo para
generar facturas falsas para otros empresarios que tributen en estimación directa de
IRPF o régimen general de IVA, para el empresario emisor de la factura no supone
más ingreso, mientras que para el receptor supone un gasto en IRPF o una cuota
deducible en IVA. Asimismo, muchos de los proveedores de los empresarios en
módulos que tributan en recargo de equivalencia venden sin factura porque a estos
últimos les resulta indiferente al no poder deducirse sus compras como gastos.
El control de 40.571 grandes empresas que facturan más de 6,01 millones de €,
está encomendado a tan sólo 95 funcionarios. Esta es una de las conclusiones del
informe del Tribunal de Cuentas, de 17 de Julio de 2008, que fiscaliza la actuación de
las unidades de gestión de grandes empresas de la AEAT para los años 2004 y 2005.
El informe revela errores pendientes de resolver en la «gran mayoría» de las
declaraciones informativas de las grandes empresas, sin que se hayan establecido
«medidas correctoras» adecuadas para prevenirlos. En el 37% de declaraciones
erróneas de 2004 y en el 42% de 2005, no se remitió ningún aviso a las empresas.
Asimismo, en el análisis de las declaraciones periódicas del IVA y de retenciones e
ingresos a cuenta del IRPF se observa un «porcentaje significativo» de declaraciones
sin actuaciones de comprobación durante un plazo superior a 6 meses, encontrándose
caducados en un «número reducido de casos» los procedimientos iniciados.
Como consecuencia de la falta de un número suficiente de funcionarios
habilitados para la práctica de inspecciones, otras 57.700 empresas, con una cifra de
negocios entre 1,8 millones de euros y 6 millones de euros, no pueden ser
comprobadas ni investigadas.
Existen en España 17 millones de declarantes de IRPF, 3.350.000 empresarios y profesionales, 2.300.000 sociedades y 1.800.000 de otros entes jurídicos. Ante esta situación surge un claro interrogante ¿Cómo puede hacerse un control adecuado de todo ello con tan sólo 1.600 inspectores (de los cuales casi un 50% son cargos directivos y no hacen gestión directa) y permitirse
tener un 90% de los más de 6.000 funcionarios de los Cuerpos Técnicos sin funciones
legalmente definidas?
Por otra parte, ante la escasez de medios personales y su deficiente organización,
la comprobación de impuestos se ha orientado hacia el control preferente del 20% de
mayores empresas del país, que ingresan el 70% de la recaudación total. Esta
mentalidad Paretiana en la lucha contra el fraude implica abandonar, en la práctica,
el control sobre cientos de miles de contribuyentes, y empresas a quienes se envía un
mensaje de laxitud y falta de vigilancia.
La AEAT presenta unos ratios de personal muy bajos para afrontar la lucha contra
el fraude fiscal, 1 funcionario por cada 1.680 contribuyentes contra 1 por cada 200 en
los países avanzados de la UE.
La plantilla de la AEAT apenas ha crecido desde 1992 un exiguo 3%, entretanto el PIB ha crecido
un 170% y las cargas de trabajo se han incrementado en un 123%, con un
espectacular incremento del número de asalariados, empresas, profesionales y sus
cifras de negocio, lo que hace imposible un adecuado control del fraude.
Un análisis del gasto público en los países de la OCDE, The disappearing state?, editado por Francis G. Castles muestra como el Estado español es el que menos gasta (0,06 PIB) en recoger los impuestos, 5 veces menos que Suecia (0,32 PIB).
Cómo hacer DE VERDAD que las cosas cambien
El Movimiento 15-M no es la primera revuelta pacífica multitudinaria que se ha dado en España. Yo he conocido al menos otras dos: la revuelta estudiantil de 1985, personalizada en el Cojo Manteca, y las acampadas para dar el 0,7% del PIB a los países pobres. Las dos fracasaron. Armaron mucho ruido, concitaron mucha atención, pero no consiguieron sus objetivos. El 15-M se arriesga a lo mismo, con ese asambleísmo permanente que lo lleva a la parálisis.
Los últimos cambios a mejor más importantes sucedidos en la vida de los españoles a mí me parecen los siguientes:
- La drástica reducción del número de muertes en la carretera. Nos hemos ahorrado miles de vidas y miles de familias destrozadas, y ahora conducimos más seguros.
- La ley de dependencia: con todos sus defectos, sus restricciones presupuestarias, su saboteo por algunas autonomías, sus sangrantes retrasos en su aplicación, su efecto perverso de subvencionar a los familiares cuidadores (casi siempre cuidadoras) de dependientes en lugar de abrir residencias especializadas donde personal especializado atienda a los enfermos y al final de su dura jornada pueda irse a casa, con todo eso, digo, ha mejorado la vida de decenas de miles de personas, proporcionándoles ingresos muy necesarios y haciéndoles sentir que no están solos en la adversidad.
- El matrimonio homosexual: miles de hombres y mujeres han podido satisfacer un derecho legítimo de unirse ante la ley.
- La ley antitabaco: bares y discotecas por fin libres de humo. Todos los trabajadores de esos establecimientos sin la amenaza de cáncer por causas laborales.
Ninguno de estos cambios ha sido conseguido por unos cuantos miles de personas que se hayan puesto a gritar en una plaza. Todos son producto de modificaciones en las leyes que nos rigen y de su aplicación estricta (salvo, por desgracia, en el caso de la ley de dependencia).
Si el 15-M quiere hacer realidad sus justísimos deseos de una ley electoral más equivativa, una mejor lucha contra la corrupción, supresión de los privilegios de los políticos o publicación de los patrimonios de todos los electos y altos cargos, no le queda otro remedio que transformarse en partido político, concurrir a las elecciones y llevar estos puntos en su programa.
Sería aconsejable que los candidatos y candidatas fueran elegidos por los militantes mediante listas abiertas y que la lista final fuera «cremallera» (mujer-hombre-mujer-hombre….). Asimismo, para evitar las tentaciones de medrar que, también con toda justicia, denuncian, candidatos y candidatas deberían suscribir un compromiso notarial por el que se comprometen a no volver a presentarse a las elecciones, ni entrar en ningún otro partido, ni aceptar cargo alguno, con la contrapartida de pagar un millón de euros si lo incumplen.
Si por el contrario el 15-M desea quedarse en la cómoda utopía y que su levantamiento siga el destino del Cojo Manteca y el 0,7, que continúe con el asambleísmo estéril
2Vente a Gente
