La Junta de Personal Docente de los Centros Públicos no Universitarios de Valladolid, así como la de las otras ocho provincias de Castilla y León, viene contando en los medios de comunicación que entre el profesorado existe un tremendo malestar por los recortes educativos de la Consejería de Educación a los centros públicos. No solo se recorta en recursos económicos sino en medios materiales. Algunos centros educativos tendrán que suspender pagos a proveedores.
Parece que en la Consejería de Educación y en la de Hacienda no entienden que si se suspende el pago a proveedores, éstos no podrán pagar a su trabajadores ni mantener a flote la empresa; ello lleva a tener que despedir a parte de la plantilla o plantear un ERE ante el juzgado. En muchos casos lleva a cerrar la empresa, sobre todo cuando se trata de empresas familiares o de pequeñas empresas. ¿Conclusión? Muy fácil: la propia Junta de Castilla y León tira piedras a su tejado, fomenta el paro, el cierre de empresas y, como consecuencia final, empobrece a la Comunidad que dice gobernar, representar y favorecer.
A ello hay que unir el hecho de que también destruye el tejido empresarial; no hay Comunidad que ‘exporte’ mayor cantidad de jóvenes universitarios a otras comunidades autónomas. Nuestra obligación es hacer entender a los dirigentes de la Junta de Castilla y León que la caridad empieza en nuestra propia casa y la justicia en la puerta inmediata.
Es un hecho denunciable, como hacen los sindicatos docentes no de clase, que los recortes repercuten en el encendido y uso de la calefacción; en el suministro de material; en la disminución y retraso de la dotación presupuestaria para los gastos de funcionamiento y en la conservación y mantenimiento de los centros. Con todo lo que están viviendo los centros educativos, el profesorado se mofa de los dirigentes políticos cuando hablan del informe PISA, de la calidad y de la excelencia en educación porque son cortinas de humo de las que pretenden aprovecharse cuando, en realidad, el mérito es única y exclusivamente del profesorado. Nadie se ha de sorprender respecto a que “cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”.
Hace unos días decíamos en un artículo y en este mismo medio que “la vergüenza y la desfachatez de quienes gestionan los presupuestos de Castilla y León llega hasta el punto de situaciones como la del ejercicio económico 2010, donde el cuarenta por ciento correspondiente a los gastos de funcionamiento de los centros llegó a las cuentas bancarias de los citados centros públicos el 31 de diciembre. Sí, como lo leen; es decir, el último día del ejercicio económico”. Cuando está a punto de finalizar el ejercicio 2011, la semana pasada algún centro ha recibido el 50% del 40% que no puede abonar la Consejería de Hacienda para el último cuatrimestre. Y hay centros que ni siquiera eso.
Tan solo un centro educativo de Valladolid ha recibido casi la totalidad de ese 40% adeudado –el mismo centro al que para el ejercicio 2011 le rebajaron un 41,13% de gastos de funcionamiento respecto al ejercicio 2010– porque ha ido al grano y ha pedido en los medios de comunicación de la Comunidad, y en artículos de opinión diversos, la dimisión de la consejera de Hacienda y del consejero de Educación del equipo de Juanvi Herrera Campo. ¿No es triste tener que llegar a eso y recordar que viven de su propia incompetencia y se sientan en la poltrona de su indignidad?
Jesús Salamanca Alonso
