Todos los centros educativos de la Comunidad reciben libramiento de fondos para sus gastos de funcionamiento. Hasta aquí, nada fuera de lo común, salvo que la Junta de Castilla y León no es capaz de cumplir su propia normativa, con lo que se convierte en la empresa ‘tonta útil’ que más daño hace a la propia Comunidad que la mantiene.
