España vive en estado de alarma, tras 32 años de Constitución Española, el gobierno ha hecho uso de esta excepción que permite limitar la circulación de personas, requisar temporalmente bienes y otras medidas extraordinarias.
Para eso esta el artículo 116 de nuestra dañada Constitución para utilizarlo, una pena que hasta llegar a ese precepto, el gobierno que dirige Rubalcaba, no haya reparado en la existencia de muchos otros que se han vulnerado sistemáticamente en estas dos legislaturas.
Una lástima también, que el ejecutivo socialista eche mano de nuestra norma máxima solo cuando estamos con el agua al cuello, y hasta entonces busque formulas para “sortear” las sentencias del Tribunal Constitucional que le recuerdan cuan lejos de su texto se han situado en este tiempo.
Algo falla, cuando quien pide respeto a la Constitución suele ser la oposición política y no el gobierno, algo no va bien cuando quien recurre ante el Tribunal Constitucional pidiendo respecto a Carta Magna es el Partido Popular y no el ejecutivo. Sobretodo cuando la defensa constitucional que hemos hecho los populares ha tenido que ver con elementos fundamentales de nuestra convivencia.
Solo la más conocida de las sentencias a recursos de inconstitucionalidad de la oposición, la referida al Estatut, declaraba que quince de sus artículos estaban fuera de la Constitución y otros 35 debían ser reinterpretados.
En estos seis años y medio de legislatura, el guardián de nuestra norma máxima, a petición del PP, ha tenido que recordarle al gobierno de Rodríguez Zapatero que en el pacto constitucional de 1978, refrendado por el 88% de los españoles, y hasta por el 91% de los catalanes, no se pueden declarar nuevas naciones, ni impedir el uso de la lengua común, ni fraccionar el poder judicial, ni quebrar la solidaridad fiscal entre españoles.
Todas estas vulneraciones normativas, con respaldo socialista, se corresponden con artículos de la Constitución previos al 116, el que permite la declaración del estado de alarma, lo que supone que nuestro ejecutivo socialista sí conocía las normas inconstitucionales que suscribió.
Con esta interpretación partidaria de la nuestra máxima norma de convivencia no sorprende que el PSOE, haya hecho, con motivo del 32º aniversario una declaración que advierte que la Constitución es “incompatible” con el neoliberalismo, que permite “la disminución o eliminación de lo público”, días después de haber anunciado la venta de Aena y de las Loterías. Así nos va.
