Jesús Salamanca Alonso
Si históricamente el socialismo ha estado reñido con la libertad, esta realidad ha vuelto a ponerse de manifiesto en situaciones como la tramitación de la Ley Orgánica de Educación. Ofende a la sociedad española que el partido del Gobierno no sepa entender que la libertad educativa es un derecho constitucional. Nuestra sociedad tiene la sensación de que desde un sector de las filas del socialismo se malinterpreta el derecho democrático consolidado, adquirido por la vía de la paz, la libertad, el diálogo y el obligado consenso.
Nadie desea una libertad de educación a medias y con recortes. Esa libertad la queremos íntegra y sin retoques. Los derechos y libertades del artículo 27 de la Constitución son para toda la ciudadanía y no admite interpretaciones interesadas, parciales o alejadas de la realidad. Los padres, los profesores y el alumnado nos ‘jugamos’ mucho en la educación de nuestros hijos. No estamos dispuestos a caminar acompañados de la mediocridad, la debilitación de los valores occidentales, las medidas restrictivas y las imposiciones alejadas del progreso que tanto cuesta conquistar. La LOE nos ha puesto en guardia.
Si hace poco más de veinte años los franceses salieron a la calle en defensa de una escuela libre y consiguieron acorralar y, posteriormente, anular el principal proyecto de Mitterrand, a nadie debe extrañarle que, tras la aberración de la LOGSE, no estemos dispuestos a admitir más leyes de ‘medio pelo’ e implantarlas cuando en otros países están en pleno declive. El otoño se presenta caliente para el Gobierno, con el fin de defender las libertades consolidadas y seguramente será el punto de inflexión desde el que se apague la falsa estrella de Rodríguez Zapatero, si es que alguna vez brilló. La comunidad educativa se siente engañada, en la misma medida que buena parte de la ciudadanía ante los hechos que suponen la rendición ante la banda terrorista.
La escuela sin valores lleva al cultivo de la violencia, la degeneración y la falta de estímulos sociales. Cuando la violencia prende la mecha en la escuela, indudablemente estalla en la sociedad. No podemos mirar constantemente a Francia; lo hemos hecho muchas veces y, en el ámbito educativo, lo hicimos con la aprobación de la LOGSE: una ley sin consenso y duramente criticada en el Consejo Escolar del Estado por los sectores más responsables del sistema educativo. El resultado de aquella ley en 1990 fue el nacimiento de la figura del “objetor escolar”, al perder el incentivo por el estudio y la base formativa, el abandono del esfuerzo, la generalización de la merma de contenidos, la defensa de la promoción automática y la mediocridad.
La sociedad española ha reclamado durante los dieciséis últimos años una ley justa, donde el consenso fuera el inicio del respeto y de la libertad. Es nuestro derecho constitucional y es algo clave para la formación integral de nuestros hijos, de nuestro alumnado y, a la vez, fundamental para nuestro futuro.
Hemos comprobado, también, que un importante sector de lo que se conoce como socialismo responsable se siente avergonzado, al comprobar que el sector más radical de su partido ha llegado hasta los extremos de la incomprensión, la desidia y la imposición. La pelota está en el tejado de Rodríguez Zapatero. Los sectores progresistas vemos la educación con seria preocupación y, lo que es peor, vemos al Gobierno del señor Zapatero sin rumbo, sin proyecto y excesivamente cargado de desprecio hacia el ciudadano.
