Archivo mensual: enero 2007

Jesús Salamanca Alonso

La aspiración moderna de lo que hoy es la Formación Profesional, en lo que a proyectos de futuro se refiere, estaba contenida con suma claridad en el Tratado de Maastrich. Ese acuerdo, firmado el 7 de febrero de 1991, en su capítulo dedicado a » Educación, formación profesional y juventud» establecía entre sus prioridades la potenciación de la educación a distancia, el fomento del aprendizaje de idiomas y la atención a la formación profesional.

Para afrontar los desafíos existentes, la atención a la formación continua es esencial. Hoy, ante la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, la modalidad de educación a distancia presenta una ventaja digna de tener en cuenta como es el hecho de posibilitar la formación profesional continua a los demandantes que, por diversos motivos, se sienten imposibilitados para asistir con regularidad a un centro educativo.

La formación profesional hoy está condicionada por múltiples cambios y diferentes riesgos. Entre los primeros no podemos omitir la necesidad urgente de variar las estrategias para racionalizar el ámbito industrial, así como el mayor alcance que están obteniendo la información y la comunicación, además de las variantes demográficas. En cuanto a los riesgos, es un hecho la polarización del crecimiento económico. Sin una expansión de la formación profesional — recursos humanos, materiales, formación programada,… — estaremos ante el afianzamiento del desequilibrio entre los países y el abuso en los mercados transnacionales.

Plantearnos cómo va a evolucionar la formación profesional en los países miembros de la Unión Europea supone contestar teniendo presentes factores como: empleo, formación continua, aspiraciones juveniles, impulso de nuevas tecnologías y potencia¬ción de la educación a distancia.

La formación continua debe tender a eliminar barreras y despejar la resistencia de las empresas. Para ello se requieren políticas alternativas que conduzcan a esas a invertir en programas de alternancia, bien sea a cambio de reduccio¬nes/exenciones fiscales, bien mediante otros incentivos que contribuyan a hacer realista la adaptación a los modelos y a las nuevas tecnologías para no quedar ‘descolgados’ de los ‘tirones’ mercantiles del mundo productivo.

La atención a la población joven, en un intento de extender la formación profesional a los mismos, supone una garantía de futuro y una adaptación a los nuevos retos. Eso sí, sin olvidar la recualificación de los menos jóvenes. Las nuevas tecnologías deberán estar presentes en múltiples perfiles profesiona¬les, haciendo uso de la transversalidad; de ahí que buena parte de los saberes profesionales deban abarcar una interacción entre la informática, la electrónica y las técnicas de comunicación…

Hoy el empleo creativo es un reto. El autoempleo se ha convertido en una aspiración fundamental ante la dificultad empresarial para garantizar empleo estable. A ello se une la persistencia de estructuras caducas en el sindicalismo de clase y un afán burlescamente controlador sin visión macroeconómica, ni perspectiva empresarial, ni futuro clarificador.

Alumnado de formación profesional

Jesús Salamanca Alonso

       Socialistas y nacionalistas han apoyado la LOE en el parlamento. Ninguna otra formación política. Se ha renunciado a la estabilidad del sistema educativo. Ha primado la superación de la simple aritmética parlamentaria sobre el énfasis en la calidad y en la equidad de la ley que acaba de pasar al Senado. No resolverá los problemas de la educación, el fracaso escolar continuará como hasta ahora, no se apuesta por la escuela pública y olvida los valores del esfuerzo y estudio. Por si no era suficiente, carece del respaldo de la comunidad educativa.

       Sigue siendo una ley denostada desde que era anteproyecto: padres, alumnos, profesores y asociaciones de índole diversa están clamando contra la imposición de esta ley, cuya negociación se ha llevado a cabo sin transparencia, en círculos reducidos y entre los sectores más escorados hacia posiciones más radicales y menos representativas del sistema educativo. De salir así del Senado, se garantiza una nueva reforma educativa tan pronto como haya un cambio de Gobierno, una vez que el actual viene demostrando que la educación no cuenta como prioridad en su programa.

       El huraño y dicharachero Rubalcaba ha tenido que “saltar al ruedo” para recoger los trastos que la ministra San Segundo había arrojado por impotencia. Se ha visto superada por la conjunción de varios acontecimientos que rodeaban a la aprobación de la LOE, como la negociación con el arco parlamentario, el afán de conocer por parte de los medios de comunicación y la fuerte presión social. La ministra se ha rendido ante el reto de mejorar la formación de la juventud.

       Podemos constatar que el diálogo entre las comunidades autónomas y el MEC ha sido nulo desde hace dos años. Pero el Ministerio de Educación ha ido más allá, llegando al desprecio hacia las comunidades gobernadas por los populares, como sucedió en la Conferencia Sectorial de Educación, cuando se presentó el anteproyecto de Ley Orgánica de Educación. Se ha hablado de insumisión desde el Ministerio, sin que ésta sea tal. Pocas veces ha habido tanta unidad entre las Consejerías de Educación de las comunidades gobernadas por el Partido Popular. La unión es clave en decisiones de calado como ésta; incluso hay tres comunidades socialistas que ven con cierta preocupación la demostrada capacidad de maniobra del partido de la oposición y no se descartan movimientos de acercamiento. La actitud de Pérez Rubalcaba empieza a molestar a varias comunidades socialistas que ven esa figura como la encargada de probar todas las salsas, licenciado en meter cuchara allí donde sea preciso. Eso ha llevado a una rebeldía confesada, contrastada y extendida entre los sectores socialistas más demócratas.

       La actitud del Partido Popular de configurar un modelo dentro de la propia ley desconcertó inicialmente al Gobierno. Superada la fase de elaborar un modelo educativo propio hay que decir que la gravedad no es tanta como se hizo creer desde las filas socialistas. Pero llama la atención que el partido de la oposición pretenda hacer lo que no supo conformar durante ocho años en el Gobierno; tan solo consiguió sacar adelante la LOCE, pero con los tiempos mal calculados y peor definidos.

       Ahora las comunidades autónomas del Partido Popular pretenden reforzar sus presupuestos para impulsar la escuela pública, planificar una carrera docente para el profesorado, apoyar a los equipos directivos, programar la integración del alumnado, efectuar evaluaciones externas del sistema, potenciar los programas de calidad, reforzar los Programas de Iniciación Profesional y pasarelas en la formación profesional, revisar los decretos de derechos y deberes, además de ampliar los planes de convivencia y prevención de la violencia. A pesar de sus pretensiones, sigue olvidando los programas de desarrollo y empleo rural, la educación de personas adultas y la modalidad de educación a distancia, con lo que vuelve a incurrir en lamentables omisiones y desmedidos abusos.

       A la vista de lo que sucede en esta España nuestra, el profesorado mira con obligada distancia la estructuración y funcionamiento del sistema educativo finlandés, donde la figura del maestro goza de reconocido prestigio en la sociedad, a lo que se une la alta motivación del alumnado y la alta consideración de la cultura, factores que explican el éxito de aquel sistema educativo. A ello hay que añadir la evaluación, externa e interna del profesor y del sistema, la selección directiva, el nulo fracaso escolar, la casi totalidad de bachilleres, la pasión por la cultura y la lectura, además de la positiva actitud de las familias ante la formación del niño y del joven.

Jesús Salamanca Alonso

       El cardenal arzobispo de Toledo, monseñor Antonio Cañizares, en su homilía con motivo de la festividad de la Virgen del Sagrario, propuso “que Dios esté presente, por ejemplo, mediante la cruz en los edificios públicos…”. En una palabra: que se vuelvan a colgar los crucifijos. Aun entendiendo el planteamiento del cardenal, hay que reconocer que “no está el horno para bollos”. En algunas provincias se viene debatiendo este tema desde hace algún tiempo, mientras que las Consejerías de Educación correspondientes –asustadas por la opinión pública y publicada — lo dejan en manos de los Consejos Escolares de cada centro de enseñanza, “echando balones fuera” siempre que pueden.

       Es un tema en el que se impone el respeto a las partes, sin olvidar el precepto constitucional. Durante el año 2006 se cumplen setenta y cuatro años de un amplio debate en la prensa nacional: el tema religioso. Los diarios iniciaron el año 1932 con titulares sobre los sucesos políticos más llamativos del momento. Algunos periódicos, además, dedicaron un amplio espacio a la Carta Pastoral Colectiva que el Episcopado español dirigió a los fieles, consignando las normas que debían regular la conducta de los mismos respecto al nuevo Estado laico.

       Los gobernantes entendían que debía aplicarse, sin dilación, el contenido de los programas. En algunos consistorios se propusieron mociones consistentes en enviar un escrito al Presidente del Gobierno para que no se demorase más el cumplimiento de la Constitución y de las leyes votadas en el Parlamento. Las soluciones que la República pretendía dar al tema religioso tenían claras repercusiones educativas. La polémica que subyacía albergaba una doble vertiente: la de quienes defendían una enseñanza laica y la de quienes pretendían continuar con una enseñanza confesional.

       Sin duda, la enseñanza era un importante «caballo de batalla». Más de un diario se hizo eco de las manifestaciones de Manuel Azaña en el teatro Pereda de Santander, respecto a la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas que se aprobaría en junio de 1933: «Ya sé que promoverá ruido y que se dirá de ella que es un ataque a la convivencia religiosa, pero el artículo veintiséis de la Constitución nos habla de la República laica…».

       Manuel Azaña no estaba dispuesto a ceder un ápice en el cumplimiento de la constitución. La misma decisión mostró Rodolfo Llopis, desde la Dirección General de Primera enseñanza, al incidir en que la escuela – por imperativo constitucional – debía de ser laica y «…por tanto, no ostentará signo alguno que implique confesionalidad». Los gobernadores civiles ratificaron ese mismo pensamiento, a la vez que recomendaban a todos los alcaldes que se abstuvieran de dirigir requerimientos a los maestros públicos para que en sus escuelas pusieran signo religioso de cualquier clase.

       Consecuencia de ello fue la retirada del crucifijo de las aulas. Muchas localidades fueron testigos de numerosas alteraciones en demanda de la reposición del crucifijo y de la enseñanza religiosa en las escuelas nacionales, tanto en la capital como en los pueblos de la provincia.

       En mi abundante correspondencia personal con un maestro nacional, que permaneció oculto durante veintidós años tras los sucesos de 1936, consta que los maestros, unos y otros, tanto los de izquierdas como los de derechas, no podían negarse a cumplir las órdenes que recibían del Ministerio. Es más, la mayoría de los maestros conocían perfectamente los pueblos cuyas escuelas regentaban y, a pesar de verse muchas veces «entre la espada y la pared», supieron conducirse con mucha cautela y los máximos respetos para evitar situaciones desagradables con el vecindario. Sin embargo, no faltaron situaciones llamativas. En muchos pueblos, mientras nadie osara tocar el crucifijo todo marchaba bien: en cada escuela un crucifijo, una paz sin hendiduras y todos tan conformes; pero si el mismo era retirado, al día siguiente irrumpían en la escuela cuarenta, cincuenta, sesenta crucifijos,… tantos como niños asistieran a las clases.

       Siempre será una incógnita conocer lo acontecido si la Dirección General de Primera enseñanza, en vez de ordenar la supresión de los símbolos religiosos de la escuela, lo hubiera dejado a criterio del pueblo y retirarlos allí donde lo solicitaran. Seguramente se hubiera respetado la voluntad popular y, a la vez, evitado enconadas protestas. Pero ello no era posible: la supresión del crucifijo únicamente era el signo externo de una actuación, una filosofía y un pensamiento que ya recogía la Constitución.