Jesús Salamanca Alonso
El curso escolar se inició con la puesta en marcha de la Ley Orgánica de Educación y su correspondiente desarrollo reglamentario. Una ley criticada hasta más no poder e impuesta por el ‘rodillo’ socialista y sus monaguillos minoritarios. Desde el primer momento, el profesorado y el sindicalismo responsable han expuesto con claridad que la ciudadanía no se merece mediocridades al más puro estilo LOGSE.
Es lamentable que no se haya llegado a un pacto educativo. Hace unos días me comentaba un grupo de profesores y profesoras la necesidad de ese consenso para evitar el constante debate ideológico-educativo. La educación precisa de soluciones urgentes ante la situación por la que atraviesa el profesorado: desmotivación, violencia en las aulas, falta de autoridad, desprestigio profesional, existencia de “objetores escolares”, despreocupación social,…
Es imprescindible concienciar a la comunidad educativa para que ésta exija en cada comunidad autónoma un Plan de acción contra la violencia en los centros educativos. Castilla y León ha abanderado un instrumento inicial como es el Plan de Convivencia Escolar, adelantándose incluso al Ministerio de Educación y Ciencia.
Tanto en el ámbito estatal como en el autonómico hay que avanzar, sobre todo, en el reconocimiento de la figura del docente y en la necesidad de que el profesorado sea considerado como autoridad pública en su cometido.
No quiero dejar pasar esta ocasión sin hacer efectivo el reconocimiento a una entidad como ANPE por la creación de la figura del DEFENSOR DEL PROFESOR, cuya existencia ha supuesto que el profesorado no se sienta solo y desamparado, sino que cuente con amparo de garantía siempre que lo necesite. No estaría de más que dicha eficacia fuese imitada por el conjunto de organizaciones que dicen defender los intereses profesionales de la docencia y de los docentes; precisamente en un momento en que – pasadas las elecciones sindicales – el sindicalismo de clase vuelve a dormirse en los laureles de las liberaciones anuales.
