Jesús Salamanca Alonso
La Educación de personas adultas es indudablemente una alternativa válida. La clave está en proporcionar las ‘herramientas’ adecuadas que permitan estructurar la información, con el fin de que genere los conocimientos formativos que permitan forjar el capital humano como inversión de futuro.
Hay que tener presente la permanente interrelación que existe entre la información y el conocimiento. Para poder participar en cualquier campo o ámbito de la sociedad en que se desenvuelve la persona adulta se precisa un nivel formativo básico y concreto, de ahí la necesidad diaria de ampliar la información y los cauces para obtener ésta. El futuro es un desafío del presente, por lo que hemos de entender cualquier desafío de futuro como un compendio de participación de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida.
Una amplia y polivalente formación de base es la mejor formación profesional de futuro y el resorte indispensable para conseguir una efectiva participación en lo que viene denominándose la construcción social del futuro, donde la no discriminación, la atención a la diversidad y la educación en valores deben constituirse en los elementos sustentantes.
En Castilla y León deben potenciarse los cauces que permitan la coordina¬ción interinsti¬tucional, sin ceñirse a las que son ideológicamente semejantes, así como la implantación de ofertas educativas tendentes a satisfacer las necesidades de formación de las personas adultas. Es preciso fomentar y planificar esta variante del sistema educativo con las exigencias realistas que requiere una comunidad tan amplia, variada y dispersa como la nuestra. Aún hay direcciones provinciales de educación que se permiten el lujo de menospreciar las ofertas destinadas al alumnado adulto, por lo que los equipos directivos han optado por efectuar cualquier trámite a través de los servicios centrales.
Cualquier planificación de la política educativa, en lo que se refiere a la educación de las personas adultas, pasa por hacer realidad una promoción social, cultural y laboral del adulto. Tal planificación debe llevarse a cabo dando participación activa y efectiva a las Administraciones y entidades implicadas en programas y actividades inmersas en el marco de la educación de las personas adultas, pero sin olvidar la iniciativa social que surge al amparo de valores solidarios, humanitarios y participativos.
Establecido el marco legal de esta variante del sistema educativo, hay que proceder a estructurar la ordenación de la educación de las personas adultas, posibilitando que los centros específicos de personas adultas dispongan de la autonomía de gestión suficiente, organicen el currículo de sus enseñanzas y cuenten con los recursos humanos y materiales que precisen. Los bienes y servicios destinados a la educación son una indiscutible inversión en el presente y de cara al futuro.
Hay comunidades, como Castilla y León, donde la dejadez de sus dirigentes ha hecho que exista una deuda histórica con la educación de adultos. Pero no solo eso. Véase como ejemplo la publicación de la Ley de Adultos de la comunidad: en ella se afirmaba que en el plazo de seis meses se haría público el Reglamento Orgánico de este tipo de centros y dicho reglamento ha visto la luz en octubre de 2006; es decir, seis años después. Cada cual que saque sus conclusiones. ¡Y no ha dimitido el responsable de ello en la comunidad! De vergüenza y de pena.
