Lo siento. Estaba de vacaciones, pero tras los atentados de Burgos y Calviá me hierve la sangre y no me puedo callar.
De nuevo en acción la vergüenza que asola España. ETA ha vuelto a matar a miembros de la Guardia Civil; el cuerpo profesional más especializado en combatir el terrorismo. Nos hemos hartado estos últimos años de decir que el terrorismo es una lacra, incluso cuando el Gobierno de Rodríguez decía que no eran actos terroristas, sino accidentes. Han pasado dos años desde que se desengañó el Gobierno, aunque sigue siendo sospechoso, y aún no ha pedido disculpas a quienes combatíamos a ETA desde el riesgo permanente y desde diferentes frentes.
ETA está crecida y es responsabilidad del Gobierno acabar con ella cuanto antes. Y debe hacerlo por la vía del derecho y por la vía judicial. Aquellos que defendían la negociación con ETA, poniendo al Estado de Derecho en igualdad de situación que a la banda, han podido comprobar que la negociación nunca es posible con el terrorismo, porque la ‘serpiente’ se revuelve en cuanto tiene ocasión. ¡Que se lo pregunten a los dos miembros de la Guardia Civil asesinados en Calviá!.
Este fin de semana pasado he tenido que hacer 1.400 kilómetros por exigencias profesionales. No he visto por las carreteras ni un solo guardia de tráfico vigilando o controlando el tráfico. Se cometen verdaderas barbaridades que van desde adelantar en línea continua hasta no respetar la distancia mínima obligatoria. 
Ante la más mínima adversidad se arman de insultos y disparan con su escopeta de decir tonterías. Han demostrado gran cobardía en momentos puntuales de la Historia reciente, desde el asesinato de Miguel Ángel Blanco hasta la detestable negociación con ETA, pasando por el atentado a Gregorio Ordóñez y la permanente agresión a su sepultura.
Desde Unidad Regionalista queremos condenar el terrible y cobarde atentado cometido en Arrigorriaga (Vizcaya) por ETA contra Eduardo Pueyes García, jefe del Grupo de Vigilancias Especiales de la Brigada de Información de Bilbao del Cuerpo Nacional de Policía. 
Hace años, en 1985, si la memoria no me falla, se creó la Alta Inspección como órgano encargado de que las comunidades autónomas con competencias educativas (hoy las tienen todas) se ciñeran en su normativa al marco de referencia estatal. Pero ni en el País Vasco, ni en Cataluña ha dado resultado. Sí en el resto de comunidades autónomas donde, si exceptuamos pequeños roces, todas adaptan sus desarrollos normativos. 
