Seguramente habrá sorprendido la noticia en Valladolid. No nos referimos a la sentencia del juez contra la presencia del crucifijo, sino el hecho de que el artífice principal de esa lucha sea un antiguo trabajador del diario abertzale y proetarra, EGIN. Alguien tenía que decirlo. Y ahí tienen la noticia que aporta InterEconomía Televisión.
El colegio Macías Picavea, de Valladolid, obligado por un juez a retirar el crucifijo.
Un padre ha denunciado en el juzgado la existencia de un crucifijo en el colegio Macías Picavea y el juez ha fallado. Ahora la Junta de Castilla y León recurre la sentencia. Nos da que pensar. ¿Es que no hay problemas importantes en Castilla y León como para que se ocupen de estos temas? Los creyentes pedimos que se cumpla la Constitución.
No nos molesta el crucifijo, ni la estrella de David, ni el pañuelo musulmán. Tan solo a un intransigente o a un radical le molestan los símbolos. Frente a nuestro domicilio tuvimos, durante meses, el puño y la rosa en un cartel. ¿Hay algo más estúpido para el ser humano que el puño cerrado, símbolo de odio y opresión? Posiblemente, no.
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El Crucifijo garantiza y refuerza los valores de la cultura y de la libertad. Impide el adoctrinamiento y la sumisión social del individuo. Evita su manipulación política y le hace Libre y responsable ante la sociedad a la hora de votar. Por eso estorba a los laicistas.
La implantación desde el Gobierno socialista de la Educación para la Ciudadanía o sea la Formación del Espíritu Nacionalsocialista, trata de conseguir la incultura social y su adoctrinamiento y sumisión al partido socialista. Su logro: Fracaso Escolar y Fracaso de la Convivencia social, con las cada vez más espeluznantes secuelas ciudadanas.
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Asistimos, una vez más, a otra vuelta de tuerca, en nombre de la tolerancia, naturalmente de la “democracia” y la “libertad de conciencia” de algunos contra nuestros valores del humanismo cristiano occidental, costumbres y tradiciones de España y de Castilla y León.
Dada la actitud, hoy, de algunos Jueces, podemos manifestarnos sin ningún rubor en contra de la subjetiva sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo 2 de Valladolid, en una sentencia inédita en España, que obliga al Colegio Público Macías Picavea a retirar los crucifijos de sus aulas y espacios comunes.
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Colegio Macías Picavea, objeto de la sentencia
Según ha declarado el portavoz de la Junta de Castilla y León se va a recurrir la sentencia de los crucifijos, con el fin de preservar la autonomía de los colegios de la comunidad.
La Junta ha pasado de decir que no sabía si recurriría la sentencia, a asegurar que lo va a hacer. Ha estado deliberando durante días y, una vez consultados los servicios jurídicos, ha tomado la decisión.
La inseguridad que ha mostrado es muy propia de la Junta de Castilla y León. Le sucede como en la política: ahora sí, mañana no. De ahí que los partidos de la oposición hayan ‘tachado‘ a la Junta y al presidente Herrera de seguidismo. Cuentan que han tomado la decisión de recurrir cuando el Arzobispado de Valladolid ha dicho que se recurra. En fin, cada uno que piense lo que le plazca. Y, dicho sea de paso, la Junta está en su derecho de recurrir. En este punto sobran las críticas.
El alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva (PP), ha afirmado hoy que (…) en el salón de plenos existe un crucificado que preside el recinto y que “lo seguirá habiendo”.
Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valladolid
Izquierda Unida ha pedido que se retire el crucifijo que preside el salón de plenos del Ayuntamiento de Valladolid.
El portavoz de esta formación, Alfonso Sánchez, ha explicado que ya lo solicitaron formalmente en el año 2005, pero que ahora se ven más respaldados por la sentencia que obliga a retirar los crucifijos del colegio Macias Picavea.
Alfonso Sánchez ha argumentado que en el salón de plenos se unen los representantes de los ciudadanos de Valladolid y que debe tener “neutralidad” religiosa, “ninguna creencia religiosa puede presidir un espacio público”.
Es más, el representante de IU propone que el crucifijo se traslade a otras dependencias del Ayuntamiento si se quieren conservar, “pero que no presida el salón de plenos”.
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Las soluciones que la Segunda República pretendía dar al tema religioso tenían claras repercusiones educativas. La polémica que subyacía y que estaba latente desde mucho tiempo antes albergaba una doble vertiente: la de quienes defendían una enseñanza laica y la de quienes pretendían continuar con una enseñanza confesional.
Muestras de la decisión de don Manuel Azaña de cumplir el proyecto constitucional las dio también Rodolfo Llopis, desde la Dirección General de Primera enseñanza, en una circular de enero de 1932, al incidir en que la escuela – por imperativo constitucional – debía de ser laica y «…por tanto, no ostentará signo alguno que implique confesionalidad».
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El cardenal arzobispo de Toledo, monseñor Antonio Cañizares, en su homilía con motivo de la festividad de la Virgen del Sagrario, propuso “que Dios esté presente, por ejemplo, mediante la cruz en los edificios públicos…”. En una palabra: que se vuelvan a colgar los crucifijos. Aun entendiendo el planteamiento del cardenal, hay que reconocer que “no está el horno para bollos”.
En algunas provincias se viene debatiendo este tema desde hace algún tiempo, mientras que las Consejerías de Educación correspondientes –asustadas por la opinión pública y publicada — lo dejan en manos de los Consejos Escolares de cada centro de enseñanza, “echando balones fuera” siempre que pueden y cargando la responsabilidad en profesores y padres.
No es de extrañar que la ciudadanía acabe pidiendo la dimisión de los irresponsables de las Consejerías de educación que hacen de la política y de sus prebendas lo mismo que el avestruz.
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El Juzgado de lo Contencioso-administrativo número dos de Valladolid ha ordenado la retirada de símbolos religiosos de las aulas y espacios comunes del colegio público Macias Picavea en la primera sentencia en este sentido que se dicta en el país.
(…)
Además, el fallo del juez supone, a juicio del portavoz, que se «desmonta» la postura mantenida por la Junta de Castilla y León en relación a la presencia de símbolos religiosos, porque «se lavó las manos» y no actuó como lo hicieron «la Junta de Andalucía y la de Castilla la Mancha» en casos similares, lo que evitó llegar hasta los juzgado.
FUENTE: Elsemanaldigital.com
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