Las soluciones que la Segunda República pretendía dar al tema religioso tenían claras repercusiones educativas. La polémica que subyacía y que estaba latente desde mucho tiempo antes albergaba una doble vertiente: la de quienes defendían una enseñanza laica y la de quienes pretendían continuar con una enseñanza confesional.
Muestras de la decisión de don Manuel Azaña de cumplir el proyecto constitucional las dio también Rodolfo Llopis, desde la Dirección General de Primera enseñanza, en una circular de enero de 1932, al incidir en que la escuela – por imperativo constitucional – debía de ser laica y «…por tanto, no ostentará signo alguno que implique confesionalidad».
Esa misma idea fue ratificada por el gobernador civil de Valladolid (José Guardiola Ortiz), en el boletín de la provincia. EL NORTE DE CASTILLA, en su página segunda, publicó tal contenido. Guardiola Ortiz recordaba a los habitantes de la provincia que la enseñanza era laica y, a la vez, recomendaba a todos los alcaldes que se abstuvieran de dirigir requerimientos a los maestros públicos para que en sus escuelas pusieran signo religioso de cualquier clase.
Consecuencia de ello fue la retirada del crucifijo de las aulas y, consiguientemente, el excesivo desagrado motivado en amplios sectores de la provincia. Valladolid fue testigo de numerosas alteraciones en demanda de la reposición del crucifijo y de la enseñanza religiosa en las escuelas nacionales, tanto en la capital como en muchos pueblos de la provincia. Incluso se celebraron numerosos actos organizados por la Asociación Católica de Padres de Familia, en la Casa Social Católica, y, por la Federación de Estudiantes Católicos, en el teatro Calderón.
Sin embargo, no faltaron intentos de aplicar la voluntad popular, como en Villacid de Campos, donde el pueblo manifestó por escrito a los maestros el deseo de que en la escuela se enseñara la doctrina, ya que «sólo cinco padres, en un pueblo de ciento sesenta vecinos, manifestaron que no lo querían…», tal y como reseñaba el diario vallisoletano EL NORTE DE CASTILLA. Pero ello no era posible: la supresión del crucifijo únicamente era el signo externo de una actuación, una filosofía y un pensamiento que ya recogía la Constitución.
