Ayer en el Congreso dentro del batiburrillo de leyes que se ponen a votar los diputados a última hora aprovechando de las prisas para irse de vacaciones, y disimulada dentro de la llamada Ley de Economía Sostenible, los socialistas intentaron colar la llamada «Ley Sinde», un peligrosísimo mecanismo de censura en internet, con la excusa de preservar los derechos de autor y la propiedad intelectual. No consiguieron su objetivo a pesar de sus denodados esfuerzos por encontrar apoyos de última hora y a pesar de los cinco aplazamientos que para ello ha sufrido su votación.
La cuestión era que se pretendía crear una comisión dependiente del Gobierno, a través del Ministerio de Cultura, encargada de establecer qué páginas web violaban la ley de propiedad intelectual. Y esto sí era peligroso, la ley dejaba todo el poder a este Organismo para poder cerrar preventivamente aquellos portales molestos al poder. La disposición apenas decía nada sobre la composición y los detalles de tal comisión, que se dejaban a un «reglamento» que se iba a aprobar con posterioridad.
La falta de seguridad jurídica y la amenaza que ello implicaba para la libertad de expresión en internet apenas se reducía con la intervención de la Audiencia Nacional, a la que se daban tan sólo cuatro días para que se pronunciara ante el cierre de unas páginas web que podía solicitar de forma cautelar dicha comisión, de cuya composición y funcionamiento nadie sabe nada. Téngase en cuenta, además, que hasta ahora nada ha impedido a ningún ciudadano apelar a los tribunales si cree que determinada página web viola la ley de propiedad intelectual o cualquier otra ley de nuestro ordenamiento jurídico.
Estoy a favor de que los derechos de los creadores estén protegidos por la ley y se castigue a aquellos que utilizan los medios actuales para comerciar o beneficiarse del esfuerzo de los autores, pero esta protección que ya existe debe de ser solo retocada para incorporar las facilidades que ahora nos da Internet. No debe de ser una excusa para que el poder intente cerrarnos la boca.
Menos mal que TODOS los diputados votaron en contra de esta injerencia del poder en la difusión de contenidos que nos hubiera devuelto a los años más duros de la censura del franquismo. A la ministra Ángeles González Sinde, una de las más sectarias de este Gobierno cargado de sectarismo, promotora del engendro se le ha visto el plumero y debería presentar su dimisión.