Los
fiscales anticorrupción fueron el invento socialista par
a poder embridar a los políticos populares según los designios políticos y al mismo tiempo utilizarlos para proteger a los suyos, donde una institución tan prestigiada como la Fiscalía es utilizada sistemáticamente de forma escandalosa para perseguir, destruir o anular al rival político. Todo ello bajo la batuta del Fiscal General del Estado, Conde Pumpido que asiste a los Consejos de Ministros y actúa bajo las directrices del ministro Rubalcaba. Estas prácticas han sido denunciadas reiteradamente por la Asociación de Fiscales.
Todos recordamos los paseíllos de concejales esposados de la mano izquierda hacia los juzgados con la presencia de todas las televisiones que nos ofrecían una imagen que se ha reproducido durante el mandato socialista por diversas ciudades del país donde está el PP en el poder, como Las Palmas, Alicante, Murcia etc…. y que posteriormente han sido declarados inocentes de unas acusaciones alargadas artificialmente en el tiempo mediante secretos de sumario para alargar la carnaza para las fieras y anular al enemigo.
Este peligro se está materializando con especial intensidad y espectacularidad en Baleares. Pedro Horrach, el mismo fiscal que solicitó una fianza de tres millones de euros para el ex presidente Jaume Matas, por su implicación en el caso Palma Arena, este fiscal evitó pagar cerca de 30.000 euros a Hacienda al escriturar dos de sus pisos por un valor inferior al de mercado. Es decir, un representante de la ley pone bajo sospecha a una persona por un supuesto caso de enriquecimiento ilícito y falsedad documental y ese mismo representante, en su propia casa, hace lo mismo saltándose la ley a la torera. Es el distinto rasero que con que actúa la justicia en los últimos tiempos.
