Miguel Barrachina Ros – Aunque sorprenda la frialdad Zapatero con los 4.600.000 parados registrados, más de cinco millones reales, ciertamente es el único español que no ha hecho ajustes en su economía. Mantiene su alto nivel de gasto en Moncloa, a pesar de los padecimientos de sus presididos.
El gasto en personal del jefe del Gobierno, incluidos en el Ministerio de Presidencia, ascienden a más 28 millones de euros, lo que supone un 75% más de los 16 millones que recibió como gasto en esa misma partida en 2004 con gobierno popular presidio por Aznar.
La insensibilidad de Zapatero se manifiesta con toda su crudeza cuando en el mismo texto presupuestario en el que anuncia para el próximo año la desaparición de 11.000 funcionarios del Estado, confirma que él mantendrá en Moncloa a los 192 asesores o personal de confianza política, cuya designación digital permite también su cese inmediato.
Pero el gasto en personal, con el que se mantiene una plantilla de hasta 633 trabajadores a su servicio para 2011, es solo una parte del dispendio que conserva Presidencia.
Así los «Gastos de Palacio» se mantienen en 355.000 euros, no se rebaja ni un céntimo, y se dejan prácticamente iguales los gastos protocolarios para el año próximo, en 559.000 euros, solo un 1% menos que el ejercicio actual. Lo de apretarse el cinturón es para otros, no para Moncloa.
Si además tenemos en cuenta que el próximo años la subvención para sindicatos del Ministerio de Presidencia para “instrumentalizar la negociación colectiva”, se mantiene en 1.281.000, un 736% superior a los 153.000 euros que habían en igual lugar en 2004 cuando Mariano Rajoy vicepresidía España, constataremos que lo del ajuste va por barrios. Y que quienes ya han sufrido lo duro de la crisis; parados, empleados públicos, jubilados, personas dependientes y muchos otros, tienen grades motivos para sentirse olvidados en los nuevos presupuestos de 2011.
Olvidados sí, pero solo en la parte del gasto, ya que en la de los ingresos, la de los impuestos, ahí contarán más que nunca, con el nuevo IVA elevado, la supresión parcial de la deducción por adquisición de vivienda o la elevación del precio de la luz, que ya se sitúa un 35% por encima del nivel de hace 6 años.
