José Luis Sanz, de Unidad Regionalista, cesa de sus funciones a los cuatro concejales por no apoyar los presupuestos
Una situación poco clara y complicada. Así se puede definir la posición en la que queda el Ayuntamiento de Aldeamayor de San Martín después de que el actual alcalde de Unidad Regionalista, José Luis Sanz Ferrero, decidiera este martes el cese en todos sus cargos y responsabilidades de los cuatro concejales del Partido Popular para pasar a gobernar en minoría con tres ediles.
Una circunstancia que no se esperaba puesto que URCL y PP alcanzaron un acuerdo el pasado 29 de enero para que Sanz ostentara la alcaldía. Algo que se consiguió después de que se limaran las diferencias que a punto estuvieron de romper el consenso entre los dos grupos que arrebataron el bastón de mando al socialista Bernardo Sanz Manso, en septiembre del 2007, a través de una moción de censura.
Por eso la situación se calificó como «inesperada», según el portavoz del PP, Juan José Villalba, quien declaró «no saber» las razones de la decisión del regidor, aunque aseveró que «en vez de hablar las cosas e intentar llegar a un acuerdo, la testosterona ha podido más que la cabeza». Y es que el cese se comunicó a través de un decreto de alcaldía en el que la decisión se cimentó en el voto en contra de los populares a los presupuestos del 2010, algo que se ha considerado como «una falta expresa de apoyo político».
El vicepresidente de comunicación del PP, Jesús Pérez Galván, confió en que el alcalde repensara su decisión porque «estamos dispuestos a mantener el pacto para trabajar por este municipio».
En declaraciones a Europa Press, el alcalde Sanz Ferrero lamentó que el Grupo Popular se abstuviera en la votación del pasado lunes sobre los presupuestos municipales de 2010, que no habrían salido adelante de no ser porque el PSOE también abogó por la abstención. Por ello, el primer edil consideró que el PP incumplió uno de los aspectos principales del pacto de gobierno.
Según el primer edil, la negociación sobre los presupuestos se había producido durante el último «mes y medio» entre URCL y el PP y, de hecho, apuntó que consideraba que los populares estaban de acuerdo con las cuentas que se presentaron el lunes debido a que se habían tenido en cuenta sus aportaciones.
A partir de ahora, los regionalistas quedan en minoría con sus tres concejales, frente a los cuatro del PP y los cuatro del PSOE. La misma situación que pasó Villalba hace seis meses «en la que me cayó lo que no está en los cielos y se me acusaba precisamente de gobernar sin mayoría, por lo que ahora supongo que habrá que defender los mismos postulados». O incluso más, porque el portavoz socialista, Bernardo Sanz, pidió a través de una nota de prensa la «dimisión del alcalde» y abogó por «dejar gobernar al PSOE, que fue la lista más votada, durante el tiempo que queda de legislatura».
Es más, desde su formación la situación no ha sido tan sorprendente porque «el pacto nació forzado desde los dirigentes provinciales del PP, Ramiro Ruiz Medrano y Jesús García Galván, que amenazaron a sus concejales con la expulsión del partido si no apoyaban a José Luis Sanz para la alcaldía».
Sanz Ferrero explicó sin embargo que actualmente «la salida que queda» es la de apostar por el «consenso» con el PP y el PSOE para sacar adelante las materias necesarias para el buen funcionamiento del municipio.
15.04.10 – 01:25 – FRANCISCO IZQUIERDO | ALDEAMAYOR | EL NORTE DE CASTILLA
Los responsables municipales han encontrado nuevas vías para vaciar los bolsillos de los ciudadanos con el objeto de tapar las vergüenzas financieras de los municipios y, de paso, crear un acoso policial basado en el miedo. Los vecinos participarán en la vigilancia.
La crisis inmobiliaria ha situado a muchos municipios españoles al borde de la bancarrota. Lejos quedan los tiempos en los que las recalificaciones de suelo y las licitaciones de obras públicas aportaban jugosos beneficios a las arcas consistoriales. Ahora, debido a la falta de previsión de los alcaldes, la caja esta vacía. Si a esto se suma el retraso de la nueva financiación municipal, la mezcla que se produce es explosiva.
Ante esta situación los ayuntamientos han decidido escoger la vía fácil: multar a los ciudadanos por casi cualquier cosa, justificando las sanciones a través de una ordenanza que ha mandado la Federación Española de Municipios y Provincias, cuyo presindente es Pedro Castro (PSOE) a los consistorios para dar cobertura legal a todo el proceso. La Policía ya no deberá solo perseguir a los criminales de toda la vida, a los ladrones, agresores, asesinos, violadores y demás calaña. Ahora cualquier ciudadano estará en la mira de las fuerzas de seguridad municipales.
Pero vayamos a lo concreto. Si usted es de aquellos que cuando llega la Navidad coge musgo de un parque cercano para montar un belén, ya puede despedirse de esta actividad. Con la nueva ordenanza será multado hasta con 1.500 euros por esta peligrosa acción. Y esto es tan sólo un ejemplo, según el documento de la FEMP al que ha accedido el diario Expansión y que ha sido publicado por Estela S. Mazo.
La lista es interminable. Las sanciones se producirán si usted decide poner macetas en sus ventanas, si tiende la ropa en su balcón a la vista de la Policía, si lava su coche en la calle, si escupe sobre la vía pública, si tira un papel fuera de la papelera, si riega las plantas fuera del horario establecido por el consistorio en el que viva, o si llama a su hijo para que suba a comer… en definitiva, actitudes que antes se solucionaban con amonestaciones verbales ahora son delitos.
Y los nuevos delitos no se ciñen sólo a acciones que puedan suponer un perjuicio para el medioambiente, la conservación de la vía pública o la contaminación visual y acústica. También se pone coto a las reuniones de personas, siempre que el Policía asignado considere que es “demasiado numerosa”. También llama la atención la persecución de los ciudadanos que emitan malos olores o que tengan demasiado polvo en sus casas, dejando que salga al exterior.
Estas actividades sólo las podrán realizar los poderes públicos, como lo demuestran la cantidad de obras que se están realizando en toda la geografía española que no permiten dormir a los ciudadanos, que les llenan las casas de suciedad y que están terminando de hundir a los pequeños comercios. Como siempre, el sector público tiene el monopolio de actividades que, si las cometen los particulares, son delitos con sus correspondientes multas.
La mayor sorpresa viene cuando se acude a las últimas páginas de la ordenanza y se descubre que los propios vecinos deberán informar de las autoridades de las actividades que puedan ser constitutivas de delito en esta nueva sociedad del miedo. Si un vecino llama varias veces al telefonillo por la noche podrá ser denunciado, del mismo modo que si un vagabundo busca en la basura algo de comer estará cometiendo una infracción perseguible por las autoridades. Todo está listo para crear una sociedad de espías como en los tiempos de la Alemania nazi o de los regímenes comunistas.
Ejemplos de sanciones
3.000 euros por abandonar vehículos en la vía pública, colocar macetas u otros objetos en ventanas o no cumplir las restricciones de riego y llenado de piscinas.
1.500 euros por escupir en la calle, usar petardos o tirar basura fuera del contenedor adecuado.
750 euros por colocar publicidad sobre la parte exterior de los cristales de los vehículos o por bañarse en la playa cuando haya bandera roja.
500 euros por comprar alimentos o bebidas en puestos ambulantes no autorizados, lo que se hace extensible a cualquier otro tipo de servicio, como los videntes, dibujantes o tatuadores que, con la llegada de la primavera, montan casetas en los parques.
Las arcas están vacías: municipios en bancarrota
Ocho de las 52 capitales de provincia españolas superaron en 2009 el listón de los 1.000 euros de deuda por habitante. El endeudamiento de las entidades locales alcanzó el año pasado un nuevo récord de 34.595 millones de euros, de los que 28.770 corresponden a los ayuntamientos y 5.825 a las diputaciones, consejos y cabildos insulares, según el Ministerio de Economía y Hacienda.
Por encima de todos los entes locales sobresale, de nuevo, el Ayuntamiento de Madrid, que suma casi tanta deuda como todas las demás capitales de provincia juntas. Los 6.777 millones que adeuda Madrid suponen casi la cuarta parte de la deuda de los más de 8.000 municipios que hay en España.