Un informe policial de 22 folios y tres anexos documentales que manejan ya los magistrados del Tribunal Supremo implica al Gobierno de Castilla y León en la trama que dirigía Francisco Correa. En concreto, al exconsejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellano-leonés, José Manuel Fernández Santiago.
El citado informe fue remitido hace 15 días al Supremo, porque recoge supuestos pagos de la trama Gürtel al senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino como comisión por una obra pública, la variante del municipio leonés de Olleros de Alba, adjudicada por el Gobierno de Castilla y León. Barcenas y Merino, dada su condición de aforados nacionales, están siendo investigados por el alto tribunal.
«(…), quiero terminar expresándote mi solidaridad total frente al intento de agresión a tu honor que ha cometido este grupito sin escrúpulos. Es un grupito sectario instalado sórdidamente en el piso 3.º derecha del portal en el que te cobijaste para esperar el autobús 20. Es un grupito cuya más notable aportación al debate ideológico fue aquella famosa frase: «¡puta democracia!». No es un grupito extremista: es un grupito fuera del sistema. Esto acaba de explicarlo todo».
La ministra, Elena Salgado, tuvo que asumir un papelón donde demostró su brutal desconocimiento de la economía de este país y de los números que se precisan para salir del atolladero de crisis en el que nos ha metido su incompetente jefe de filas. El mismo jefe que ha utilizado a su ministra de secretaria o auxiliar, para que no se vieran las agudas carencias económicas que acompañan a Rodríguez. Ahora se sabe también que esas carencias se extienden, además, a lo social y a lo familiar, dada esa conocida inclinación gótico-satánica que le acompaña.
