El Artículo 3 de nuestra Constitución del 78, consagra el castellano como la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla. Las demás lenguas españolas serán también oficiales en las Comunidades Autónomas, de acuerdo con sus Estatutos, siendo patrimonio cultural de especial respeto y protección. Todo lo que excede de este texto es inconstitucional.
Desde este unánime acuerdo de nuestra Carta Magna hasta ahora, ha pasado mucho tiempo, y han ocurrido demasiados acontecimientos capaces de desvirtuar el sentido solidario que entonces presidió la confección de este importante Artículo.
Casi siempre con la permisiva complicidad de los Gobiernos de turno y del Tribunal Constitucional, garantes, en un Estado Democrático de Derecho, de su cumplimiento, y responsables de mantener el espíritu solidario de entonces, consagrado en nuestra Constitución del 78.