Es el teatrillo inventado por este Gobierno para no tener que dar la cara ante el país con este problema e intentar ir tirando antes que tomar una decisión a la que los sindicatos no tendrán más remedio que oponerse. Todo ello porque Europa aprieta y el bolsillo se ha vaciado. Nadie puede llamarse a engaño: Todos los organismos, estudios e informes coinciden en que si el actual sistema público de pensiones no se reforma quebrará antes de 2025.
El porqué es muy simple: cada vez hay menos cotizantes (trabajadores) y más beneficiarios (pensionistas) por lo que la cuantía de lo que los empleados pagan cada mes a la Seguridad Social está a punto de ser menor que lo que tienen que cobrar los jubilados.
Ante este horizonte, solo caben dos posibilidades: hacer el avestruz y negarse a ver el problema, o bien afrontarlo. No quiere el Gobierno darles a los españoles, sin atenuantes, la noticia de que habrán de jubilarse más tarde y, muchos, con pensiones más bajas. Claro que el problema se puede afrontar, a su vez, de dos maneras diferentes.
Por una parte una decidida transición de un sistema público de reparto a un sistema de capitalización privado, cuya sostenibilidad no pasa, a diferencia del anterior, por el persistente perjuicio de sus supuestos beneficiarios. Con toda seguridad los políticos no piensan abordar esta posibilidad ahora ni en un futuro inmediato, hay demasiado poder y dinero en juego.
Por otra, seguir jugando con los años de cotización y la edad de jubilación para llegar a la conclusión de que se haga lo que se haga el sistema tal como está planteado va a ser insostenible antes o después. Sí cabría una buena mejoría en el momento que se incrementara el número de cotizantes dando entrada en el mundo del trabajo a toda esta generación de jóvenes que ahora está sin trabajo y sin posibilidad de encontrarlo a corto y medio plazo, (son el 40% de los menores de 30 años), pero para ello haría falta una reforma laboral de verdad.
En este marco se hace imprescindible el suprimir los privilegios de las jubilaciones anticipadas tan en boga estos últimos años y que ahora mismo siguen planteándose como por parte de Caja Madrid. Y sobre todo, que los políticos se sometan al régimen general y dejen de recibir estas pensiones vitalicias por unos pocos años de ejercicio en la política que tanto escandalizan a aquellos ciudadanos que, con una vida laboral de 40 años, solo tienen derecho a una misérrima pensión. Puestas las cosas así, solo se le pueden plantear estos cuidados paliativos cuyas ventajas se irán extinguiendo a medida que vayan subiendo los intereses que estamos pagando por nuestra abultada deuda pública.
Ahora dicen que han llegado a un acuerdo, aunque lo dudo, viendo a la portavoz de la cosa y diputada López i Chamosa, intentando explicar el acuerdo y reconociendo francamente que no comprende el acuerdo que ella misma ha estado negociando. Si los demás interlocutores están a su nivel intelectual, que Dios nos pille confesados.
