“Es necesario acabar con la penalización económica por estar en situación de Incapacidad Temporal que llevan sufriendo los empleados públicos desde 2012 y, entre ellos, el profesorado de la enseñanza pública”, dice Nicolás Fernández.
Nicolás Fernández Guisado, presidente nacional de ANPE
Una vez iniciado el trámite parlamentario para la aprobación de la Ley de PGE para 2017 y habiendo superado el borrador presentado por el Gobierno las enmiendas a la totalidad, el presidente nacional de ANPE, Nicolás Fernández Guisado, se ha dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios a fin de manifestarlos la preocupación de determinados aspectos recogidos en el proyecto de ley y presentarlos propuestas para que sean tenidas en consideración y su contenido pueda ser incorporado a la próxima Ley de Presupuestos Generales del Estado.
En concreto, ANPE ha pedido a los grupos parlamentarios que, en las enmiendas que presenten a la Ley de PGE para 2017, incluyan las siguientes cuestiones de especial relevancia para la enseñanza pública y su profesorado:
– Un aumento de las retribuciones de los empleados públicos que permita recuperar en esta legislatura, comenzando ya en este ejercicio presupuestario, la pérdida salarial sufrida desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público. Desde ANPE ya hemos denunciado públicamente que es insuficiente la subida salarial del 1% contemplada en el borrador de PGE presentado por el Gobierno, ya que supondrá una pérdida aun mayor del poder adquisitivo de los empleados públicos y, entre ellos, del profesorado, pues se situará por debajo del incremento del IPC anual.
– La derogación del artículo 9 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, relativo a la prestación económica por Incapacidad Temporal del personal de las Administraciones Públicas. Es necesario acabar con la penalización económica por estar en situación de Incapacidad Temporal que llevan sufriendo los empleados públicos desde 2012 y, entre ellos, el profesorado de la enseñanza pública.
