Mariano Rajoy Brey, presidente del Gobierno de España.
Por Jesús Salamanca Alonso / Antes de que intenten confundirnos desde instancias interesadas del Gobierno, hay que decir que esa caída de la recaudación se debe a la mala gestión del propio Gobierno y de su Ministerio de Hacienda.
El Gobierno de Mariano Rajoy no aprende, pero acabará haciéndolo como el burro del cuento. Llegadas las elecciones municipales y autonómicas va a recibir su partido un severo castigo por parte de aquellos colectivos a quienes lleva dañando desde que accedió al poder; estamos hablando de jubilados y funcionarios, sobre todo. ¿Por qué digo lo anterior? Pues muy sencillo: el Gobierno de Rajoy ha anunciado que volverá a congelar el sueldo de los funcionarios públicos en los presupuestos de 2015, así como se plantea congelar las pensiones durante los dos próximos años. Europa está al acecho con el látigo, por si Rajoy no cumple los compromisos: tiene fama de poca seriedad en cumplimientos.
La explicación que da esta “casta” innombrable que ocupa el poder y sus aledaños es que el IPC está próximo a cero y en este último año ha habido una caída espectacular de la recaudación fiscal. Antes de que intenten confundirnos desde instancias interesadas del Gobierno, hay que decir que esa caída de la recaudación se debe a la mala gestión del propio Gobierno y de su Ministerio de Hacienda, así como a su actitud permisiva y a su racaneo a la hora de perseguir el fraude.
Todo el funcionariado vuelve a estar de uñas contra el Gobierno central, incluso las comunidades autónomas están muy ofendidas porque saben que van a recibir un tremendo varapalo en las próximas elecciones; es una prueba más de que el PP no solo incumple su propio programa sino que engaña hasta a su gente: en mi tierra se llama traición con premeditación. Lo peor de todo es que pretende que todos colectivos y CC.AA comulguen con ruedas de molino dentro de esa vorágine de estupideces e injusticias que planifica el Gobierno Rajoy; los más perjudicados son el colectivo sanitario y el docente; precisamente, este último es uno de los más castigados por una política de recortes y por una pérdida de derechos retributivos, laborales y sociales.
Para fundamentar cuanto acabo de indicar no hay más que recordar que los funcionarios públicos llevan sufriendo recortes desde que comenzó lo que han dado en llamar crisis, que acabó bendiciendo el PSOE y los sindicatos clasistas de la izquierda. Vieron sus sueldos congelados desde hace cuatro años, mientras sube el IPC y suben el sueldo a colectivos del ámbito privado. Además vieron suprimida su paga extra en 2012: otra nueva gamberrada del Gobierno ha sido prometer la devolución de la misma si la situación económica mejoraba.
Volviendo al profesorado, estamos ante un colectivo que ha visto despreciada su profesión por el Gobierno de Rajoy, el ministro ‘incendiario’ Wert y la novia aventadora de bulos, Montserrat Gomendio. A ello hay que añadir múltiples recortes, penalizaciones y pérdida de derechos sociales, laborales y económicos. Y como decía un colectivo independiente del profesorado: “A la pérdida de derechos retributivos, se unen los laborales y sociales (…) que supuso la supresión de la paga extraordinaria de Navidad de 2012, el aumento de las ratios escolares; el aumento de la jornada lectiva para los docentes; la eliminación de complementos retributivos; la modificación de la cobertura de sustituciones por bajas laborales y la reducción hasta el 10% de la tasa de reposición de efectivos docentes, entre otros muchos perjuicios”
Podría seguir enumerando más barbaridades cometidas por las correas de transmisión del Gobierno, como son las consejerías de educación. Y como el sindicato independiente de profesores, ANPE-S.I., lo ha explicado y definido a la perfección, cito tal cual ese acertado punto de vista: “ Estas medidas se han traducido en la no renovación del puesto de trabajo de miles de profesores, el cierre de unidades en la escuela rural, la imposibilidad de establecer desdobles, grupos de refuerzo y atención a la diversidad, la pérdida sustancial de derechos laborales y profesionales consolidados por los profesores, el deterioro de la calidad educativa al dejar sin sustitución los diez primeros días de cada baja por enfermedad, y la práctica desaparición de la oferta de empleo público docente”.
Hay soluciones evidentes contra las injustas y sectoriales medidas adoptadas por el Gobierno central, el cual ha demostrado su incapacidad para encontrar vías alternativas a la situación actual. No me hartaré de pedir al Gobierno que rectifique sus atroces medidas contra el colectivo docente y contra el funcionariado en general. Tampoco me cansaré de recordar aquello de: “cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto”. Y doy fe de que ya se lo hemos perdido. No está de más recordarlo. Acabarán pagando los platos rotos los peones de las CC.AA. y de los Ayuntamientos. ¿Apostamos?
